El OCLE registró 141 violaciones a la libertad de expresión y de prensa en 115 hechos durante octubre de 2026. La cifra iguala la de septiembre, una vez incorporadas a la base de datos siete violaciones de ese mes documentadas después de publicado su informe, y más que duplica las 64 de octubre de 2025 (+120,3 %).
El uso abusivo del poder estatal vuelve encabezar los indicadores, con 61 violaciones (43,3 %). Fiscalías, tribunales y administración penitenciaria originan 52 de ellas: la represión se apoya cada vez más en procesos penales, medidas cautelares y sanciones dentro de la prisión.
Los presos políticos fueron las víctimas más frecuentes, con 45 hechos (39,5 % de la base individualizada); 18 corresponden a las peticiones de pena contra los procesados por la protesta de Morón de marzo de 2026.
Resumen del mes
Metodología del Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), registra las violaciones a la libertad de expresión y de prensa que ocurren en Cuba mediante un método inductivo: parte de la observación y el registro de cada hecho, lo analiza y lo clasifica, formula generalizaciones a partir del conjunto de hechos registrados y las somete a contrastación y a una evaluación de su certeza documental. La evidencia de cada registro se conserva en un archivo físico y digital.
Fuentes. Toda la información se obtiene a partir de declaraciones directas de las víctimas, sus familiares y testigos, y de la revisión, análisis y documentación de denuncias recibidas directamente por el ICLEP o publicadas en redes sociales, medios digitales y audiovisuales, así como por personas, organizaciones e instituciones aliadas. Cada caso puede sustentarse en testimonios directos, relatos de terceros, evidencia documental verificable, soporte audiovisual o fuentes públicas cuyo origen pueda rastrearse.
Criterios de clasificación: La metodología distingue entre dos tipologías: 1) Violación a la libertad de expresión, cuando la víctima es un ciudadano, un activista, un artista, un opositor político o un preso político que sufre represalias por recibir información, emitir una opinión, protestar pacíficamente, publicar en sus redes personales o denunciar una injusticia y 2) Violación a la libertad de prensa, cuando la víctima es un productor de contenido periodístico, un periodista ciudadano, un trabajador de medios de comunicación o un director de medio. Sobre esta última tipología, el ICLEP aplica el criterio de presunción por la condición de la víctima, es decir, toda acción represiva dirigida contra alguna de estas personas se clasifica como violación a la libertad de prensa aun cuando no ocurra durante el ejercicio de la labor informativa, porque el hostigamiento a quienes se dedican a informar tiene, en el contexto cubano, un carácter estructural. Un hecho ingresa al registro únicamente cuando se verifica que configura una violación del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los términos desarrollados por el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Indicadores operativos. A su vez, los hechos se clasifican en seis indicadores: (1) Detención arbitraria, referida a la privación de libertad o la restricción de la movilidad sin orden judicial ni debido proceso, incluidos los cercos domiciliarios con amenaza de arresto; (2) Agresión física, es decir, actos de violencia dirigidos deliberadamente contra el cuerpo de la víctima, desde el uso desproporcionado de la fuerza en la vía pública hasta los tratos crueles, inhumanos y degradantes bajo custodia; (3) Ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas, que comprenden amenazas, vigilancia intimidatoria, visitas intimidatorias, citaciones policiales e interrogatorios extrajudiciales, allanamientos, cerco social al entorno de la víctima, y mítines de repudio; (4) Reclusión, distinguida por la privación formal y prolongada de libertad amparada en una decisión judicial, fiscal o penal, incluida la medida cautelar de prisión domiciliaria; (5) Restricción en el espacio digital, es decir, cortes de internet o telefonía, ataques informáticos, bloqueos, suplantación de identidad y suspensión arbitraria de cuentas; y (6) Uso abusivo del poder estatal, indicador que recoge la instrumentalización de las estructuras administrativas, migratorias, penales y penitenciarias, además de la apertura de procesos penales, las sanciones administrativas, las multas, la prohibición de entrada o salida del país, los traslados penitenciarios punitivos y las violaciones de derechos penitenciarios.
Se considera que un mismo hecho violatorio puede activar simultáneamente varios de estos indicadores. Por ejemplo, si una persona es arrestada sin orden judicial, trasladada a una unidad policial, sometida a un interrogatorio intimidatorio y luego liberada bajo amenaza de consecuencias penales por continuar su actividad pública, ese episodio activa al menos tres indicadores: detención arbitraria, ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas y uso abusivo del poder estatal. Entonces, el hecho se contabiliza como un solo registro en la base de datos, pero figura asociado a tres violaciones distintas.
La decisión metodológica de registrar cada episodio como una unidad coherente, en lugar de fragmentarlo en tantos registros como indicadores active, responde a la voluntad de preservar la integridad del hecho tal como lo experimentó la víctima. Como consecuencia estadística, el número de violaciones siempre resulta igual o superior al número de registros, nunca inferior.
Verificación y niveles de certeza. La verificación se rige por el Protocolo OCLE de niveles de certeza y publicación en contextos cerrados (versión 1.0), única regla vigente del Observatorio en esta materia. El protocolo parte de que en Cuba la vigilancia, el temor de las víctimas, la ausencia de instituciones independientes y el control estatal de los registros y las telecomunicaciones impiden con frecuencia la corroboración tradicional. Busca, por ello, evitar dos errores: dejar sin publicar denuncias creíbles por exigir un estándar imposible de cumplir y presentar como probado todo relato compatible con una práctica represiva conocida. Cada afirmación se publica con el grado exacto de certeza documental alcanzado:
Nivel A, corroboración independiente. El hecho está respaldado por dos o más fuentes de origen verdaderamente independiente con conocimiento propio de lo ocurrido, o por una fuente primaria directa más evidencia objetiva independiente. Solo en este nivel el Observatorio afirma que «verificó», «corroboró» o «confirmó» un hecho.
Nivel B, documentación ordinaria. El hecho se sustenta en una fuente primaria identificable o autenticable, con acceso directo al hecho, datos esenciales completos y sin contradicciones críticas. No exige segunda fuente, respuesta estatal ni documento oficial, y se presenta como documentado mediante el testimonio directo de la fuente.
Nivel C, alerta atribuida en contexto cerrado. La fuente solo está autenticada como cuenta y no como persona identificable, o su acceso al hecho es parcial. Se publica atribuyendo la denuncia a quien la formula y precisando qué pudo comprobar el Observatorio y qué no.
Las denuncias que no alcanzan ninguno de estos niveles, por proceder de fuentes anónimas sin autenticación, por ser demasiado vagas para identificar la conducta, la víctima o la fecha, por presentar contradicciones no explicadas o por no poder descartarse su manipulación, no se publican ni se contabilizan. La falta de una segunda fuente, de una respuesta oficial o de un documento estatal no basta, por sí sola, para excluir una denuncia, aunque sí limita el lenguaje con que se presenta. La publicación no cierra la documentación: un hecho puede elevarse o reducirse de nivel, corregirse o retirarse si aparece nueva evidencia, y cada cambio se registra. Cuando la fuente no precisa el día exacto en que ocurrió un hecho, este se asienta en la fecha de la denuncia o de la primera constancia.
Limitaciones. El entorno de restricciones a la información, la autocensura de las víctimas, el temor a represalias y la ausencia de respuesta oficial generan un subregistro inevitable. Las cifras de este informe corresponden a los casos efectivamente documentados conforme a la metodología, no a la totalidad de las violaciones ocurridas durante el mes de octubre.
Carácter no conclusivo de los datos. Las cifras consignadas en este informe corresponden a los hechos ocurridos entre el 1ro y el 31 de octubre de 2026, y registrados hasta el 10 de noviembre. La documentación de violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba es un proceso dinámico: en ocasiones, hechos ocurridos durante el mes solo llegan al conocimiento del Observatorio con posterioridad a la publicación del informe correspondiente, ya sea por retrasos en la denuncia, por dificultades para verificarla, por bloqueos en las comunicaciones o por el efecto disuasorio del propio aparato represivo sobre las fuentes. Por esta razón, las cifras aquí expuestas no deben interpretarse como cerradas o definitivas; reflejan el estado del registro al momento del cierre y pueden ser complementadas en informes posteriores a medida que se documenten nuevos hechos del período. En el sitio web del ICLEP, dentro del menú superior denominado Barómetro, se publican de forma sistemática las cifras actualizadas1.
Ética y protección de fuentes. La identidad de las víctimas y de las fuentes se reserva cuando su seguridad pueda verse comprometida, y el Observatorio se abstiene de publicar información que exponga a personas en situación de vulnerabilidad. La documentación se maneja con protocolos de seguridad digital.
1. Introducción
Durante octubre de 2026, el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP documentó 141 violaciones a la libertad de expresión y de prensa, repartidas en 115 hechos. La cifra iguala la de septiembre, con dos hechos más (115 frente a 113), y más que duplica las 64 violaciones de octubre de 2025 (+120,3 %). La libertad de expresión concentró el 84,4 % de las violaciones y la libertad de prensa, el 15,6 %.
¿Qué hay detrás de esos datos? El uso abusivo del poder estatal encabeza nuevamente los indicadores, con 61 violaciones, el 43,3 % del total. Su permanencia en el primer lugar indica que el control ya no descansa solo en la detención o la amenaza: el Estado recurre de forma sostenida a la acusación fiscal, la medida cautelar, la condena y la sanción penitenciaria, mecanismos que dan apariencia de legalidad a la represión y prolongan el castigo en el tiempo. En octubre, ese peso procede de las instituciones judiciales y penitenciarias, que originan 52 de las 61 violaciones del indicador: fiscalías y tribunales intervienen en 32 hechos y el Sistema Penitenciario, en 24. La Seguridad del Estado, presente en 49 hechos, sigue siendo la institución con más intervenciones, pero actúa sobre todo mediante amenazas, citaciones y detenciones.
La actividad judicial del mes se concentró en dos procesos. El 1 de octubre, el Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este condenó a la creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente, «Anna Bensi», y a su madre, Caridad Silvente Laffita, a dos años de limitación de libertad. El juicio desencadenó un operativo policial: doce de los catorce hechos registrados ese día se vinculan con él, entre ellos detenciones, vigilancia frente a domicilios y restricciones de salida impuestas a periodistas, activistas y creadores de contenido. El 19 de octubre se conoció que la Fiscalía Provincial de Ciego de Ávila presentó conclusiones provisionales por sedición contra 18 personas por la protesta del 13 de marzo de 2026 en Morón, siete de las cuales eran menores de edad cuando ocurrió. Ese acto procesal se registra como un hecho por cada acusado. Entre ambos procesos suman 30 de los 115 hechos del mes.
Los presos políticos fueron las víctimas más frecuentes, con 45 hechos, el 39,5 % de la base individualizada, frente a 31 en septiembre. Dieciocho de esos hechos proceden de las peticiones de pena de Morón, pero aun sin ellos el preso político seguiría en primer lugar, con 27. Si se suman los 9 hechos contra expresos políticos, casi la mitad de los hechos individualizados del mes (47,4 %) recae sobre personas que están o estuvieron en prisión por motivos políticos. Para ellas, la represión no termina con el encarcelamiento: continúa dentro de la prisión, con celdas de castigo, traslados y restricciones de visitas, y después de la excarcelación, con nuevas detenciones y procesos penales.
