Leonel Tristá García, preso político del 11J, fue trasladado a la prisión de máximo rigor de Guamajal, a las afueras de Santa Clara, sin que exista aún una resolución formal sobre la revocación de la licencia extrapenal por motivos de salud que le había sido concedida desde enero de 2025.
Juan Enrique Pérez Sánchez, preso político cubano, fue amenazado y hostigado psicológicamente por las autoridades de la prisión de Quivicán como represalia por sus reiteradas denuncias sobre la falta de agua y las condiciones inhumanas de reclusión en el penal.
Eddy Ceballos, creador de contenido y preso político, fue objeto de un traslado intempestivo desde el Combinado del Este hacia otro centro la noche del 9 de julio para ser sometido a nuevos interrogatorios, lo que derivó en que las autoridades le impidieran la visita familiar que estaba programada para el 10 de julio.
Alian López Rodríguez, pastor evangélico de la Iglesia Apostólica y Profética Tabernáculo de la Promesa, fue impedido de brindar asistencia espiritual a un recluso el 9 de julio en la prisión provincial Nieves Morejón en Sancti Spíritus, cuando autoridades penitenciarias le negaron la visita religiosa que tenía reglamentariamente autorizada.
Yasmany González Valdés, preso político recluido en el Combinado del Este, fue trasladado sin haber cometido ninguna indisciplina a una celda de castigo, según denunció su esposa, Ilsa Ramos. El aislamiento coincidió con las fechas previas a la conmemoración del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021. Ramos denunció públicamente que su esposo fue recluido en una celda infestada de cucarachas y ratones.
Maykel “Osorbo” Castillo, preso político, fue trasladado sin notificación a la prisión de máxima seguridad de Guanajay en Artemisa el 10 de julio, tras ser sacado sin previo aviso de la prisión de Kilo 8, en Pinar del Río, donde permanecía recluido. El hecho se produce en la víspera del quinto aniversario de las protestas populares del 11 de julio de 2021 y en un contexto de opacidad penitenciaria sostenida hacia los presos políticos en Cuba, donde los traslados sin aviso previo a la familia constituyen una práctica reiterada de las autoridades.
Luis Manuel Otero Alcántara, artista y preso político, fue desaparecido de manera forzada por la Seguridad del Estado a partir del 7 de julio, tras ser sacado del centro penitenciario de Guanajay, en el municipio de Guanajay, provincia de Artemisa, en medio de un operativo policial, sin que hasta el momento exista información oficial sobre su paradero.
Danisbel Labrada Morales, preso político, fue recluido en una celda tapiada y sometido a torturas en la prisión Kilo 8, como represalia por sus denuncias públicas sobre las condiciones carcelarias del penal.
Varios presos políticos recluidos en la cárcel de máxima seguridad Kilo 8, en Camagüey, fueron sometidos a una escalada represiva que incluye confinamiento en celdas de castigo, negación de alimentación adecuada, traslados forzados y amenazas de traslado a otras provincias o a regímenes de máxima severidad como represalia directa por sus denuncias y protestas dentro del penal.
El 30 de junio juzgaron a ocho integrantes de la organización Cuba Primero en la Prisión Provincial El Típico en Las Tunas, bajo militarización y un despliegue masivo de agentes de la Seguridad del Estado que impidió el acceso de familiares y observadores independientes. Los ocho procesados acumulan más de dos años de detención preventiva por su activismo con esta organización, y la Fiscalía solicita penas de privación de libertad de entre 6 y 9 años.