En julio de este año se hizo público el informe de la ONU sobre “Trata de personas en Cuba”. En conformidad con la ley de protección a las víctimas de ese flagelo, el informe evaluó el grado en que el Gobierno cubano cumple o no con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas.
El informe dictaminó que Cuba no había cumplido y dejó al Gobierno cuatro recomendaciones prioritarias a solucionar: cesar las amenazas y prácticas engañosas en el reclutamiento de trabajadores cubanos enviados al extranjero; asegurar que los contratos y acuerdos firmados con los gobiernos extranjeros para trabajadores cubanos cumplieran con las leyes internacionales y los estándares laborales; dejar de retener los salarios de los trabajadores y permitir el pago directo de los salarios en línea con los que otros trabajadores extranjeros recibieron por trabajos similares; y dejar de imponer restricciones irrazonables a la movilidad y asociación de los trabajadores, incluida la vigilancia, los toques de queda arbitrarios y las limitaciones de viajes internacionales cuando no estuvieron alineadas con su salud y seguridad, y permitir que los trabajadores se relacionaran libremente con locales.
Las condiciones abusivas e inhumanas impuestas por el Gobierno cubano para los trabajadores que cumplen misión en los programas de colaboración con más de 60 países han sido criticadas y condenadas en múltiples foros internacionales.
En 2022, Cuba ingresó 4 900 millones de dólares solamente por la venta de servicios médicos, uno de los tipos de explotación laboral más conocidos de mano de obra barata, beneficio del régimen.
El secretario de Estado estadounidense Marcos Rubio, al anunciar la ampliación de la política de la administración de Trump con Cuba, dijo que las prácticas laborales abusivas y coercitivas del régimen estaban bien documentadas y que Estados Unidos estaba decidido a contrarrestar la práctica de trabajo forzado en el mundo.
Los profesionales de la salud cubanos siguen estando sujetos a las leyes y prácticas coercitivas del régimen de la Isla, que clasifica a aquellos que abandonan las misiones como desertores, prohibiéndoles regresar y visitar el país durante ocho años.
Las brigadas de emergencia que Cuba envió a muchos países en medio de la crisis de la Covid-19 han sido enmarcadas como “oportunismo pandémico”, una de las maniobras lucrativas que Cuba suele hacer cuando se trata de desastres naturales o pandemias.
Estas brigadas de emergencia son trabajadores de la salud llamados “todo terreno”, cuyo despliegue puede ordenarse en pocas horas y están obligados a prestar servicios en lugares peligrosos y remotos, sin garantías de seguridad o bienestar.
El aparato del Gobierno cubano sabe bien cómo responder a las emergencias como desastres naturales y pandemias, en momentos en que los países receptores están necesitados.
Las brigadas de colaboradores internacionalistas cubanos logran, muy efectivamente, establecer una punta de lanza ideológica en esos países, a la vez que constituyen un negocio muy rentable.
Publicado originalmente en la edición 264 del medio de comunicación comunitario del ICLEP, Amanecer Habanero.
El aumento de las tensiones entre la Unión Europea (UE) y Rusia, lo que incluye ineludiblemente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), marcó el mes de septiembre. Las violaciones de los espacios aéreos de Polonia y Estonia por parte de cazas rusos y las repetidas incursiones de drones en países como Dinamarca, Noruega, Finlandia, Rumania, Lituania, Alemania y Bélgica contribuyeron a ello. La UE no se ha quedado de brazos cruzados y ha respondido con la posible creación de un muro antidrones, no sin antes haber derribado varios drones rusos.
En medio de este panorama, Polonia invocó el artículo 4 de la OTAN, llamando a consulta a los miembros. Anteriormente, este artículo solo había sido utilizado cuatro veces desde la fundación de la Alianza Atlántica en abril de 1949. Después de esto, las incursiones con drones en varios países europeos se intensificaron y llegaron a afectar el funcionamiento de varios aeropuertos; pero lo peor no es eso: algunos de estos drones sobrevolaron bases militares. En uno de los países afectados, Dinamarca, los incidentes ocurrieron días antes de la celebración de una Cumbre de la UE. Todo esto ha llevado a que los países del bloque se planteen la creación de un muro antidrones.
