Camagüey, Cuba — 28/10/2026. Amaury Díaz García, preso político e integrante del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), fue encerrado en celda de castigo en Kilo 9, en la provincia de Camagüey, el 21 de octubre de 2026, justo un día después de advertir en una llamada telefónica que se quedaba sin medicamentos.
En protesta, el recluso se declaró en huelga de hambre y de sed, que mantuvo durante los cinco días que permaneció aislado. Según su relato, las autoridades lo sacaron de la celda el 26 de octubre porque sabían que, por su estado de salud, podía morir.
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) del ICLEP denuncia públicamente este hecho represivo que constituye una violación directa al ejercicio legítimo de la libertad de expresión en Cuba.
Hechos documentados
El 25 de octubre de 2026, Ángel Jesús Belis Marcano, preso político recluido en Kilo 9, informó al colaborador del ICLEP Adriano Castañeda que Amaury Díaz García se encontraba en una celda de castigo y en huelga de hambre y de sed desde el 21 de octubre.
Según detalló al OCLE Castañeda, Díaz García se comunicaba con él casi todos los días. La última llamada fue el 20 de octubre, y en ella alertó que estaba a punto de quedarse sin medicamentos. Dijo que cuando le quedara una sola pastilla, volvería a comunicarse para dar detalles de lo que iba a hacer para reclamar atención médica. Basado en situaciones anteriores y en la información de Belis Marcano, Castañeda asegura que "las autoridades se adelantaron; lo llevaron a la celda antes de que actuara, y fue entonces cuando se plantó en huelga".
El 27 de octubre, el propio Díaz García llamó por teléfono al colaborador del ICLEP. Contó que lo sacaron de la celda el 26 de octubre, a las 3:00 de la tarde, tras cinco días sin agua ni comida. Explicó que lo habían castigado con 15 días de aislamiento después de una denuncia, pero que solo cumplió cinco. Dijo que se lo confirmaron las propias autoridades, que sabían que podía morir por su estado de salud.
Díaz García permanece encarcelado desde el 27 de noviembre de 2024. Fue detenido en Sancti Spíritus tras colocar dos carteles frente a su vivienda con mensajes contrarios al Gobierno cubano. Está acusado de propaganda contra el orden constitucional y la Fiscalía solicita para él ocho años de prisión. Recientemente denunció que padece varias enfermedades crónicas y que enfrenta dificultades para recibir sus medicamentos. Las autoridades penitenciarias le indicaron que debía ser su familia quien se los hiciera llegar. También solicitó ser trasladado a una prisión más cercana a su provincia para facilitar el contacto con sus familiares.
El OCLE ha documentado otros hechos recientes contra él. El 9 de julio de 2026 fue aislado en un cubículo de castigo del hospital de la prisión Kilo 8, en vísperas del quinto aniversario del 11J. Al salir del aislamiento, un recluso a cargo del consejo de reos lo amenazó para que cesara sus denuncias telefónicas. El jefe del penal le informó además de una gestión ante la Fiscalía para abrirle una causa por desobediencia. En agosto de 2026 se registraron nuevas amenazas en Kilo 8: un recluso común con funciones de control interno le advirtió que sería golpeado y que podría perder la vida si seguía denunciando y haciendo llamadas. El 21 de septiembre de 2026 fue trasladado a la prisión Kilo 9, para aislarlo del resto de los presos políticos recluidos en Kilo 8.
A consideración del OCLE, los hechos más recientes constituyen una violación a la libertad de expresión porque la sanción recayó sobre un preso político cuya denuncia pública de las condiciones penitenciarias es su forma de expresión. Aislar a una persona en una celda de castigo cuando acaba de advertir que carece de medicamentos le transmite que comunicar su situación tiene consecuencias.
Este caso ha sido incorporado al sistema institucional del OCLE mediante el proceso de monitoreo, observación y registro, seguido de análisis y clasificación conforme a nuestra metodología de documentación de violaciones.
