La Habana, Cuba - El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), condena la entrada en vigor, este jueves 1 de diciembre, del liberticida Código Penal cubano que promete sancionar con penas de cuatro a diez años de cárcel, a quienes practiquen con financiamiento extranjero la libertad de expresión y prensa en Cuba.

“Quien... apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad de cuatro a diez años”, asegura el artículo 143 del Código Penal, incluido en el Capítulo V “Otros actos contra la seguridad del Estado.

El nuevo documento no solo atenta contra el ejercicio periodístico alternativo e independiente, sino que también lo hace contra los defensores de los derechos humanos en Cuba al tipificar como delito la colaboración o la “representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica”.

También criminaliza el uso de las redes sociales y se tipifican otros delitos como "sedición" para sancionar a personas que se manifiesten o realicen acciones de desobediencia civil o ejerzan sus derechos de reunión, asociación y de libertad de expresión y prensa en contraposición al Estado.

Su vigencia y aplicación dejó sin efecto la Ley No. 93, del 20 de diciembre de 2001, "Contra Actos de Terrorismo". Sin embargo, no anula la Ley 88, relativa a la "Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba", más conocida como Ley Mordaza y utilizada para sancionar en el 2003 a 75 opositores al régimen cubano incluidos 26 periodistas.

Ambos instrumentos jurídicos conviven como una amenaza para aquellos cubanos que, desde la isla, ejercen y defienden el periodismo o mantienen una oposición abierta contra la dictadura cubana.

Por otra parte, con la ausencia de una ley a favor de la manifestación, el nuevo Código Penal cubano podría ser empleado para encarcelar a periodistas que cubran protestas populares como las recién transcurridas a fines de septiembre e inicio de octubre en la isla.

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa hace un llamado a los organismos internacionales, tanto regionales como del sistema universal especializados en derechos humanos a permanecer alertas ante una posible oleada represiva contra la prensa independiente en Cuba, justificada por el nuevo Código Penal que no cumple ningún estándar internacional en materia de derechos humanos.