El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión documentó 141 violaciones en 115 hechos, más del doble que en octubre de 2025. Los presos políticos fueron las víctimas más afectadas y la prensa independiente enfrentó amenazas penales, castigos en prisión y presiones para abandonar el país.
Hialeah, Florida, 20 de noviembre.- El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), documentó en octubre de 2026 un total de 141 violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba, distribuidas en 115 hechos. La cifra iguala la de septiembre, una vez incorporados los hechos de ese mes conocidos con posterioridad, y más que duplica la de octubre de 2025, cuando se registraron 64 violaciones.
El crecimiento no es exclusivo. Entre enero y octubre de 2026 el Observatorio acumula 1.676 violaciones, frente a 1.004 en el mismo período de 2025, un aumento del 66,9 %. El informe atribuye esa trayectoria a dos factores que no se excluyen entre sí. Por un lado, desde febrero de 2026 el Observatorio amplió sus fuentes y sistematizó la documentación, por lo que hoy registra más de lo que ocurre. Por otro, el país atraviesa un agravamiento de la crisis económica, social y política, con apagones reiterados, escasez y un descontento creciente al que el Estado responde por la vía represiva. Aun así, las cifras siguen siendo un subregistro de la represión efectivamente ocurrida.
La vía penal, eje de la represión
El uso abusivo del poder estatal fue el indicador más frecuente del mes, con 61 violaciones, el 43,3 % del total, frente a 22 en octubre de 2025. Fiscalías, tribunales y administración penitenciaria originaron 52 de ellas. En varios casos, como los de Oscar Echevarría Rubio, Cleidys García, Julián Mazola Beltrán y Ariel Limias Leiva, la detención fue el primer paso de un procedimiento penal. Le siguen los ataques, amenazas y agresiones psicológicas (39 violaciones), la detención arbitraria (28), la agresión física (8), la reclusión (3) y la restricción en el espacio digital (2).
Dos procesos concentraron 30 de los 115 hechos del mes. El 1 de octubre, el Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este condenó a la creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente, «Anna Bensi», y a su madre, Caridad Silvente Laffita, a dos años de limitación de libertad. El juicio estuvo acompañado de un operativo policial con detenciones, vigilancia frente a domicilios y restricciones de salida a activistas, periodistas, hermanos de fe y amigos de Anna y su madre. El 19 de octubre se conoció, además, que la Fiscalía Provincial de Ciego de Ávila presentó conclusiones provisionales por sedición contra 18 personas por la protesta del 13 de marzo de 2026 en Morón. Siete de ellas eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos. Este único acto procesal explica buena parte del aumento de la actividad judicial registrada en el mes.
La prisión no cierra el ciclo represivo
Los presos políticos fueron las víctimas más frecuentes, con 45 hechos, el 39,5 % de los hechos con víctimas individualizadas. Dieciocho de ellos proceden del proceso de Morón, pero aun sin ese bloque el preso político seguiría en el primer lugar. Si se suman los 9 hechos contra expresos políticos, casi la mitad de los hechos individualizados del mes (47,4 %) recae sobre personas que están o estuvieron en prisión por motivos políticos.
Para ellas, la represión continúa dentro de la cárcel. El Sistema Penitenciario interviene en 24 hechos, y cinco de las ocho agresiones físicas del mes ocurrieron bajo custodia, a menudo como respuesta inmediata a una denuncia sobre las condiciones de reclusión. Fuera de prisión, los expresos políticos pasan de 2 a 9 hechos, con nuevas detenciones y procesos penales después de cumplir condena.
Menos hechos contra la prensa, pero no menos graves
La libertad de prensa registró 19 hechos y 22 violaciones, la mitad que en septiembre. El descenso no indica un alivio. El periodista Henry Constantín Ferreiro, director de La Hora de Cuba y preso en la prisión Kilo 7, fue enviado a celda de castigo y se le abrió un nuevo proceso por tenencia de arma blanca, a partir de un objeto que él denuncia como colocado; el aislamiento impidió, además, que su abogada le tomara declaración. Al colaborador de CubaNet Adelth Bonne Gamboa se le exigió romper con ese medio bajo la amenaza de una posible condena de dos a diez años de prisión. La intimidación sigue siendo la forma predominante de presión sobre la prensa independiente (16 de los 19 hechos), y la Seguridad del Estado aparece como responsable en la mayoría de los hechos contra periodistas.
La frontera como instrumento represivo
Siete hechos del mes usaron la salida o la entrada al país como medio de presión. La Seguridad del Estado reiteró al periodista José Antonio López Piña el ultimátum de abandonar Cuba o ser procesado. Al periodista Frank Correa le indicaron que lo mejor era marcharse, y a él y a la periodista Yunia Figueredo los amenazaron, al mismo tiempo, con una regulación migratoria que les impediría salir. Según su propia denuncia, a los presos políticos Donaida Pérez Paseiro y Loreto Hernández García se les condiciona la excarcelación a abandonar el país. Fuera del territorio nacional, se negó la entrada a Cuba al músico Baby Lores, y en el Consulado General de Cuba en Madrid se le mostraron al periodista Magdiel Jorge Castro sus publicaciones impresas antes de entregarle el pasaporte.
El Estado usa así la frontera en ambas direcciones: empuja al exilio a quienes incomodan, impide salir a otros como castigo y vigila a quienes ya se fueron. Estas prácticas contradicen el derecho de toda persona a salir de cualquier país y a regresar al suyo, reconocido en el artículo 13.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En la práctica, la salida forzada funciona como un destierro sin sentencia.
La represión alcanza a familias y acompañantes
El informe documenta 10 hechos de represalia por vínculos familiares o afectivos, que afectan a siete personas: esposas, hijas, parejas y padres de víctimas señaladas en otros registros. En dos casos la represalia llegó al plano penal. Los hechos contra quienes acompañan o se solidarizan con las víctimas pasaron de 2 en septiembre a 9 en octubre. La presión alcanzó incluso a una menor de edad, hija de periodistas, cuya operación médica fue condicionada a que su madre abandonara la «contrarrevolución».
Distribución territorial y derechos vulnerados
Los hechos se registraron en diez provincias y dos ocurrieron en el extranjero. La Habana encabeza el registro con 38 hechos, el 33 % del total, aunque baja respecto a septiembre; le siguen Ciego de Ávila (18), Camagüey (13) y Artemisa (12). Que seis territorios no registren hechos refleja los límites de acceso y documentación en un contexto cerrado, no la ausencia de represión. La dignidad humana (69 menciones) y la seguridad jurídica (59) son los derechos conexos más vulnerados, y el derecho a un juicio justo sube de 21 a 34 menciones, un aumento que procede sobre todo del caso de Morón.
Llamado a la comunidad internacional
El OCLE reitera la necesidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, así como los procedimientos especiales de Naciones Unidas, en particular el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y la Relatoría Especial sobre la libertad de opinión y de expresión, den seguimiento a los procesos penales abiertos y a la situación de las personas privadas de libertad que documenta el informe, con especial atención a los procesados por la protesta de Morón que eran menores de edad cuando ocurrió.
El Observatorio reafirma su compromiso con la documentación rigurosa y sistemática de las violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba como herramienta para la rendición de cuentas.
El informe completo de octubre de 2026 puede consultarse en [ https://iclep.org/post/octubre-de-2026-el-preso-politico-pasa-al-centro-de-la-represion-en-un-mes-en-el-que-el-uso-abusivo-del-poder-estatal-vuelve-a-ser-dominante-2/ ].
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