Metodología del Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), adscrito al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), documenta las violaciones a la libertad de expresión y de prensa que ocurren en Cuba mediante un procedimiento inductivo que integra la observación directa, el registro sistemático de los hechos, su análisis y clasificación, el contraste con fuentes independientes y la conservación de la evidencia tanto en soporte físico como digital.
Fuentes. Las fuentes del Observatorio incluyen declaraciones directas de las víctimas, los testimonios de familiares y testigos, así como el cotejo con denuncias recogidas por la red propia de monitoreo del ICLEP, publicaciones en redes sociales, medios digitales independientes y reportes elaborados por organizaciones aliadas. Cada caso puede sustentarse en testimonios directos, relatos de terceros, evidencia documental verificable, soporte audiovisual o fuentes públicas corroborables.
Criterios de clasificación. Un hecho ingresa al registro únicamente cuando se verifica que configura una violación al Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los términos establecidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La metodología distingue entre dos tipologías: las violaciones a la libertad de expresión, cuando la víctima es un ciudadano, un activista o un opositor; y las violaciones a la libertad de prensa, cuando el afectado es un periodista, un trabajador de medios o un director de un medio independiente, con independencia de si la agresión ocurre durante el ejercicio directo de la labor informativa.
Indicadores operativos. Los hechos documentados se clasifican dentro de seis categorías operativas: (1) Detención arbitraria, entendida como la privación de libertad o la restricción de la movilidad sin orden judicial ni debido proceso; (2) Agresiones físicas, es decir, cualquier acto de violencia deliberada contra el cuerpo de la víctima, incluyendo tortura bajo custodia, agresión sexual o asesinato; (3) Ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas, que agrupan el hostigamiento, la intimidación, la vigilancia, los allanamientos, los mítines de repudio y el acoso dirigido al entorno de la víctima; (4) Reclusión, definida como la privación prolongada de libertad decretada por orden judicial o por medida cautelar, incluida la modalidad domiciliaria; (5) Restricción en el espacio digital, que comprende los bloqueos, el pirateo de cuentas, los cortes de internet, las suspensiones de perfiles y cualquier forma de agresión tecnológica dirigida a silenciar en línea a la víctima; y (6) Uso abusivo del poder estatal, que recoge la instrumentalización de las estructuras administrativas, migratorias, penales y penitenciarias con fines de censura, sanción económica o restricción de la movilidad.
Un mismo hecho violatorio puede activar simultáneamente varios de estos indicadores. Si una persona es arrestada sin orden judicial, trasladada a una unidad policial, sometida a un interrogatorio intimidatorio y luego liberada bajo amenaza de consecuencias penales por continuar su actividad pública, ese episodio activa al menos tres indicadores: detención arbitraria, ataques psicológicos y uso abusivo del poder estatal. El hecho se contabiliza como un solo registro en la base de datos, pero figura asociado a tres violaciones distintas.
La decisión metodológica de registrar cada episodio como una unidad coherente, en lugar de fragmentarlo en tantos registros como indicadores active, responde a la voluntad de preservar la integridad del hecho tal como lo experimentó la víctima. Como consecuencia estadística, el número de violaciones siempre resulta igual o superior al número de registros, nunca inferior. La brecha entre ambas cifras funciona, por sí misma, como un indicador cualitativo de la densidad represiva: cuanto más amplia es la distancia, mayor es la concentración de violaciones por hecho.
Verificación. Ningún caso se publica sin haber sido contrastado. El protocolo exige al menos una fuente corroborante independiente. Los hechos cuya verificación no resulta concluyente permanecen en reserva hasta que puedan confirmarse.
Limitaciones. El entorno represivo cubano impone restricciones severas al acceso a la información. La autocensura de las víctimas, el temor a represalias y la imposibilidad de obtener respuesta oficial generan necesariamente un subregistro. Los datos aquí presentados corresponden a los casos efectivamente documentados y verificados conforme a la metodología, no a la totalidad de las violaciones ocurridas durante el período.
Carácter no conclusivo de los datos. Las cifras consignadas en este informe corresponden a los hechos documentados y verificados hasta el 30 de septiembre de 2026. La documentación de violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba es un proceso dinámico: en ocasiones, hechos ocurridos durante el mes solo llegan al conocimiento del Observatorio con posterioridad a la publicación del informe correspondiente, ya sea por retrasos en la denuncia, por dificultades para verificarla, por bloqueos en las comunicaciones o por el efecto disuasorio del propio aparato represivo sobre las fuentes. Por esta razón, las cifras aquí expuestas no deben interpretarse como cerradas o definitivas; reflejan el estado del registro al momento del cierre y pueden ser complementadas en informes posteriores a medida que se verifiquen nuevos hechos del período. En el sitio web del ICLEP, dentro del menú superior denominado Barómetro, se publican de forma sistemática las cifras actualizadas. 1
Ética y protección de fuentes. La identidad de víctimas y fuentes se anonimiza cuando la seguridad de las personas involucradas pueda verse comprometida. El Observatorio se abstiene de publicar información que pueda exponer a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad y aplica protocolos de seguridad digital en el manejo de toda la documentación.
1. Introducción
Septiembre de 2026 cerró con 134 violaciones a la libertad de expresión y de prensa documentadas por el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP. La cifra supone un leve incremento de 11 violaciones respecto a agosto de 2026 (123; +8,9 %) y se sitúa 49 por encima de septiembre de 2025 (85; +57,6 %).
El aumento respecto a agosto encuentra explicación en tres contextos represivos fundamentalmente: 1) un despliegue operativo de vigilancia en el contexto de las celebraciones religiosas por el día de la Virgen de Regla y de la Virgen de la Caridad del Cobre; 2) un patrón de abandono médico penitenciario de presos políticos, y 3) un operativo coordinado de cerco domiciliario y arrestos que alcanzó a varios activistas y periodistas para impedirles asistir a la actividad “Noches Americanas”, convocada por la Embajada de Estados Unidos.
Estos episodios muestran que el aparato represivo cubano no se activa solo ante fechas de gran envergadura; también responde a celebraciones religiosas y a los vínculos de la sociedad civil con la comunidad internacional.
El dato del mes se ajusta, además, al pronóstico publicado en el informe de agosto, que situaba septiembre en torno a las 130 violaciones y anticipaba operativos represivos vinculados a las celebraciones de la Virgen de Regla y de la Caridad del Cobre, un aumento de las agresiones psicológicas y un leve repunte de la reclusión. Las tres previsiones se cumplieron.
Tres rasgos definen el período. En primer lugar, el uso abusivo del poder estatal se afirma como el indicador líder del mes por segundo período consecutivo, con 49 menciones que concentran el 36,6 % del registro. Junto a los ataques, amenazas y agresiones psicológicas (48 menciones, 35,8 %), reúne el 72,4 % de las violaciones documentadas, una proporción similar a la de agosto (74,8 %).
En segundo lugar, cambia el perfil predominante de víctima. El periodista pasa a la primera posición con 30 hechos (30,0 % de la base individualizada) y las violaciones a la libertad de prensa crecen un 129,4 % respecto a agosto. El preso político ocupa una posición muy próxima, con 29 hechos (29,0 %). La represión del mes se dirige así, de manera prioritaria, hacia dos frentes: la prensa independiente activa y las personas ya privadas de libertad por motivos políticos.
En tercer lugar, septiembre registra un repunte de las agresiones físicas, que pasan de 3 a 7 casos respecto a agosto y multiplican por siete el registro del mismo mes del año anterior. Cuatro de los siete casos ocurrieron dentro del sistema penitenciario, en línea con el peso del preso político entre las víctimas del mes.
Una vez expuestos estos elementos introductorios, el informe de septiembre de 2026 del OCLE presenta el análisis del período organizado en las siguientes secciones temáticas: los datos generales del mes y su contraste con agosto de 2026 y septiembre de 2025; la distribución de las agresiones por tipo de indicador y los motivos detonantes; el mapa territorial de la represión; las instituciones responsables; el perfil de las víctimas y su composición por género; una selección de casos emblemáticos; los derechos conexos vulnerados; el análisis de tendencias del período; la evolución mensual comparada; y una proyección estimada para octubre de 2026.