La libertad de prensa registra 19 hechos y 22 violaciones, la mitad que en septiembre (37 hechos y 44 violaciones). La caída numérica no equivale a una menor gravedad. El periodista Henry Constantín Ferreiro, director de La Hora de Cuba y preso en la prisión Kilo 7, fue enviado a celda de castigo y se le abrió un nuevo proceso por tenencia de arma blanca a partir de un objeto que él denuncia como colocado; el aislamiento impidió, además, que su abogada le tomara declaración. Al colaborador de CubaNet Adelth Bonne Gamboa se le exigió romper con ese medio bajo la mención de una posible condena de dos a diez años de prisión. Las amenazas alcanzaron también a familiares de periodistas, como la hija de 14 años de Yunia Figueredo y Frank Correa y la pareja de Constantín, la periodista Alejandra García. La intimidación, incluida la amenaza penal, sigue siendo la forma predominante de presión sobre la prensa (16 de los 19 hechos), pero en octubre se combina con el castigo dentro de la prisión.
El informe que aquí se presenta muestra primero los datos generales del mes y su comparación con septiembre de 2026 y octubre de 2025; después, la distribución por indicador y por detonante, el mapa territorial y las instituciones responsables; luego, el perfil de las víctimas, los casos emblemáticos y los derechos conexos vulnerados; y, por último, el análisis de tendencias, la evolución mensual, la proyección para noviembre y los casos de septiembre documentados fuera de fecha, que explican por qué las cifras de ese mes difieren de las publicadas.
2. Datos generales
De los 115 hechos registrados durante octubre de 2026, 96 corresponden a la libertad de expresión y 19 a la libertad de prensa y entre todos activan 141 indicadores represivos. Por volumen de violaciones, la libertad de expresión concentra el 84,4 % (119) y la libertad de prensa el 15,6 % (22).
Comparativa: octubre 2026 vs. septiembre 2026 y octubre 2025
La comparación toma dos referencias: septiembre de 2026, el mes inmediato anterior, y octubre de 2025, el mismo mes del año precedente. En ambos casos se usa la base de datos actualizada al cierre de este informe.
Respecto a septiembre, el total de violaciones no varía: son 141 en ambos meses (0,0 %). Los hechos pasan de 113 a 115 (+1,8 %) y el promedio de violaciones por hecho apenas cambia (1,23 frente a 1,25). Detrás de esa estabilidad hay un cambio de composición. Las violaciones a la libertad de expresión suben de 97 a 119 (+22,7 %), mientras las de libertad de prensa se reducen a la mitad, de 44 a 22 (−50,0 %). En hechos, la tendencia es la misma: los de expresión aumentan de 76 a 96 (+26,3 %) y los de prensa bajan de 37 a 19 (−48,6 %).
Este descenso debe leerse con cautela. Responde, en buena medida, al peso que adquieren en octubre los presos políticos y los procesos judiciales, y no a un alivio de la presión sobre la prensa independiente, que se mantiene como intimidación sostenida y, en casos como el de Henry Constantín, se agrava dentro de la prisión.
Debe tenerse en cuenta, también, que octubre de 2025 fue el mes de menor registro de la segunda mitad de ese año, por lo que la variación interanual parte de una base baja.
Esa base baja explica, sin embargo, solo una parte de la variación. El aumento interanual no es exclusivo de octubre: los diez meses de 2026 superan a sus equivalentes de 2025, con variaciones que van del 17,6 % en junio al 148,1 % en febrero, y el acumulado de enero a octubre suma 1676 violaciones, frente a 1004 en el mismo período de 2025 (+66,9 %). Dos factores, que no se excluyen entre sí, ayudan a explicar esa trayectoria.
El primero es el aumento de la capacidad de registro. Desde la puesta en marcha del Observatorio, en febrero de 2026, se ampliaron las fuentes y se sistematizó la documentación, Una parte del crecimiento refleja, por tanto, que hoy se documenta más de lo que ocurre, y no solo que ocurra más.
El segundo es el agravamiento de la crisis económica, social y política que vive el país, y que ha llevado a una maximización de la expresión del descontento, a la que el Estado responde con más represión. 18 de los hechos de octubre proceden de la persecución penal de la protesta de Morón del 13 de marzo, que estalló tras semanas de apagones y escasez.
3. Agresiones por tipo de indicador
La distribución de las 141 violaciones documentadas en octubre de 2026 por tipo de indicador describe un mes dominado por el uso abusivo del poder estatal, que por sí solo reúne más de cuatro de cada diez violaciones y en el que las fiscalías y los tribunales figuran entre las instituciones que más intervienen. El resto se reparte, mayormente, entre los indicadores de ataques, amenazas y agresiones psicológicas, y detención arbitraria.
El uso abusivo del poder estatal encabeza el registro con 61 violaciones, el 43,3 % de las de octubre. Respecto a septiembre aumenta en 10 violaciones, lo que representa el mayor incremento absoluto entre los indicadores. Frente a octubre de 2025, casi se triplica (+177,3 %). Su procedencia institucional es clara: de los 61 hechos que lo activan, 31 corresponden a actuaciones de una fiscalía o un tribunal, 21 a decisiones de la administración penitenciaria y solo 9 a actos de la Seguridad del Estado, la PNR o las autoridades migratorias. Con ello, el indicador encabeza el registro por segunda vez en el año (agosto 2026 y octubre 2026), pues tras la incorporación a la base de datos de siete nuevos casos correspondientes a septiembre de 2026, los ataques, amenazas y agresiones psicológicas pasaron a liderar ese mes, aunque con apenas una mención más (52 vs. 51).
Ese indicador suma en octubre de 2026 39 violaciones (27,7 % del mes) y ocupa el segundo lugar. Disminuye en 13 respecto a septiembre, pero supera en 13 el registro de octubre de 2025. Sigue siendo el indicador principal de la libertad de prensa, donde aparece en 16 de los 19 hechos. Se manifiesta mediante la citación, el interrogatorio, la visita al domicilio, la vigilancia y la advertencia, casi siempre combinadas. Con frecuencia alcanza, también, a familiares o personas cercanas a la víctima. En octubre se suma la presión migratoria: a José Antonio López Piña se le reiteró el ultimátum de abandonar el país o ser procesado; a Frank Correa se le indicó que lo mejor era marcharse de Cuba, y a él y a Yunia Figueredo se les amenazó con una regulación migratoria que les impediría salir.
Por su parte, la detención arbitraria, con 28 menciones, es el tercer indicador por frecuencia. En el período se documentaron 2 detenciones más que en septiembre y 17 más que en octubre de 2025. Es el indicador con mayor participación de la PNR y se concentra mayormente en hechos asociados a la libertad de expresión. En la mayoría de los casos se aplica como parte de la represión sistemática que ejerce el Estado sobre personas bajo persecución política, dígase opositores, expresos políticos, activistas y creadores de contenido. Una característica de las detenciones arbitrarias en el mes, es también la reincidencia de víctimas: Guillermo Coco Fariñas fue detenido el 3 y 4 de octubre, cuando presentaba una queja ante el Gobierno provincial de Villa Clara; el expreso político Alexander Díaz Rodríguez fue detenido los días 4, 5 y 6 de octubre por estar fuera de su domicilio pasadas las 9:00 de la noche, cuando no pesa sobre él medida alguna de restricción de movilidad; y el opositor Mario Alberto Hernández Leyva fue detenido el 26 y 27 de octubre, y cuestionado sobre la ayuda que brinda a personas necesitadas.
Aunque su peso dentro del total mensual es reducido, la agresión física tiene una relevancia cualitativa mayor que su proporción. Octubre iguala el nivel de septiembre (8) y cuadruplica el de octubre de 2025 (2), de modo que el indicador ya no aparece como un episodio aislado. Además, 5 de las 8 agresiones físicas registradas en el mes ocurren bajo custodia penitenciaria, donde la persona afectada tiene menos posibilidades de denunciar, de recibir asistencia o de que la agresión sea verificada con rapidez. Por ello, se trata de uno de los datos más preocupantes del período en términos de gravedad, aun cuando su volumen no altere la estructura general del mes.
Finalmente, la reclusión registra 3 violaciones (2,1 % del mes), igual que en septiembre y el triple que en octubre de 2025. Los tres hechos se localizan en Sancti Spíritus y derivan de una misma causa, en la que la detención se convirtió, por decisión de la fiscalía provincial, en prisión provisional y en prisión domiciliaria para tres integrantes de un mismo núcleo familiar. Se trata del activista Oscar Echeverría Rubio, su esposa Cleidys García –ambos recluidos en la prisión Nieves Morejón-, y la hija de él, Aitana Echevarría Rivero, a quien se le impuso una medida de reclusión domiciliaria. ¿La causa? Protagonizar una protesta en la azotea de su vivienda.
Por último, en octubre de 2026 la restricción en el espacio digital registra 2 violaciones, una más que en septiembre y el mismo valor que en octubre de 2025. Ambos hechos afectan a creadores de contenido de La Habana: la limitación del servicio de telefonía e internet de una línea, que ETECSA atribuyó a su propio equipo, y la creación en Facebook de un perfil falso, sin responsable identificado.
Motivos detonantes de las agresiones
¿Qué situaciones desencadenan la respuesta represiva del Estado? El cuadro del mes se ordena en torno a tres ejes: la represión sostenida sobre personas ya identificadas por su posición de enfrentamiento al gobierno, el mayor peso de la protesta y del acompañamiento a las víctimas, y el menor peso de la expresión cotidiana en redes sociales y de la documentación de la realidad. A diferencia de septiembre, no se registran hechos motivados por el contacto con la comunidad internacional ni por fechas simbólicas.
Nota metodológica: un mismo hecho puede responder a más de un detonante, por lo que las categorías no son excluyentes y su suma supera los 115 hechos del mes.
La represión sistemática encabeza el listado con 39 hechos, el 33,9 %, tres más que en septiembre, mes en que también ocupó el primer lugar. De ellos, 33 corresponden a libertad de expresión y 6 a prensa. Este detonante no responde a una acción concreta de la víctima, sino a su condición: en 24 de los 39 hechos las víctimas son presos políticos, o expresos políticos, y los otros 15 afectan a opositores, periodistas, creadores de contenido, y a los reclusos del área “la Incrementada” de la prisión de Guanajay, documentados en un registro colectivo. El uso abusivo del poder estatal predomina como indicador en esos hechos, con 24, e intervienen la Seguridad del Estado en 20, el Sistema Penitenciario en 16 y la PNR en 12. El patrón muestra que la persecución sobre quienes están o estuvieron presos se sostiene sin necesidad de una acción nueva de la víctima; los otros perfiles, cerca de cuatro de cada diez hechos de este detonante, indican que el mecanismo no se limita a ellos.
Por su parte, la participación en protestas ocupa el segundo lugar con 27 hechos, más del doble que los 11 de septiembre, para un aumento del 145,5 %, y por encima de los 22 de agosto. Todos corresponden a libertad de expresión; en 23 interviene el Sistema Judicial y en 20 las víctimas son presos políticos. Este dato es central: 18 de los 27 hechos se registraron el 19 de octubre en Ciego de Ávila, con intervención de la Fiscalía Provincial, y corresponden a las peticiones fiscales para los manifestantes de Morón. Quiere esto decir que el aumento del detonante no refleja, en sí, una nueva ola de protestas, sino la respuesta judicial, siete meses después, a una manifestación popular.
