La Habana, 20 julio de 2021, (ICLEP) - Voces del Sur es una iniciativa regional, compuesta por 13 organizaciones de la sociedad civil en América Latina que defiende las libertades fundamentales de los periodistas: la libertad de expresión, la libertad de prensa, el acceso a la información y la seguridad de los integrantes de la prensa.

Cada año redacta un informe que hace llegar a Naciones Unidas, donde monitorea e informa sobre las violaciones de estas libertades fundamentales. El primer informe de 2018 abarcó: Argentina, Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela. En 2019 se sumaron Brasil y Guatemala y en 2020 se amplió con la inclusión de Colombia, Cuba y México.

El informe se basa en la documentación y el análisis de los datos en forma de "alertas" que han sido recopilados, registrados y reportados por los socios de Voces del Sur.

AFECTACIONES DE LA PANDEMIA

Este año, los datos de monitoreo muestran que, en medio de la peor pandemia en un siglo, las tendencias autoritarias aumentaron en América Latina. El Informe destacó que el periodismo latinoamericano se vio cada vez más amenazado por el rápido deterioro de las libertades fundamentales en un contexto de creciente populismo y agitación social. En 2020, esta tendencia se agravó.

La crisis de COVID-19 ha cobrado la vida de cientos de trabajadores de los medios de comunicación. También ha puesto de manifiesto los fallos del gobierno, la corrupción y la violencia institucionalizada.

Las crisis económicas y sociales que siguieron demostraron aún más la precariedad de la profesión periodística, ya que miles de personas perdieron sus medios de sustento y muchas organizaciones de prensa se vieron obligadas a cerrar. Esto se debió en gran parte a la limitación de las fuentes tradicionales de ingresos como resultado de la desaceleración económica causada por las medidas de cierre en toda la región.

La interrupción de la vida cotidiana por la pandemia contribuyó a reducir el número total de alertas en la mayoría de los países de la región en comparación con 2019, aunque la gravedad de las violaciones aumentó. Mientras tanto, los periodistas se jugaron continuamente la vida para informar al público, a menudo sin el equipo de protección adecuado. El aumento de la represión y la vigilancia obligó a los periodistas a operar en situaciones difíciles, y los gobiernos utilizaron continuamente la pandemia como excusa para promulgar leyes restrictivas en un intento de proteger sus deficiencias del escrutinio público.

PERIODISMO EN TIEMPOS DE COVID-19

Autoritarismo, Desinformación y Precariedad en América Latina

Una sociedad pacífica, justa, inclusiva y democrática no se consigue fácilmente y debe ser protegida constantemente. Los últimos años han demostrado que las democracias consolidadas corren el riesgo de retroceder, especialmente ante la crisis. Más allá de los valores atípicos de la región, Uruguay y Perú, la democracia y las libertades fundamentales en la mayor parte de América Latina estaban sometidas a una presión constante y severa, aún antes del inicio de la pandemia de COVID-19.

En 2020, un año definido globalmente por la pandemia COVID-19, el autoritarismo, la desinformación y la precariedad golpearon al periodismo en América Latina. La pandemia ha dejado su huella en todo el espectro de la libertad de expresión, la libertad de prensa, el acceso a la información y la seguridad de los periodistas en la región.

Ha fomentado las tendencias autoritarias y alimentado los abusos de poder, sobre todo los procesos judiciales maliciosos. La desinformación ha crecido exponencialmente durante la crisis de salud pública, al igual que sus consecuencias, tanto como amenaza real como excusa para frenar las libertades fundamentales.

Los medios de subsistencia de los periodistas, junto con los de millones de personas en la región, se han vuelto precarios por el impacto económico de la pandemia.

La pandemia ha servido de excusa para que regímenes autoritarios y gobiernos democráticos se hagan con poderes especiales sin control, como restringir el acceso a la información o censurar y silenciar directamente a los medios de comunicación independientes en nombre del llamado "interés nacional". Gobernar a través de órdenes ejecutivas y legislar por la vía rápida se convirtieron en tendencias en 2020, debilitando los controles y equilibrios democráticos básicos.

El COVID-19 planteó grandes dilemas relacionados con el equilibrio entre la libertad individual y el interés colectivo. Ejemplos claros son las normas de distanciamiento social, el uso obligatorio de máscaras y los encierros obligatorios ordenados por el Estado. Esto llevó a un aumento de las tensiones y a una violencia manifiesta, como en Colombia, donde un hombre fue asesinado por la policía por violar supuestamente los protocolos de salud pública. Este acto dio paso a protestas masivas contra la brutalidad policial, durante las cuales se produjeron violaciones estatales contra la libertad de prensa.

SUPRESION DE LIBERTADES

Otro tema común en la región fue la restricción de la libertad de expresión, provocada por el ejercicio de poderes especiales sin control por parte del Estado con la excusa de luchar contra la desinformación y mitigar la pandemia.

En muchos países se abusó de las órdenes ejecutivas y de la legislación acelerada sin debate en los parlamentos en 2020. En la mayoría de los casos, se asociaron a supuestos intentos de prevenir o reducir la desinformación.