2. Datos generales
De los 106 hechos registrados en septiembre de 2026, 74 corresponden a la libertad de expresión y 32 a la libertad de prensa, con una activación total de 134 indicadores represivos. Por volumen de violaciones, la libertad de expresión concentra el 70,9 % (95) y la libertad de prensa el 29,1 % (39). Respecto a agosto, la libertad de prensa duplica su peso proporcional, al pasar del 13,8 % al 29,1 %, un desplazamiento que marca el regreso del periodismo independiente al centro del hostigamiento.
Comparativa con los períodos de referencia
La lectura del dato de septiembre exige dos referencias comparativas: el mes inmediatamente anterior y el mismo mes del año precedente. Frente a agosto de 2026, el mes registra 11 violaciones adicionales (+8,9 %), un incremento leve que coincide con la proyección del OCLE. Frente a septiembre de 2025, el crecimiento asciende a 49 violaciones (+57,6 %), un salto que evidencia la consolidación del aparato represivo durante el bienio 2025-2026.
La combinación de ambas variaciones reproduce la dinámica observada desde julio: oscilaciones del volumen mensual en el corto plazo sobre un piso represivo muy superior al del año anterior. La libertad de expresión desciende en 11 violaciones respecto a agosto (-10,4 %), pero supera en un 28,4 % el registro del mismo mes de 2025, lo que indica que el hostigamiento sobre ciudadanos, activistas y opositores se mantiene afianzado. La libertad de prensa, por su parte, revierte la caída de agosto y más que triplica el registro interanual (+254,5 %): el aparato no ha renunciado a la contención de la prensa independiente, sino que la intensifica o la modera según la coyuntura.
3. Agresiones por tipo de indicador
La distribución de las 134 violaciones documentadas en septiembre de 2026 por tipo de indicador permite identificar la fisonomía represiva del mes, marcada por la instrumentalización del aparato administrativo, judicial y penitenciario.
El uso abusivo del poder estatal encabeza el registro con 49 menciones y concentra el 36,6 % de las violaciones del mes. Respecto a agosto de 2026, cuando había liderado por primera vez el conjunto de indicadores con 48 menciones, el crecimiento intermensual es apenas del 2,1 %, pero su permanencia en la primera posición constituye en sí misma el dato más relevante del período: por segundo mes consecutivo, el aparato administrativo, migratorio, penal y penitenciario es el principal mecanismo represivo. En términos interanuales, el indicador crece un 36,1 % frente a septiembre de 2025 (36 menciones), un incremento que confirma el afianzamiento progresivo de la vía institucional por encima de las formas más visibles de la represión directa.
Los ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas se ubican en la segunda posición con 48 menciones (35,8 %), apenas una unidad por debajo del indicador líder. El crecimiento intermensual es del 9,1 % y el interanual alcanza el 152,6 % frente a septiembre de 2025 (19 menciones). La proximidad entre este indicador y el uso abusivo del poder estatal confirma la combinación operativa dominante del modelo represivo cubano en los dos últimos meses: hostigamiento sostenido sumado a la instrumentalización institucional continuada. Ambos indicadores agrupados concentran el 72,4 % del registro de septiembre, una proporción muy cercana a la de agosto (74,8 %). Por segundo mes consecutivo, cerca de tres de cada cuatro violaciones se ejecutan por estas dos vías.
Las detenciones arbitrarias se mantienen estables respecto a agosto con 26 menciones (19,4 %), sin variación intermensual. Frente a septiembre de 2025 (18 menciones), el indicador crece un 44,4 %, lo que confirma que la detención sin garantías procesales sigue siendo un componente estructuralmente activo del repertorio represivo, aunque su participación proporcional dentro del registro general tienda a descender a medida que crecen los indicadores más vinculados a la fase institucional del ciclo.
Las agresiones físicas suman 7 menciones (5,2 %) y constituyen el dato de mayor crecimiento proporcional del mes: +133,3 % frente a agosto (3 menciones) y +600,0 % frente a septiembre de 2025 (1 mención). Cuatro de los siete casos ocurrieron dentro del sistema penitenciario, en línea con la persistencia del preso político como uno de los dos perfiles de víctima dominantes del período. Pese a su bajo peso proporcional dentro del total mensual, el salto interanual del indicador constituye uno de los datos más preocupantes del período en términos de gravedad cualitativa.
La reclusión suma 3 menciones (2,2 %), con un crecimiento del 200,0 % respecto a agosto (1 mención) y una cifra idéntica a la de septiembre de 2025 (3 menciones). La permanencia del indicador confirma el funcionamiento del aparato judicial como extensión temporal del acto represivo. La restricción en el espacio digital, por su parte, se mantiene en 1 mención (0,7 %), nivel idéntico al de agosto y sustantivamente inferior al de septiembre de 2025 (8 menciones, -87,5 %). Como ha venido alertando el OCLE, este descenso no debe leerse como una distensión de la censura digital; los apagones generalizados dificultan distinguir los cortes selectivos de las interrupciones del servicio, lo que reduce la capacidad de documentar el indicador. El caso de la periodista Yunia Figueredo, que permaneció una semana sin servicio de llamadas ni de mensajes, muestra que la restricción selectiva sigue operando aun cuando su registro resulta más difícil.
Motivos o detonantes de las agresiones
Comprender qué situaciones desencadenan la respuesta represiva del Estado es tan importante como cuantificarla. En septiembre, el cuadro de motivos se ordena en torno a tres ejes: la represión preventiva sobre figuras ya identificadas, la contención de los vínculos de la sociedad civil con actores internacionales y el castigo a la expresión cotidiana en redes sociales y en la documentación de la realidad.
La represión sistemática encabeza el listado con 35 hechos, lo que la posiciona como el principal detonante del mes y confirma el carácter proactivo del aparato represivo durante el período. La participación en protestas, en contraste, cae a la quinta posición con 10 hechos registrados, muy por debajo de los 42 hechos de agosto. El contraste intermensual es, en sí mismo, una lectura del período: el pico de agosto respondía a una operación represiva concentrada, no a una dinámica sostenida de movilización social.
El contacto con la comunidad internacional se sitúa en la segunda posición con 27 hechos, un motivo que en agosto había tenido una presencia marginal. Entre los hechos que agrupa destacan el operativo coordinado de cercos domiciliarios y arrestos desplegado entre el 17 y el 18 de septiembre para impedir que activistas, periodistas y opositores asistieran a la actividad «Noches Americanas», convocada por la Embajada de Estados Unidos en La Habana. El dato muestra que, para el aparato, el vínculo de la sociedad civil independiente con el exterior es en sí mismo una conducta que debe contenerse, aun cuando no medie ninguna acción pública de protesta.
La publicación en redes sociales y la documentación ciudadana de la realidad ocupan la tercera y la cuarta posición con 16 y 12 hechos respectivamente. Ambos motivos agrupan 28 hechos registrados y confirman el peso sostenido del hostigamiento sobre las dos formas más extendidas de ejercicio de la libertad de expresión al alcance del ciudadano común: la expresión digital y el registro audiovisual o escrito de las condiciones del país.
La represalia por vínculos familiares o afectivos (represión vicaria) suma 8 hechos registrados, cifra que muestra la vigencia de un mecanismo que extiende la sanción al entorno próximo de la víctima directa, como ocurrió con las hijas de los periodistas Yunia Figueredo y Frank Correa, cuya situación aparece recogida en el apartado de este informe dedicado a casos emblemáticos.
La participación en actos religiosos y el ejercicio de la libertad de culto suman 7 hechos. El motivo recoge el operativo de vigilancia, interceptación y citaciones desplegado por la Seguridad del Estado entre el 7 y el 9 de septiembre sobre figuras de la sociedad civil y del periodismo independiente durante las celebraciones de la Virgen de Regla y de la Virgen de la Caridad del Cobre, y la detención del pastor Maikel Pupo en Camagüey el 26 de septiembre, en la fecha en que había convocado una oración pública por la nación. Ambos episodios muestran que la práctica religiosa se convierte en objeto de contención cuando adquiere una dimensión pública o colectiva que escapa al control del aparato.
