Roilán Álvarez Rensoler, preso político y miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue agredido físicamente por guardias de la Prisión Provincial de Holguín tras negarse a vestir el uniforme reglamentario, y días después, en protesta por esa golpiza, inició una huelga de hambre tras la cual lo recluyeron en celda de castigo.
Amaury Díaz García, preso político e integrante del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), fue aislado en un cubículo de castigo del hospital de la prisión Kilo 8, provincia de Camagüey, el 9 de julio para impedir cualquier acción de protesta por el quinto aniversario de las protestas populares del 11 de julio de 2021.
Dalvinder Singh Jagpal, preso extranjero de origen indio recluido en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, fue castigado con incomunicación total por denunciar la falta de atención médica en ese centro. El jefe del edificio 3 del penal le suspendió durante seis meses las llamadas telefónicas, las salidas de celda y las visitas, como represalia por sus reiterados reclamos.
Leonel Tristá García, preso político del 11J, fue trasladado a la prisión de máximo rigor de Guamajal, a las afueras de Santa Clara, sin que exista aún una resolución formal sobre la revocación de la licencia extrapenal por motivos de salud que le había sido concedida desde enero de 2025.
Juan Enrique Pérez Sánchez, preso político cubano, fue amenazado y hostigado psicológicamente por las autoridades de la prisión de Quivicán como represalia por sus reiteradas denuncias sobre la falta de agua y las condiciones inhumanas de reclusión en el penal.