Se considera cuando:

1. Sanciones administrativas.
2. Prohibición de salida y entrada al país y del territorio de residencia.
3. Obstrucción del trabajo periodístico y restricción de acceso a la información pública.
4. Procesos Penales.
5. Marco jurídico contrario a estándares internacionales de libertad de expresión y prensa.
6. Violaciones de Derechos Penitenciarios.