Uso Abusivo del Poder Estatal
Lismani Acosta Gómez, ciudadano detenido por participar en una protesta pacífica, fue trasladado a prisión el 21 de julio tras permanecer más de dos semanas recluido en la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de su municipio, adonde había sido llevado el 6 de julio durante un cacerolazo realizado en Vía Blanca, cerca del semáforo de Guanabacoa, en el marco del creciente descontento popular ante la crisis humanitaria que atraviesa Cuba.
Luis Darién Reyes Romero, preso político, fue objeto de una violación a sus derechos penitenciarios en la prisión Jóvenes de Occidente, luego de que un oficial identificado como Mayor Pestaña le negara el pase penitenciario que le correspondía para el viernes 17 de julio, como represalia por un incidente anterior en el que Reyes Romero se negó a ser humillado por otro recluso de su misma compañía, un hecho por el que fue confinado en celda de castigo.
Los periodistas independientes Yunia Figueredo y Frank Correa fueron citados a un interrogatorio extrajudicial por dos oficiales de la Policía Política el 20 de julio, en la estación policial de Tercera y 110, en el municipio de Playa, La Habana, tras las protestas recientes en Jaimanitas por los apagones y la crisis generalizada en Cuba.
Agustín López Canino, activista cubano, fue impedido de reingresar a su país el 19 de julio, luego de haber estado de visita en Estados Unidos. Cuando se disponía a regresar a la isla en el aeropuerto agentes de aduana y personal de la aerolínea le informaron que el gobierno cubano no autorizaba su ingreso al país.
José Antonio López Piña, periodista independiente, fue detenido, golpeado y amenazado el 18 de julio en las inmediaciones del Parque Abel Santa María, Santiago de Cuba, mientras realizaba labor periodística filmando y entrevistando a residentes sobre la crisis del transporte, la alimentación y el agua en la ciudad.
La activista Alina Bárbara López Hernández fue detenida arbitrariamente el 18 de julio en Matanzas, luego de ser interceptada cerca de un punto donde habitualmente estaciona una patrulla policial. La afectada fue detenida dos veces en el mismo día cuando intentaba realizar su protesta pacifica de cada mes.
Roilán Álvarez Rensoler, preso político y miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue agredido físicamente por guardias de la Prisión Provincial de Holguín tras negarse a vestir el uniforme reglamentario, y días después, en protesta por esa golpiza, inició una huelga de hambre tras la cual lo recluyeron en celda de castigo.
Amaury Díaz García, preso político e integrante del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), fue aislado en un cubículo de castigo del hospital de la prisión Kilo 8, provincia de Camagüey, el 9 de julio para impedir cualquier acción de protesta por el quinto aniversario de las protestas populares del 11 de julio de 2021.
Dalvinder Singh Jagpal, preso extranjero de origen indio recluido en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, fue castigado con incomunicación total por denunciar la falta de atención médica en ese centro. El jefe del edificio 3 del penal le suspendió durante seis meses las llamadas telefónicas, las salidas de celda y las visitas, como represalia por sus reiterados reclamos.