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Sulmira Martínez Pérez, presa política conocida en redes sociales como «Salem Cuba Censura», fue objeto de una nueva arbitrariedad por parte de las autoridades penitenciarias al negársele por tercera vez, el beneficio de libertad condicional al que tiene derecho, mientras cumple una condena de cinco años de privación de libertad por publicaciones críticas en redes sociales y por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión. 

Sady R. Companioni, ciudadana y madre cubana, fue amenazada con ser arrestada en el reparto Lawton, municipio Diez de Octubre, La Habana, como represalia por sus reclamos ante el puesto de mando del gobierno local y sus publicaciones en redes sociales denunciando la falta de agua en su comunidad. Agentes estatales que custodiaban la distribución de una pipa de agua le advirtieron que la mandarían a arrestar en el momento en que la vieron grabar la negación del suministro.

Camila Acosta y Ángel Santiesteban Prats fueron sometidos a un cerco domiciliario con vigilancia intimidatoria desde la noche del 6 de agosto, que les impidió salir de su vivienda sin que mediara orden judicial alguna. La periodista independiente y su pareja el escritor Santiesteban ya habían denunciado vigilancia el 5 de agosto, coincidiendo con el 32 aniversario del Maleconazo.

Varios integrantes de la familia Miranda Leyva, entre ellos dos ex presos políticos, fueron hostigados con machetes y amenazados de muerte en la provincia Holguín, luego de que un grupo de hombres armados irrumpiera de madrugada en el patio de la vivienda utilizando un tronco como escalera. Durante varios días han sido víctimas de hostigamiento, actos de repudio y amenazas por ser «gusanos contrarrevolucionarios».

José Ramón Solano Randiche, preso político del 11J, fue objeto de una sanción disciplinaria que revocó arbitrariamente el régimen de mínima severidad en el que estaba recluido y la suspensión del pase a su vivienda que le correspondía para el cumpleaños de su hijo, medidas aplicadas en la Prisión Provincial de Holguín, que llevaron al preso político a iniciar una huelga de hambre el 14 de julio como única vía de protesta.

Aníbal Palau Jacinto, ex preso político y manifestante del 11J, fue impedido por las autoridades de la Prisión de Quivicán de ingresar a una visita familiar previamente autorizada para visitar a su compañero de causa, el preso político Roberto Pérez Fonseca.

Amijail Sánchez González, preso político, fue trasladado a una celda de castigo el 30 de julio en el Combinado del Este, La Habana, como represalia por denunciar el acoso y maltrato de un funcionario penitenciario. La víctima permanece aislado y sin contacto familiar desde entonces, tras iniciar una huelga de hambre para exigir que ese oficial sea apartado del área donde permanece recluido.

Norberto Dorta Sánchez y Luis Alberto Dorta Sánchez, hermanos presos políticos del 11J, fueron notificados de una nueva causa penal por un supuesto delito de atentado el 30 de julio en la Prisión Provincial de Las Tunas, luego de un incidente con un oficial penitenciario en el campamento La Palma, del municipio Jesús Menéndez.

Lucinda González Gómez, activista, fue detenida arbitrariamente el viernes 31 de julio en las inmediaciones de la sede local del Partido Comunista, adonde había acudido junto a cientos de vecinos para exigir explicaciones por más de treinta horas continuas sin electricidad. 

Fidel Mojena Rivero, activista artemiseño, fue recluido en la prisión de Guanajay, provincia Artemisa, y acusado del supuesto delito de propaganda contra el orden constitucional, luego de haber denunciado públicamente en redes sociales las fallas del gobierno cubano en el suministro eléctrico, el agua potable y la recogida de basura.