La fecha simbólica para la sociedad civil y/o oposición se activa en 7 hechos registrados; seis de ellos coinciden con los que tienen como detonante la participación en actos religiosos. La doble clasificación responde a la naturaleza de las fechas del 7 y 8 de septiembre: más allá de su significado religioso, estas conmemoraciones se han convertido en espacios que la sociedad civil aprovecha para orar por el país y exigir la liberación de los presos políticos. La Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba, es además un símbolo de identidad nacional asociado a las ansias de libertad y de cambio, lo que convierte cada 8 de septiembre en una jornada de expresión colectiva con una carga política que el régimen no puede ignorar. Por eso, el aparato no actúa contra la celebración en sí, sino contra su potencial como escenario de reivindicación cívica, y lo hace de forma preventiva sobre las figuras que podrían transformar el acto de fe en un acto de denuncia pública.
Los motivos restantes del registro —cobertura periodística (4), denuncia de condiciones carcelarias (3), acciones de solidaridad (2), ejercicio del derecho de petición ciudadana (2), expresión en espacios públicos (1) y represión por expresión simbólica (1)— agrupan en conjunto 13 hechos registrados y completan el mapa de detonantes del período. La cobertura periodística, aunque reducida en términos cuantitativos, resulta especialmente significativa en la medida en que el periodista escala a la primera posición del perfil de víctimas del mes: el hostigamiento sobre los periodistas independientes se activa, en septiembre, más por su condición estructural que por el ejercicio puntual de cobertura de un hecho específico. La denuncia de condiciones carcelarias, por su parte, cobra densidad cualitativa en los casos de presos políticos que han sufrido traslados o sanciones intracarcelarias como respuesta directa a las denuncias que realizaron por teléfono desde prisión, un patrón coherente con las cuatro agresiones físicas documentadas dentro del sistema penitenciario durante el período.
4. Distribución geográfica
El mapa territorial de la represión registrada en septiembre de 2026 confirma la concentración característica del modelo represivo cubano en el occidente del país, con La Habana como epicentro, pero introduce dos matices relevantes respecto a meses anteriores. En primer lugar, aunque la capital registra tres hechos menos que en agosto (63 frente a 66), su peso proporcional dentro del registro mensual asciende en 5,7 puntos porcentuales (del 53,7 % al 59,4 %), lo que confirma que la actividad represiva del aparato cubano se concentra más intensamente en el territorio habanero cuando el volumen total del mes se contrae respecto a los grandes picos coyunturales de meses anteriores. En segundo lugar, Camagüey emerge con fuerza en la segunda posición del registro con 16 hechos (15,1 %), un ascenso sustantivo que la consolida como segundo núcleo territorial del período y refleja el peso específico de los procesos penales abiertos durante el mes en esa provincia y los abusos y violaciones de derechos en los centros penitenciarios.
Las Tunas se sitúa en la tercera posición con 10 hechos registrados (9,4 %), un dato coherente con la acción ejercida por el Tribunal Provincial Popular de esa provincia contra un grupo de opositores pertenecientes a la organización Cuba Primero. El resto de la actividad represiva registrada se distribuye entre Matanzas (4 hechos), Santiago de Cuba y Artemisa (3 hechos cada una), Guantánamo y Mayabeque (2 hechos cada una), y Villa Clara, Ciego de Ávila y Holguín (1 hecho cada una).
Tal dispersión confirma el carácter nacional del aparato represivo, pero también deja constancia del desequilibrio histórico de la documentación en territorios con menor densidad de estructuras civiles capaces de visibilizar la represión. El dato debe leerse con las precauciones metodológicas habituales: la ausencia de registro no implica ausencia de represión, sino limitaciones en el acceso y verificación de información en territorios específicos del país. Las cinco provincias que no aparecen en el registro mensual como Pinar del Río, Sancti Spíritus, Cienfuegos, Granma e Isla de la Juventud, mantienen la pauta estructural de subregistro que el Observatorio ha venido advirtiendo en informes anteriores.
5. Instituciones perpetradoras
El análisis de las instituciones responsables de los hechos documentados en septiembre de 2026 confirma la centralidad del Ministerio del Interior como núcleo operativo del aparato represivo cubano y, al mismo tiempo, consolida el peso creciente del Sistema Judicial como extensión de la represión mediante procesos penales, medidas cautelares y actuaciones fiscales.
El Ministerio del Interior aparece involucrado en 91 de los 106 hechos registrados (85,8 %), una cifra que confirma su condición de columna vertebral del aparato represivo cubano. Dentro del MININT operan las tres instituciones agresoras más activas del mes: la Seguridad del Estado, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y el Sistema Penitenciario. El Sistema Judicial figura en 21 hechos (19,8 %), una presencia sostenida que refleja la fase institucional del ciclo represivo mediante tribunales provinciales, fiscalías y la actuación del Tribunal Supremo Popular de Cuba. La presencia marginal del MINSAP y el MINCULT (un hecho cada uno) corresponde a episodios puntuales que no configuran un patrón institucional, pero cuya documentación resulta relevante como constancia de la extensión del aparato represivo a estructuras ministeriales con una implicación menos evidente en la represión política. La suma de la tabla supera el número de hechos porque varios de ellos involucran a más de un organismo. 2
Instituciones agresoras específicas
La Seguridad del Estado encabeza el listado con 51 hechos registrados, cifra que la posiciona como ejecutora de prácticamente la mitad de la actividad represiva del mes y que confirma su rol como núcleo operativo del aparato represivo cubano. Su participación cubre el espectro completo de modalidades represivas documentadas durante el período: la vigilancia sostenida sobre figuras incluidas en las listas activas de seguimiento, los interrogatorios en sedes operativas, las citaciones verbales sin soporte documental como mecanismo de hostigamiento recurrente, las advertencias explícitas sobre vínculos con la comunidad internacional, y la ejecución de los operativos coordinados de contención como el desplegado entre el 17 y el 18 de septiembre. La amplitud de su intervención la sitúa como eje de coordinación de la mayor parte del repertorio represivo del mes.
La Policía Nacional Revolucionaria aparece en 30 hechos registrados y opera como el brazo territorial del aparato represivo: ejecuta las detenciones físicas en el espacio público, traslada a las víctimas hacia las unidades policiales donde se materializan los interrogatorios y las acciones de la Seguridad del Estado, implementa los cercos domiciliarios en coordinación con esta última y entrega las citaciones a figuras bajo seguimiento.
El Sistema Penitenciario completa la tríada de instituciones agresoras más activas con 24 hechos registrados, un peso que confirma la vigencia del espacio carcelario como escenario represivo autónomo. El dato muestra que la condición de preso político no cierra el ciclo represivo sobre la víctima, sino que la expone a un segundo nivel de agresión que opera bajo las reglas internas del sistema carcelario y escapa, por su propia naturaleza, a cualquier control judicial o de defensa efectivo.
La Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, también perteneciente al MININT, aparece en 2 hechos registrados, en los que las víctimas fueron dos ciudadanos salvadoreños, creadores de contenido, que viajaron a La Habana a documentar la realidad cubana, y fueron interrogados a la entrada y la salida del país sobre su actividad profesional y medios de trabajo.
Por su parte, la actividad judicial de carácter represivo se distribuye entre varios tribunales provinciales con una concentración significativa en Las Tunas (8 hechos registrados), provincia donde se materializó la ratificación de condenas de hasta 8 años contra ocho activistas del movimiento opositor Cuba Primero, procesados por grabar videos, poseer folletos impresos y publicar en redes sociales opiniones críticas hacia la gestión gubernamental. El Tribunal Provincial de La Habana aparece en 5 hechos registrados, mientras que la actividad judicial en Camagüey se distribuye entre la Fiscalía Provincial (4 hechos registrados) y el Tribunal Provincial (2 hechos registrados), ambos vinculados principalmente al proceso penal abierto contra el periodista Henry Constantín Ferreiro, detenido el 16 de septiembre, y trasladado una semana después a prisión.
El Tribunal Militar Territorial Occidental, el Tribunal Provincial Popular de Villa Clara y, de manera especialmente significativa, el Tribunal Supremo Popular de Cuba completan el núcleo del aparato judicial activado durante el mes. La aparición del máximo órgano del sistema judicial del país en un hecho represivo específico del período confirma que la actividad represiva institucional se extiende a los niveles superiores del aparato, y que la fase judicial del ciclo represivo opera de manera coordinada desde las instancias provinciales hasta las instancias nacionales.
