Jóvenes y adolescentes cubanos, entre ellos varios menores de edad, han sido detenidos y permanecen recluidos de forma arbitraria en el municipio de Contramaestre, provincia de Santiago de Cuba, en el marco de una operación de castigo desatada por la Seguridad del Estado tras protestas populares ocurridas en esa localidad.
Danisbel Labrada Morales y Amaury Díaz García, presos políticos recluidos en la prisión Kilo 8, fueron sacados de su destacamento el 29 de julio y trasladados a celdas de castigo luego de haber denunciado las violaciones de derechos humanos y las condiciones de reclusión dentro del penal, incluido un caso de un recluso con tuberculosis que permanecía con el resto e la población penal.
Manuel de Jesús Rodríguez García, preso político del 11J, fue trasladado de forma arbitraria a prisión Kilo 5½, Pinar del Río. El traslado se produjo luego de que el preso político fuera confinado desnudo en una celda de castigo, la negativa reiterada a autorizar visitas familiares y una amenaza directa de un oficial de la Seguridad del Estado contra su esposa para que cesara de denunciar públicamente su situación.
Lumey Guzmán Fernández permanece privada de libertad después de que la Fiscalía de La Habana rechazara la solicitud presentada por su abogado para modificar la medida cautelar que la mantiene recluida en la prisión de El Vivac, según denunció su hermano Rodney Guzmán, residente en Tampa, Florida.
Ariel Eugenio Arzuaga Peña, preso político de 63 años, fue agredido físicamente y amenazado en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, tras ser trasladado a ese centro penitenciario y reclamar atención médica por sus problemas de salud. Según la denuncia pública de su hija, Esther Arzuaga García, fue golpeado por los propios guardias y otros reclusos del penal y recluido junto a hombres sancionados por delitos violentos con condenas superiores a 20 años.
Autoridades de la prisión «Los Colonos» en la Isla de la Juventud confinaron en celda de castigo a Lizandra Góngora Espinosa, presa política del 11J, desde el 20 de julio, tras un enfrentamiento con una reclusa común que, según denunció su primo, el activista Ariel Góngora, habría sido instigada por la Seguridad del Estado para provocarla.
José Antonio Pompa López, preso político, fue trasladado a un régimen de mayor severidad dentro de la cárcel de Agüica, provincia de Matanzas, luego de protestar por la falta de agua y por el maltrato físico contra otro recluso.
Ediolvy Marín Mora, preso político, fue castigado con aislamiento en una celda tapiada en la Prisión Provincial de Camagüey («Kilo 8»), tras declararse en ayuno en conmemoración del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021.
Yosvany Rosell García Caso, preso político del 11J, fue presionado por autoridades penitenciarias de la Prisión Provincial de Holguín para aceptar un destierro forzado del país, a lo que se niega completamente.
osé Luis Tan Estrada, periodista cubano en el exilio, denunció haber sido amenazado de muerte, según reveló él mismo el 20 de julio a través de su perfil de Facebook, citando información de una fuente vinculada al Gobierno Provincial de Camagüey, que insiste en que pueden atentar contra su vida en cualquier momento por sus denuncias periodísticas de corrupción vinculadas a esa provincia.