Santa Clara, Villa Clara, Cuba — 26/06/2026. La Seguridad del Estado amenazó al exprisionero político del 11J Andy García Lorenzo con condenas de entre 10 y 30 años de prisión o con la pena de muerte si publicaba imágenes de instalaciones militares cubanas, tras una citación coercitiva ejecutada el 24 de junio en Santa Clara, … Leer más
Guardias penitenciarios de la cárcel de Agüica golpearon el 19 de junio a presos del colectivo siete tras una protesta por falta de suministro de agua, y los mandos del penal confinaron al expreso político José Antonio Pompa López en una celda de castigo con la intención de abrirle una nueva causa penal acusándolo de haber sido el cabecilla del motín.
El 21 de junio, la activista Yamilka Lafita acudió a una estación policial de La Habana a denunciar el robo sufrido en su vivienda; agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) se negaron a recibir la denuncia, la detuvieron arbitrariamente, la trasladaron en dos vehículos policiales y la agredieron físicamente, causándole una abrasión corneal que requirió atención médica.
La periodista Camila Acosta fue víctima nuevamente de vigilancia policial intimidatoria el 23 de junio en La Habana, en una acción que la propia afectada denunció como represalia política deliberada: la vigilancia policial contra la reportera de CubaNet coincidió con los actos de duelo oficiales por la muerte de Ramiro Valdés, comandante de la Revolución Cubana e histórico artífice del aparato de seguridad y represión del Estado.
El estomatólogo Wilber Álvarez, residente del barrio La Cuba en Contramaestre, municipio de la provincia Santiago de Cuba, fue detenido arbitrariamente el 19 de junio por efectivos del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) y acusado de desobediencia tras negarse a permanecer indefinidamente en una estación policial sin que se presentara ningún agente para interrogarlo.
Agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) detuvieron arbitrariamente a tres madres cubanas en Casablanca, municipio Regla, La Habana, el 19 de junio de 2026, tras su participación en una protesta pacífica motivada por la falta de acceso a agua, alimentos y electricidad. Las tres mujeres — Yohana Hardy Ramírez, Leanis Suárez Ramírez y Jennifer Castañeda Oquendo, todas madres de varios niños — permanecían detenidas en la unidad de la PNR de Regla al momento de la denuncia.
Lázaro Antonio Pérez González, activista cívico, delegado del Movimiento Democracia (MD), miembro de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) y promotor de Cuba Decide, fue detenido arbitrariamente el 18 de junio en el barrio de Mantilla, municipio Arroyo Naranjo, La Habana, tres días después de participar en un llamado público para promover manifestaciones pacíficas y cacerolazos como forma de expresar el descontento ciudadano ante la crisis que atraviesa el país.
La Habana, Cuba — 22/06/2026. El pastor evangélico Alexis Padrón, miembro de la denominación Sociedad Misionera Hermanos en Cristo, fue detenido arbitrariamente el 11 de junio en el municipio Regla, La Habana, tras participar en una protesta pacífica donde expresó públicamente consignas contra el gobierno cubano. Durante los hechos, un agente policial lo golpeó. Esa … Leer más
Manuel Cuesta Morúa, presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), sufrió un operativo represivo en dos fases entre el 19 y el 20 de junio: primero, agentes de la Seguridad del Estado y efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) lo sitiaron junto a María Mercedes Benítez en el domicilio de esta última en La Habana; al día siguiente, lo detuvieron arbitrariamente, lo sometieron a golpes y desaparición forzada, y lo amenazaron de muerte si continuaba promoviendo protestas ciudadanas.
La activista Alina Bárbara López Hernández fue detenida por oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) durante una protesta cívica pacífica el 18 de junio en el parque de la Libertad, en el municipio de Matanzas. Durante la protesta, López Hernández exhibió un cartel que demandaba amnistía para los presos políticos. La PNR la mantuvo retenida durante diez horas en la estación policial, le levantó un acta de advertencia y le confiscó el cartel. La detención de la activista Alina Bárbara López Hernández se produjo como represalia directa por el ejercicio de su derecho a la manifestación pacífica.