Las instituciones restantes del registro, como el Hospital General Docente Dr. Ernesto Guevara, la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro (institución de carácter educativo perteneciente al Ministerio de Cultura) y un preso común con funciones de control interno en el sistema penitenciario, agrupan en conjunto 3 hechos registrados y, pese a su bajo peso cuantitativo, resultan cualitativamente significativas por mostrar la extensión del aparato represivo hacia espacios no tradicionalmente asociados con la función coercitiva del Estado: el sistema hospitalario como violador del derecho de atención médica a personas recluidas por motivos políticos, la institución académica como instancia de represalia política sobre un profesor universitario, y la delegación informal de funciones de control sobre reclusos comunes dentro del sistema penitenciario como extensión encubierta de la autoridad penitenciaria.
Salvo la institución académica, estas modalidades ya se habían documentado en agosto, cuando el MINSAP y los presos comunes instrumentalizados figuraron también entre los perpetradores. No obstante, en meses anteriores el OCLE sí ha documentado otros casos en los que el sistema educativo cubano ha ejercido como perpetrador. En enero de 2026, se documentó la expulsión del profesor Roberto Viña Martínez de la Universidad de las Artes (ISA) y de todos los claustros donde impartía clases, tras la publicación de un texto en redes sociales considerado incómodo por las autoridades académicas y culturales; el propio afectado calificó la medida como arbitraria y de motivación política. Además, en marzo de 2026, se registró otro caso en la Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría" (CUJAE), cuando el arquitecto y profesor titular Abel Tablada de la Torre fue separado de la institución como represalia después de publicar en Facebook reflexiones críticas sobre la situación del país y el funcionamiento del sistema universitario cubano.
6. Distribución por género y perfil de víctimas
El análisis de las víctimas registradas en septiembre de 2026 revela dos dinámicas: una composición de género que mantiene el predominio masculino, con un hostigamiento concentrado sobre un grupo reducido de mujeres bajo seguimiento sostenido, y un cambio en el perfil de víctimas que coloca al periodista en el primer puesto. Conforme a la metodología del OCLE, la distribución por género y por perfil se calcula sobre el número de hechos registrados.
Nota metodológica: La base individualizada por género se sitúa en 100 hechos. Los 6 registros colectivos de reclusos no cuentan con información de género específica al tratarse de víctimas no individualizables; se contabilizan en el total mensual, pero quedan fuera del análisis demográfico específico.
La distribución por género del período mantiene la composición dominante del modelo represivo cubano, con 67 hechos registrados sobre víctimas de género masculino (67,0 %) y 33 hechos sobre víctimas de género femenino (33,0 %) dentro de la base individualizada del mes. La proporción femenina se mantiene en un nivel similar al de agosto, tras el salto que ese mes había registrado respecto a julio.
Más revelador que la proporción absoluta es, sin embargo, el grado de concentración del hostigamiento sobre un número reducido de figuras dentro de cada género. El universo registrado durante el mes comprende 47 víctimas únicas de género masculino sobre 67 hechos registrados, lo que arroja una media de 1,43 agresiones por víctima masculina, y 19 víctimas únicas de género femenino sobre 33 hechos registrados, lo que arroja una media más alta de 1,74 agresiones por víctima femenina. La diferencia indica que, aunque el volumen de agresiones sobre mujeres es inferior al de hombres, su distribución es más concentrada: el hostigamiento sobre las mujeres recae en un grupo reducido de figuras incluidas en las listas activas de seguimiento.
En este sentido, la víctima femenina con mayor concentración de agresiones del período es la periodista independiente Yunia Figueredo (6 hechos registrados), seguida por la periodista Camila Acosta Rodríguez (4 hechos registrados) y por Beily Mariam Correa Figueredo (3 hechos registrados), hija de Figueredo, lo que confirma la vigencia del vector vicario como mecanismo represivo que alcanza al entorno femenino inmediato de las víctimas.
Entre las víctimas masculinas la concentración es también significativa, con Henry Constantín Ferreiro como figura con mayor número de hechos registrados en todo el mes (10 hechos), seguido por Mario Alberto Hernández Leyva (4 hechos) y por Frank Correa (3 hechos). La aparición simultánea de Yunia Figueredo y Frank Correa, matrimonio de periodistas, entre las víctimas con mayor concentración de agresiones de cada género, confirma el carácter familiar del hostigamiento desplegado sobre esta pareja durante el período, documentado en una solicitud de medidas cautelares interpuesta por el ICLEP ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fechada el 9 de septiembre.
Perfil de víctima
Nota metodológica: la base individualizada del análisis de perfil se sitúa en 100 hechos. Los 6 hechos clasificados como registros colectivos corresponden a víctimas no individualizables (colectivos de reclusos en centros penitenciarios), por lo que no son incorporados al ranking de perfiles individuales pero sí a los totales generales del mes.
El periodista encabeza el perfil de víctima con 30 hechos registrados (30,0 % de la base individualizada), una posición que en los meses recientes habían ocupado el preso político (mayo y julio) y el ciudadano común (agosto). El cambio muestra una reorientación del aparato hacia el periodismo independiente activo, en un mes en que la represión sistemática fue el motivo más recurrente. La concentración del hostigamiento sobre un número reducido de reporteros es notable: tres figuras: Henry Constantín Ferreiro, Yunia Figueredo y Frank Correa, agrupan 19 de los 30 hechos de la categoría (63,3 %).
El preso político se sitúa en la segunda posición con 29 hechos (29,0 %), apenas uno por debajo del periodista. La proximidad entre ambos perfiles define el carácter del período: dos frentes represivos simultáneos, el hostigamiento al periodismo independiente en el espacio público y la represión intracarcelaria sobre quienes ya están privados de libertad por motivos políticos. En este segundo frente se documentaron durante el mes abandono médico, traslados punitivos entre penales, incomunicación familiar y envío a celdas de castigo.
El activista aparece en la tercera posición con 13 hechos (13,0 %), seguido por el ciudadano común con 12 (12,0 %) y por el opositor con 11 (11,0 %). El dato más llamativo de este tramo es la caída del ciudadano común, que había encabezado el registro de agosto a raíz de la represión de la protesta en el Paseo del Prado: su descenso indica que aquel pico respondió a un episodio puntual y no a un cambio de fondo. Agrupados, activistas, ciudadanos y opositores representan el 36,0 % de la base: ninguno alcanza por sí solo el peso del periodista o del preso político, pero juntos sostienen más de un tercio del hostigamiento del período.
Los perfiles menores, como creador de contenido (2 hechos registrados), expreso político (2 hechos) y religioso (1 hecho), completan el cuadro con una presencia menos representativa, pero consistente dentro del registro general. La categoría de registros colectivos agrupa 6 hechos registrados correspondientes a víctimas no individualizables, todos ellos documentados el 17 de septiembre y referidos a colectivos de reclusos incomunicados en seis centros penitenciarios distintos: la cárcel Boniato, la Prisión Provincial de Guantánamo, las prisiones Kilo 7 y Kilo 8 de Camagüey, la prisión de Guanajay y la prisión CubaSí. La concentración temporal de estos seis registros en una misma fecha sugiere la existencia de un patrón represivo coordinado dentro del sistema penitenciario que amerita documentación específica en informes posteriores.
7. Casos emblemáticos registrados
Prisión preventiva arbitraria contra Henry Constantín, director del medio independiente La Hora de Cuba.
Henry Constantín Ferreiro, periodista independiente, director de La Hora de Cuba y vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, fue detenido el 16 de septiembre en la Segunda Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria de Camagüey, adonde había acudido tras una citación verbal. De allí, fue trasladado a Villa María Luisa, sede de operaciones e interrogatorios de la Seguridad del Estado en la provincia, mientras la unidad policial negaba durante cerca de cinco horas tener registro de su presencia.