En octubre, el OCLE registró solo dos hechos de protesta dentro del mes, de la que resultaron ocho violaciones a la libertad de expresión: la mencionada protesta del activista Oscar Echevarría Rubio y la del pastor Ariel Limias Leiva, quien caminó desde la calle Monte hasta el capitolio Nacional, en La Habana, portando un cartel de contenido político.
La publicación en redes sociales, con 12 hechos, y la cobertura periodística, con 11, ocupan la tercera y la cuarta posición. La primera retrocede respecto a los 18 hechos de septiembre, mientras que la segunda aumenta en 3.
En lo que respecta a la publicación en redes sociales, cinco hechos son violaciones a la libertad de prensa y siete de expresión, y dos ocurren fuera de Cuba, en un aeropuerto y en un consulado, lo que indica que el control sobre lo publicado alcanza también trámites migratorios y documentación consular. Se trata de la prohibición de entrada a Cuba al músico Baby Lores, que él mismo asoció a sus denuncias públicas al gobierno cubano, y la demostración de persecución al periodista exiliado Magdiel Jorge Castro, a quien en un acto intimidatorio, antes de entregarle su pasaporte cubano solicitado ante el consulado en Madrid, le mostraron impresas sus publicaciones en redes sociales. Ambos casos demuestran el uso de la frontera como medio de presión, tanto para vigilar a quienes ya salieron del país como para castigar con la prohibición de entrada.
Los 11 hechos represivos que tienen como detonante la cobertura periodística están relacionados con ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas contra periodistas independientes, y la Seguridad del Estado es el agresor en ocho de ellos. Afectan a seis periodistas y cinco corresponden a una misma víctima: el colaborador de CubaNet Adelth Bonne.
La represalia por vínculos familiares o afectivos, catalogada como represión vicaria, suma 10 hechos, dos más que los 8 de septiembre. Entre estos destacan las amenazas a la hija de 14 años de los periodistas Yunia Figueredo y Frank Correa durante la detención de su madre el 12 de octubre; el interrogatorio a la periodista Alejandra García, tras visitar a su pareja, el periodista Henry Constantín, en la prisión Kilo 7, en Camagüey; las advertencias a la esposa del periodista José Antonio López Piña, en Santiago de Cuba, de que podía ser acusada de encubrimiento si lo acogía; y la detención y prisión provisional de Cleidys García, junto a su esposo Oscar Echevarría Rubio, así como la prisión domiciliaria impuesta a su hija de 18 años. Estos casos muestran la vigencia de un mecanismo que extiende la sanción al entorno próximo de la víctima directa.
Por su parte, las acciones de solidaridad y acompañamiento a víctimas registran 9 hechos, frente a 2 en septiembre, y la denuncia de condiciones carcelarias 7, frente a 3 el mes pasado. En el primer caso, siete hechos son del 1 de octubre y están vinculados a la jornada del juicio a Anna Bensi y su madre, con detenciones y vigilancia sobre quienes intentaron acompañarlas. En el segundo, seis de los siete hechos tienen como víctimas a presos políticos, cinco involucran al Sistema Penitenciario y dos incluyen agresión física. Varios recogen una medida contra el preso al día siguiente de su denuncia, es decir, una golpiza o el encierro en celda de castigo tras difundir información sobre las condiciones del penal. Esto permite detectar un patrón: denunciar desde la prisión es un detonante de castigo inmediato.
La documentación ciudadana de la realidad cae a 5 hechos, contra los 12 de septiembre; tres de ellos tienen como víctimas a dos opositores y miembros de la UNPACU en Santiago de Cuba, de quienes se conoció su detención en octubre, y el posterior traslado a prisión bajo la acusación de propaganda contra el orden constitucional en noviembre (estas últimas violaciones no se incluyen en las estadísticas del presente informe).
El detonante «participación en actos religiosos» suma en octubre de 2026 cuatro hechos, frente a siete en septiembre, vinculados al pastor Maikel Pupo Velázquez, preso en Camagüey tras convocar una oración pública por Cuba, y al joven cristiano Anthony Martínez, citado e interrogado en Guanajay, Artemisa, tras liderar una oración colectiva durante el enjuiciamiento de Anna Bensi y Caridad Silvente.
El ejercicio del derecho de petición ciudadana consta como motivo de represión en 4 hechos, que recogen la detención del opositor Guillermo «Coco» Fariñas y la retención de su esposa, Yeiseny Yera León, los días 3 y 4 de octubre, tras acudir a la sede del Gobierno Provincial de Villa Clara a reclamar la reparación de un transformador.
Los motivos restantes, represión por expresión simbólica, con 2 registros; expresión en espacios públicos, con 1; negativa a colaborar con la Seguridad del Estado, también con 1; y creación artística y cultural, igualmente con 1, agrupan 5 hechos y completan el mapa.
En conjunto, los detonantes de octubre describen una represión centrada en personas y procesos ya abiertos más que en nuevas acciones de las víctimas.
4. Distribución geográfica
Fuente: base de datos del Observatorio (OCLE), tabla BD General. El territorio corresponde al campo «Lugar de la Agresión» y el mes a la fecha del hecho. Las violaciones son los indicadores activados; un hecho puede activar varios. Los porcentajes se calculan sobre el total de hechos de cada mes.
Los hechos represivos contra la libertad de expresión y de prensa documentados en octubre de 2026 se distribuyen en diez provincias, a los que se suman dos ocurridos en el extranjero. La Habana sigue siendo el territorio con más hechos (38), pero su peso desciende del 55,8 % en septiembre (63 hechos) al 33,0 % en octubre. El cambio en el mapa se explica sobre todo por dos movimientos: la caída de la capital, que pierde 25 hechos, y la irrupción de Ciego de Ávila, que pasa de 1 a 18. A ello se suma la salida de Las Tunas, Matanzas y Guantánamo, que registraron hechos en septiembre y ninguno en octubre, y la entrada de Sancti Spíritus y Pinar del Río, sin hechos el mes anterior.
La capital concentra también la mayor parte de la actuación de la Seguridad del Estado (25 de sus 49 hechos en el país) y de la PNR (17 de 30), así como 11 de los 19 hechos contra la libertad de prensa. En La Habana predominan los hechos que activan agresiones psicológicas (20) y detención arbitraria (14) sobre los de uso abusivo del poder estatal (11). Los perfiles más afectados son los periodistas, con 11 hechos contra siete personas, cinco de ellos dirigidos contra Adelth Bonne Gamboa. Les siguen los creadores de contenido, con 8 hechos contra seis personas, y los opositores, con 7.
Ciego de Ávila, segunda provincia del mes con 18 hechos frente a 1 en septiembre, presenta un registro exclusivamente procesal. Todos sus hechos derivan de un mismo acto: las conclusiones provisionales por sedición que la Fiscalía Provincial presentó contra los participantes en la protesta del 13 de marzo de 2026 en Morón, conocidas el 19 de octubre. Comparten, por tanto, fecha, institución, indicador (uso abusivo del poder estatal), perfil (preso político) y detonante (participación en protestas).
Camagüey, con 13 hechos, cuatro menos que en septiembre, tiene en las cárceles su principal foco represivo. El sistema penitenciario aparece como agresor en 11 de ellos, y ocho de las víctimas están privadas de libertad.
Artemisa, con 12 hechos, triplica los 4 de septiembre y se distingue por la actuación casi exclusiva de la Seguridad del Estado, presente en 11 de los 12. Siete de esos hechos recaen sobre solo dos expresos políticos, Julián Mazola Beltrán (4) y Alexander Díaz Rodríguez (3). Más que una represión dispersa, el dato describe un hostigamiento reiterado sobre personas concretas.
El resto del país muestra un cuadro más fragmentado. Villa Clara, con 10 hechos frente a 6 en septiembre, combina detenciones arbitrarias y actuación de la PNR con presiones dentro del sistema penitenciario. Santiago de Cuba, con 8 hechos frente a 3, reúne control policial y vigilancia política. La PNR interviene en 5 de esos hechos y la Seguridad del Estado en 4, entre ellos los dos hechos de prensa contra el periodista José Antonio López Piña y la represalia contra su esposa. Sancti Spíritus, con 8 hechos, concentra seis en Oscar Echevarría Rubio y su familia: su esposa, Cleidys García, y su hija, Aitana Echevarría Rivero. Los otros dos recaen en Wilber Aguilar Bravo y su hijo, Walnier Aguilar Rivera, preso político del 11J, natural de La Habana, pero recluido en el penal Nieves Morejón, de ese territorio. En Sancti Spírtitus actúan como agresores principalmente el sistema penitenciario, la Fiscalía y la Seguridad del Estado.
Holguín (3 hechos), Mayabeque (2) y Pinar del Río (1) registran únicamente hechos contra presos políticos. Los dos hechos ocurridos en el extranjero corresponden a actuaciones de instituciones cubanas: el Consulado General de Cuba en Madrid y la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior.
La dispersión territorial de octubre confirma el alcance nacional de la represión, pero debe leerse con cautela. La Habana pierde peso relativo en parte porque un solo acto procesal en Ciego de Ávila aportó 18 hechos. Sin ellos, la capital habría reunido el 39,2 % del total, todavía muy por debajo del 55,8 % de septiembre. La caída responde sobre todo a su descenso en cifras absolutas, de 63 a 38 hechos. Ese descenso se explica porque en septiembre se concentraron en La Habana episodios de alta intensidad que no se repitieron en octubre: 25 de los 63 hechos de la capital tuvieron como detonante el contacto con la comunidad internacional, entre el 17 y el 18 de septiembre, a propósito de la represión para impedir la asistencia de la sociedad civil al evento Noches Americanas. No puede leerse, por tanto, como una reducción sostenida de la represión en la capital.
La ausencia de registros en Matanzas, Cienfuegos, Las Tunas, Granma, Guantánamo e Isla de la Juventud no equivale a ausencia de represión. Señala los límites de lo que el Observatorio puede conocer y verificar. Los seis territorios no están en la misma situación. Las Tunas, Matanzas y Guantánamo registraron hechos en septiembre y ninguno en octubre, lo que indica que la cobertura territorial fluctúa de un mes a otro según el acceso a las fuentes, y no necesariamente según la intensidad de la represión. Cienfuegos, Granma e Isla de la Juventud, en cambio, no registran hechos en ninguno de los dos meses y constituyen zonas de silencio persistente.
En Cuba existen zonas de silencio informativo: territorios donde la represión ocurre, pero no llega a conocerse o no puede verificarse. Varios factores se combinan en ellas. Hay pocos o ningún periodista y medio independiente con presencia local. La vigilancia es constante, y el temor a las represalias alcanza tanto a quien denuncia como a su familia. A ello se suman las dificultades de conexión y el costo de acceso a internet. Cuando un hecho logra salir de esas zonas, suele hacerlo tarde, fragmentado y sin los datos mínimos que exige su documentación. A esta opacidad se suma la ausencia de información oficial. El Estado no publica cifras sobre detenciones por motivos políticos, procesos penales contra manifestantes ni población penitenciaria. Los procesos judiciales solo se conocen cuando las familias o las organizaciones independientes los denuncian.
