Amaury Díaz García, preso político e integrante del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), fue objeto de nuevas amenazas dentro de la prisión Kilo 8, en el municipio de Camagüey, luego de que un recluso común con funciones de control interno le advirtiera que sería golpeado y podría perder la vida si continuaba denunciando las violaciones que ocurren en el penal y realizando llamadas telefónicas para visibilizar su situación.
Sulmira Martínez Pérez, presa política conocida en redes sociales como «Salem Cuba Censura», fue objeto de una nueva arbitrariedad por parte de las autoridades penitenciarias al negársele por tercera vez, el beneficio de libertad condicional al que tiene derecho, mientras cumple una condena de cinco años de privación de libertad por publicaciones críticas en redes sociales y por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión.
José Ramón Solano Randiche, preso político del 11J, fue objeto de una sanción disciplinaria que revocó arbitrariamente el régimen de mínima severidad en el que estaba recluido y la suspensión del pase a su vivienda que le correspondía para el cumpleaños de su hijo, medidas aplicadas en la Prisión Provincial de Holguín, que llevaron al preso político a iniciar una huelga de hambre el 14 de julio como única vía de protesta.
Aníbal Palau Jacinto, ex preso político y manifestante del 11J, fue impedido por las autoridades de la Prisión de Quivicán de ingresar a una visita familiar previamente autorizada para visitar a su compañero de causa, el preso político Roberto Pérez Fonseca.
Amijail Sánchez González, preso político, fue trasladado a una celda de castigo el 30 de julio en el Combinado del Este, La Habana, como represalia por denunciar el acoso y maltrato de un funcionario penitenciario. La víctima permanece aislado y sin contacto familiar desde entonces, tras iniciar una huelga de hambre para exigir que ese oficial sea apartado del área donde permanece recluido.
Norberto Dorta Sánchez y Luis Alberto Dorta Sánchez, hermanos presos políticos del 11J, fueron notificados de una nueva causa penal por un supuesto delito de atentado el 30 de julio en la Prisión Provincial de Las Tunas, luego de un incidente con un oficial penitenciario en el campamento La Palma, del municipio Jesús Menéndez.
Christian de Jesús Crespo Álvarez, preso político menor de edad, fue agredido físicamente en el penal de Canaleta, Ciego de Ávila, como represalia por negarse a comer los alimentos del centro penitenciario en protesta por su mala calidad.
Fernando Vázquez Guerra, preso político, permanece recluido en la prisión «La Empresita», en Camagüey, donde desde hace aproximadamente un mes presenta dolores en el pecho, con irradiación por debajo de las costillas, y episodios de vómito, sin que las autoridades penitenciarias le hayan realizado los estudios médicos indicados —un ultrasonido y un electrocardiograma— pese a haberlos reprogramado en tres ocasiones.
Iledier Tabuada Machado, preso político recluido en la prisión de Canaleta en la provincia de Ciego de Ávila, fue sometido a la negación deliberada de atención médica pese a presentar fiebre alta persistente, diarrea, vómitos, debilidad extrema y una herida infectada en un brazo con pérdida total de sensibilidad.
Danisbel Labrada Morales y Amaury Díaz García, presos políticos recluidos en la prisión Kilo 8, fueron sacados de su destacamento el 29 de julio y trasladados a celdas de castigo luego de haber denunciado las violaciones de derechos humanos y las condiciones de reclusión dentro del penal, incluido un caso de un recluso con tuberculosis que permanecía con el resto e la población penal.