Un día más tarde, el 17 de septiembre, se informó a la familia que le sería impuesta una medida cautelar por «desobediencia», delito que admite sanción de multa, bajo el argumento de que no había comparecido a una citación del 9 de septiembre, a la que en realidad acudió, aunque con retraso. El 21 de septiembre se dictó prisión preventiva, y el 24 fue trasladado a la cárcel de Kilo 7, en el reparto Albaisa, luego de que las autoridades informaran falsamente a la defensa que su destino sería la prisión de Cerámica y sin aviso previo a la familia. Durante los siete días posteriores a la detención, la defensa no pudo acceder al expediente ni rebatir la acusación: el Tribunal Provincial Popular de Camagüey permaneció cerrado el 18 por la jornada administrativa de «cambio de labor» de los viernes y dilató el proceso de solicitud de Hábeas Corpus, en tanto la Fiscalía Provincial no contaba con funcionarios disponibles el 21 para recibir la apelación de la medida.
Estos hechos se integran a una secuencia represiva sostenida que el ICLEP ha documentado desde diciembre de 2024, con más de veinte violaciones acumuladas contra Constantín Ferreiro, entre ellas ocho detenciones arbitrarias, por su posición política y el ejercicio del periodismo independiente. El caso reúne los rasgos centrales del mes: la activación simultánea de la detención arbitraria, el uso abusivo del poder estatal y la reclusión; la actuación coordinada de la Seguridad del Estado, la PNR y el aparato judicial, y el uso de una figura penal que admite multa para imponer la medida cautelar más grave del ordenamiento 3.
Uso del entorno familiar como mecanismo de coacción contra los periodistas independientes Yunia Figueredo y Frank Correa.
Yunia Figueredo Cruz y Frank Correa Romero, matrimonio de periodistas independientes residentes en Jaimanitas, municipio Playa, La Habana, acumulan en septiembre nueve apariciones en el registro del OCLE —seis contra Figueredo y tres contra Correa—, lo que ubica a la periodista como la víctima femenina con mayor concentración de agresiones del período.
El 1 de septiembre ambos fueron sometidos a un interrogatorio extrajudicial en la unidad policial de Siboney, al que Figueredo acudió tras una citación por su participación y divulgación de las protestas ciudadanas de Jaimanitas y en el que Correa fue obligado a comparecer sin notificación formal. Durante la actuación se les presentó un acta de advertencia que ambos se negaron a firmar, y a la periodista le fue impuesta, sin orden judicial, la prohibición de salir de su vivienda y de su municipio.
El 4 de septiembre, el jefe de sector de la Policía Nacional Revolucionaria en Jaimanitas le notificó verbalmente la obligación de presentarse cada día 10 del mes en la unidad policial, como supuesta medida cautelar vinculada al proceso penal abierto en su contra, y la conminó a evitar todo contacto con la Embajada de Estados Unidos y a «pensar en sus hijas». El 10 de septiembre, tras negarse Figueredo a comparecer, el mismo oficial se presentó en su vivienda y la amenazó con la pérdida de la patria potestad y con la apertura de un expediente por el delito de desobediencia.
Un día más tarde, el 11 de septiembre, al presentarse en la estación policial de Siboney, un oficial de la Seguridad del Estado identificado como «el mayor Miguel» le exhibió un boletín del medio comunitario del ICLEP Amanecer Habanero como supuesta evidencia de un delito contra el orden constitucional, y la advirtió sobre la posible apertura de un expediente por el delito de espionaje si persistía en sus vínculos con la sede diplomática estadounidense.
Durante toda la segunda semana del mes, la periodista permaneció sin servicio de llamadas ni de mensajes de texto, con acceso solo esporádico a internet y con llamadas anónimas de hostigamiento pese a la interrupción del servicio. El 17 y el 18 de septiembre, Yunia, Frank y sus hijas fueron sometidos a cercos domiciliarios como parte del operativo coordinado desplegado sobre periodistas y activistas en La Habana para impedirles participar en una actividad de la Embajada de Estados Unidos.
La represión contra el matrimonio se ha extendido progresivamente al núcleo familiar: el 3 de septiembre dos agentes acudieron a la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de La Habana, donde estudia la hija mayor de ambos, procurando información sobre la joven.
El 9 de septiembre, un día antes de la fecha fijada para la primera comparecencia mensual impuesta a Figueredo, el ICLEP presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas cautelares a favor de los cuatro integrantes de la familia, bajo el artículo 25 del Reglamento de la Comisión.
El caso ilustra el repunte de las violaciones a la libertad de prensa y la acción combinada de la PNR, que impuso medidas sin resolución judicial, y de la Seguridad del Estado, que interrogó a la periodista y llegó hasta el espacio universitario de su hija.
Muestra también dos de los motivos centrales del período: el contacto con la comunidad internacional, presente en las advertencias sobre los vínculos con la Embajada de Estados Unidos y en la amenaza de un expediente por espionaje, y la represión vicaria, materializada en el uso de las hijas del matrimonio como mecanismo de presión. 4
Exilio forzoso a Austin Llerandi y a su esposa, como mecanismo extrajudicial contra «Amanecer Habanero», medio comunitario del ICLEP.
Austin Llerandi, periodista y director del medio comunitario del ICLEP Amanecer Habanero, y su esposa Soreidis Anisley Álvarez Peña, embarazada y también redactora del mismo medio, fueron forzados al exilio el 29 de septiembre de 2026, cuando abandonaron La Habana con destino a Brasil, tres semanas antes de que venciera el plazo de dos meses que la Seguridad del Estado le había impuesto a Llerandi a cambio de no ser procesado penalmente por su actividad periodística.
La condición fue formulada el 21 de agosto durante un interrogatorio en el que se le exhibió al periodista un expediente con el inicio de una acusación penal al amparo del Decreto-Ley 370. Ahí se le entregó un acta de advertencia y se le planteó la disyuntiva entre el procesamiento penal con prisión y la salida del territorio nacional en un plazo cerrado de ocho semanas. La partida se produjo mientras permanecía abierta, ante instancias internacionales, una solicitud de medida cautelar presentada por el ICLEP ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bajo la referencia MC-1624-26, y una comunicación urgente dirigida a los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La situación de la esposa amplifica el alcance represivo del hecho: Soreidis Anisley Álvarez Peña, también redactora en Amanecer Habanero y embarazada al momento de la partida, se vio obligada a abandonar el país junto a su esposo antes del nacimiento de su hija, de manera que la medida impuesta sobre un director de medio produjo el desarraigo simultáneo de una familia completa y suprimió, en un mismo acto, dos vínculos profesionales con una publicación independiente. El caso muestra el uso abusivo del poder estatal en una de sus formas más graves: la potestad de acusar penalmente, al amparo del Decreto-Ley 370, se utiliza no para someter una conducta a juicio con garantías, sino como moneda de canje para forzar la salida del país del director de un medio comunitario. El efecto excede a las víctimas directas: debilita la continuidad de la publicación y envía un mensaje inhibitorio al periodismo independiente que sigue ejerciendo en Cuba. 5
Represalia contra expreso político Mario Alberto Hernández por denunciar abusos ante la Fiscalía Militar.
Mario Alberto Hernández Leyva, activista, expreso político, delegado del Movimiento Democracia (MD) y del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), con residencia en el municipio Marianao, de La Habana, acumula en septiembre cuatro apariciones en el registro del OCLE, cifra que lo sitúa en la segunda posición entre las víctimas masculinas con mayor concentración de agresiones en el período. El 4 de septiembre fue sometido a un operativo de vigilancia sostenida que culminó en dos detenciones consecutivas: una breve en la mañana, cuando agentes de la Seguridad del Estado lo interceptaron mientras hacía una cola para comprar pan, y una segunda a las 2:00 p.m., tras la cual permaneció retenido en la 6ta Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria de Marianao hasta pasadas las 8:00 p.m.
Durante esa segunda detención, los agentes le ocuparon su teléfono celular y diez mil pesos cubanos sin exhibir documento oficial alguno que respaldara la medida, y antes de su liberación un oficial le advirtió que «le quedaba poco en la calle», frase que el activista interpretó como un anuncio de encarcelamiento inminente. La restitución del dinero ocupado fue impuesta unilateralmente por los propios agentes a razón de mil pesos diarios, bajo la obligación de comparecencia reiterada en la misma unidad policial, mientras el teléfono celular permaneció retenido.