Aunque no cabe duda de que aumentó la difusión de desinformación, especialmente en las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea, los intentos de abordar el problema mediante el derecho penal o la vigilancia son peligrosos e ineficaces.

La desinformación es generalizada y constituye un problema real; pero también ha sido utilizada por los gobiernos como excusa para restringir las libertades fundamentales, haciendo que los periodistas no puedan informar.

El periodismo independiente y profesional desempeña un papel crucial a la hora de identificar la información poco fiable y ofrecer una alternativa confiable.

La desinformación prospera en los desiertos informativos, lugares donde hay pocas o ninguna fuente de información fiable y una ausencia de fuentes contrastadas. La libertad de expresión, y no la censura enmascarada como acción contra la desinformación, es la clave para resolver este problema.

Es imprescindible que los periodistas empoderen al público y los acompañen en el proceso de descubrir la verdad. Los ecosistemas mediáticos deben ser diversos, plurales, profesionales y tener acceso a los recursos para lograr estos objetivos.

Sin embargo, también hubo esperanza para la protección de las libertades fundamentales en América Latina en 2020.  Los movimientos cívicos, como los de Bolivia y Uruguay, fueron capaces de revocar leyes restrictivas contra la libertad de expresión. Esto demostró una vez más que la organización y la acción colectiva son salvaguardias fundamentales para las libertades fundamentales y la lucha contra la desinformación.

En medio de las luchas por el poder político durante la pandemia, el periodismo independiente ha demostrado que sus mejores aliados son los ciudadanos más críticos que exigen la rendición de cuentas y escrutan el poder. Estos ciudadanos bien informados, están al frente de los esfuerzos por mejorar y fortalecer el periodismo independiente de calidad y, por tanto, la gobernanza efectiva y democrática.

EL ACTUAL INFORME

Por  tercer  año  consecutivo, el indicador registra el número de casos verificados de asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas a periodistas, personal de medios de comunicación asociados, sindicalistas y defensores de los derechos humanos en un período de 12 meses.

Se centra exclusivamente en los periodistas y los medios de comunicación, y ofrece una evaluación independiente de la situación de la libertad de expresión, la libertad de prensa, el acceso a la información y la seguridad de los periodistas en 13 países.

Este informe se basa en los datos denominados "alertas" que recogen, registran y comunican a los socios de Voces del Sur sobre la base de 12 indicadores regionales comunes e incluye recomendaciones para la sociedad civil, los medios de comunicación, los Estados, la ONU y otras partes interesadas a fin de fortalecer el desarrollo sostenible en América Latina y promover el progreso.

El Informe Alternativo 2020 se presentará en el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (FPAN) de 2021, que sirve como una oportunidad para complementar, contrastar, enriquecer y llenar los vacíos de información presentados por los gobiernos.

METODOLOGIA

Los 12 Indicadores de Voces del Sur son:
1. Asesinato: acto intencionado que causa la muerte como consecuencia del trabajo periodístico.

2. Secuestro: detenciones ilegales, llevarse y/o confinar a una víctima sin su consentimiento por parte de personas o grupos que no actúan con el apoyo o el consentimiento del Estado.

3. Desaparición forzada: arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad de una víctima por parte de agentes del Estado o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o el beneplácito del Estado, seguida de la negativa a reconocer la privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la víctima.  

4. Detención arbitraria: detención o encarcelamiento que no se ajusta a las leyes nacionales, porque no se basa debidamente en los motivos establecidos por la ley, o no se ajusta a los procedimientos establecidos por la ley, o se considera de otro modo arbitraria en el sentido de ser inapropiada, injusta, irrazonable o innecesaria en las circunstancias.

5. Tortura: acto por el cual se inflige intencionadamente dolores o sufrimientos graves a un periodista, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de él o de un tercero, información o una confesión, castigarlo, intimidarlo o coaccionarlo.

6. Agresiones y ataques: acciones violentas, intimidatorias o limitativas, ya sean físicas o verbales, que buscan impedir o limitar la libertad de expresión o bloquear el trabajo periodístico o el acceso a los hechos e informaciones públicas.   

7. Discurso estigmatizante: ataques verbales que se hacen públicos con el objetivo de desprestigiar y desacreditar a la víctima.

8.  Restricciones en el acceso a la información: la limitación o el bloqueo de información de relevancia pública y de otros hechos de interés periodístico.

9. Procesos judiciales penales y civiles: juicio público o privado cuyas consecuencias pueden ir desde multas hasta cárcel.

10. Uso abusivo del poder por parte del Estado: acciones deliberadas, planificadas y ejecutadas por el Estado que -abusando de sus poderes, sin lógica ni racionalidad y en contra de las normas internacionales- perjudican a periodistas y medios de comunicación, ya sea de forma financiera o material.

11.  Marco legal contrario a los estándares internacionales:  la propuesta y/o aprobación de leyes, incluyendo decretos, resoluciones y directrices que restringen la libertad de expresión, el acceso a la información y/o generan censura.

12. Restricciones en Internet: limitación de la libertad de expresión en línea y de la libertad de prensa mediante estrategias que restringen el uso de Internet para publicar o acceder a la información.

