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Castañeda Meneses, opositor y Coordinador Organizativo del Consejo Nacional del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), fue objeto de una amenaza de violencia por parte de un agente paramilitar vinculado a la Seguridad del Estado, el 9 de agosto en el barrio Jesús María, municipio y provincia de Sancti Spíritus, cuando el sujeto se presentó en la puerta de su vivienda para exigirle que cesara su labor de proselitismo político entre los ciudadanos.
Roilán Álvarez Rensoler, preso político y activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue trasladado el viernes 7 de agosto desde el penal «Cuba Sí» hacia la Prisión Provincial de Holguín, en la provincia de Holguín, luego de deponer una huelga de hambre de 20 días sostenida en reclamo por su detención. La Seguridad del Estado condiciona su exilio del preso a un pasaje aéreo con destino a Guyana, exigido a la familia como requisito para autorizar su salida del penal hacia el aeropuerto.
Los reclusos del campamento de trabajo forzado «El 18», contiguo a la prisión 1580, en San Miguel del Padrón, La Habana, llevan 20 días incomunicados, sin acceso a llamadas telefónicas que les permitan contactar a sus familiares, según denunció el preso político Marcos de la Luz Caballero Granados en una carta enviada desde prisión el 7 de agosto.
José Luis Tan Estrada, periodista cubano independiente en el exilio, fue objeto de una amenaza a través de redes sociales, luego de que un perfil identificado como «Lis Leyva» comentara en una de sus publicaciones que pronto lo verían «en ‘Nio reportando un crimen’ como noticia”.
Un recurso de casación ratificó las condenas de 14 y 13 años de privación de libertad para los presos políticos Ana Ibis Tristá Padilla y Jarol Varona Agüero, respectivamente, ambos recluidos en Las Tunas por los delitos denunciados de “propaganda contra el orden constitucional” y “otros actos contra la seguridad del Estado”.
Amaury Díaz García, preso político e integrante del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), fue objeto de nuevas amenazas dentro de la prisión Kilo 8, en el municipio de Camagüey, luego de que un recluso común con funciones de control interno le advirtiera que sería golpeado y podría perder la vida si continuaba denunciando las violaciones que ocurren en el penal y realizando llamadas telefónicas para visibilizar su situación.
Sulmira Martínez Pérez, presa política conocida en redes sociales como «Salem Cuba Censura», fue objeto de una nueva arbitrariedad por parte de las autoridades penitenciarias al negársele por tercera vez, el beneficio de libertad condicional al que tiene derecho, mientras cumple una condena de cinco años de privación de libertad por publicaciones críticas en redes sociales y por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión.
Sady R. Companioni, ciudadana y madre cubana, fue amenazada con ser arrestada en el reparto Lawton, municipio Diez de Octubre, La Habana, como represalia por sus reclamos ante el puesto de mando del gobierno local y sus publicaciones en redes sociales denunciando la falta de agua en su comunidad. Agentes estatales que custodiaban la distribución de una pipa de agua le advirtieron que la mandarían a arrestar en el momento en que la vieron grabar la negación del suministro.
Camila Acosta y Ángel Santiesteban Prats fueron sometidos a un cerco domiciliario con vigilancia intimidatoria desde la noche del 6 de agosto, que les impidió salir de su vivienda sin que mediara orden judicial alguna. La periodista independiente y su pareja el escritor Santiesteban ya habían denunciado vigilancia el 5 de agosto, coincidiendo con el 32 aniversario del Maleconazo.
Varios integrantes de la familia Miranda Leyva, entre ellos dos ex presos políticos, fueron hostigados con machetes y amenazados de muerte en la provincia Holguín, luego de que un grupo de hombres armados irrumpiera de madrugada en el patio de la vivienda utilizando un tronco como escalera. Durante varios días han sido víctimas de hostigamiento, actos de repudio y amenazas por ser «gusanos contrarrevolucionarios».