Varios integrantes de la familia Miranda Leyva, entre ellos dos ex presos políticos, fueron hostigados con machetes y amenazados de muerte en la provincia Holguín, luego de que un grupo de hombres armados irrumpiera de madrugada en el patio de la vivienda utilizando un tronco como escalera. Durante varios días han sido víctimas de hostigamiento, actos de repudio y amenazas por ser «gusanos contrarrevolucionarios».
José Ramón Solano Randiche, preso político del 11J, fue objeto de una sanción disciplinaria que revocó arbitrariamente el régimen de mínima severidad en el que estaba recluido y la suspensión del pase a su vivienda que le correspondía para el cumpleaños de su hijo, medidas aplicadas en la Prisión Provincial de Holguín, que llevaron al preso político a iniciar una huelga de hambre el 14 de julio como única vía de protesta.
Aníbal Palau Jacinto, ex preso político y manifestante del 11J, fue impedido por las autoridades de la Prisión de Quivicán de ingresar a una visita familiar previamente autorizada para visitar a su compañero de causa, el preso político Roberto Pérez Fonseca.
Amijail Sánchez González, preso político, fue trasladado a una celda de castigo el 30 de julio en el Combinado del Este, La Habana, como represalia por denunciar el acoso y maltrato de un funcionario penitenciario. La víctima permanece aislado y sin contacto familiar desde entonces, tras iniciar una huelga de hambre para exigir que ese oficial sea apartado del área donde permanece recluido.
Norberto Dorta Sánchez y Luis Alberto Dorta Sánchez, hermanos presos políticos del 11J, fueron notificados de una nueva causa penal por un supuesto delito de atentado el 30 de julio en la Prisión Provincial de Las Tunas, luego de un incidente con un oficial penitenciario en el campamento La Palma, del municipio Jesús Menéndez.
Christian de Jesús Crespo Álvarez, preso político menor de edad, fue agredido físicamente en el penal de Canaleta, Ciego de Ávila, como represalia por negarse a comer los alimentos del centro penitenciario en protesta por su mala calidad.
Lucinda González Gómez, activista, fue detenida arbitrariamente el viernes 31 de julio en las inmediaciones de la sede local del Partido Comunista, adonde había acudido junto a cientos de vecinos para exigir explicaciones por más de treinta horas continuas sin electricidad.
Fidel Mojena Rivero, activista artemiseño, fue recluido en la prisión de Guanajay, provincia Artemisa, y acusado del supuesto delito de propaganda contra el orden constitucional, luego de haber denunciado públicamente en redes sociales las fallas del gobierno cubano en el suministro eléctrico, el agua potable y la recogida de basura.
María Yilian Franco Díaz fue detenida junto a su hijo de cuatro años el 30 de julio en La Habana, tras participar la noche anterior en una protesta en El Fanguito por la falta de electricidad, agua y gas. Denuncias indican que varias madres fueron citadas y arrestadas incluso después de que se les prometiera que no habría represalia tras la protesta vecinal.
Fernando Vázquez Guerra, preso político, permanece recluido en la prisión «La Empresita», en Camagüey, donde desde hace aproximadamente un mes presenta dolores en el pecho, con irradiación por debajo de las costillas, y episodios de vómito, sin que las autoridades penitenciarias le hayan realizado los estudios médicos indicados —un ultrasonido y un electrocardiograma— pese a haberlos reprogramado en tres ocasiones.