Sady R. Companioni, ciudadana y madre cubana, fue amenazada con ser arrestada en el reparto Lawton, municipio Diez de Octubre, La Habana, como represalia por sus reclamos ante el puesto de mando del gobierno local y sus publicaciones en redes sociales denunciando la falta de agua en su comunidad. Agentes estatales que custodiaban la distribución de una pipa de agua le advirtieron que la mandarían a arrestar en el momento en que la vieron grabar la negación del suministro.
Yeansg Carlos Pérez George, de 35 años, y su hermano Cristian Jesús Bergondo George, de 22 años, fueron detenidos arbitrariamente la noche del 14 de julio durante una protesta en Loma del Chivo, municipio y provincia de Guantánamo, contra los cortes de electricidad.
Jóvenes y adolescentes cubanos, entre ellos varios menores de edad, han sido detenidos y permanecen recluidos de forma arbitraria en el municipio de Contramaestre, provincia de Santiago de Cuba, en el marco de una operación de castigo desatada por la Seguridad del Estado tras protestas populares ocurridas en esa localidad.
Lisbany Aguilera La Ó, Luis Alberto La Ó Ramírez, Raudel Ramírez Vázquez y Yoelkis Fonceca, vecinos de la comunidad Oriente Rebelde, fueron detenidos arbitrariamente el 26 de julio un día después del cacerolazo en Sibanicú, provincia Camagüey, realizado para reclamar la falta de agua y electricidad que afecta a la comunidad.
Agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y tropas especiales golpearon y detuvieron a manifestantes durante una protesta en Río Verde por la falta prolongada de agua potable y electricidad en el municipio de Boyeros, La Habana.
Lismani Acosta Gómez, ciudadano detenido por participar en una protesta pacífica, fue trasladado a prisión el 21 de julio tras permanecer más de dos semanas recluido en la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de su municipio, adonde había sido llevado el 6 de julio durante un cacerolazo realizado en Vía Blanca, cerca del semáforo de Guanabacoa, en el marco del creciente descontento popular ante la crisis humanitaria que atraviesa Cuba.
Amel Andrés Alfaro Méndez, ciudadano cubano, fue expulsado de su centro de trabajo en La Habana, como represalia directa por manifestar públicamente su rechazo al sistema político vigente. El afectado denunció ser víctima de esta medida por ser anticomunista.
El régimen cubano detuvo a un menor de edad, Cristian Fernández Sarmiento, residente del reparto Altamira, en Santiago de Cuba, como parte de una ola represiva desatada tras las protestas populares contra los apagones y las condiciones de vida que estallaron en la ciudad el 17 de junio. Cristian lleva varios días recluido en el Centro de Detenciones de Versalles, Santiago de Cuba. Este caso forma parte de un patrón de detención de menor de edad documentado en Cuba como instrumento de represión política.
La Seguridad del Estado interrogó a Anthony Martínez, ciudadano cubano residente en San Antonio de los Baños, Artemisa, tras citarlo sin orden escrita previa para una «conversación informal» el 10 de junio. El operativo de presión tuvo como único detonante las opiniones que Martínez expresó públicamente sobre la situación política y social del país.