Amaury Díaz García, preso político e integrante del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), fue objeto de nuevas amenazas dentro de la prisión Kilo 8, en el municipio de Camagüey, luego de que un recluso común con funciones de control interno le advirtiera que sería golpeado y podría perder la vida si continuaba denunciando las violaciones que ocurren en el penal y realizando llamadas telefónicas para visibilizar su situación.
Sady R. Companioni, ciudadana y madre cubana, fue amenazada con ser arrestada en el reparto Lawton, municipio Diez de Octubre, La Habana, como represalia por sus reclamos ante el puesto de mando del gobierno local y sus publicaciones en redes sociales denunciando la falta de agua en su comunidad. Agentes estatales que custodiaban la distribución de una pipa de agua le advirtieron que la mandarían a arrestar en el momento en que la vieron grabar la negación del suministro.
Camila Acosta y Ángel Santiesteban Prats fueron sometidos a un cerco domiciliario con vigilancia intimidatoria desde la noche del 6 de agosto, que les impidió salir de su vivienda sin que mediara orden judicial alguna. La periodista independiente y su pareja el escritor Santiesteban ya habían denunciado vigilancia el 5 de agosto, coincidiendo con el 32 aniversario del Maleconazo.
Varios integrantes de la familia Miranda Leyva, entre ellos dos ex presos políticos, fueron hostigados con machetes y amenazados de muerte en la provincia Holguín, luego de que un grupo de hombres armados irrumpiera de madrugada en el patio de la vivienda utilizando un tronco como escalera. Durante varios días han sido víctimas de hostigamiento, actos de repudio y amenazas por ser «gusanos contrarrevolucionarios».
Aníbal Palau Jacinto, ex preso político y manifestante del 11J, fue impedido por las autoridades de la Prisión de Quivicán de ingresar a una visita familiar previamente autorizada para visitar a su compañero de causa, el preso político Roberto Pérez Fonseca.
Amijail Sánchez González, preso político, fue trasladado a una celda de castigo el 30 de julio en el Combinado del Este, La Habana, como represalia por denunciar el acoso y maltrato de un funcionario penitenciario. La víctima permanece aislado y sin contacto familiar desde entonces, tras iniciar una huelga de hambre para exigir que ese oficial sea apartado del área donde permanece recluido.
Lucinda González Gómez, activista, fue detenida arbitrariamente el viernes 31 de julio en las inmediaciones de la sede local del Partido Comunista, adonde había acudido junto a cientos de vecinos para exigir explicaciones por más de treinta horas continuas sin electricidad.
María Yilian Franco Díaz fue detenida junto a su hijo de cuatro años el 30 de julio en La Habana, tras participar la noche anterior en una protesta en El Fanguito por la falta de electricidad, agua y gas. Denuncias indican que varias madres fueron citadas y arrestadas incluso después de que se les prometiera que no habría represalia tras la protesta vecinal.
Cuatro jóvenes cubanos fueron detenidos arbitrariamente tras una protesta en Mayarí, Holguín, contra los apagones que se prolongaban desde hacía más de 40 horas. Uno de ellos gritó consignas críticas contra el gobierno durante la protesta y un vecino de la zona, identificado como policía y fuera de servicio, respondió rociándole gas pimienta en el rostro, lo que derivó en un forcejeo y en la posterior detención violenta del joven y sus amigos que intervinieron tras la agresión.
Jóvenes y adolescentes cubanos, entre ellos varios menores de edad, han sido detenidos y permanecen recluidos de forma arbitraria en el municipio de Contramaestre, provincia de Santiago de Cuba, en el marco de una operación de castigo desatada por la Seguridad del Estado tras protestas populares ocurridas en esa localidad.