Lismani Acosta Gómez, ciudadano detenido por participar en una protesta pacífica, fue trasladado a prisión el 21 de julio tras permanecer más de dos semanas recluido en la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de su municipio, adonde había sido llevado el 6 de julio durante un cacerolazo realizado en Vía Blanca, cerca del semáforo de Guanabacoa, en el marco del creciente descontento popular ante la crisis humanitaria que atraviesa Cuba.
Amel Andrés Alfaro Méndez, ciudadano cubano, fue expulsado de su centro de trabajo en La Habana, como represalia directa por manifestar públicamente su rechazo al sistema político vigente. El afectado denunció ser víctima de esta medida por ser anticomunista.
El régimen cubano detuvo a un menor de edad, Cristian Fernández Sarmiento, residente del reparto Altamira, en Santiago de Cuba, como parte de una ola represiva desatada tras las protestas populares contra los apagones y las condiciones de vida que estallaron en la ciudad el 17 de junio. Cristian lleva varios días recluido en el Centro de Detenciones de Versalles, Santiago de Cuba. Este caso forma parte de un patrón de detención de menor de edad documentado en Cuba como instrumento de represión política.
La Seguridad del Estado interrogó a Anthony Martínez, ciudadano cubano residente en San Antonio de los Baños, Artemisa, tras citarlo sin orden escrita previa para una «conversación informal» el 10 de junio. El operativo de presión tuvo como único detonante las opiniones que Martínez expresó públicamente sobre la situación política y social del país.