Ediolvy Marín Mora, preso político, fue castigado con aislamiento en una celda tapiada en la Prisión Provincial de Camagüey («Kilo 8»), tras declararse en ayuno en conmemoración del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021.
cárceles en Cuba
Yosvany Rosell García Caso, preso político del 11J, fue presionado por autoridades penitenciarias de la Prisión Provincial de Holguín para aceptar un destierro forzado del país, a lo que se niega completamente.
Lismani Acosta Gómez, ciudadano detenido por participar en una protesta pacífica, fue trasladado a prisión el 21 de julio tras permanecer más de dos semanas recluido en la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de su municipio, adonde había sido llevado el 6 de julio durante un cacerolazo realizado en Vía Blanca, cerca del semáforo de Guanabacoa, en el marco del creciente descontento popular ante la crisis humanitaria que atraviesa Cuba.
Luis Darién Reyes Romero, preso político, fue objeto de una violación a sus derechos penitenciarios en la prisión Jóvenes de Occidente, luego de que un oficial identificado como Mayor Pestaña le negara el pase penitenciario que le correspondía para el viernes 17 de julio, como represalia por un incidente anterior en el que Reyes Romero se negó a ser humillado por otro recluso de su misma compañía, un hecho por el que fue confinado en celda de castigo.
Roilán Álvarez Rensoler, preso político y miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue agredido físicamente por guardias de la Prisión Provincial de Holguín tras negarse a vestir el uniforme reglamentario, y días después, en protesta por esa golpiza, inició una huelga de hambre tras la cual lo recluyeron en celda de castigo.
Amaury Díaz García, preso político e integrante del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), fue aislado en un cubículo de castigo del hospital de la prisión Kilo 8, provincia de Camagüey, el 9 de julio para impedir cualquier acción de protesta por el quinto aniversario de las protestas populares del 11 de julio de 2021.
Dalvinder Singh Jagpal, preso extranjero de origen indio recluido en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, fue castigado con incomunicación total por denunciar la falta de atención médica en ese centro. El jefe del edificio 3 del penal le suspendió durante seis meses las llamadas telefónicas, las salidas de celda y las visitas, como represalia por sus reiterados reclamos.
Aníbal Yaciel Palau Jacinto, preso político que había cumplido una condena de cinco años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Güines, fue mantenido retenido ilegalmente más allá de la fecha oficial de extinción de su condena, tras un traslado no anunciado la noche del 10 de julio desde la prisión Melena II hacia el penal de Ganusa, permaneciendo 24 horas en paradero desconocido para su familia antes de ser finalmente excarcelado en la noche del sábado 11 de julio.
Leonel Tristá García, preso político del 11J, fue trasladado a la prisión de máximo rigor de Guamajal, a las afueras de Santa Clara, sin que exista aún una resolución formal sobre la revocación de la licencia extrapenal por motivos de salud que le había sido concedida desde enero de 2025.
Juan Enrique Pérez Sánchez, preso político cubano, fue amenazado y hostigado psicológicamente por las autoridades de la prisión de Quivicán como represalia por sus reiteradas denuncias sobre la falta de agua y las condiciones inhumanas de reclusión en el penal.