El propio caso de Ciego de Ávila ilustra este mecanismo. Sus 18 hechos no reflejan un aumento de la represión en octubre. Reflejan un acto procesal que hizo visible una persecución iniciada siete meses antes, con la protesta de marzo en Morón, y que hasta entonces había permanecido fuera del registro. Algo parecido ocurre en las cárceles. Buena parte de lo que se documenta desde el sistema penitenciario depende de que un familiar logre comunicar lo ocurrido, y la incomunicación es en sí misma una forma de silenciamiento.
Es así que las cifras de este informe deben entenderse como un subregistro: un piso mínimo de la represión efectivamente ocurrida, no su medida total. Leerlas sin esta advertencia llevaría a confundir visibilidad con intensidad, y a interpretar el silencio de algunos territorios como tranquilidad, cuando con frecuencia es su consecuencia más eficaz.
5. Instituciones perpetradoras
El análisis de las instituciones responsables de los hechos documentados en octubre de 2026 confirma la centralidad del Ministerio del Interior, que interviene en 84 de los 115 hechos (73 %), aunque por debajo de los 97 de septiembre. El Sistema Judicial pasa de 22 a 32 hechos, pero ese aumento responde casi por entero a un solo acto procesal en Ciego de Ávila, registrado como 18 hechos. El cambio más significativo es de forma: en septiembre predominaban los tribunales (18 de 22 hechos) y en octubre las fiscalías (27 de 32), lo que desplaza la actividad judicial hacia la acusación y la petición de pena. El Ministerio de Comunicaciones, el Poder Popular y el Ministerio de Relaciones Exteriores registran un hecho cada uno, y en otro el agresor no ha sido identificado.
Nota metodológica: Un hecho de octubre figura con ministerio e institución desconocidos: la creación en Facebook de un perfil falso a nombre de la creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente, cuya autoría no está identificada. Por ello no se atribuye a ninguna institución. Un mismo hecho puede atribuirse a más de un organismo o institución, por ejemplo cuando intervienen a la vez el Ministerio del Interior y el Sistema Judicial, o la Seguridad del Estado y la PNR, por lo que las categorías no son excluyentes y su suma supera el 100 %.
La Seguridad del Estado encabeza el listado como ente represivo del MININT con 49 hechos. Es la institución con el repertorio más amplio: participa en cinco de los seis indicadores, con mayor peso en las agresiones psicológicas (27) y en la detención arbitraria (20). Interviene, además, en 13 de los 18 hechos que afectan a periodistas, actuando sola en 25 hechos y junto a la PNR en 17, la combinación más repetida del mes. Sus víctimas más frecuentes, además de los periodistas, son expresos políticos y opositores (con 7 hechos cada uno), lo que indica que su acción se dirige tanto a la prensa independiente como a personas ya marcadas por procesos anteriores. La Seguridad del Estado es también la autora de las presiones para que algunas víctimas abandonen el país: el ultimátum de exilio o proceso penal al periodista José Antonio López Piña, la recomendación a Frank Correa de marcharse de Cuba y, según denuncian los presos políticos Donaida Pérez Paseiro y Loreto Hernández García, el condicionamiento de su excarcelación a la salida del país.
Por su parte, la Policía Nacional Revolucionaria aparece en 30 hechos y opera como el brazo ejecutor del aparato: interviene en 23 de los 28 hechos de detención arbitraria, tres más que la Seguridad del Estado en ese indicador. Actúa sola en 11 hechos y con la Seguridad del Estado en 17, lo que indica que la detención se ejecuta con frecuencia dentro de una operación coordinada y no como un acto policial aislado. Las víctimas son sobre todo opositores (9), expresos políticos (6) y creadores de contenido (5), con los motivos de represión sistemática, solidaridad con víctimas y ejercicio del derecho de petición como detonantes.
El Sistema Penitenciario aparece en 24 hechos, con un perfil muy distinto al de las otras dos instituciones. Concentra el uso abusivo del poder estatal en 21 hechos, afecta a presos políticos en 19 casos y es responsable de cinco de las ocho agresiones físicas del mes. Actúa solo en 21 hechos y junto a la Seguridad del Estado en tres. Los detonantes más frecuentes son la represión sistemática (16) y la denuncia de condiciones carcelarias (5). Quiere ello decir que el encarcelamiento no cierra el ciclo represivo: expone a la víctima a un segundo nivel de sanción dentro de la propia prisión.
La Dirección de Contrainteligencia del MININT (DCI-MININT) se refleja en 2 hechos (1,7 %), siempre junto a la PNR, con detención arbitraria y agresiones psicológicas. Ocurrieron en Villa Clara, cuando el opositor Guillermo «Coco» Fariñas acudió al Gobierno Provincial a reclamar la reparación de un transformador y, en un segundo intento, fue interrogado en la propia sede por oficiales de la DCI-MININT. El Gobierno Provincial de Villa Clara figura en el primero de esos hechos, en el que un funcionario le negó el registro de la denuncia y sacó un bastón de goma. Es un caso en que una estructura administrativa civil, la contrainteligencia y la policía actúan en el mismo lugar ante un reclamo ciudadano.
La actividad judicial de carácter represivo cambia de forma respecto a septiembre. En octubre las fiscalías figuran en 27 hechos y los tribunales en 5. La Fiscalía Provincial de Ciego de Ávila encabeza el cuadro con 18 hechos, todos del 19 de octubre, que corresponden a las peticiones de pena contra los participantes en la protesta de Morón del 13 de marzo de 2026. Este es un único acto procesal registrado como un hecho por víctima. El resto de las fiscalías suma 9 hechos. La de Artemisa con 3, con el proceso penal por propaganda contra el orden constitucional abierto al expreso político Julián Mazola Beltrán; la de Sancti Spíritus, también con 3 hechos, que impuso prisión provisional a Oscar Echevarría Rubio y a su esposa; la de Holguín con 2, la cual solicitó ocho y diez años de privación de libertad para los creadores del proyecto audiovisual El4tico; y la de La Habana, con 1, en la acusación formal al pastor Ariel Limias Leiva, por exhibir un cartel en una protesta frente al Capitolio de La Habana.
Entre los tribunales, el Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este, con 2 registros, condenó a la creadora de contenido Anna Bensi y a su madre a dos años de limitación de libertad por grabar y difundir en redes la entrega de una citación. El Tribunal Provincial de La Habana negó al rapero Andrés Matos Alcántara, conocido como MC K-Libre, un nuevo recurso contra la prisión provisional, que se fundamentaba en su estado de salud. Además, mantuvo sin acceso al expediente a la defensa del preso político Javier Ernesto Martín Gutiérrez, casi un mes después de conocer las nuevas imputaciones. Por su parte, el Tribunal Provincial de Camagüey denegó la fianza al pastor Maikel Pupo Velázquez. En el conjunto de los 32 hechos del Sistema Judicial, la Seguridad del Estado figura solo en cuatro y la PNR en ninguno. En los registros, la vía judicial aparece así con una dinámica propia, la del proceso, la acusación y la medida cautelar, y no solo como cierre de una operación de seguridad. Esa ausencia debe leerse con cautela: refleja lo que consignan las fuentes y no excluye la participación de la Seguridad del Estado en la instrucción de los casos.
Las instituciones restantes del registro agrupan 4 hechos y, pese a su bajo peso cuantitativo, muestran la extensión del aparato hacia espacios menos asociados con la coerción. ETECSA aparece en un hecho de restricción del servicio telefónico y de internet al creador de contenido David Espinosa, que la empresa atribuyó a su equipo. La Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería aparece en la prohibición de entrada a Cuba al cantante radicado en Miami Baby Lores, comunicada a la aerolínea por vía telefónica. El Consulado General de Cuba en Madrid aparece en un hecho en el que un funcionario le exhibió al periodista Magdiel Jorge Castro publicaciones suyas impresas de redes sociales antes de entregarle su pasaporte renovado.
6. Distribución por género y perfil de las víctimas
El análisis de las víctimas registradas en octubre de 2026 muestra dos cambios respecto a septiembre: una composición de género más masculina, en la que desaparece el hostigamiento concentrado sobre un grupo reducido de mujeres, y un perfil de víctimas en el que el preso político vuelve a ocupar el primer lugar con una ventaja amplia sobre el periodista.
La distribución por género de octubre acentúa el predominio masculino del modelo represivo: 92 hechos sobre víctimas masculinas, el 80,7 %, y 22 sobre víctimas femeninas, el 19,3 %, dentro de la base individualizada. La proporción femenina cae algo más de trece puntos respecto a septiembre, cuando fue del 32,4 % con 34 hechos.
También cambia el grado de concentración del hostigamiento. El universo del mes comprende 64 víctimas únicas masculinas sobre 92 hechos, una media de 1,44 agresiones por víctima, y 18 víctimas únicas femeninas sobre 22 hechos, una media de 1,22. Es lo contrario de septiembre, cuando la media femenina (1,70) superaba a la masculina (1,39). En octubre el hostigamiento recae de forma más repetida sobre algunos hombres y se dispersa entre las mujeres. Ninguna víctima femenina acumula más de dos hechos, mientras que entre los hombres destacan el colaborador de CubaNet Adelth Bonne Gamboa, con 5 hechos, el expreso político Julián Mazola Beltrán y el opositor José Elías González Agüero, con 4 cada uno.
El perfil de las víctimas femeninas es, además, de carácter relacional. Ocho de sus 22 hechos (36,4 %) tienen como detonante la represalia por vínculos familiares o afectivos, y corresponden a seis mujeres: esposas, parejas e hijas de personas perseguidas. La categoría “ciudadano”, asignada a quienes no pertenecen a otro perfil como el de preso, periodista, activista u opositor, es la más frecuente entre ellas (8 hechos), y siete de esos ocho responden al mismo detonante. Esto indica que una parte significativa de las víctimas femeninas, más de un tercio de sus hechos, aparece como entorno familiar de otras personas perseguidas, y refleja la vigencia de la represalia sobre el círculo próximo como mecanismo de presión.
Nota metodológica: la base individualizada del análisis de perfil se sitúa en 114 hechos en octubre y en 107 en septiembre, sobre las que se calculan los porcentajes. Se excluyen los registros de colectivos de reclusos, cuyas víctimas no son individualizables: en octubre, un solo hecho, el de los reclusos del área «la Incrementada» de la prisión de Guanajay; en septiembre, seis. Estos registros sí se contabilizan en los totales mensuales.
El preso político encabeza el perfil de víctima con 45 hechos (39,5 %), 14 más que en septiembre, cuando compartió el primer lugar con el periodista con 31 hechos cada uno. Los 45 hechos afectan a 41 víctimas distintas, casi una persona por hecho. De ellos, 18 corresponden a las peticiones de pena de la Fiscalía Provincial de Ciego de Ávila contra los manifestantes de la protesta de Morón del 13 de marzo de 2026. Sin ese acto procesal, el preso político suma 27 hechos y sigue por encima del periodista. El uso abusivo del poder estatal es el indicador dominante en este perfil (40 de los 45 hechos). Los detonantes principales son la participación en protestas (20) y la represión sistemática (15).
El caso de Morón merece una lectura propia. Sus 18 víctimas figuran como presos políticos por su situación procesal, pero su perfil de origen es el de ciudadanos sin trayectoria previa de activismo. El crecimiento del preso político en octubre no refleja, por tanto, solo la persecución de personas ya encarceladas. Muestra también cómo la vía penal convierte a ciudadanos comunes que protestaron en presos políticos.
