Iledier Tabuada Machado, preso político recluido en la prisión de Canaleta en la provincia de Ciego de Ávila, fue sometido a la negación deliberada de atención médica pese a presentar fiebre alta persistente, diarrea, vómitos, debilidad extrema y una herida infectada en un brazo con pérdida total de sensibilidad.
Danisbel Labrada Morales y Amaury Díaz García, presos políticos recluidos en la prisión Kilo 8, fueron sacados de su destacamento el 29 de julio y trasladados a celdas de castigo luego de haber denunciado las violaciones de derechos humanos y las condiciones de reclusión dentro del penal, incluido un caso de un recluso con tuberculosis que permanecía con el resto e la población penal.
Manuel de Jesús Rodríguez García, preso político del 11J, fue trasladado de forma arbitraria a prisión Kilo 5½, Pinar del Río. El traslado se produjo luego de que el preso político fuera confinado desnudo en una celda de castigo, la negativa reiterada a autorizar visitas familiares y una amenaza directa de un oficial de la Seguridad del Estado contra su esposa para que cesara de denunciar públicamente su situación.
Yasser Fernando Rodríguez González, preso político recluido en el Centro Penitenciario Augusto César Sandino (conocido como «Combinado de Sandino»), inició una huelga de hambre para protestar por los malos tratos que denuncia sufrir dentro de la prisión, por órdenes del primer teniente Luis Enrique Polueda Camejo. Rodríguez padece hepatitis y, según la denuncia, no está recibiendo el tratamiento médico que necesita, lo que pone en grave riesgo su salud.
Dayron Martín Rodríguez, preso político condenado a 22 años de privación de libertad por el delito de «sedición» tras participar en las protestas del 11 de julio de 2021, fue sometido a un trato cruel, inhumano y degradante bajo custodia estatal en el Combinado del Este al negársele agua potable, medios de higiene y atención médica, según denunció su madre en un video difundido en redes sociales.
Ariel Eugenio Arzuaga Peña, preso político de 63 años, fue agredido físicamente y amenazado en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, tras ser trasladado a ese centro penitenciario y reclamar atención médica por sus problemas de salud. Según la denuncia pública de su hija, Esther Arzuaga García, fue golpeado por los propios guardias y otros reclusos del penal y recluido junto a hombres sancionados por delitos violentos con condenas superiores a 20 años.
Leonard Richard González Alfonso, artista y preso político que cumple condena de siete años de prisión por realizar pintadas denunciando la crisis en Cuba, fue trasladado a una celda de castigo tras protagonizar un intento de suicidio el 18 de julio en el Combinado del Este, La Habana. En lugar de recibir la atención médica y psiquiátrica que exige su estado de salud, fue esposado en la celda de castigo.
Autoridades de la prisión «Los Colonos» en la Isla de la Juventud confinaron en celda de castigo a Lizandra Góngora Espinosa, presa política del 11J, desde el 20 de julio, tras un enfrentamiento con una reclusa común que, según denunció su primo, el activista Ariel Góngora, habría sido instigada por la Seguridad del Estado para provocarla.
José Antonio Pompa López, preso político, fue trasladado a un régimen de mayor severidad dentro de la cárcel de Agüica, provincia de Matanzas, luego de protestar por la falta de agua y por el maltrato físico contra otro recluso.
Ediolvy Marín Mora, preso político, fue castigado con aislamiento en una celda tapiada en la Prisión Provincial de Camagüey («Kilo 8»), tras declararse en ayuno en conmemoración del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021.