El 12 de septiembre, al día siguiente de presentar una denuncia formal ante la Fiscalía Militar por los abusos sufridos durante un arresto previo, Hernández Leyva fue detenido nuevamente y trasladado a la misma 6ta Unidad de la PNR de Marianao, donde un teniente coronel de la Seguridad del Estado lo amenazó explícitamente con un posible regreso a prisión y con consecuencias para su vida en represalia directa por la denuncia interpuesta. Además, el 17 de septiembre recibió una citación verbal por vía telefónica para comparecer en la unidad policial a la mañana siguiente, a la cual se negó a asistir. Asimismo, el 18 fue detenido a la salida de su domicilio y permaneció aproximadamente diez horas en paradero desconocido, sin notificación oficial a su familia.
El antecedente inmediato de estos hechos lo constituye la agresión documentada por el OCLE el 3 de julio de 2026, cuando Hernández Leyva fue detenido en el municipio Playa mientras se dirigía a un evento conmemorativo por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Tras ser trasladado inicialmente a la 6ta Unidad de la PNR de Marianao, donde fue agredido físicamente en varias ocasiones, los agentes lo condujeron a una zona aislada de la autopista hacia Artemisa, lo obligaron a desnudarse y le tomaron fotografías, además de ocasionar la pérdida de pertenencias personales durante el operativo.
Tal agresión constituye el fundamento directo de la denuncia que Hernández Leyva presentó el 11 de septiembre ante la Fiscalía Militar, hecho que detonó la detención del 12 de septiembre y las amenazas del teniente coronel de la Seguridad del Estado. La secuencia se integra, por tanto, a un patrón sostenido de hostigamiento del aparato represivo cubano sobre un activista opositor con trayectoria pública documentada, en el que cada acción del Estado opera como represalia encadenada a la anterior y en el que la vía institucional para denunciar los abusos previos se convierte en el detonante de nuevas violaciones.
El caso ilustra el peso de la represión sistemática sobre figuras ya incluidas en las listas de seguimiento. La retención del teléfono y del dinero, sin respaldo documental y con una devolución fraccionada a discreción de los agentes, convierte además la restitución de bienes propios en un mecanismo de control económico sobre la víctima. 6
Prisión preventiva arbitraria contra el pastor Maikel Pupo por convocar una oración pública por Cuba.
Maikel Pupo Velázquez, pastor de la Iglesia Palabra de Fuego Bendición Sagrada y miembro de la Alianza de Cristianos de Cuba, fue detenido en Camagüey el 26 de septiembre de 2026 en la fecha prevista para una oración pública por la nación a la que había convocado a varias iglesias, y que las autoridades le advirtieron que no llevara a cabo.
Desde su arresto, permanece internado en la prisión conocida como Cerámica Roja, bajo una medida cautelar de prisión preventiva cuyos fundamentos no han sido comunicados a su familia ni a la comunidad religiosa a la que pertenece. Su esposa, la pastora Anisley Ortiz, y su hija mayor, ingresada en cardiología, enfrentan la situación sin información oficial sobre la situación legal del pastor.
El caso ejemplifica el peso de la libertad de culto como motivo detonante del mes (7 hechos), junto con el operativo desplegado por la Seguridad del Estado entre el 7 y el 9 de septiembre durante las celebraciones de la Virgen de Regla y de la Virgen de la Caridad del Cobre. Muestra también la actuación encadenada de la Seguridad del Estado, que advirtió al pastor antes de la convocatoria; de la PNR, que ejecutó el arresto, y del sistema penitenciario, donde se cumple la privación de libertad. La imposición de la prisión preventiva sin cargo formal ni comunicación de sus fundamentos jurídicos activa, sobre un mismo hecho, los indicadores de ataques psicológicos, detención arbitraria y reclusión, y extiende a la esfera religiosa la lógica de castigo preventivo que el aparato aplica a periodistas y activistas. 7
8. Derechos conexos vulnerados
El análisis de los derechos conexos vulnerados en septiembre de 2026 permite ampliar la lectura jurídica más allá de las violaciones a dos derechos fundamentales: la libertad de expresión y la libertad de prensa. A continuación se explica la activación de aquellos que más veces se activaron durante el mes.
Derecho a la dignidad humana
Primer derecho conexo vulnerado del mes con 57 menciones. El peso dominante de este derecho dentro del registro refleja la gravedad cualitativa de los hechos registrados y la variedad de las agresiones que comprometen la integridad personal de las víctimas: tratos humillantes bajo custodia policial, condiciones degradantes en los centros penitenciarios documentadas durante el mes mediante casos de abandono médico y traslados punitivos, maltrato físico y verbal durante los interrogatorios, incomunicación familiar prolongada como mecanismo de aislamiento comunicacional, y cerco sostenido al entorno familiar inmediato de las víctimas prioritarias en el marco de la represión vicaria. La coincidencia entre el elevado número de menciones de este derecho y el peso de los indicadores de ataques psicológicos y uso abusivo del poder estatal confirma que la dignidad humana constituye el bien jurídico más sistemáticamente afectado por el aparato represivo cubano en el período.
Derecho a la participación política y a la vida pública
Con 53 menciones es el segundo derecho conexo del mes. La magnitud de su activación durante el período refleja el alcance real de la vulneración de este derecho en septiembre y confirma que el aparato represivo cubano actúa de forma sostenida para suprimir el ejercicio activo de la ciudadanía en el espacio público, el espacio digital y el espacio diplomático. Las menciones corresponden principalmente al operativo coordinado de cerco domiciliario desplegado entre el 17 y el 18 de septiembre para impedir a activistas y periodistas asistir a la actividad “Noches Americanas” convocada por la Embajada de Estados Unidos, al hostigamiento asociado a la publicación en redes sociales de contenido crítico (tercer motivo detonante del mes), a las acciones de participación en protestas, a la actividad de documentación ciudadana de la realidad del país, al ejercicio del derecho de petición ciudadana y a las acciones de solidaridad y acompañamiento a víctimas de represión.
Derecho a la seguridad jurídica
Se registra como tercer derecho vulnerado del mes con 50 menciones. Su peso dentro del registro confirma la fase institucional del ciclo represivo descrita a lo largo del informe. Las menciones agrupan actuaciones judiciales sin fundamento legal, procesos penales abiertos como forma de represalia política, medidas cautelares prolongadas sin revisión, denegación arbitraria de solicitudes de cambio de medida, prisiones provisionales que exceden los plazos razonables establecidos por la propia ley procesal cubana, obstrucción de recursos de Hábeas Corpus mediante disposiciones administrativas, y la aplicación discrecional tanto del Código Penal cubano —a través de figuras como la desobediencia y el desacato— como del Decreto-Ley 370 para criminalizar la expresión pública y la actividad cívica autónoma.
Derecho a la protección de periodistas y defensores de derechos humanos
Este es el cuarto derecho vulnerado del mes con un registro de 43 menciones. La magnitud de esta cifra resulta coherente con el ascenso del periodista a la primera posición del perfil de víctimas del mes y confirma el carácter sistemático de la contención represiva sobre quienes ejercen el periodismo independiente o la defensa de derechos humanos en Cuba. Las menciones corresponden, mayoritariamente, a los procesos abiertos contra periodistas y comunicadores identificados por el aparato, y a los operativos de vigilancia y hostigamiento sostenido sobre activistas y defensores de derechos humanos.
Derecho a la reunión pacífica y a la manifestación
Se coloca como quinto derecho vulnerado del mes con 39 menciones. La cifra refleja la activación transversal de este derecho en hechos vinculados a protestas, concentraciones, actividades cívicas convocadas por la sociedad civil, celebraciones religiosas con carga de reunión colectiva y encuentros diplomáticos. El contenido material de las menciones incluye los cercos domiciliarios preventivos impuestos para impedir el desplazamiento de personas identificadas hacia espacios de reunión, las detenciones aplicadas durante trayectos de llegada a convocatorias, y las citaciones policiales dirigidas a personas que habían anunciado su participación en actividades colectivas durante el período.
Derecho contra la detención arbitraria
Sexto derecho vulnerado del mes con 28 menciones, alineadas con las 26 detenciones arbitrarias registradas como indicador operativo. Las menciones agrupan las distintas modalidades en las que el aparato represivo priva de libertad a las víctimas sin orden judicial ni debido proceso: arrestos en el espacio público, retenciones prolongadas en unidades policiales sin acusación formal, traslados forzosos a centros de detención distantes del domicilio, cercos domiciliarios impuestos verbalmente por agentes sin fundamento legal, y restricciones de movilidad aplicadas como medida preventiva sobre figuras identificadas.
