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Las autoridades cubanas citaron e intimidaron nuevamente a familiares del preso político Walnier Aguilar Rivera el 11 de junio en La Habana mediante convocatorias verbales sin documentación oficial, como represalia directa por su activismo en la liberación de los presos politicos en Cuba. Wilber Aguilar Bravo, activista y padre de Walnier Aguilar, denunció que él y su hijo Wagner Aguilar recibieron nuevas citaciones de carácter verbal, sin que las autoridades entregaran documento escrito alguno que respaldara formalmente la convocatoria.

Bejucal, Cuba — 12/06/2026. El expreso político Ernesto Santiesteban Bello recibió una citación policial para comparecer el 12 de junio a las 9:00 a.m. ante una unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en Bejucal, municipio de la provincia de Mayabeque, en el marco de investigaciones abiertas tras la aparición de carteles con mensajes críticos … Leer más

La periodista Yania Suárez fue víctima de una detención arbitraria el 8 de junio y cargos que se elevaron a nivel de la Fiscalía Provincial, tras una nueva citación policial motivada por sus denuncias públicas en redes sociales sobre un generador eléctrico instalado ilegalmente en el garaje común de su edificio residencial. 

El comunicador Ewald Nieves Manduley recibió una citación policial verbal y luego formal de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en el municipio de Guáimaro, provincia de Camagüey, el 8 de junio, en lo que él mismo identifica como represalia directa por sus publicaciones críticas en redes sociales. 

El régimen cubano desplegó vigilancia policial contra periodistas en La Habana el 8 de junio: Camila Acosta y Anay Remón García, reporteras de CubaNet, y Yoani Sánchez y Reinaldo Escobar, directora y periodista de 14ymedio, respectivamente. Acosta permaneció bajo vigilancia policial frente a su domicilio sin recibir explicación alguna. Sánchez y su esposo reportaron un operativo de la Seguridad del Estado para impedirles salir de su vivienda durante horas de la mañana.

Yaquelín García Jaén, opositora política de 43 años recluida en la prisión de mujeres El Talaje, en Bayamo, Granma, cumple más de dos semanas en huelga de hambre para exigir su libertad inmediata. La presa política en huelga de hambre en Bayamo acumula más de un año en prisión provisional bajo el cargo de «propaganda contra el orden constitucional» sin que las autoridades cubanas hayan fijado una fecha para su juicio, en un proceso que desde su inicio acumuló irregularidades graves.

María Magdalena “Lasacerdotisa”, médica de familia, fue sometida a acoso laboral, vigilancia intimidatoria e investigación por parte de autoridades municipales y directivos de su policlínico el 26 de mayo, como represalia directa por haberse negado a suscribir la campaña de recolección de firmas impulsada por el gobierno cubano y por haber publicado denuncias en redes sociales sobre las graves carencias del sistema de salud en su comunidad. 

El escritor y exprisionero político cubano Ángel Santiesteban Prats fue instruido de cargos el 2 de junio y sometido a reclusión domiciliaria en La Habana, acusado de cambio ilegal de divisas vinculado a donaciones destinadas al Asilo Nacional Masónico Llansó. Las autoridades fabrican un caso penal en su contra a pesar de que la auditoría estatal no detectó faltante alguno.

Yunaiky Linares Rodríguez, ciudadana y ex presa política del 11J, fue detenida arbitrariamente el 2 de junio en el barrio de Santa Amalia, municipio de Arroyo Naranjo, La Habana, golpeada y asfixiada por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) durante el traslado, recluida en una celda de hombres y posteriormente amenazada con ser internada en un hospital psiquiátrico, en el contexto de una manifestación vecinal originada por los prolongados apagones que afectan la zona.

De acuerdo con la información documentada por nuestra red de monitoreo, Mario J. Pentón, periodista independiente cubano radicado en Miami, fue objeto de una campaña sistemática de hostigamiento, descrédito, suplantación de identidad digital, difamación a través de medios oficiales del Estado cubano y amenazas directas de violencia física, como represalia por su labor periodística de investigación e información sobre Cuba.