Aníbal Palau Jacinto, ex preso político y manifestante del 11J, fue impedido por las autoridades de la Prisión de Quivicán de ingresar a una visita familiar previamente autorizada para visitar a su compañero de causa, el preso político Roberto Pérez Fonseca.
Amijail Sánchez González, preso político, fue trasladado a una celda de castigo el 30 de julio en el Combinado del Este, La Habana, como represalia por denunciar el acoso y maltrato de un funcionario penitenciario. La víctima permanece aislado y sin contacto familiar desde entonces, tras iniciar una huelga de hambre para exigir que ese oficial sea apartado del área donde permanece recluido.
Lucinda González Gómez, activista, fue detenida arbitrariamente el viernes 31 de julio en las inmediaciones de la sede local del Partido Comunista, adonde había acudido junto a cientos de vecinos para exigir explicaciones por más de treinta horas continuas sin electricidad.
María Yilian Franco Díaz fue detenida junto a su hijo de cuatro años el 30 de julio en La Habana, tras participar la noche anterior en una protesta en El Fanguito por la falta de electricidad, agua y gas. Denuncias indican que varias madres fueron citadas y arrestadas incluso después de que se les prometiera que no habría represalia tras la protesta vecinal.
Cuatro jóvenes cubanos fueron detenidos arbitrariamente tras una protesta en Mayarí, Holguín, contra los apagones que se prolongaban desde hacía más de 40 horas. Uno de ellos gritó consignas críticas contra el gobierno durante la protesta y un vecino de la zona, identificado como policía y fuera de servicio, respondió rociándole gas pimienta en el rostro, lo que derivó en un forcejeo y en la posterior detención violenta del joven y sus amigos que intervinieron tras la agresión.
Jóvenes y adolescentes cubanos, entre ellos varios menores de edad, han sido detenidos y permanecen recluidos de forma arbitraria en el municipio de Contramaestre, provincia de Santiago de Cuba, en el marco de una operación de castigo desatada por la Seguridad del Estado tras protestas populares ocurridas en esa localidad.
Danisbel Labrada Morales y Amaury Díaz García, presos políticos recluidos en la prisión Kilo 8, fueron sacados de su destacamento el 29 de julio y trasladados a celdas de castigo luego de haber denunciado las violaciones de derechos humanos y las condiciones de reclusión dentro del penal, incluido un caso de un recluso con tuberculosis que permanecía con el resto e la población penal.
Manuel de Jesús Rodríguez García, preso político del 11J, fue trasladado de forma arbitraria a prisión Kilo 5½, Pinar del Río. El traslado se produjo luego de que el preso político fuera confinado desnudo en una celda de castigo, la negativa reiterada a autorizar visitas familiares y una amenaza directa de un oficial de la Seguridad del Estado contra su esposa para que cesara de denunciar públicamente su situación.
Lumey Guzmán Fernández permanece privada de libertad después de que la Fiscalía de La Habana rechazara la solicitud presentada por su abogado para modificar la medida cautelar que la mantiene recluida en la prisión de El Vivac, según denunció su hermano Rodney Guzmán, residente en Tampa, Florida.
Ariel Eugenio Arzuaga Peña, preso político de 63 años, fue agredido físicamente y amenazado en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, tras ser trasladado a ese centro penitenciario y reclamar atención médica por sus problemas de salud. Según la denuncia pública de su hija, Esther Arzuaga García, fue golpeado por los propios guardias y otros reclusos del penal y recluido junto a hombres sancionados por delitos violentos con condenas superiores a 20 años.