Ángel Serrano Hernández, preso político condenado a 15 años de prisión por su participación en las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021, sufrió una brutal golpiza el 26 de agosto en el establecimiento penitenciario Campamento La Lima, en Guanabacoa, luego de negarse a realizar trabajos que le fueron impuestos y sostener una discusión con un agente carcelero.
Alian López Rodríguez, pastor evangélico y líder de la congregación Tabernáculo de la Promesa del Ministerio Internacional Viento Recio, denunció públicamente que continúa bajo vigilancia junto a su congregación y que un agente de la Seguridad del Estado en Cabaiguán, provincia de Sancti Spíritus, amenaza con fabricar causa contra él con el propósito de encarcelarlo.
Ernesto Santiesteban Bello, expreso político, fue interrogado y amenazado por la Seguridad del Estado el miércoles 26 de agosto, en una estación policial de Bejucal, Mayabeque, luego de ser citado por tercera vez de forma verbal, sin que se le entregara documento oficial que explicara el motivo de la convocatoria.
Funcionarios de la prisión Kilo 8, en Camagüey, amenazaron de muerte a los presos políticos Ediolvis Marín Mora y Fausto René Ramos Ramírez recluidos en celdas de castigo del centro, en un hecho que se documenta dentro de un patrón continuo de hostigamiento contra la población penal.
Teresa Miranda Céspedes, activista de la Corriente Martiana, ha sido víctima de hostigamiento por parte de la Seguridad del Estado. Vecinos, bajo órdenes de la policía política, arrojaron sustancias químicas contra su vivienda en la comunidad de Guaro, municipio de Mayarí, provincia de Holguín, en represalia por su labor como defensora de derechos humanos.
Carlos Alberto McDonald Ennis, preso político, fue objeto de una obstaculización administrativa que le impide iniciar su tratamiento oncológico, luego de que las autoridades médicas estatales se negaran a entregarle las imágenes del somatón que necesita para precisar la localización del tumor que padece.
Pedro Luis Fernández Peralta, preso político del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), fue amenazado de muerte el 21 de agosto en la prisión “Cuba-Panamá”, municipio Güines, provincia Mayabeque, luego de que un oficial del Ministerio del Interior (MININT) lo trasladara de forma disciplinaria entre destacamentos penitenciarios bajo la acusación de conspirar contra el orden interior del penal. La amenaza de muerte fue proferida de manera directa por el agente, quien advirtió al afectado que sería el primero en recibir un disparo si se producía un motín en el centro.
Santiago Eliezer Fernández Pérez, ex preso político conocido como «El Chiqui», fue detenido de forma arbitraria en Cabaiguán, Sancti Spíritus, bajo el señalamiento de haber colocado un cartel contra el Gobierno, y al día siguiente las autoridades lo internaron a la fuerza en el Hospital Psiquiátrico de ese municipio, sin que hasta el momento se conozca justificación médica para la medida.
Jóvenes en Baracoa, entre ellos Richard Sánchez Sanamé y René Bauta, ambos de la localidad de El Turey, fueron citados e interrogados el 19 de agosto en el municipio de Baracoa, provincia de Guantánamo, por agentes de la Seguridad del Estado, funcionarios del MININT y un delegado identificado como Eliovis, en el marco de las pesquisas por la aparición de carteles antigubernamentales en El Turey, en la entrada de la Agropecuaria del Turey y en Mabujabo. A los dos —junto a otros jóvenes citados de la zona— los obligaron a escribir de forma repetida bajo dictado, para obtener pruebas caligráficas.
Bayamo, Cuba — 22/08/2026. Leidy Espinosa Zamora, activista y colaboradora de la organización de derechos humanos Prisoners Defenders, fue presionada por un oficial de la Seguridad del Estado el 15 de agosto en Bayamo, Granma, para que actuara como informante del régimen, en el marco del hostigamiento sostenido que enfrenta por su respaldo público a … Leer más