La Habana, Cuba — 17/11/2026. En horas de la mañana de este 17 de noviembre, la periodista independiente Camila Acosta recibió una llamada al teléfono fijo de su domicilio, en la cual, un oficial identificado como el coronel Márquez, jefe de la estación policial de Zapata y C, le comunicó, sin explicar el motivo, una acusación bajo el supuesto delito de “atentado” contra ella y su esposo, el escritor, periodista y exprisionero político Ángel Santiesteban Prats.
Durante este contacto telefónico, según declara la propia Acosta en su perfil de Facebook, ambos fueron citados para el jueves 19 de noviembre a las 10:00 de la mañana en esa unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), en el municipio Plaza de la Revolución.
La acusación y la citación llegan dos semanas después de que Acosta fuera detenida en la calle e interrogada por un video en el que expuso a un agente de la Seguridad del Estado que le impidio el 28 de octubre salir de su casa, y doce días después de que Santiesteban fuera condenado a dos años de limitación de libertad por el delito de tráfico ilegal de divisas, en un proceso que él atribuye a la Seguridad del Estado. Se suman, además, a una serie de detenciones y amenazas recientes contra el equipo de CubaNet, que el OCLE ha documentado previamente.
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) del ICLEP denuncia públicamente este hecho represivo, que constituye una violación al ejercicio legítimo de la libertad de prensa en Cuba.
Hechos documentados
El OCLE documentó, mediante el testimonio directo de la periodista Camila Acosta, que hacia las 11:10 de la mañana del martes 17 de noviembre recibió una llamada en el teléfono fijo de su casa. Quien llamaba se identificó como el coronel Márquez, jefe de la estación de la PNR de Zapata y C. «Me acaba de llamar el coronel Márquez, jefe de Zapata y C. Dice que Ángel y yo tenemos una acusación por atentado y que tenemos que presentarnos este jueves a las 10:00 a.m. en la estación ante el capitán Pileta», relató Acosta a CubaNet.
La periodista preguntó quién los acusaba y por qué. El oficial no lo dijo. Cuando ella le preguntó si era de Villa Marista, respondió: «No, yo soy del MININT, el jefe de Zapata y C». Sobre los hechos y el denunciante, solo le dijo: «El jueves le daremos todas las informaciones».
En comunicación directa con el OCLE, Acosta precisó que no hubo explicaciones, «solo informaron». La citación fue verbal y por teléfono; ninguno de los dos ha recibido un documento escrito y hasta el cierre de esta alerta no saben si existe un expediente penal abierto. En su denuncia en Facebook, Acosta escribió: «La citación debe ser para instruirnos de cargos».
El delito de atentado está previsto en el artículo 182 del Código Penal (Ley 151 de 2022). Castiga con dos a cinco años de privación de libertad a quien emplee violencia o intimidación contra una autoridad, un funcionario público o sus agentes por el ejercicio de sus funciones, y también la venganza o represalia contra sus familiares. El mismo artículo eleva la pena a entre tres y ocho años cuando el hecho lo realizan dos o más personas. «Ni yo ni mi esposo hemos cometido ni este ni ningún delito», escribió la periodista en su Facebook.
Acosta cree, además, que la acusación puede estar relacionada con el video que grabó el 28 de octubre al agente vestido de civil que le impedía salir de su casa sin mostrarle una orden judicial. Por ese video, el 3 de noviembre la esposaron en la calle cuando iba al veterinario con su mascota, la retuvieron varias horas en una estación policial del municipio Playa, la interrogaron sobre la grabación y le impusieron un acta de advertencia por «actos contra la intimidad personal y familiar», según contó tras su liberación. La relación entre ese episodio y la nueva acusación es una hipótesis de la periodista que las autoridades no han confirmado.
Por su parte, Santiesteban no estuvo presente ni el día de la grabación ni durante la detención. Acosta no entiende por qué lo incluyen: «… ese día que yo grabé, Ángel no estaba conmigo». De hecho, Ángel Santiesteban acaba de salir de otro proceso: el 5 de noviembre, el Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre lo sancionó a dos años de limitación de libertad y a una multa de 20 000 pesos por «tráfico ilegal de divisas», junto con otros tres masones, por el cambio de 300 dólares del Asilo Nacional Masónico Llansó. Ese caso empezó el 2 de junio, cuando lo instruyeron de cargos y lo sometieron a reclusión domiciliaria. La sentencia aún no ha sido apelada. «No es la primera vez que somos citados o acusados de falsos delitos», dijo Acosta al OCLE.
La pareja vive bajo vigilancia constante. El OCLE ha documentado, solo en 2026, 31 violaciones contra Acosta y 12 contra Santiesteban; la mayoría, cercos policiales frente a su vivienda y detenciones arbitrarias.
La acusación de atentado contra Camila Acosta llega en medio de una ofensiva contra el equipo de CubaNet. El 2 de noviembre, agentes detuvieron con violencia al colaborador Adelth Bonne y le confiscaron sus equipos de trabajo; al día siguiente detuvieron a Acosta; y el 12 de noviembre el periodista Vladimir Turró denunció que agentes de la Seguridad del Estado le apuntaron con una pistola para que renunciara a CubaNet. Ante este contexto, el OCLE emitió un pronunciamiento, denunciando esta persecución contra los periodistas de dicho medio.