Publicado originalmente en la edición 246 del medio de comunicación comunitario del ICLEP, El Majadero de Artemisa
Sin embargo, la postura del Gobierno de Vladimir Putin solo empeora las cosas. Hace un par de semanas, Estados Unidos y Canadá desplegaron varios aviones en Alaska después de detectar la presencia de cuatro aviones de combate rusos, aunque posteriormente ambos países reconocieron en un comunicado firmado por el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte que las aeronaves no habían violado el espacio aéreo de ninguna de las dos naciones.
Por otra parte, el ex presidente Dmitri Medvedev ha hecho algunas declaraciones que solo han logrado inflamar los ánimos. Por ejemplo, el pasado 6 de octubre dijo, según recogió el periódico español ABC, que “lo principal es que los europeos cortos de vista sientan el peligro en carne propia. Que teman que tiemblen como animales tontos en un rebaño llevado al matadero”.
A todo esto se suma el hecho de que los ataques rusos contra Ucrania se intensifican y llegan prácticamente a las fronteras de ese país con Polonia. A esto último, el Gobierno polaco reaccionó desplegando aviones de combate y activando sus defensas antiaéreas. Recordemos que Polonia es uno de los países miembros de la OTAN y, en caso de ser agredido, pudiera invocar el artículo 5 de la Alianza, el cual expresa: “Los aliados pueden proporcionar cualquier tipo de asistencia que consideren necesaria para responder a una situación”. Rusia juega con fuego, y en este caso quemarse es una opción.
En las últimas semanas han sido noticia las protestas protagonizadas por jóvenes en diversos puntos del planeta: Nepal, Marruecos, Francia, Perú y Paraguay han sido testigos de estas manifestaciones; pero, ¿quiénes son estos jóvenes y qué buscan? Son integrantes de la llamada generación Z.
La generación Z también son conocidos como los postmilenials, en referencia a que esa generación sucede a la de los milenials o generación Y. Nacieron entre 1997 y 2012. En sus protestas usan como símbolo la bandera pirata de One Piece, una serie japonesa de dibujos animados cuyos protagonistas luchan contra una especie de gobierno mundial en el que prima la corrupción.
Ellos derrocaron al régimen comunista de Nepal. En ese país asiático, el detonante para que comenzaran las protestas fue el bloqueo por parte del Gobierno del acceso a las redes sociales, entre ellas WhatsApp, Facebook e Instagram. Puede parecer simple, pero no lo es: la acción fue una violación de los derechos de los ciudadanos a la información y a expresarse libremente. Los manifestantes exigían, además, el cese de la corrupción en el país y criticaban el lujoso estilo de vida de los dirigentes; estas personas se hacen llamar Nepo Babies.
En Marruecos exigen mejoras sociales, sobre todo en Sanidad y Educación. Las protestas en el país africano estallaron cuando el Gobierno decidió construir estadios para el mundial de fútbol del 2030 en lugar de invertir en mejorar los servicios públicos y enfrentar la crisis económica que atraviesa esa nación. El nombre adoptado por los manifestantes fue GenZ212 y exigen, además, libertad de expresión y el cese de la corrupción, hasta el punto de que han enviado una carta al rey Mohamed VI en la que le piden que se disuelvan los partidos políticos envueltos en casos de corrupción.
Otro país africano, Madagascar, también ha sido escenario de las protestas de la Generación Z. Allí fueron provocadas por los constantes cortes de electricidad, la escasez de agua potable, además de acusaciones de corrupción y mala gestión contra el presidente Andry Rajielina.
El origen de estos movimientos tuvo lugar en Serbia y Eslovaquia. Las causas de las protestas fueron muy similares: jóvenes hartos de la corrupción, el control estatal sobre las redes sociales y los medios de comunicación, y el clientelismo político. En Eslovaquia comenzaron tras la reunión del primer ministro Robert Fico con el presidente ruso Vladimir Putin, lo que daba a entender un acercamiento a Rusia y un distanciamiento de la Unión Europea.
Publicado originalmente en la edición 246 del medio de comunicación comunitario del ICLEP, El Majadero de Artemisa
La última semana de octubre ha estado marcada por el temor de los cubanos ante el creciente brote de arbovirosis, como el dengue y la chikunguña, virus que mantienen disparadas las alarmas epidemiológicas en 14 provincias del país, especialmente en La Habana y en Matanzas, donde el número de enfermos aumenta día a día, incluyendo menores de edad, quienes carecen de los medicamentos necesarios para enfrentarlas.