El periodista pasa al segundo lugar con 18 hechos (15,8 %), frente a 31 en septiembre. Los 18 hechos afectan a 12 periodistas distintos, y tres de ellos agrupan la mitad: Adelth Bonne Gamboa, con 5, y Henry Constantín Ferreiro y José Antonio López Piña, con 2 cada uno. La forma de presión es sobre todo la intimidación: 16 de los 18 hechos activan el indicador de ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas, y 13 involucran a la Seguridad del Estado. Menos hechos no significan, sin embargo, menor gravedad. El registro incluye el envío a celda de castigo de un periodista en prisión provisional, junto con la apertura de un nuevo proceso en su contra, y la amenaza explícita de cárcel a un colaborador de CubaNet si no rompe con el medio. A ello se suma el ultimátum reiterado a José Antonio López Piña de abandonar el país o ser procesado, acompañado de amenazas de prisión por trabajar para medios independientes y de un proceso por «peligrosidad predelictiva».
Los demás perfiles se reordenan con cambios marcados. El opositor y el ciudadano ocupan el tercer y cuarto puesto con 10 hechos cada uno (8,8 %). El opositor se mantiene prácticamente estable (11 en septiembre), mientras que el ciudadano desciende de forma notable, de 16 a 10. El activista cae de 13 a 7 hechos. El creador de contenido y el religioso, en cambio, se multiplican: el primero pasa de 2 a 8 hechos y el segundo, de 1 a 6. Un perfil más, el de artista/creador, aparece con un hecho.
El expreso político sube de 2 a 9 hechos, todos contra hombres y concentrados en cuatro personas. Siete de esos hechos recaen sobre solo dos de ellos, Julián Mazola Beltrán (4) y Alexander Díaz Rodríguez (3). Más que un patrón consolidado, el dato describe un hostigamiento intenso sobre personas concretas tras su excarcelación. Es un indicio que deberá confirmarse en los próximos meses.
En conjunto, activistas, ciudadanos y opositores representan el 23,7 % de los hechos de octubre, frente al 37,4 % de septiembre. Presos y expresos políticos suman 54 hechos, el 47,4 %, frente al 30,8 % del mes anterior. Este desplazamiento debe leerse con cautela, porque depende en buena medida del acto procesal de Ciego de Ávila. Sin sus 18 hechos, presos y expresos políticos representarían el 37,5 % de los hechos del mes: todavía por encima de septiembre, pero con una diferencia mucho menor. La represión se concentra, además, sobre un grupo reducido de personas: de las 82 víctimas individualizadas, 22 acumulan dos o más hechos y reúnen 54 de los 114 hechos de la base individualizada, y 20 de las víctimas de octubre ya figuraban en el registro de septiembre.
7. Casos emblemáticos registrados
Citaciones e interrogatorios reiterados contra el colaborador de CubaNet Adelth Bonne Gamboa

Adelth Bonne Gamboa, activista y colaborador de CubaNet, acumula cinco hechos en octubre, todos bajo el indicador de ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas. Cuatro, ocurridos entre el 18 y el 26 de octubre, se atribuyen a la Seguridad del Estado; y uno, el del 1 de octubre, a la PNR.
El 1 de octubre, aunque no se encontraba en su vivienda, denunció vigilancia policial en su edificio como parte del operativo de la PNR desplegado por el juicio a Anna Bensi y su madre. Luego, el 18 de octubre, un oficial conocido como “Rodrigo”, encargado en los últimos meses de vigilarlo, intentó citarlo por teléfono a un interrogatorio; Bonne Gamboa se negó y exigió que se le entregara por escrito.
Tal petición dio paso a una escalada represiva en los días siguientes. El 19 de octubre, el mismo oficial lo citó verbalmente y, ante su negativa, regresó alrededor de una hora después con una citación escrita del Ministerio del Interior para el día 20, con la advertencia de acusación por desobediencia o una multa de 100 a 300 cuotas si no asistía. Un día después, el 20 de octubre, fue interrogado en la unidad policial de Aguilera, en Diez de Octubre. Allí le exigieron renunciar a todo vínculo con CubaNet y le mencionaron una posible condena de dos a diez años por “propaganda contra el orden constitucional”, anunciándole una nueva citación para imponerle prisión domiciliaria. El 26 de octubre, tras recibir 16 llamadas el día anterior desde un mismo número, un agente no identificado le entregó otra citación del Ministerio del Interior para el 28 de octubre en la estación de Aguilera, a la que no acudió2.
El caso muestra cómo opera en octubre el hostigamiento contra la prensa independiente: la negativa a aceptar una citación informal se respondió con una escalada que, en una semana, llevó de la advertencia administrativa a la amenaza penal. La exigencia de romper con CubaNet, sin acusación formal ni referencia a una publicación concreta, indica que el objetivo es el vínculo con el medio y no una cobertura en particular.
Celda de castigo contra el periodista Henry Constantín y amenazas a su pareja, la periodista Alejandra García

En octubre, el OCLE documentó tres hechos que muestran cómo la represión sobre el periodista Henry Constantín Ferreiro continúa dentro de la prisión y alcanza a su entorno familiar. El 9 de octubre, al terminar su visita a Kilo 7, su pareja, la periodista de La Hora de Cuba Alejandra García, fue conducida a una oficina del penal, donde dos agentes de la Seguridad del Estado la interrogaron sobre varios familiares suyos y le advirtieron que no querría que su gente sufriera ni que le pasara algo a ella.
El 15 de octubre, tras una requisa, oficiales afirmaron haber hallado un cuchillo entre las pertenencias de Constantín, que él denuncia como un objeto colocado. Tras este suceso, el jefe de la unidad ordenó enviarlo a celda de castigo por un mínimo de 15 días y abrirle un proceso por tenencia de armas blancas, suprimiendo también la llamada diaria y la visita familiar y conyugal que estaba prevista para el 19 de octubre. El 20 de octubre, su abogada no pudo tomarle declaración: el instructor no acudió y el jefe de la unidad no estaba para autorizar el acceso a un recluso en celda de castigo, de modo que el aislamiento obstaculizó en la práctica su derecho a la defensa.
La gravedad del caso está en la acumulación: a un periodista ya privado de libertad se le abre un nuevo proceso penal a partir de una prueba que él impugna, se le aísla y, con ello, se obstaculiza su defensa; la visita de su pareja se convierte, además, en presión sobre la familia.3
Condena a dos años de limitación de libertad contra la creadora de contenido Anna Bensi y su madre

El 1 de octubre, el Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este declaró culpables a la creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente “Anna Bensi” y a su madre, Caridad Silvente Laffita, por el delito de “actos contra la intimidad personal y familiar”, y las sancionó a dos años de limitación de libertad. Según el registro, durante la vista se permitió la entrada a siete acompañantes del agente querellante y se negó el acceso a los de las acusadas, cuya sentencia solo se comunicó oralmente. Este juicio desencadenó un operativo policial que afectó a varias víctimas como el activista Adelth Bonne Gamboa, los periodistas independientes Yoani Sánchez, Reinaldo Escobar y Vladimir Turró, los integrantes del proyecto Fuera de la Caja, el pastor Rolando Pérez Lora y el creador de contenido David Espinosa.
Pocos días más tarde, el 5 de octubre, Anna Bensi denunció, además, la creación en Facebook de un perfil falso con su nombre y su imagen, desde el que se publicaba su contenido y se respondía a otros usuarios como si fuera ella; el responsable no aparece identificado.
Este caso muestra cómo un proceso judicial puede convertirse en detonante de una respuesta que lo excede. La sucesión de querella, archivo y reapertura, registrada en meses anteriores, culminó en octubre con un juicio y una condena acompañados de un operativo que incluyó detenciones, restricciones de movimiento, amenazas, citaciones e incluso agresión física. El dispositivo estaba orientado a impedir que otros acompañaran o cubrieran el juicio.4
Detención de la familia Echevarría Rubio en Sancti Spíritus tras una protesta desde la azotea de su vivienda

El 10 de octubre, el tatuador y activista Oscar Echevarría Rubio subió a la azotea de su vivienda en el reparto Escribano, en Sancti Spíritus, y gritó consignas como “Abajo la dictadura” y “Patria y Vida”. Agentes de la Seguridad del Estado irrumpieron en su domicilio y lo detuvieron junto a su esposa, Cleidys García. Según sus familiares, no opuso resistencia y un agente lo empujó contra un vehículo oficial. Ambos fueron llevados a la unidad conocida como el Vivac. Las fuentes no documentan participación de ella en la protesta ni conducta alguna que se le atribuya.
El caso pasó entonces a la vía penal. El 14 de octubre se conoció que la Fiscalía le impuso la medida cautelar de prisión provisional y que el instructor informó a la familia de una acusación de desacato, aunque las fuentes solo documentan consignas políticas de carácter general y ninguna ofensa a los agentes. Luego, el 19 de octubre, se conoció que Echevarría Rubio permanecía en la prisión Nieves Morejón, y que Cleidys García está bajo la misma medida, sin que las autoridades hayan informado de qué se le acusa.
Además, el 22 de octubre, su hija Aitana Echevarría Rivero, de 18 años, acudió a una citación para declarar sobre los hechos del día 10 y se le impuso prisión domiciliaria hasta que concluya el caso; según le comentaron, se pretende imputarle desacato, incitación a delinquir y desorden público5.
Las tres violaciones de reclusión de octubre corresponden a este caso, que reúne además dos de los motivos que más crecen en el mes: la protesta y la represalia por vínculos familiares.
Proceso penal por propaganda contra el orden constitucional contra el expreso político Julián Mazola Beltrán

El 9 de octubre, agentes de la Seguridad del Estado detuvieron en San Antonio de los Baños, en Artemisa, al expreso político del 11J Julián Mazola Beltrán, tras acudir a una citación. Lo condujeron a su vivienda, la registraron sin que se haya referido a orden alguna, le ocuparon un teléfono móvil y lo trasladaron a una unidad policial. Días más tarde, el 13 de octubre, trascendió que estaba recluido en la Delegación Provincial del Ministerio del Interior en Artemisa.
El 15 de octubre se abrió contra él una causa penal por “propaganda contra el orden constitucional”, de acuerdo con el artículo 124 del Código Penal (Ley 151/2022). La Fiscalía solicitó después peritar su teléfono. Además, el 19 de octubre, su abogada no había podido revisar el expediente, por lo que desconocía la acusación y las pruebas, hecho que impidió preparar la defensa. El 23 de octubre, dos semanas después de su detención, la abogada contratada por la familia aún no había podido entrevistarse con él; y ese mismo día fue trasladado al Técnico de Cuatro Caminos, en Guanajay. El instructor del caso informó a la familia que estaba “bajo investigación”.
Mazola Beltrán es el expreso político con más hechos del período: concentra 4 de los 9 hechos con víctimas de ese perfil. La Seguridad del Estado interviene en los cuatro, y en tres lo hace junto a la Fiscalía Provincial de Artemisa. Es un ejemplo de cómo la represión no se limita a una detención puntual, sino que se sostiene mediante un proceso penal conducido por la Seguridad del Estado y cuyo avance obstaculiza el acceso de la defensa al expediente y al detenido6.