CUBA

El Informe Sombra hace hincapié en que las libertades fundamentales están restringidas en Cuba.

Muchos derechos fundamentales, descritos en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, no están reconocidos en la Isla antillana. De hecho, el artículo 55 de la Constitución cubana prohíbe la libertad de prensa, estableciendo que sólo se permiten los medios de comunicación de propiedad y control por parte del Estado.

Es ilegal buscar, recibir y distribuir información e ideas fuera de los informes sancionados por el Estado. En consecuencia, el periodismo independiente está criminalizado desde hace más de 60 años.

La persecución contra los periodistas se intensificó en 2020 en el contexto de la pandemia de COVID-19. El socio de Voces del Sur, ICLEP, registró 344 alertas, de las cuales 142 (41%) corresponden a detenciones arbitrarias, 114 (33%) a agresiones y ataques, 36 (10%) a restricciones en Internet, 26 (8%) a discursos estigmatizantes y 25 (7%) al uso abusivo del poder por parte del Estado.

El surgimiento de movimientos de protesta en junio y noviembre de 2020, así como la promulgación del Decreto Legal 370 "Sobre la Informatización de la Sociedad Cubana" (dictado en 2019), desencadenaron una nueva ola de represión.

Los periodistas cubanos han sido encarcelados arbitrariamente dentro de sus casas, interrogados y enfrentados a amenazas e incautación de equipos por sus opiniones en redes sociales.
El marco institucional cubano se opone a un ecosistema mediático independiente, plural y profesional. Favorece la manipulación del público con propaganda y la negación de la agencia.

RESULTADO

El periodismo independiente de calidad permite la resistencia no violenta, una herramienta clave para la sociedad civil cubana frente a un régimen autoritario y sus leyes represivas.

La información veraz sobre demandas ciudadanas ampliamente compartidas, la desobediencia organizada, la no cooperación frente al poder opresor y la brutal represión inspiran la resistencia de cada vez más sectores de la sociedad cubana.

Esto explica por qué el régimen cubano intensificó los ataques contra los periodistas en 2020, cuando cubrían las protestas por la brutalidad policial y la huelga de hambre del Movimiento San Isidro de activistas, artistas y periodistas independientes que protestaban por la detención y condena política del rapero Denis Solís.

La intimidación, el acoso y las amenazas dieron paso a detenciones arbitrarias, arrestos domiciliarios y a la interrupción selectiva de los servicios de datos y telefonía móvil.

Los arrestos domiciliarios de facto siguen un patrón: la policía bloquea a los periodistas dentro de sus domicilios para impedirles salir hasta un mes. Además, el aparato de propaganda oficial ha aumentado el nivel de estigmatización contra los periodistas, tachándolos de agentes extranjeros y traidores.

En Cuba es ilegal recoger y distribuir información de forma independiente, por lo que el periodismo en sí mismo es un acto de resistencia.

El régimen ha incrementado la represión para frenar la rebeldía, pero esto puede resultar contraproducente para las autoridades si da lugar a un malestar popular.

En el punto de mira, está el Decreto 370 y otras limitaciones a la libertad digital. El Decreto 370 penaliza "la difusión de información contraria al bien común, la moral, las buenas costumbres y la integridad a través de las redes públicas de transmisión de datos” (artículo 68), inhibiendo las libertades fundamentales.  Amenaza e intimida a los periodistas, alimentando la autocensura dentro y fuera de Internet.

Cuba tiene uno de los índices de conectividad a Internet más bajos del hemisferio occidental, lo que ha demostrado ser un obstáculo estructural para el acceso a la información de sus ciudadanos. La conexión a Internet es lenta y costosa. La libertad digital también se ve amenazada por otros factores, como el esfuerzo masivo de las autoridades por controlar, manipular e intimidar a las voces críticas en las redes sociales a través de los "ciberclarias", nombre que los cubanos dan a los bots y trolls del régimen.

El régimen manipula los contenidos en línea y su distribución, bloqueando el acceso a sitios web, dirigiendo el tráfico a la propaganda e interrumpiendo los servicios de comunicación.

RECOMENDACIONES

Las autoridades cubanas deben dejar de acosar y perseguir a los periodistas, devolver los equipos confiscados y reconocer y respetar los derechos universales. Dados los más de 60 años de represión autoritaria en Cuba, el reto sigue siendo: ¿cómo presionar al partido-Estado para que reconozca estos derechos?

En el nexo entre la libertad de prensa y la resistencia civil se encuentran importantes lecciones.

El periodismo cubano debe seguir encontrando formas innovadoras e informar sobre realidades generalizadas, como la resistencia y la represión, la coacción económica, la vulnerabilidad climática y otras cuestiones.

Los periodistas deben seguir distribuyendo información fiable y accesible, proporcionando un contenido más honesto y de calidad para los ciudadanos cubanos.

Por último, las OSC y los medios de comunicación cubanos deben establecer comunidades de aprendizaje y práctica con sus homólogos de países como Nicaragua y Venezuela para fortalecer y mantener la oposición.