Ante esta compleja situación, el Sistema de Salud Cubano, ya colapsado, no puede hacer frente a esta nueva pandemia, cuyas secuelas pueden resultar fatales, generando un profundo temor en la población. Aunque los medios oficialistas han intentado ocultar la realidad, ya resulta imposible disimular la magnitud del problema.
Buscar un culpable puede parecer banal para muchos, y de seguro se señalaría a los mosquitos; sin embargo, el verdadero responsable, aquel que trata de esconder su rostro tras bambalinas, es sin duda el régimen cubano y su fracaso como sistema social, incapaz de garantizar los derechos más elementales del individuo, entre ellos el derecho a la salud.
El vector que transmite estas enfermedades se multiplica no por casualidad, sino por los salideros de agua, la basura sin recoger en las calles durante meses, la falta de controles biológicos y de fumigaciones. Estas condiciones pueden provocar incluso la muerte cuando no existen los medicamentos requeridos para su tratamiento, y todo esto es responsabilidad única del gobierno y de un sistema de salud que ya ha agotado todas sus posibilidades.
El colapso del sistema de atención primaria en Cuba, aquel que alardeaba de brindar al pueblo atención médica gratuita y de calidad, se ha convertido hoy en una vieja fábula que, para tristeza de muchos, no puede garantizar la seguridad de la vida cuando la enfermedad golpea.
El deteriorado estado de las instituciones de salud del país, junto con la escasa disponibilidad de medicamentos y recursos, representa un reto para los médicos y, al mismo tiempo, constituye un foco de peligro potencial para la población desprotegida y necesitada de sus servicios.
Publicado originalmente en la edición 211 del medio de comunicación comunitario del ICLEP, El Espirituano.
Pretender que todos los hombres tienen que ser iguales es un tema controversial. Si bien es cierto que la Constitución norteamericana expresó hace más de un siglo que “todos los hombres somos iguales ante el Creador”, esa idea no significa que, para igualarlos a todos, haya que despojar a unos de sus bienes para entregarlos a otros o igualar a todos en la miseria. Ya eso es un discurso muy diferente, propio de una izquierda comunista que, al pretender igualar a todos, limita cada día más la libertad del individuo.
El ejemplo no está lejano; lo hemos estado viviendo durante más de 60 años. Cuando triunfó el régimen comunista en enero de 1959, el discurso populista de Fidel Castro y las promesas de justicia social e igualdad comenzaron a aplicarse despojando a los dueños de industrias y negocios de sus propiedades, sin retribuir ni indemnizar sus pérdidas. Para entenderlo mejor, se trataba de robarle a unos para enriquecer a otros, al estilo del Robin Hood inglés, violando el derecho a la propiedad, práctica que se sigue aplicando hasta el día de hoy.
El respeto a la propiedad no es algo nuevo, y en Cuba nunca ha sido garantizado por el régimen. Los años 80 y 90 fueron testigos de la llamada Operación Maceta, en la que muchos cubanos fueron privados de sus bienes bajo el supuesto lema de la igualdad social. En este proceso abusivo se sancionaba la iniciativa personal y se penalizaba el emprendimiento.
Con la intención de igualar a todos los cubanos en la pobreza —la forma más sutil de control social que hace al individuo dependiente del gobierno— toda iniciativa privada que se permite en la isla está marcada por leyes y decretos que limitan las capacidades creativas de cualquier cubano que pretenda implantar su negocio.
Esta política de control no solo se manifiesta en el terreno económico. Desde el punto de vista político e ideológico, la limitación de la libertad es una cruda realidad, sostenida sobre un sistema jurídico que se ha convertido en el perro guardián del sistema.
Eventos como las condenas injustas impuestas por tribunales manipulados a los participantes en las protestas del 11 de julio y las diferentes manifestaciones ocurridas en varios territorios de la isla son una muestra de la restricción de la libertad en nombre de la igualdad. Una igualdad que censura la libertad de expresión y de opinión, y que se sustenta en un texto constitucional modificado a ultranza para proteger los intereses de la élite dominante.
El socialismo no puede promover la llamada igualdad social, porque su naturaleza es la de aniquilar la libertad. Todos los hombres somos iguales en cuanto a las oportunidades, pero en la práctica funciona en sacrificio personal y de la individualidad, y en eso el comunismo no aporta nada.
Publicado originalmente en la edición 211 del medio de comunicación comunitario del ICLEP, El Espirituano.
