Un recurso de casación ratificó las condenas de 14 y 13 años de privación de libertad para los presos políticos Ana Ibis Tristá Padilla y Jarol Varona Agüero, respectivamente, ambos recluidos en Las Tunas por los delitos denunciados de “propaganda contra el orden constitucional” y “otros actos contra la seguridad del Estado”.
Amaury Díaz García, preso político e integrante del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), fue objeto de nuevas amenazas dentro de la prisión Kilo 8, en el municipio de Camagüey, luego de que un recluso común con funciones de control interno le advirtiera que sería golpeado y podría perder la vida si continuaba denunciando las violaciones que ocurren en el penal y realizando llamadas telefónicas para visibilizar su situación.
Sulmira Martínez Pérez, presa política conocida en redes sociales como «Salem Cuba Censura», fue objeto de una nueva arbitrariedad por parte de las autoridades penitenciarias al negársele por tercera vez, el beneficio de libertad condicional al que tiene derecho, mientras cumple una condena de cinco años de privación de libertad por publicaciones críticas en redes sociales y por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión.
José Ramón Solano Randiche, preso político del 11J, fue objeto de una sanción disciplinaria que revocó arbitrariamente el régimen de mínima severidad en el que estaba recluido y la suspensión del pase a su vivienda que le correspondía para el cumpleaños de su hijo, medidas aplicadas en la Prisión Provincial de Holguín, que llevaron al preso político a iniciar una huelga de hambre el 14 de julio como única vía de protesta.
Aníbal Palau Jacinto, ex preso político y manifestante del 11J, fue impedido por las autoridades de la Prisión de Quivicán de ingresar a una visita familiar previamente autorizada para visitar a su compañero de causa, el preso político Roberto Pérez Fonseca.
Amijail Sánchez González, preso político, fue trasladado a una celda de castigo el 30 de julio en el Combinado del Este, La Habana, como represalia por denunciar el acoso y maltrato de un funcionario penitenciario. La víctima permanece aislado y sin contacto familiar desde entonces, tras iniciar una huelga de hambre para exigir que ese oficial sea apartado del área donde permanece recluido.
Norberto Dorta Sánchez y Luis Alberto Dorta Sánchez, hermanos presos políticos del 11J, fueron notificados de una nueva causa penal por un supuesto delito de atentado el 30 de julio en la Prisión Provincial de Las Tunas, luego de un incidente con un oficial penitenciario en el campamento La Palma, del municipio Jesús Menéndez.
Christian de Jesús Crespo Álvarez, preso político menor de edad, fue agredido físicamente en el penal de Canaleta, Ciego de Ávila, como represalia por negarse a comer los alimentos del centro penitenciario en protesta por su mala calidad.
Fernando Vázquez Guerra, preso político, permanece recluido en la prisión «La Empresita», en Camagüey, donde desde hace aproximadamente un mes presenta dolores en el pecho, con irradiación por debajo de las costillas, y episodios de vómito, sin que las autoridades penitenciarias le hayan realizado los estudios médicos indicados —un ultrasonido y un electrocardiograma— pese a haberlos reprogramado en tres ocasiones.
El Tribunal Supremo Popular desestimó el 28 de julio el recurso de apelación que se había presentado en favor del escritor, periodista independiente y preso político José Gabriel Barrenechea Chávez. La última instancia ratificó la condena de seis años de privación de libertad impuesta en enero de 2026 por el Tribunal Provincial Popular de Villa Clara. Con esta resolución se agotan los recursos judiciales ordinarios previstos en el sistema judicial cubano.