9. Análisis de tendencias
La lectura cualitativa de los datos de septiembre de 2026 permite identificar cuatro tendencias de fondo que definen el modelo represivo cubano durante el período y proyectan su trayectoria hacia los próximos meses.
Primera tendencia: la fase institucional del ciclo represivo deja de ser una respuesta coyuntural. En agosto, el ascenso del uso abusivo del poder estatal podía leerse como efecto de la retirada del despliegue callejero de julio. Su permanencia al frente de los indicadores en septiembre, un mes con operativos asociados a fechas religiosas y a una actividad diplomática, indica que el aparato ha incorporado el expediente penal, la medida cautelar y la sanción administrativa como herramientas ordinarias de control, y no solo como recurso para los períodos de menor exposición.
Segunda tendencia: el periodismo independiente vuelve al centro del hostigamiento. El periodista pasa de la tercera posición en agosto a la primera en septiembre, y la libertad de prensa duplica su peso en el registro. Que 19 de los 30 hechos recaigan sobre tres figuras indica que no se trata de una ofensiva amplia contra el gremio, sino de una presión intensiva sobre periodistas con alta visibilidad y vínculos con organismos internacionales, como Henry Constantín, vicepresidente regional de la SIP, y el matrimonio Figueredo-Correa, a favor del cual el ICLEP solicitó medidas cautelares ante la CIDH.
Tercera tendencia: el sistema penitenciario se mantiene como frente represivo activo. Cuatro de las siete agresiones físicas del mes ocurrieron dentro de prisión, sobre presos políticos como Jorge Bello Domínguez, Luis Emilio Cabrera Díaz y Florentino Morono Torres. A la violencia física se suman la incomunicación —documentada el 17 de septiembre en seis registros colectivos de reclusos de las prisiones de Boniato, Guantánamo, Kilo 7, Kilo 8, Guanajay y CubaSí—, el abandono médico y los traslados punitivos. El encierro opera así como un segundo nivel de castigo que escapa a cualquier control judicial efectivo. La reclusión, en cambio, mide nuevas privaciones formales de libertad: su aumento de 1 a 3 casos refleja, entre otras, la prisión preventiva impuesta a Henry Constantín y al pastor Maikel Pupo, y anticipa nuevas víctimas para este frente en los próximos meses.
Cuarta tendencia: el vínculo con la comunidad internacional se convierte en detonante central. El contacto con la comunidad internacional pasa de una presencia marginal en agosto a ser el segundo motivo del mes (27 hechos). La respuesta al operativo «Noches Americanas» y las advertencias de espionaje dirigidas a periodistas que mantienen contacto con la Embajada de Estados Unidos indican que el aparato trata la relación entre la sociedad civil y los actores externos como una amenaza a contener de forma preventiva.
10. Evolución mensual de las violaciones
La lectura comparada del período con sus referencias de agosto de 2026 y septiembre de 2025 permite situar el registro del mes dentro de la trayectoria más amplia del aparato represivo cubano.
El contraste intermensual muestra un comportamiento desigual de los indicadores. El uso abusivo del poder estatal y los ataques psicológicos mantienen la posición dominante alcanzada en agosto con incrementos moderados (+2,1 % y +9,1 %), mientras las agresiones físicas pasan de 3 a 7 y la reclusión de 1 a 3. Aunque los porcentajes de estos dos indicadores son elevados, sus valores absolutos son bajos, y conviene leerlos como señales de intensificación del castigo sobre víctimas concretas, no como un cambio de escala. Las detenciones arbitrarias y la restricción en el espacio digital no varían.
Comparativa triangulada por indicador
Frente a septiembre de 2025, el registro total crece un 57,6 %. Cuatro de los seis indicadores aumentan: las agresiones físicas pasan de 1 a 7, los ataques psicológicos crecen un 152,6 %, las detenciones arbitrarias un 44,4 % y el uso abusivo del poder estatal un 36,1 %. La reclusión repite la cifra del año anterior (3) y la restricción en el espacio digital es el único indicador que desciende (-87,5 %), por las razones de subregistro ya expuestas.
La trayectoria del año muestra que la elevación interanual de septiembre no es un dato puntual, sino la expresión de una dinámica sostenida durante todo 2026.
Nota aclaratoria: Las comparaciones con agosto de 2026 se realizan sobre la cifra publicada en el informe de ese mes (123 violaciones), que no incluye el hecho registrado fuera de fecha descrito en la sección metodológica. Las cifras de los meses anteriores corresponden al registro actualizado del OCLE al cierre de este informe. Los datos actualizados de cada período pueden consultarse en el Barómetro del sitio web del ICLEP.
Septiembre combina un leve incremento respecto a agosto con una elevación interanual superior al cincuenta por ciento. La configuración indica que el descenso de agosto no respondía a un ciclo descendente del aparato represivo, sino a la reorganización de su repertorio tras el pico extraordinario de julio. Agosto, con 123 violaciones, es el mes más bajo de 2026 y aun así supera el promedio mensual del segundo semestre de 2025 (100,2): el aparato opera hoy sobre un piso sensiblemente superior al del año anterior y con una composición cada vez más institucionalizada.
11. Pronóstico para octubre de 2026
Las proyecciones que siguen se construyen a partir de la trayectoria documentada durante los primeros nueve meses de 2026, de los rasgos específicos identificados en septiembre y de los hechos que el Observatorio ha documentado en lo que va de octubre. No son cifras exactas, sino rangos probabilísticos que orientan expectativas y permiten al lector situar el dato cuando se publique.
El rango proyectado para octubre de 2026 se sitúa entre 120 y 140 violaciones. La proyección se apoya en tres consideraciones.
Primera, tras el pico de julio, agosto y septiembre se mantuvieron en una franja estrecha (123 y 134 violaciones), muy por encima de los mismos meses de 2025 y sin señales de descenso sostenido.
Segunda, el mes se abrió con el juicio a la creadora de contenido Anna Bensi y a su madre, un proceso que activó una respuesta represiva sobre su entorno. Personas cercanas a ellas, activistas y periodistas fueron detenidos, amenazados o sometidos a cercos domiciliarios para frenar las muestras de respaldo y la cobertura del caso.
Tercera, la fase institucional del ciclo represivo, consolidada durante dos meses consecutivos, sigue activa. Continúan las violaciones de derechos en prisiones y las denegaciones de cambio de la medida cautelar de prisión preventiva, y se han documentado nuevos arrestos de expresos políticos del 11J.
Ninguno de estos episodios tiene, por ahora, la escala de los operativos de julio. Por eso se prevé un volumen similar o ligeramente inferior al de septiembre.
El uso abusivo del poder estatal se proyecta como el indicador líder por tercer mes consecutivo. El proceso judicial contra Anna Bensi y su madre, las denegaciones de cambio de medida cautelar y la continuidad de los procesos abiertos contra figuras como Henry Constantín y Maikel Pupo sostienen la instrumentalización del aparato judicial y penitenciario.
Los ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas se mantendrán en niveles altos, aunque algo por debajo de septiembre, impulsados por las amenazas y los cercos represivos ante fechas y acontecimientos importantes para la sociedad civil.
Las detenciones arbitrarias se proyectan en una banda similar a la de los dos meses anteriores. Los arrestos vinculados al juicio de Anna Bensi, y los de expresos políticos del 11J sostienen el indicador.
La reclusión podría registrar nuevos casos si los arrestos de expresos políticos derivan en una revocación de sus beneficios carcelarios. Las agresiones físicas y la restricción en el espacio digital se mantendrán en rangos bajos; en el caso de la restricción digital, por las dificultades de documentación ya descritas.
En el perfil de víctimas, es previsible que presos políticos y periodistas se mantengan entre los primeros puestos. También podría crecer el peso de los creadores de contenido, los activistas y los expresos políticos, en correspondencia con los hechos que marcan el inicio del mes.