8. Derechos conexos vulnerados
El análisis de los derechos conexos vulnerados en octubre de 2026 permite ampliar la lectura jurídica más allá de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Los 115 hechos del mes activan 353 menciones de derechos conexos sobre 15 derechos distintos. Todos los hechos vulneran al menos dos derechos conexos y 86 vulneran tres o más.
Derecho a la dignidad humana
Este es el derecho conexo más vulnerado del mes, con 69 menciones, es decir, el 60 % de los hechos. Se activa, fundamentalmente, como derecho directo, con 47 menciones y con presencia en 53 hechos de expresión y 16 de prensa. Su peso refleja la variedad de agresiones que comprometen la integridad de las víctimas, distribuidas en agresiones psicológicas, detenciones, uso abusivo del poder estatal y agresiones físicas. Intervienen en esta vulneración la Seguridad del Estado, la PNR y el Sistema Penitenciario y las víctimas más frecuentes son periodistas, presos políticos, ciudadanos y opositores. Su presencia en seis de cada diez hechos indica que la afectación de la dignidad no es un efecto colateral, sino un componente habitual de la práctica represiva.
Derecho a la seguridad jurídica
Segundo derecho vulnerado del mes con 59 menciones, todas de derecho directo. Su peso dentro del registro confirma la fase institucional del ciclo represivo y se explica porque 38 de los 59 hechos recaen sobre presos políticos a quienes se les violan sus derechos. Las menciones agrupan, también, peticiones de pena sin condena firme, como las conclusiones provisionales de la Fiscalía Provincial de Ciego de Ávila contra 18 acusados por la protesta del 13 de marzo en Morón, la acusación contra el pastor Ariel Limias Leiva por exhibir un cartel en una protesta pacífica, prisiones provisionales y procesos penales abiertos, sanciones dictadas sin comunicación escrita, denegación de la fianza y medidas administrativas sin resolución notificada. En conjunto, las menciones describen decisiones que la víctima no puede conocer ni impugnar con eficacia.
Derecho a un juicio justo y debido proceso
Con 34 menciones, representa el tercer derecho más vulnerado del mes. Su presencia indica que los procesos abiertos, además de abusivos, se desarrollan sin las condiciones mínimas de defensa: vistas orales con acceso desigual, abogados sin acceso al expediente o sin posibilidad de tomar declaración a su defendido, decisiones sin motivación pública conocida y personas retenidas o acusadas que conocen su situación procesal solo por terceros. Los 18 acusados de Morón aportan por sí solos algo más de la mitad de las menciones (18 de 34); sin ellos, este derecho habría registrado 16 menciones, por debajo de las 21 de septiembre. La vulneración se corresponde con procesos que se tramitan sin que el acusado pueda defenderse en condiciones de igualdad.
Derecho a la participación política y a la vida pública
Cuarto derecho vulnerado del mes con 33 menciones. Periodistas, creadores de contenido y opositores aparecen como perfiles principales. Las menciones corresponden al cerco y la vigilancia en torno al juicio a Anna Bensi y su madre del 1 de octubre, al castigo del ejercicio del derecho de petición, a la detención por expresar una opinión política en la vía pública, a las citaciones e interrogatorios por labores informativas y a las detenciones y cercos contra dirigentes y miembros de organizaciones opositoras. Ello muestra que el aparato represivo actúa de forma sostenida para suprimir el ejercicio activo de la ciudadanía, tanto individual como organizada.
Derecho contra la detención arbitraria
Quinto derecho vulnerado del mes con 31 menciones, alineadas con los 28 hechos del indicador de detención arbitraria y las tres reclusiones del mes. Las menciones agrupan las distintas modalidades en las que se priva de libertad a las víctimas, en varios casos sin orden judicial exhibida: arrestos en la vía pública y en el domicilio, retenciones en unidades policiales y en Villa Marista, detenciones al acudir a citaciones o a presentaciones periódicas, cercos domiciliarios, detenciones de familiares que acompañaban a la víctima principal y detenciones reiteradas sobre una misma persona, como las del expreso político Alexander Díaz Rodríguez en tres días consecutivos y las del activista Mario Alberto Hernández Leyva el 26 y el 27 de octubre. Las víctimas son sobre todo expresos políticos del 11J, opositores, creadores de contenido y periodistas y los actores represivos se concentran en la PNR y la Seguridad del Estado. Algunas retenciones se prolongaron varios días, como la del activista José Elías González Agüero, detenido del 15 al 19 de octubre.
Derecho a la reunión pacífica y a la manifestación
Se posiciona como sexto derecho vulnerado del mes, también con 31 menciones. Su estructura combina dos formas de vulneración. La primera es el castigo judicial de una manifestación ya realizada: 18 de las 31 menciones corresponden a los acusados por la protesta del 13 de marzo en Morón. La segunda es la contención en tiempo real, con ejemplo en las detenciones del pastor Rolando Pérez Lora y el creador de contenido David Espinosa de camino al tribunal el 1 de octubre para participar en el juicio contra Anna Bensi y su madre, así como el cerco a los integrantes del proyecto Fuera de la Caja ese mismo día. El conjunto indica que el Estado responde a la reunión pacífica tanto en su desarrollo como mediante la vía penal.
9. Análisis de tendencias
La lectura de los datos de octubre de 2026, contrastada con el registro de septiembre, permite identificar cinco tendencias de fondo en el modelo represivo. Se limitan a regularidades que los propios registros documentan y no atribuyen motivaciones que las fuentes no consignan.
Primera tendencia: la vía penal se consolida como eje de la represión. El uso abusivo del poder estatal encabeza el registro por segunda vez en el año, tras agosto, y en octubre procede sobre todo de fiscalías, tribunales y administración penitenciaria. Dentro de la actividad judicial cambia, además, el momento procesal. En septiembre predominaban los tribunales, presentes en 18 de los 22 hechos judiciales. En octubre predominan las fiscalías, en 27 de 32. El registro pasa así de las sentencias a las acusaciones, las peticiones de pena y las medidas cautelares. Por eso se repite la secuencia en la que la detención es el primer paso de un procedimiento penal. Oscar Echevarría Rubio fue detenido el 10 de octubre y cuatro días después estaba en prisión provisional por desacato, junto a su esposa, contra quien no consta acusación. Julián Mazola Beltrán fue detenido el 9 de octubre y el 15 se le abrió una causa por propaganda contra el orden constitucional. El pastor Ariel Limias Leiva fue acusado formalmente del mismo delito tras exhibir un cartel. El proceso judicial actúa, a su vez, como detonante de operativos. Doce de los catorce hechos del 1 de octubre se vinculan al juicio contra Anna Bensi y su madre, y no proceden del tribunal, sino del cerco policial a quienes pretendían acompañarlas o cubrir la vista. En cambio, la petición fiscal contra los 18 manifestantes de Morón, siete meses después de la protesta, muestra que la vía penal puede actuar sola y en diferido. El aumento del Sistema Judicial de 22 a 32 hechos depende de ese único acto. Lo que confirma la tendencia no es el volumen, sino el modo de intervenir.
Segunda tendencia: la prisión no cierra el ciclo represivo. Presos y expresos políticos suman 54 hechos, el 47,4 % de la base individualizada. Sin el acto procesal de Morón, la proporción sería del 37,5 %, todavía por encima del 30,8 % de septiembre. Dentro de la prisión, el Sistema Penitenciario interviene en 19 hechos contra 17 presos políticos, con celdas de castigo, traslados, restricciones de visitas y la represión sistemática como detonante en 13 de ellos. Denunciar las condiciones de reclusión también se castiga: en 5 hechos ese es el detonante, y 5 de las 8 agresiones físicas del mes ocurren bajo custodia. El periodista Henry Constantín Ferreiro fue enviado a celda de castigo por un mínimo de 15 días. Es el umbral a partir del cual las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) consideran prolongado el aislamiento y lo prohíben. Fuera de la prisión, los expresos políticos pasan de 2 a 9 hechos. Abdiel Cedeño Martínez y Dairon Yunior Labrada Linares fueron detenidos cuando acudían a la firma mensual que exige su libertad condicional, con riesgo de que se les revoque. Alexander Díaz Rodríguez fue detenido tres días consecutivos, aunque no pesa sobre él ninguna restricción de movilidad. La excarcelación aparece, además, como moneda de cambio: según denuncian Donaida Pérez Paseiro y Loreto Hernández García, presos políticos del 11J, su salida de prisión está condicionada a que abandonen el país.
Tercera tendencia: la represión se concentra y se repite sobre personas identificadas. De las 82 víctimas individualizadas del mes, 22 acumulan dos o más hechos y reúnen 54 de los 114 hechos de la base individualizada, casi la mitad. Adelth Bonne Gamboa suma 5. José Elías González Agüero y Julián Mazola Beltrán, 4 cada uno. Alexander Díaz Rodríguez, Oscar Echevarría Rubio y Ariel Limias Leiva, 3. Además, 20 víctimas de octubre ya figuraban en el registro de septiembre. El aparato no actúa de forma dispersa, sino sobre personas previamente señaladas, y lo hace mediante escaladas. En el caso de Bonne Gamboa, la negativa a aceptar una citación informal derivó en una semana en la amenaza de una condena de dos a diez años. Esta concentración tiene una consecuencia de lectura: el número de hechos mide la intensidad de la persecución sobre cada persona tanto como su extensión a nuevas víctimas.
Cuarta tendencia: la frontera se convierte en instrumento represivo. Siete hechos del mes usan la salida o la entrada al país como medio de presión. A José Antonio López Piña la Seguridad del Estado le reiteró el ultimátum de abandonar Cuba o ser procesado. A Frank Correa le indicaron que lo mejor era marcharse. A él y a Yunia Figueredo los amenazaron, al mismo tiempo, con una regulación migratoria que les impediría salir. A Donaida Pérez Paseiro y Loreto Hernández García, según su denuncia, se les condiciona la excarcelación al exilio. Fuera del territorio, se negó la entrada al país al cantante Baby Lores cuando viajaba a ver a su madre hospitalizada. A su vez, en el Consulado General de Cuba en Madrid se le mostraron al periodista Magdiel Jorge Castro sus publicaciones impresas antes de entregarle el pasaporte. El Estado usa la frontera en ambas direcciones: empuja al exilio a quienes incomodan dentro, impide salir a otros como castigo y vigila a quienes ya se fueron. Todo ello contradice el derecho de toda persona a salir de cualquier país y a regresar al suyo, reconocido en el artículo 13.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La salida forzada funciona, en la práctica, como un destierro sin sentencia.
Quinta tendencia: la represión alcanza al entorno familiar y a quienes acompañan. Los 10 hechos con represalia por vínculos familiares o afectivos, frente a 8 en septiembre, afectan a siete personas: esposas, hijas, parejas y padres de víctimas señaladas en otros registros. En 8 de ellos la víctima es mujer, lo que explica que este sea el detonante más frecuente entre las víctimas femeninas, que representan el 19,3 % de la base individualizada. En la mayoría de los casos, la persona afectada no figura como autora de una conducta propia. La medida depende del vínculo: con un preso, se restringen las visitas y la entrega de alimentos; con un periodista o un opositor, se recurre a la detención, la advertencia o la vigilancia. En dos casos se llega al plano penal: la prisión provisional de Cleidys García y la prisión domiciliaria de Aitana Echevarría Rivero. La presión alcanza también a menores. La operación de la hija de 14 años de Yunia Figueredo y Frank Correa fue condicionada a que su madre abandonara la «contrarrevolución». Además, siete de los 18 acusados de Morón eran menores de edad cuando ocurrió la protesta. A ello se suma el castigo a la solidaridad: las acciones de acompañamiento a víctimas pasan de 2 hechos en septiembre a 9 en octubre, la mayoría vinculados al juicio de Anna Bensi. Proteger el entorno de la víctima, incluidos los niños, cuyo interés superior consagra la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por Cuba, deja de ser un límite para el aparato represivo. Se convierte en una vía más de presión.