Durante muchos años, el régimen cubano ha vendido al mundo la imagen de un país tranquilo y seguro, donde se puede transitar libremente por calles y barrios, como si se tratara de un paraíso terrenal. Sin embargo, esa visión está completamente alejada de la realidad.
La Cuba de los años 80 es solo un recuerdo. Aquella época en la que escuchar hablar de un crimen o un asalto era algo poco común ha quedado atrás. Hoy vivimos con el temor constante de ser asaltados, asesinados en plena vía pública o de recibir la noticia de un nuevo feminicidio. La Cuba actual ya no es segura, y vivir en ella supone un riesgo para la vida. El viejo discurso oficial no concuerda con la cruda realidad.
En los últimos años, el índice de criminalidad en el país ha crecido de manera alarmante. Resulta casi imposible que transcurra una semana sin reportes de asesinatos, robos o asaltos. La tranquilidad ciudadana dejó de ser una garantía. La muerte de mujeres inocentes, en su mayoría jóvenes, a manos de sujetos violentos, es noticia frecuente en las redes sociales, como consecuencia de la falta de leyes que sancionen a los asesinos con el rigor necesario.
Del mismo modo, los asaltos en las calles para robar, en gran parte cometidos por jóvenes y adolescentes, se han convertido en otra dolorosa realidad que crece cada día. No se trata de exagerar los argumentos: la tranquilidad que una vez existió ya no está. Ahora, junto a la represión política, se manifiesta otra forma de violencia, aún más letal: la violencia cotidiana, de la que cualquiera puede convertirse en víctima fatal.
En medio de un escenario de inseguridad y carencias, la violencia se ha transformado en un problema social incontrolable que ha cobrado la vida de muchos inocentes. Las fuerzas policiales, centradas en la represión política, hacen muy poco por contener la creciente ola de violencia que sacude al país.
El peligro a perder la vida a manos de un delincuente callejero, a veces por el más simple detalle u objeto, ya no es un simple temor, sino una realidad que no podemos descartar, como ha ocurrido ya en varios lugares del país, cobrando vidas inocentes, y muchos de ellos jóvenes que apenas comenzaban a vivir. Esta es la triste realidad que nos ha tocado vivir: el resultado de un régimen fracasado que no puede ofrecer ninguna garantía de seguridad, porque ha priorizado su permanencia en el poder por encima de la paz y la tranquilidad de sus ciudadanos.
Vivir en Cuba significa convivir con el sobresalto diario, con la constante preocupación por el hijo o el hermano que salió a la calle y tarda en regresar, sabiendo que en cualquier momento puede convertirse en víctima. Así transcurre nuestra vida.
Publicado originalmente en la edición 210 del medio de comunicación comunitario del ICLEP, El Espirituano.
El Ministerio de Denuncias Exteriores del Gobierno cubano, conocido de manera oficial como Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), realizó el pasado 17 de septiembre una conferencia de prensa en la que denunció los efectos del embargo. El titular de esa cartera, Bruno Rodríguez Parrilla, enumeró las supuestas consecuencias de esa medida que, según el gobierno de la isla, impide que se desarrolle la economía cubana. Sin embargo, el canciller obvió mencionar que el principal culpable de la actual crisis económica y social que atraviesa Cuba es el Partido Comunista.
Durante la conferencia de prensa, Rodríguez Parrilla no mencionó que la corrupción imperante en el país no es culpa del gobierno de Donald Trump, ni del de Dwight Eisenhower, sino del mismo gobierno que él representa. No hizo alusión tampoco a los miles de ancianos que piden limosnas en las calles cubanas. Mucho menos al fracaso de la llamada Tarea Ordenamiento, una desastrosa medida económica implementada con el planeta a las puertas de una pandemia.
Claro, no se podía esperar menos, quien habló fue el mismo canciller que calló ante la invasión rusa contra Ucrania, el que ni siquiera menciona los intentos del gobierno de Nicolás Maduro por hacerse con la Guyana Esequiba y apoyó los ataques iraníes contra objetivos civiles en Israel, incluidos hospitales. Y que por otra parte apoya al gobierno chavista, en el que militan varios funcionarios vinculados al Cártel de los Soles, una organización criminal catalogada como terrorista por varios gobiernos, incluido el estadounidense. En tanto, condena los esfuerzos de los Estados Unidos por combatir el narcotráfico en la región.
