Castañeda Meneses, opositor y Coordinador Organizativo del Consejo Nacional del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), fue objeto de una amenaza de violencia por parte de un agente paramilitar vinculado a la Seguridad del Estado, el 9 de agosto en el barrio Jesús María, municipio y provincia de Sancti Spíritus, cuando el sujeto se presentó en la puerta de su vivienda para exigirle que cesara su labor de proselitismo político entre los ciudadanos.
José Luis Tan Estrada, periodista cubano independiente en el exilio, fue objeto de una amenaza a través de redes sociales, luego de que un perfil identificado como «Lis Leyva» comentara en una de sus publicaciones que pronto lo verían «en ‘Nio reportando un crimen’ como noticia”.
Amaury Díaz García, preso político e integrante del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), fue objeto de nuevas amenazas dentro de la prisión Kilo 8, en el municipio de Camagüey, luego de que un recluso común con funciones de control interno le advirtiera que sería golpeado y podría perder la vida si continuaba denunciando las violaciones que ocurren en el penal y realizando llamadas telefónicas para visibilizar su situación.
Sady R. Companioni, ciudadana y madre cubana, fue amenazada con ser arrestada en el reparto Lawton, municipio Diez de Octubre, La Habana, como represalia por sus reclamos ante el puesto de mando del gobierno local y sus publicaciones en redes sociales denunciando la falta de agua en su comunidad. Agentes estatales que custodiaban la distribución de una pipa de agua le advirtieron que la mandarían a arrestar en el momento en que la vieron grabar la negación del suministro.
Camila Acosta y Ángel Santiesteban Prats fueron sometidos a un cerco domiciliario con vigilancia intimidatoria desde la noche del 6 de agosto, que les impidió salir de su vivienda sin que mediara orden judicial alguna. La periodista independiente y su pareja el escritor Santiesteban ya habían denunciado vigilancia el 5 de agosto, coincidiendo con el 32 aniversario del Maleconazo.
Varios integrantes de la familia Miranda Leyva, entre ellos dos ex presos políticos, fueron hostigados con machetes y amenazados de muerte en la provincia Holguín, luego de que un grupo de hombres armados irrumpiera de madrugada en el patio de la vivienda utilizando un tronco como escalera. Durante varios días han sido víctimas de hostigamiento, actos de repudio y amenazas por ser «gusanos contrarrevolucionarios».
Lucinda González Gómez, activista, fue detenida arbitrariamente el viernes 31 de julio en las inmediaciones de la sede local del Partido Comunista, adonde había acudido junto a cientos de vecinos para exigir explicaciones por más de treinta horas continuas sin electricidad.
María Yilian Franco Díaz fue detenida junto a su hijo de cuatro años el 30 de julio en La Habana, tras participar la noche anterior en una protesta en El Fanguito por la falta de electricidad, agua y gas. Denuncias indican que varias madres fueron citadas y arrestadas incluso después de que se les prometiera que no habría represalia tras la protesta vecinal.
Danisbel Labrada Morales y Amaury Díaz García, presos políticos recluidos en la prisión Kilo 8, fueron sacados de su destacamento el 29 de julio y trasladados a celdas de castigo luego de haber denunciado las violaciones de derechos humanos y las condiciones de reclusión dentro del penal, incluido un caso de un recluso con tuberculosis que permanecía con el resto e la población penal.
Ariel Eugenio Arzuaga Peña, preso político de 63 años, fue agredido físicamente y amenazado en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, tras ser trasladado a ese centro penitenciario y reclamar atención médica por sus problemas de salud. Según la denuncia pública de su hija, Esther Arzuaga García, fue golpeado por los propios guardias y otros reclusos del penal y recluido junto a hombres sancionados por delitos violentos con condenas superiores a 20 años.