Clasificación metodológica del caso
Según la investigación realizada por OCLE, este hecho clasifica como una violación correspondiente a la libertad de expresión bajo el indicador:
Uso abusivo del poder estatal
La administración penitenciaria encerró a Amaury Díaz García en una celda de castigo desde el 21 de octubre de 2026. Según su relato, le impuso 15 días de aislamiento tras una denuncia. Este hecho activa el indicador porque el Estado cubano utiliza el andamiaje penitenciario, en concreto la sanción disciplinaria de aislamiento, como instrumento de castigo contra un preso político que denuncia y que advirtió de la falta de sus medicamentos.
Estas prácticas forman parte de un patrón sostenido de criminalización del derecho a informar y opinar en Cuba.
Marco constitucional e internacional vulnerado
El OCLE recuerda que estos hechos contradicen derechos reconocidos tanto en el orden constitucional cubano como en el marco internacional de derechos humanos.
Constitución de la República de Cuba (2019)
Artículo 46: reconoce el derecho a la vida y a la integridad física y moral. Se vulnera porque Díaz García pasó cinco días sin agua ni alimentos, con afecciones de salud serias, en una celda de castigo. Fue liberado, según su testimonio, porque podía morir.
Artículo 54: garantiza la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. Se vulnera porque el aislamiento le fue impuesto, según su relato, tras una denuncia, y un día después de alertar a un colaborador del ICLEP sobre su situación.
Artículo 60: obliga al Estado a respetar los derechos de las personas privadas de libertad y las normas de su tratamiento penitenciario. Se vulnera porque se le impuso una sanción de aislamiento sin que conste información sobre el procedimiento y sin garantía documentada de su atención médica.
Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo 3: reconoce el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. Se vulnera porque el aislamiento y la huelga de hambre y de sed pusieron en riesgo su vida.
Artículo 19: reconoce el derecho a no ser molestado a causa de las opiniones y a difundirlas. Se vulnera porque fue sancionado tras denunciar desde la prisión.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Artículo 10.1: establece que toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con respeto a su dignidad. Se vulnera porque se aisló a un preso con afecciones graves sin garantía documentada de atención médica ni de sus medicamentos.
Artículo 19: reconoce la libertad de expresión, incluida la de difundir informaciones e ideas. Se vulnera porque la sanción siguió a sus denuncias desde la prisión.
La conducta del Estado cubano constituye una violación de los derechos humanos de Amaury Díaz García. Las autoridades penitenciarias utilizaron el aislamiento disciplinario contra un preso político con serias afecciones de salud que había advertido de la falta de sus medicamentos. Lo sometieron a un castigo que puso en riesgo su vida y que, según su propio relato, siguió a una denuncia. Con ello el Estado cubano convierte su deber de custodia en un mecanismo de castigo y silenciamiento. Esa conducta es incompatible con sus obligaciones de garantizar la vida, la integridad y la libre expresión de las personas privadas de libertad. La violación puede citarse por sí sola, con independencia de la reanudación o suspensión de la huelga o de las razones que invoquen las autoridades.
Llamado del OCLE
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP exige al Estado cubano que garantice atención médica inmediata a Amaury Díaz García y le suministre los medicamentos que necesita. Exige también que informe a su familia sobre su estado de salud y que no tome represalias contra él por haber denunciado las condiciones del penal. Exige asimismo que no se vuelva a imponerle aislamiento punitivo por denunciar, que se aclare el procedimiento de la sanción y que cese el hostigamiento contra los presos políticos que denuncian desde las cárceles.
El OCLE hace un llamado urgente a la comunidad internacional, a los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, a las relatorías regionales, a gobiernos democráticos y a organizaciones de protección de libertad de expresión, para que:
-den seguimiento a este caso,
-exijan responsabilidades al Estado cubano, y
-refuercen la vigilancia internacional sobre el deterioro sostenido de la libertad de expresión en Cuba.
La libertad de expresión no puede seguir siendo tratada como un delito. Documentar, informar, opinar y denunciar son derechos fundamentales, no amenazas al orden público.
Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP
Canales oficiales del ICLEP
Email: observatorio@iclep.org
Web: https://iclep.org/
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