Rodríguez Parrilla tampoco dijo una palabra sobre el hecho de que mientras buena parte del pueblo cubano se ve obligado a comprar los medicamentos a sobreprecio, la empresa cubana BioCubaFarma inaugura fábricas de medicamentos en China y Vietnam con el objetivo de llevar esos productos a países latinoamericanos. Todo eso, obviamente, con la venia del Gobierno y del Partido Comunista.
Como era de esperar, arremetió contra el gobierno estadounidense acusándolo de genocida y de violar los derechos humanos de los cubanos. Una acusación que sería risible, si no fuera por lo indignante que resulta el hecho de que fue hecha por un funcionario del Estado cubano que viola hace más de 66 años los derechos fundamentales de cada ciudadano de la isla. El mismo que encarcela y reprime a todo aquel que se atreve a oponérsele.
El Ministerio de Denuncias del Gobierno cubano, no del pueblo, dejó claro una vez más que quienes ejercen el poder en la isla viven en una realidad divorciada de la del pueblo. Pero la mentira tiene patas cortas y 66 años es demasiado tiempo.
Publicado originalmente en la edición 245 del medio de comunicación comunitario del ICLEP, El Majadero de Artemisa
El envío de barcos de guerra y de 4 500 soldados para reforzar la lucha contra el narcotráfico en la región a finales del mes de agosto, por parte de la administración Trump, ha puesto a temblar al Gobierno de Nicolás Maduro, en el que hay personas que ocupan altos cargos vinculadas al denominado Cártel de los Soles, incluido el mismísimo Diosdado Cabello, una de las principales figuras del chavismo.
¿Qué es el Cártel de los Soles? Es un grupo criminal integrado por miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela y del Gobierno de ese país que se dedica al tráfico de estupefacientes; fue incluido por el gobierno de Donald Trump en el listado de organizaciones terroristas, junto a los poderosos cárteles mexicanos y otras organizaciones.
Contra el citado grupo, en el senado colombiano fue aprobada recientemente una iniciativa para declararlo como organización terrorista y criminal; algo similar sucede en España a partir de una propuesta hecha por el partido político Vox, y lo mismo hizo el Gobierno argentino de Javier Milei hace unas semanas.
Entre las personas vinculadas al chavismo señaladas de pertenecer al Cártel de los Soles se encuentran, además de Diosdado Cabello, Tarek El Aissami, José David Cabello, el ex Director Nacional de Inteligencia Hugo Carvajal, Freddy Bernal y Néstor Reverol, entre otros. Muchos de ellos han sido sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, acusados de narcotráfico. Pero hay más: el 11 de noviembre de 2015, agentes de la DEA arrestaron a un hijo adoptado y a un sobrino de Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, cuando intentaban introducir en los Estados Unidos 800 kilogramos de cocaína procedentes de Venezuela.
En fin, que las cosas no pintan nada bien para el Gobierno chavista, que ha optado por movilizar a más de 4 millones de milicianos. Por si fuera poco, el día 18 la Asamblea Nacional venezolana aprobó una ley nombrada “Ley Aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre Venezuela y Rusia”, país con el que el régimen de Maduro tiene importantes acuerdos militares, hasta el punto de que en la nación sudamericana hay una fábrica de fusiles AK-103 Kalashnikov.
Sin embargo, el presidente Donald Trump ha afirmado que su intención no es invadir Venezuela, sino fortalecer el enfrentamiento a la plaga del narcotráfico, una lucha que se ve bloqueada por las posiciones de gobiernos como el del presidente colombiano Gustavo Petro, quien ha afirmado en más de una ocasión que el Cártel de los Soles no existe y que es solo un invento de la ultraderecha para atacar a gobiernos que no responden a sus intereses. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, que también enfrenta en su país una fuerte crisis en lo que al tráfico de drogas se refiere, dijo en el mes de agosto que su Gobierno no tiene pruebas de que Nicolás Maduro esté vinculado con los cárteles de la droga.
Lo cierto es que el Comando Sur, la fuerza encargada de ejecutar la tarea, ha destruido ya tres embarcaciones vinculadas con el tráfico de drogas, mientras Nicolás Maduro y sus secuaces intentan mostrar un poderío militar que no tienen, como tampoco pueden demostrar que no tienen vínculos con el narcotráfico.
Publicado originalmente en la edición 245 del medio de comunicación comunitario del ICLEP, El Majadero de Artemisa