En conjunto, las cinco tendencias describen un modelo que se apoya cada vez más en mecanismos con apariencia de legalidad, trabaja sobre personas identificadas, prolonga el castigo más allá de la prisión, usa la frontera para expulsar o encerrar y extiende la sanción a familiares y acompañantes. Octubre no muestra un episodio aislado de gran escala, sino la consolidación de esas prácticas.
10. Evolución mensual de las violaciones
Esta sección sitúa octubre dentro de la trayectoria de los últimos 22 meses y compara el desglose por indicador con septiembre de 2026 y con octubre de 2025. Todas las cifras proceden del registro actualizado de la base de datos; por eso, en varios meses difieren de las publicadas en el informe respectivo.
Frente a septiembre, el total no varía: ambos meses registran 141 violaciones, de modo que el cambio está en la composición. El uso abusivo del poder estatal pasa de 51 a 61 violaciones, lo que eleva su peso del 36,2 % al 43,3 % del total, en un aumento de 10 violaciones. Con ello recupera el primer lugar, que en septiembre llegó a corresponderle previo a la inclusión de nuevos casos, y que terminó ocupando el indicador de agresiones psicológicas, con 52 violaciones, frente a 51 de uso abusivo del poder. Las agresiones psicológicas retroceden de 52 a 39, es decir, del 36,9 % al 27,7 % del total, una caída del 25,0 %, y son el único indicador que desciende. La detención arbitraria sube de 26 a 28 violaciones y la restricción digital de 1 a 2, aumentos en cifras absolutas muy bajas, mientras que la agresión física, con 8 violaciones, y la reclusión, con 3, repiten el valor del mes anterior. En síntesis, octubre intercambia el orden de los dos indicadores principales sin modificar el volumen total.
Frente a octubre de 2025, ningún indicador desciende y la restricción digital se mantiene en 2 violaciones. El mayor aumento absoluto corresponde al uso abusivo del poder estatal, que pasa de 22 a 61 violaciones (+177,3 %). Los mayores aumentos relativos se dan en la agresión física (de 2 a 8, +300,0 %) y en la reclusión (de 1 a 3, +200,0 %), aunque sobre cifras muy bajas. La libertad de prensa duplica el registro de octubre de 2025, al pasar de 11 a 22 violaciones.
Nota Metodológica: Las comparaciones con meses anteriores de este informe se calculan sobre el registro actualizado de la base de datos del OCLE al cierre de este informe, y no sobre las cifras publicadas en los informes de cada mes. La base se actualiza de forma continua, porque se incorporan hechos documentados con posterioridad y se corrigen registros. Las cifras actuales de un mes pueden diferir de las que se publicaron en su momento.
La trayectoria reciente muestra que, tras el máximo de julio, con 285 violaciones, agosto cae a 125, septiembre sube a 141 y octubre se mantiene en esa misma cifra. Con ella, octubre empata con septiembre en el sexto lugar entre los diez meses de 2026, por detrás de julio, marzo, abril, junio y mayo, y supera a enero, febrero y agosto. En clave interanual, octubre crece un 120,3 % respecto a octubre de 2025, la segunda mayor variación del año, solo por detrás de la de febrero, que fue del 148,1 %. Esta cifra debe leerse con una advertencia: octubre de 2025 registró 64 violaciones, el mes de menor registro de la segunda mitad de 2025, de modo que la base de comparación es baja. Frente al propio 2026, octubre queda un 15,9 % por debajo del promedio mensual del año (167,6), aunque ese promedio está elevado por el pico de julio.
11. Pronóstico para noviembre de 2026
Las proyecciones que siguen se construyen a partir de la trayectoria documentada durante los diez primeros meses de 2026, de los rasgos específicos identificados en octubre y de los hechos que el Observatorio ha documentado en lo que va de noviembre. No son cifras exactas, sino rangos probabilísticos que orientan expectativas y permiten al lector situar el dato cuando se publique.
El rango proyectado para noviembre de 2026 se sitúa entre 125 y 145 violaciones. La proyección se apoya en cuatro consideraciones:
Primera, tras el pico de julio (285), agosto, septiembre y octubre se mantuvieron en una franja estrecha, muy por encima de los mismos meses de 2025 y sin señales de descenso sostenido. Dos meses consecutivos en 141 violaciones, una cifra que aún puede crecer con hechos documentados fuera de fecha, describen un nivel estable más que un techo.
Segunda, el mes abrió con hechos que mantienen la presión sobre el periodismo. Entre estos hechos hay detenciones, agresiones físicas y casos de reclusión. Es un registro parcial, porque la documentación de noviembre sigue abierta y por eso no se extrapola un total mensual, pero indican que habrá un repunte de las violaciones a la libertad de prensa.
Tercera, la fase institucional del ciclo represivo sigue activa. Continúan sin cierre en los registros las peticiones de pena del 19 de octubre contra los participantes en la protesta de Morón, el proceso penal contra Julián Mazola Beltrán y el de Oscar Echevarría Rubio, con las medidas cautelares sobre su esposa y su hija. A ello se suman los hechos del Sistema Penitenciario de octubre, con sanciones de celda de castigo, limitaciones de visitas y de atención médica.
Cuarta, noviembre incluye dos fechas simbólicas para la sociedad civil: el 15 de noviembre, aniversario de la Marcha Cívica por el Cambio convocada en 2021, y el 27 de noviembre, aniversario de la concentración de artistas e intelectuales frente al Ministerio de Cultura en 2020. En octubre no se registraron hechos con este detonante, pero en septiembre las fechas simbólicas aportaron 7, y en 2025 el registro pasó de 64 violaciones en octubre a 100 en noviembre. En años anteriores, estas fechas han venido acompañadas de vigilancia, cercos domiciliarios y detenciones preventivas sobre activistas, periodistas y opositores, por lo que constituyen un factor de riesgo al alza.
Este pronóstico parte del supuesto de que, en lo que resta de noviembre, no se producirá un episodio de escala comparable a la de julio, mes que registró 285 violaciones. Si ese supuesto se cumple, el volumen se mantendría en la franja de agosto a octubre, entre 125 y 145 violaciones, que es la que precisamente contempla el rango proyectado. Los procesos abiertos sostienen esa franja.
Proyección por indicador
Los intervalos son estimaciones orientativas por indicador y no suman el total proyectado. Las cifras de septiembre y octubre corresponden a la base actualizada.
El uso abusivo del poder estatal se proyecta como indicador líder, tras recuperar el primer lugar en octubre. Los procesos judiciales abiertos, las peticiones de pena pendientes de resolución y las sanciones penitenciarias sostienen la instrumentalización del aparato judicial y penitenciario.
Los ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas se mantendrán en niveles altos, impulsados por la presión sobre periodistas por su trabajo. Las detenciones arbitrarias, por su parte, se proyectan en una banda similar a la de los dos meses anteriores.
La reclusión podría crecer sobre los 3 casos de octubre, porque ya se han documentado 2 en lo que va de noviembre. Las agresiones físicas se mantendrían en torno al nivel de los dos últimos meses, con varios casos ya registrados en noviembre. La restricción en el espacio digital se mantendrá en un rango bajo por las dificultades de documentación ya descritas.
En el perfil de víctimas, es previsible que el preso político se mantenga en el primer puesto. El periodista podría recuperar peso frente a los 18 hechos de octubre, en correspondencia con los hechos que marcan el inicio de noviembre.
El escenario cualitativo previsto para noviembre combina tres frentes de continuidad: la actividad judicial como eje de la represión, la represión intracarcelaria y el hostigamiento sobre periodistas y sobre quienes respaldan a las víctimas. Como en meses anteriores, cualquier episodio imprevisto de protesta ciudadana o una nueva jornada procesal podría elevar el registro por encima del rango proyectado.
12. Conclusiones
Octubre de 2026 cierra con 141 violaciones a la libertad de expresión y de prensa en 115 hechos: el mismo volumen que septiembre en la base actualizada y más del doble que octubre de 2025. El mes no está marcado por un episodio represivo de gran escala, sino por un piso alto y estable y por la persistencia del uso abusivo del poder estatal en la represión.
Ese indicador vuelve a encabezar la lista; lo hizo por primera vez en agosto; en septiembre estuvo apenas una mención por debajo de las amenazas y agresiones psicológicas (en el informe del mes llega a constar, incluso, como el indicador más activado, situación que cambió tras la inclusión de nuevos casos) y ahora en octubre acumula 22 violaciones más que el segundo indicador más activado.
Fiscalías, tribunales y administración penitenciaria originan 52 de sus 61 violaciones. La acusación fiscal, la medida cautelar y la sanción dentro de la prisión funcionan como herramientas ordinarias de control, y en varios casos, como los de Oscar Echevarría Rubio, Cleidys García, Julián Mazola Beltrán, Ariel Limias Leiva y José Elías González Agüero, la detención fue el primer paso de un procedimiento penal. El desplazamiento debe dimensionarse con precisión: el aumento del Sistema Judicial, de 22 a 32 hechos, depende sobre todo de un solo acto de la Fiscalía Provincial de Ciego de Ávila, sin el cual habría registrado 14. Lo que sí cambia es el modo de intervenir, con las fiscalías por delante de los tribunales.
Las personas que están o estuvieron presas por motivos políticos son el centro del registro, con 54 hechos, casi la mitad de la base individualizada. La prisión no cierra el ciclo represivo. Dentro de ella, el Sistema Penitenciario interviene en 24 hechos y cinco de las ocho agresiones físicas del mes ocurren bajo custodia, a menudo como respuesta inmediata a una denuncia sobre las condiciones de reclusión. Fuera de ella, los expresos políticos pasan de 2 a 9 hechos, con nuevas detenciones y procesos penales tras cumplir condena.
La libertad de prensa registra la mitad de violaciones que en septiembre, pero el descenso no indica un alivio. La intimidación sigue siendo la forma dominante de presión sobre los periodistas y, en octubre, se combina con la amenaza penal, como en el caso de Adelth Bonne Gamboa, y con el castigo dentro de la prisión, como en el de Henry Constantín Ferreiro, aislado en celda de castigo y sometido a un nuevo proceso. A ello se suma la exigencia, consignada en varios hechos, de abandonar el periodismo, la actividad pública o el país.
La frontera se suma a esos mecanismos. La Seguridad del Estado presionó a periodistas y, según su denuncia, a presos políticos para que abandonaran el país, y amenazó a otros con impedirles salir. La prohibición de entrada a Baby Lores y la vigilancia consular sobre Magdiel Jorge Castro muestran, a su vez, que el control alcanza también a quienes ya están fuera.