En declaración al OCLE, Roberto Echavarría, director ejecutivo de CubaNet, denunció la reciente acusación contra Acosta y la situó en esa escalada. «Esto no es un hecho aislado», afirmó. «Es evidente que lo que buscan es intimidar a nuestros periodistas y obligarlos a abandonar su trabajo». Y añadió: «Nuestros periodistas están haciendo su trabajo, que es informar sobre la realidad de Cuba, y eso no puede seguir siendo motivo de detenciones, amenazas y procesos penales».
Citar a una periodista y a su esposo por un delito que castiga con prisión, sin decirles qué hicieron ni quién los acusa, es una forma de presión. Llega después de que Acosta expusiera a un agente en un video y en medio de una serie de detenciones contra el equipo de CubaNet. La amenaza de un proceso penal sobre una periodista y su familia busca disuadirla de informar; por eso el hecho afecta a la libertad de prensa.
El OCLE documentó este hecho conforme a su protocolo para contextos cerrados, basado en el Manual de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU y en el Protocolo de Berkeley sobre investigaciones digitales: leyó y conservó la denuncia que Acosta publicó en su perfil de Facebook; recibió su testimonio directo; obtuvo la declaración en audio del director de CubaNet; cotejó el relato de la periodista a CubaNet con su publicación, con su testimonio al OCLE y con la cobertura de otros medios, y lo contrastó con los antecedentes de su base de datos, sin encontrar contradicciones. Como la única fuente directa es la propia periodista, el hecho se presenta como documentado y no como corroborado de forma independiente; la falta de respuesta oficial, habitual en Cuba, no invalida la denuncia.
Clasificación metodológica del caso
Según la investigación realizada por el OCLE, este hecho se clasifica como una violación a la libertad de prensa bajo el indicador:
Camila Acosta Rodríguez, periodista de CubaNet y corresponsal de ABC y Ángel Santiesteban Prats, escritor, periodista y exprisionero político
Ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas
Un oficial citó por teléfono a la periodista y a su esposo para comparecer en una estación policial, bajo una acusación por el delito de "atentado", que se castiga con prisión, sin decirles los hechos ni el denunciante. La citación, que llega tras una detención, un acta de advertencia y una condena reciente, funciona como intimidación sobre la pareja.
Estos hechos se inscriben en el contexto de restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba que el OCLE documenta de forma continua.
Marco constitucional e internacional vulnerado
El OCLE recuerda que estos hechos contradicen derechos reconocidos tanto en el orden constitucional cubano como en el marco internacional de derechos humanos.
Constitución de la República de Cuba (2019)
Artículo 55: reconoce la libertad de prensa, afectada cuando una autoridad policial comunica a dos periodistas una acusación por un delito sancionado con privación de libertad, sin precisar los hechos que la sustentan y en medio de una serie de detenciones contra el equipo de CubaNet.
Artículo 95, inciso f: garantiza en el proceso penal el derecho a ser informado sobre la imputación; el jefe de la estación de Zapata y C atribuyó a Acosta y a Santiesteban el delito de atentado, pero no les indicó los hechos imputados ni el origen de la denuncia.
Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo 19: protege el derecho a investigar, recibir y difundir informaciones por cualquier medio de expresión, ejercicio que queda condicionado cuando sobre dos periodistas pesa una acusación penal cuyos fundamentos desconocen.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Artículo 14, párrafo 3, inciso a: reconoce a toda persona acusada de un delito el derecho a ser informada sin demora y en forma detallada de la naturaleza y causas de la acusación; a los afectados se les comunicó la calificación del delito, pero no los hechos ni la identidad del denunciante, y esa información se aplazó hasta su comparecencia.
Artículo 19, párrafos 2 y 3: protege la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones y exige que toda restricción esté fijada por la ley y sea necesaria; una acusación penal sin hechos conocidos, dirigida contra dos periodistas, no satisface ninguno de esos requisitos y opera como un factor de inhibición sobre su labor informativa.
Al comunicar por teléfono a una periodista y a su esposo, también periodista, que enfrentan una acusación por un delito sancionado con privación de libertad, sin informarles los hechos que se les atribuyen ni el origen de la denuncia, el Estado cubano privó a ambos de la garantía mínima de conocer la acusación formulada en su contra y sometió su labor informativa a la incertidumbre de un proceso penal de fundamento desconocido. Esa conducta del Estado cubano, ejecutada por quien se identificó como jefe de una estación de la Policía Nacional Revolucionaria y en un contexto de detenciones sucesivas contra el equipo de CubaNet, constituye una violación de la libertad de prensa y de las garantías del debido proceso.
Llamado del OCLE
El OCLE hace un llamado urgente a la comunidad internacional, a los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, a las relatorías regionales, a los gobiernos democráticos y a las organizaciones de protección de la libertad de expresión, para que:
- den seguimiento a este caso y a la comparecencia de Camila Acosta y Ángel Santiesteban del jueves 19 de noviembre,
- presten atención a la persecución sostenida contra los periodistas de CubaNet,
- exijan responsabilidades al Estado cubano, y
- refuercen la vigilancia internacional sobre el deterioro sostenido de la libertad de expresión en Cuba.
La libertad de expresión no puede seguir siendo tratada como un delito. Documentar, informar, opinar y denunciar son derechos fundamentales, no amenazas al orden público.
Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP
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