Aylín Sardiña Fernández, activista cubana, fue citada e interrogada por la Seguridad del Estado el 28 de agosto en La Habana, tras varios días de hostigamiento contra su familia. El hostigamiento no se limitó a la afectada: en los días previos a la citación, su madre, su hermano y su padre fueron objeto de actos de acoso por parte de agentes estatales en el municipio Los Arabos, Matanzas, lo que amplió la presión hacia todo su núcleo familiar más cercano.
Daniel Tabares Rodríguez, menor de edad, fue detenido arbitrariamente en Contramaestre, Santiago de Cuba, luego de ser acusado de participar en el incendio del Museo Orlando Pantoja Tamayo, en la localidad de Maffo, sin que hasta el momento se conozca ninguna prueba en su contra.
Yosvany Sepúlveda Martínez, activista y expreso político, fue objeto de una nueva detención arbitraria en la provincia de Camagüey, luego de que agentes de la Seguridad del Estado lo acusaran de realizar grafitis contra el Gobierno.
Ángel Serrano Hernández, preso político condenado a 15 años de prisión por su participación en las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021, sufrió una brutal golpiza el 26 de agosto en el establecimiento penitenciario Campamento La Lima, en Guanabacoa, luego de negarse a realizar trabajos que le fueron impuestos y sostener una discusión con un agente carcelero.
Alian López Rodríguez, pastor evangélico y líder de la congregación Tabernáculo de la Promesa del Ministerio Internacional Viento Recio, denunció públicamente que continúa bajo vigilancia junto a su congregación y que un agente de la Seguridad del Estado en Cabaiguán, provincia de Sancti Spíritus, amenaza con fabricar causa contra él con el propósito de encarcelarlo.
Ernesto Santiesteban Bello, expreso político, fue interrogado y amenazado por la Seguridad del Estado el miércoles 26 de agosto, en una estación policial de Bejucal, Mayabeque, luego de ser citado por tercera vez de forma verbal, sin que se le entregara documento oficial que explicara el motivo de la convocatoria.
Funcionarios de la prisión Kilo 8, en Camagüey, amenazaron de muerte a los presos políticos Ediolvis Marín Mora y Fausto René Ramos Ramírez recluidos en celdas de castigo del centro, en un hecho que se documenta dentro de un patrón continuo de hostigamiento contra la población penal.
Teresa Miranda Céspedes, activista de la Corriente Martiana, ha sido víctima de hostigamiento por parte de la Seguridad del Estado. Vecinos, bajo órdenes de la policía política, arrojaron sustancias químicas contra su vivienda en la comunidad de Guaro, municipio de Mayarí, provincia de Holguín, en represalia por su labor como defensora de derechos humanos.
Carlos Alberto McDonald Ennis, preso político, fue objeto de una obstaculización administrativa que le impide iniciar su tratamiento oncológico, luego de que las autoridades médicas estatales se negaran a entregarle las imágenes del somatón que necesita para precisar la localización del tumor que padece.
Pedro Luis Fernández Peralta, preso político del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), fue amenazado de muerte el 21 de agosto en la prisión “Cuba-Panamá”, municipio Güines, provincia Mayabeque, luego de que un oficial del Ministerio del Interior (MININT) lo trasladara de forma disciplinaria entre destacamentos penitenciarios bajo la acusación de conspirar contra el orden interior del penal. La amenaza de muerte fue proferida de manera directa por el agente, quien advirtió al afectado que sería el primero en recibir un disparo si se producía un motín en el centro.