El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) registró un total de 58 violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba durante el primer mes de 2025, siendo los ciudadanos sin afiliación a organizaciones disidentes, los activistas y los presos políticos las principales víctimas de las agresiones perpetradas por el régimen cubano.

Del total de violaciones, 47 están relacionadas con la libertad de expresión y 11 con la libertad de prensa. Asimismo, de acuerdo con su metodología, el ICLEP contabilizó 23 ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas, 15 usos abusivos del poder estatal, 10 detenciones arbitrarias, 4 restricciones en el espacio digital, 3 reclusiones y 3 agresiones físicas.

Entre las víctimas, 9 fueron ciudadanos, 9 presos políticos, 7 activistas, 6 opositores, 4 periodistas y 2 artistas creadores. De ellos, 27 son hombres y 10 mujeres. Las provincias con mayor incidencia de estos hechos fueron La Habana (19), Villa Clara (10), Guantánamo (8), Mayabeque (7) y Las Tunas (6).

Como ha denunciado el ICLEP en reiteradas ocasiones, la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) continúan siendo los principales órganos represores. Sin embargo, en enero se registró una incidencia considerable del sistema penitenciario en las agresiones contra presos políticos.

En las cárceles cubanas, la situación de los presos políticos es alarmante. Tras su juicio, en el que fue acusado de “propaganda contra el orden constitucional”, Alexander Fábregas fue llevado a una celda de castigo por gritar consignas antigubernamentales al concluir la vista oral. Onaikel Infante Abreu, tras meses en prisión y su juicio, recibió una sentencia de 8 años de cárcel bajo la misma acusación.

Al preso político Roberto Pérez Fonseca, luego de negarle asistencia religiosa para impedirle reunirse con el Obispo Auxiliar Eloy Ricardo Domínguez Martínez, lo amenazaron con trasladarlo a una prisión distante por denunciar esta violación. Familiares de los presos políticos Jorge y Nadir Martín Perdomo, así como Nosley Lázaro Domínguez Linares, denunciaron que estos estuvieron incomunicados durante enero, sin acceso a llamadas telefónicas con sus familias.

Asimismo, a los presos políticos del 11J, Leonel Tristá García y Nosley Lázaro Domínguez Linares, les fueron negados sus pases reglamentarios. A Edilberto Arzuaga Alcalá lo amenazaron e intentaron obligarlo a firmar un documento en el que renunciaba a sus posturas políticas; al negarse, fue trasladado de destacamento y posteriormente a una prisión de máxima seguridad.

Las excarcelaciones que se produjeron entre el 15 y el 20 de enero, como parte del acuerdo entre la dictadura cubana y el expresidente estadounidense Joe Biden, con la mediación del Vaticano, se convirtieron en un nuevo mecanismo de control y represión. A las expresas políticas del 11J, Lisdiani Rodríguez Isaac, Donaida Pérez Paseiro y Arianna López Roque, las amenazaron en el momento de su excarcelación con volver a prisión si escribían en redes sociales o se comunicaban con la prensa independiente y opositores.

En enero, el gobierno socialista condenó a Félix Daniel Pérez Ruiz y Cristhian de Jesús Peña Aguilera a 5 y 4 años de cárcel, respectivamente, por sus publicaciones en redes sociales, bajo la acusación de “propaganda contra el orden constitucional”. Ana Ibis Tristá Padilla y Jarold Varona Agüero fueron absueltos en esa misma causa por falta de pruebas; sin embargo, la Fiscalía impugnó la sentencia e inició un proceso de apelación.

Los periodistas continúan siendo blanco del acoso de la Seguridad del Estado. El caso más representativo de enero fue el del reportero Niober García Fournier, quien primero fue acusado de “usurpación de capacidad legal”, una estrategia del régimen para silenciar a quienes cuestionan el poder estatal. Posteriormente, se le negó el pasaporte por supuestos motivos de “seguridad nacional”. El periodista está regulado desde 2015, un término que la dictadura utiliza para prohibir la salida del país a determinados ciudadanos.

Dos casos de abuso de poder contra ciudadanos marcaron el mes. El vendedor ambulante Wilber García Mora y el conductor de bicitaxi Edgardo Raúl Manso fueron multados con 24 mil y 10 mil pesos cubanos, respectivamente, como represalia por aparecer en un reportaje del medio independiente ADN Cuba, en el que se exponían las multas abusivas impuestas por los inspectores a los trabajadores por cuenta propia.

La censura también estuvo presente en este inicio de año. El actor y dramaturgo cubano residente en Miami, Jorge Ferrera, denunció la cancelación de dos presentaciones del espectáculo Cabalgando por el aire por parte del Consejo Nacional de Artes Escénicas de Cuba. Asimismo, la sede del Museo de la Disidencia en Cuba y del Movimiento San Isidro, que también es la vivienda del artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara, no pudo exhibir la obra Campesinos Felices 1938-2024 debido a la presión de la Seguridad del Estado.

Los casos anteriores evidencian que la represión contra la libertad de expresión y de prensa en Cuba es sistemática y estructural. La violencia ejercida por el régimen no se limita a la censura directa de periodistas, activistas y ciudadanos, sino que se apoya en un entramado de violaciones a derechos conexos, diseñadas para sofocar cualquier disidencia y mantener el control absoluto sobre la narrativa pública.

En este contexto, los derechos conexos más vulnerados durante enero fueron el derecho a la libertad, la integridad y seguridad personal, la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, y el derecho a una reparación efectiva. La relación entre estas violaciones y la falta de libertad de expresión y de prensa es innegable: sin seguridad para que periodistas y ciudadanos se expresen libremente, sin protección contra la censura y sin mecanismos de reparación, la prensa independiente y la libre expresión quedan reducidas a actividades clandestinas, perseguidas y en constante peligro.

El nuevo año comenzó con un elevado número de violaciones a la libertad de expresión y de prensa en la isla, lo que indica que el 2025 podría ser otro periodo marcado por el incremento de la represión. El Balance Parcial de 2024 presentado por el ICLEP documentó 790 violaciones a estas libertades en ese año, lo que representó un aumento del 59.92 % con respecto a 2023.