La represión alcanza también a quienes rodean a las víctimas. Las acciones de solidaridad y acompañamiento pasan de 2 a 9 hechos, y la represalia por vínculos familiares suma 10, con siete personas afectadas, entre esposas, hijas, parejas y padres, y medidas penales en dos casos. Esa represalia explica buena parte de la presencia femenina en el registro, que cae al 19,3 % de la base individualizada.
En el plano territorial, La Habana sigue a la cabeza con 38 hechos, aunque baja tanto en peso relativo como en cifras absolutas, y seis territorios no registran hechos, lo que refleja límites de acceso y verificación y no ausencia de represión. En el plano jurídico, la dignidad humana (69 menciones) y la seguridad jurídica (59) son los derechos más vulnerados, y el derecho a un juicio justo sube de 21 a 34 menciones, un aumento que también procede, sobre todo, del caso de Morón.
Octubre no marca una ruptura, sino la profundización de una lógica ya instalada: la represión se apoya cada vez más en mecanismos con apariencia de legalidad, se concentra en quienes ya pasaron por el sistema penal y se extiende a sus familias y a quienes los acompañan.
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión reitera la necesidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, así como los procedimientos especiales de Naciones Unidas, en particular el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y la Relatoría Especial sobre la libertad de opinión y de expresión, den seguimiento a los procesos penales abiertos y a la situación de las personas privadas de libertad que documenta este informe, con especial atención a los procesados por la protesta de Morón que eran menores de edad cuando ocurrió. El Observatorio reafirma, además, su compromiso con la documentación rigurosa y sistemática como herramienta para la rendición de cuentas.
13. Casos documentados fuera de fecha
Tras la publicación del informe de septiembre, el Observatorio documentó siete hechos ocurridos en ese mes, de modo que la base de datos registra para septiembre 113 hechos y 141 violaciones, frente a los 106 hechos y 134 violaciones publicados. Estos hechos no se suman a las cifras de octubre; se detallan aquí para que las comparaciones de este informe puedan reconciliarse con las publicadas. Se agrupan en cuatro casos:
Negación de atención médica a Yasmany González Valdés.

Yasmany González Valdés, preso político condenado por propaganda contra el orden constitucional por pintar carteles contra el gobierno en lugares públicos de La Habana, fue privado de atención médica en la prisión Combinado del Este mientras cursaba un cuadro de dengue con fiebre alta, según denunció su esposa, Ilsa Ramos, el 29 de septiembre.
La desatención recayó sobre una persona que se encuentra desnutrida y con un avanzado deterioro físico, a quien las autoridades revocaron el 12 de mayo el régimen de mínima severidad, por publicar en redes sociales un post denunciando las condiciones de reclusión y las violaciones de derechos humanos en las cárceles cubanas.
Este hecho activa el indicador de agresión física, con la publicación en redes sociales como detonante y el Sistema Penitenciario como perpetrador. Vulnera el derecho a la dignidad humana, como derecho directo, y el derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, como secundario7.
Traslado sin comunicación a la familia de José Gabriel Barrenechea Chávez

Con fecha presunta del 26 de septiembre, el periodista y preso político José Gabriel Barrenechea Chávez fue trasladado de La Pendiente a la prisión de Guamajal, en total incomunicación y sin notificación a su familia. El hecho se registró el 31 de octubre y corresponde a la libertad de prensa, bajo el indicador de uso abusivo del poder estatal.
Barrenechea Chávez, escritor y periodista independiente, fue arrestado el 8 de noviembre de 2024 tras participar en una protesta pacífica contra los prolongados apagones en Encrucijada, Villa Clara, y acusado del presunto delito de “desorden público”. Tras ocho meses de encarcelamiento la Fiscalía solicitó para él la pena máxima de seis años de privación de libertad8.
Ampliación de cargos contra Javier Ernesto Martín Gutiérrez.

El luchador de artes marciales y preso político Javier Ernesto Martín Gutiérrez, conocido como “Spiderman”, fue imputado de dos nuevos cargos, según denunció su pareja Lisandra Cuza, por las protestas que realizó desde el balcón de su vivienda en abril pasado, criticando los apagones y la gestión del gobierno. Su defensa supo el 16 de septiembre de 2026 que, a la acusación por desórdenes públicos, se han sumado los delitos de desacato y propaganda contra el orden constitucional.
De acuerdo con la denuncia, el desacato había sido retirado al inicio del proceso por falta de elementos, y casi un mes después de la notificación, su abogado seguía sin acceso al expediente que sustenta las nuevas imputaciones9.
Este hecho activa el indicador de uso abusivo del poder estatal, con la participación en protestas y la publicación en redes sociales como detonantes y el Tribunal Provincial de La Habana como institución perpetradora. Vulnera el derecho a la seguridad jurídica, como derecho directo, y el derecho a un juicio justo y al debido proceso, como secundario. La falta de acceso de la defensa al expediente que sustenta las imputaciones se documentó el 14 de octubre, lo que sí forma parte del registro de octubre.
Advertencias de proceso penal a colaboradores de Páginas Villareñas.

El 4 de septiembre, los colaboradores Saúl Peñate Pérez y Gisela Puentes Goire recibieron en su casa la visita de un oficial de la Seguridad del Estado y del jefe de sector de la PNR, con advertencia de proceso penal por su trabajo con el boletín Páginas Villareñas, medio comunitario del ICLEP.
Paralelamente, el 8 de septiembre, un ciudadano fue visitado en la empresa estatal donde trabaja por un oficial de la Seguridad del Estado, que le dijo que podía terminar preso si publicaba o facilitaba información sobre su centro de trabajo. Su jefe directo también lo presionó para que se alejara del ICLEP. El 10 de septiembre, otro ciudadano fue visitado en su centro de trabajo por un oficial vestido de civil, que se identificó como «teniente Félix» y le advirtió de que su relación con el director del boletín podía costarle el empleo, a él y a su esposa, además de que debía escoger entre seguir trabajando o terminar preso.
Los cuatro hechos son parte de una pauta más amplia. Entre abril y octubre de 2026, al menos nueve colaboradores o personas interesadas en colaborar con este boletín recibieron amenazas de oficiales de la Seguridad del Estado, con advertencias de cárcel, procesamiento por “usurpación de funciones públicas” y despido de ellos o de sus familiares. Estos cuatro casos corresponden a la libertad de prensa y activan el indicador de agresiones psicológicas10.
Referencias Bibliográficas
- Durante el mes de octubre, el Observatorio incorporó siete hechos ocurridos en septiembre de 2026, de los que tuvo conocimiento después de publicado el informe de ese mes. Cuatro de ellos configuran Ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas contra colaboradores del boletín del ICLEP “Páginas Villareñas”. Dos activan el Uso abusivo del poder estatal: el traslado incomunicado del periodista José Gabriel Barrenechea Chávez a la prisión de Guamajal y la ampliación de cargos contra el preso político Javier Ernesto Martín Gutiérrez. El otro configura una Agresión física: la negativa de atención médica al preso político Yasmany González Valdés. Estos hechos elevan a 141 las violaciones cometidas contra la libertad de expresión y prensa en septiembre, frente a las 134 publicadas. En el apartado Casos documentados fuera de fecha aparecen detallados los casos mencionados. ↩︎
- La represión contra Adelth Bonne Gamboa aparece documentada en la base de datos del OCLE bajo los siguientes códigos de registro: OCLE-2026-2857; OCLE-2026-2927; OCLE-2026-2928; OCLE-2026-2929; y OCLE-2026-3019. Para más detalles de los hechos, puede consultar los siguientes enlaces a nuestra web:
Dos citaciones, un interrogatorio y amenazas de cárcel a activista cubano Adelth Bonne, colaborador de Cubanet - ICLEP
Operativo policial en La Habana: detenciones, vigilancia y amenazas por juicio de Anna Bensi y su madre - ICLEP ↩︎ - La represión contra Henry Constantín Ferreiro y Alejandra García aparece documentada en la base de datos del OCLE bajo los siguientes códigos de registro: OCLE-2026-2901; OCLE-2026-2902; OCLE-2026-2903. Para más detalles de los hechos, puede consultar el siguiente enlace a nuestra web:
Mandan a celda de castigo a periodista Henry Constantín en Camagüey y amenazan a su pareja Alejandra García - ICLEP ↩︎ - La represión contra Anna Sofía Benítez Silvente y Caridad Silvente Laffita aparece documentada en la base de datos del OCLE bajo los siguientes códigos de registro: OCLE-2026-2847; OCLE-2026-2848; y OCLE-2026-3006. Para más detalles de los hechos, puede consultar los siguientes enlaces a nuestra web:
Condenan a creadora de contenido Anna Bensi y a su madre a dos años de limitación de libertad - ICLEP
Operativo policial en La Habana: detenciones, vigilancia y amenazas por juicio de Anna Bensi y su madre - ICLEP ↩︎ - La represión contra Oscar Echevarría Rubio, Cleidys García y Aitana Echevarría Rivero aparece documentada en la base de datos del OCLE bajo los siguientes códigos de registro: OCLE-2026-2918; OCLE-2026-2919; OCLE-2026-2920; OCLE-2026-2921; OCLE-2026-2922; y OCLE-2026-2923. Para más detalles de los hechos, puede consultar el siguiente enlace a nuestra web:
A la cárcel, junto a su esposa, tatuador que gritó consignas contra el gobierno desde la azotea de su vivienda; a la hija le fue impuesta prisión domiciliaria - ICLEP ↩︎ - La represión contra Julián Mazola Beltrán aparece documentada en la base de datos del OCLE bajo los siguientes códigos de registro: OCLE-2026-2913; OCLE-2026-2914; OCLE-2026-2915; y OCLE-2026-2916. Para más detalles de los hechos, puede consultar el siguiente enlace a nuestra web:
Detienen a expreso político Julián Mazola y lo acusan de propaganda contra el orden constitucional - ICLEP ↩︎ - La represión contra Yasmany González Valdés aparece documentada en la base de datos del OCLE bajo el siguiente código de registro: OCLE-2026-2917. Para más detalles de los hechos, puede consultar el siguiente enlace a nuestra web:
Denuncian falta de atención médica a preso político Yasmany González - ICLEP ↩︎ - La represión contra José Gabriel Barrenechea Chávez aparece documentada en la base de datos del OCLE bajo el siguiente código de registro: OCLE-2026-2924. Para más detalles de los hechos, puede consultar el siguiente enlace a nuestra web:
Restringen llamadas y material de lectura y escritura al periodista José Gabriel Barrenechea luego de trasladarlo a la prisión de Guamajal - ICLEP ↩︎ - La represión contra Javier Ernesto Martín Gutiérrez aparece documentada en la base de datos del OCLE bajo el siguiente código de registro: OCLE-2026-2986. Para más detalles de los hechos, puede consultar el siguiente enlace a nuestra web:
Imputan dos nuevos cargos a Javier Martín, preso político conocido como «Spiderman» - ICLEP ↩︎ - La represión contra los colaboradores de Páginas Villareñas aparece documentada en la base de datos del OCLE bajo los siguientes códigos de registro: OCLE-2026-2935; OCLE-2026-2936; OCLE-2026-2937; y OCLE-2026-2938. Para más detalles de los hechos, puede consultar el siguiente enlace a nuestra web:
Denuncian amenazas de cárcel por escribir en Páginas Villareñas en Santa Clara - ICLEP ↩︎