El escenario cualitativo previsto para octubre combina tres frentes de continuidad: la actividad judicial como eje de la represión, la represión intracarcelaria y el hostigamiento preventivo sobre quienes respaldan a las víctimas o informan sobre sus casos. Como en meses anteriores, cualquier episodio imprevisto de protesta ciudadana podría elevar el registro por encima del rango proyectado.
12. Conclusiones
Septiembre de 2026 cierra con 134 violaciones a la libertad de expresión y de prensa, 11 más que en agosto y 49 más que en septiembre de 2025. El dato no responde a un repunte asociado a una gran fecha simbólica, sino a la suma de operativos de menor escala —religiosos, diplomáticos y penitenciarios— sobre un piso represivo que se mantiene muy por encima del año anterior.
El uso abusivo del poder estatal lidera los indicadores por segundo mes consecutivo y, junto con el hostigamiento psicológico, explica cerca de tres de cada cuatro violaciones, una proporción que se sostiene desde agosto. Lo que en agosto pudo leerse como un efecto del repliegue posterior a julio aparece ahora como un rasgo estable: el expediente penal, la medida cautelar y la obstrucción procesal se han convertido en herramientas ordinarias de control. La represión visible, sin embargo, no desaparece, como muestran las 26 detenciones arbitrarias y el repunte de las agresiones físicas.
El periodismo independiente pasa al centro del hostigamiento. El periodista encabeza el perfil de víctimas y la libertad de prensa crece un 129,4 % respecto a agosto, con una presión concentrada sobre pocas figuras: Henry Constantín, hoy en prisión preventiva, y el matrimonio Figueredo-Correa reúnen 19 de los 30 hechos del perfil. El exilio forzado de Austin Llerandi y de su esposa completa el cuadro: cuando el hostigamiento no basta, el aparato recurre a la amenaza penal para sacar del país a quienes dirigen medios independientes.
El sistema penitenciario se mantiene como segundo frente. El preso político ocupa el segundo lugar entre las víctimas, cuatro de las siete agresiones físicas ocurrieron dentro de prisión y el 17 de septiembre se documentó la incomunicación de reclusos en seis centros penitenciarios distintos. La condena no cierra el ciclo represivo: lo prolonga bajo reglas internas que escapan a todo control judicial efectivo.
El contacto con la comunidad internacional se convierte en el segundo detonante del mes. El operativo de cercos domiciliarios desplegado sobre dieciocho activistas y periodistas en La Habana entre el 17 y el 18 de septiembre, para impedir su asistencia a una actividad de la Embajada de Estados Unidos, y las amenazas de procesamiento por espionaje muestran que el aparato trata el vínculo de la sociedad civil con el exterior como una amenaza que debe contener de forma preventiva.
El registro de perpetradores mantiene rasgos ya observados en agosto, como la participación del sistema de salud en la denegación de atención médica a presos políticos y el uso de presos comunes con funciones de control interno, e incorpora un actor nuevo: la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro, como instancia de represalia contra un profesor. La represión se apoya así en estructuras que no tienen una función coercitiva formal.
Las mujeres representan el 33,0 % de la base individualizada, con una mayor concentración de hechos por víctima que los hombres, y la represión vicaria (8 hechos) sigue alcanzando a las familias de las figuras bajo seguimiento, incluidos sus hijos.
Septiembre no marca una ruptura, sino la profundización de una lógica ya instalada: un aparato que persigue de forma preventiva a figuras identificadas, que convierte las denuncias ante la Fiscalía en motivo de nuevas represalias y que despliega operativos simultáneos en distintos territorios sin necesidad de grandes fechas simbólicas que los activen.
Ante la gravedad acumulada de estas violaciones, el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión reitera la necesidad de que los organismos internacionales de derechos humanos den seguimiento a las solicitudes de protección presentadas y reafirma su compromiso con la documentación rigurosa y sistemática como herramienta indispensable para la rendición de cuentas.
13. Referencias Bibliográficas
- Durante el período que cubre este informe, el Observatorio incorporó a su base de datos un hecho ocurrido en agosto de 2026 del que tuvo conocimiento después de publicado el informe de ese mes. El 28 de agosto, oficiales de la Delegación Provincial del Ministerio del Interior en Camagüey advirtieron al preso político Amaury Díaz García que tenían pruebas e información sobre la organización de un motín en la prisión Kilo 8. Lo vinculaban a las condiciones de vida en ese penal (escasez de alimentos, deficiente atención médica y falta de agua) que el preso político había denunciado de forma reiterada. El hecho se registró como una violación bajo el indicador de ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas. ↩︎
- Nota metodológica: El hecho clasificado como N/A corresponde a un episodio ejecutado por un recluso común con funciones de control interno dentro del sistema penitenciario, condición que escapa a la clasificación ministerial estándar al no tratarse de un funcionario estatal con cargo formal. El Observatorio consigna la responsabilidad del hecho sobre su agente directo —el recluso común— y mantiene abierta la trazabilidad hacia la administración penitenciaria que delegó tácitamente esa función de control, sin que ello permita, al cierre del período, imputar formalmente el hecho a una cartera ministerial específica. El hecho se contabiliza en el total mensual y activa su indicador correspondiente dentro del cómputo global, pero queda fuera del análisis ministerial agregado. ↩︎
- La represión contra Henry Constantín Ferreiro aparece documentada en la base de datos del OCLE bajo los siguientes códigos de registro: OCLE-2026-2765; OCLE-2026-2766; OCLE-2026-2798; OCLE-2026-2825; OCLE-2026-2826; OCLE-2026-2827; OCLE-2026-2828; OCLE-2026-2829; OCLE-2026-2830; y OCLE-2026-2831. Para más detalles de los hechos, puede consultar los siguientes enlaces a nuestra web:
Seguridad del Estado hostiga a periodistas independientes y activistas en el contexto de celebraciones religiosas - ICLEP / Seguridad del Estado detiene arbitrariamente a periodista independiente Henry Constantín - ICLEP / Imponen prisión preventiva al periodista independiente Henry Constantín y lo trasladan a «Kilo 7» - ICLEP ↩︎ - La represión contra Yunia Figueredo Cruz y Frank Correa Romero aparece documentada en la base de datos del OCLE bajo los siguientes códigos de registro: OCLE-2026-2725; OCLE-2026-2726; OCLE-2026-2746; OCLE-2026-2787; OCLE-2026-2800; OCLE-2026-2801; OCLE-2026-2820; OCLE-2026-2821; y OCLE-2026-2824. Para más detalles de los hechos, puede consultar los siguientes enlaces a nuestra web:
Amenazan y restringen la movilidad a periodista independiente Yunia Figueredo - ICLEP / Aumenta la represión contra la periodista independiente Yunia Figueredo y su familia - ICLEP /
Amenazan a periodista Yunia Figueredo con quitarle patria potestad de sus hijas y le cortan la comunicación desde su celular - ICLEP ↩︎ - La represión contra Austin Llerandi y Soreidis Anisley Álvarez Peña aparece documentada en la base de datos del OCLE bajo los siguientes códigos de registro: OCLE-2026-2840 y OCLE-2026-2841. Para más detalles de los hechos, puede consultar el siguiente enlace a nuestra web:
Periodista Austin Llerandi, director del medio comunitario Amanecer Habanero, y su esposa víctimas de exilio forzoso - ICLEP ↩︎ - La represión contra Mario Alberto Hernández Leyva aparece documentada en la base de datos del OCLE bajo los siguientes códigos de registro: OCLE-2026-2742; OCLE-2026-2796; OCLE-2026-2864; y OCLE-2026-2865. Para más detalles de los hechos, puede consultar los siguientes enlaces a nuestra web:
Detienen y amenazan a opositor Mario Alberto Hernández Leyva; le retienen su celular y 10 mil pesos - ICLEP / Detienen y amenazan en Marianao a activista Mario Alberto Hernández Leyva tras denunciar abusos - ICLEP ↩︎ - La represión contra Maikel Pupo Velázquez correspondiente al mes de septiembre de 2026 aparece documentada en la base de datos del OCLE bajo el código de registro OCLE-2026-2875. Para más detalles del hecho, puede consultar el siguiente enlace a nuestra web:
Detienen a pastor Maikel Pupo en Camagüey luego de convocar a oración pública por Cuba - ICLEP ↩︎
