Bloqueo de comunicación internacional en cárceles cubanas como represalia contra presos de conciencia
ICLEP
22 May, 2026
La represión se recompone en Cuba: abril marca el avance del hostigamiento y la censura digital
May 20, 2026
Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) · Observatorio Cubano de Libertad de Expresión
Persistencia represiva en abril de 2026
Consolidación del hostigamiento sistemático y avance del control digital sobre la sociedad civil en Cuba
Informe mensual · Abril 2026Total de agresiones
179
-6.3% vs. mar. 2026
Vs. Abril 2025
+46.7%
+57 casos interanual
Libertad de expresión
153
85.5% del total
Libertad de prensa
26
14.5% del total
Metodología del Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) del ICLEP documenta violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba basado en el método inductivo: observación y registro de hechos, análisis y clasificación, contrastación, verificación y archivo físico y digital.
Fuentes. La Metodología del Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP emplea declaraciones directas de víctimas, familiares y testigos, así como la revisión y contrastación de denuncias obtenidas por la red de monitoreo del Observatorio o publicadas en redes sociales, medios digitales y reportes de organizaciones aliadas. Los casos pueden documentarse como testimonios directos, de terceros, evidencia documental, video/audio o fuentes públicas verificables.
Criterios de clasificación. Todo hecho se registra una vez verificada su condición de violación al Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en concordancia con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Metodología del Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP distingue entre violaciones a la libertad de expresión —cuando la víctima es ciudadano, activista u opositor— y violaciones a la libertad de prensa, cuando el afectado es periodista, trabajador de medios o director de un medio de comunicación, independientemente de si la agresión ocurre durante el ejercicio directo del periodismo.
Indicadores operativos. Los hechos se clasifican en seis categorías: (1) Detención arbitraria: privación de libertad o restricción de movilidad sin orden judicial ni debido proceso; (2) Agresiones físicas: violencia deliberada contra el cuerpo de la víctima, incluyendo tortura bajo custodia, agresión sexual o asesinato; (3) Ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas: hostigamiento, intimidación, vigilancia, allanamientos, mítines de repudio y acoso sistemático al entorno de la víctima; (4) Reclusión: privación formal y prolongada de libertad por orden judicial o medida cautelar, incluida la reclusión domiciliaria; (5) Restricciones en el espacio digital: bloqueos, hackeos, cortes de internet, suspensión de cuentas y cualquier agresión tecnológica orientada a silenciar a la víctima en línea; (6) Uso abusivo del poder estatal: instrumentalización del aparato administrativo, migratorio, penal y penitenciario para censurar, sancionar económicamente o restringir la movilidad de periodistas y comunicadores.
Verificación. Ningún caso se publica sin contrastación. La Metodología del Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP exige al menos una fuente corroborante. Los hechos dudosos o no verificables quedan en reserva hasta su confirmación.
Limitaciones. El contexto represivo cubano impone restricciones severas al acceso a la información. La autocensura de las víctimas, el miedo a represalias y la imposibilidad de obtener respuesta oficial pueden generar subregistro. Los datos reflejan los casos documentados y verificados conforme a la metodología, no la totalidad de las violaciones ocurridas en el país.
Ética y protección de fuentes. La identidad de víctimas y fuentes se anonimiza cuando existe riesgo para su seguridad. El Observatorio no publica información que pueda exponer a personas en situación de vulnerabilidad, y aplica protocolos de seguridad digital en el manejo de la documentación.
1. Introducción
Abril de 2026 cerró con un saldo de 179 agresiones contra la libertad de expresión y la libertad de prensa en Cuba, según los registros del Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP. Aunque la cifra representa una ligera disminución frente a las 191 violaciones documentadas en marzo, los datos confirman que el aparato represivo del régimen mantiene activos todos sus mecanismos de coerción y profundiza patrones que venían en ascenso. La aparente reducción cuantitativa no debe leerse como una distensión: el mes muestra una represión más concentrada en el hostigamiento sostenido, la presión psicológica y el control digital, en lugar de la detención abierta como recurso masivo.
El contexto político en el que ocurre esta dinámica resulta determinante. Cuba continúa atravesando una crisis estructural agravada por la persistencia de apagones, escasez de alimentos y medicamentos, el deterioro acelerado de los servicios básicos y un visible desgaste de la legitimidad del poder. A esta crisis interna se suma el clima de creciente tensión política con el gobierno de Estados Unidos sostenido en los últimos meses, que el régimen utiliza ideológicamente para presentarse como un Estado bajo asedio y, sobre esa base, justificar el endurecimiento de los controles internos sobre cualquier forma de disidencia o pensamiento crítico.
En este escenario, continúan las protestas ciudadanas frente a una crisis que se ha vuelto insostenible para amplios sectores de la población. Los apagones, en particular, continúan siendo un detonante recurrente del descontento, y la respuesta estatal contra quienes denuncian condiciones de vida pecarias o expresan inconformidad en redes sociales es la represión constante.
Lejos de aliviar la presión sobre la población, el régimen consolida un modelo represivo más sofisticado, más capilar y más institucionalizado, donde la palabra crítica, la documentación ciudadana, el periodismo independiente y la simple expresión del descontento se han convertido en actividades de alto riesgo.
2. Datos generales
Las 179 agresiones documentadas durante abril de 2026 se distribuyen de la siguiente manera: 153 agresiones contra la libertad de expresión (85.5%) y 26 agresiones contra la libertad de prensa (14.5%). Esta distribución mantiene la tendencia observada en meses anteriores y confirma que el grueso de la represión recae sobre un universo amplio de ciudadanos, activistas, opositores, presos políticos y creadores de contenido, mientras que el periodismo independiente conserva su lugar como blanco prioritario dentro de un espacio cívico cada vez más reducido.
El predominio absoluto de las agresiones contra la libertad de expresión, con más de cuatro quintas partes del total, evidencia que el aparato represivo está actuando contra un fenómeno social mucho más amplio que la prensa. La censura y la coerción se dirigen contra cualquier forma de exteriorización del desacuerdo, lo que es coherente con un contexto donde el régimen percibe que la mayor amenaza para su estabilidad no proviene únicamente de medios alternativos, sino de una ciudadanía cada vez más dispuesta a expresar frustración, narrar abusos, cuestionar decisiones oficiales o solidarizarse con las víctimas de la represión.
Distribución de agresiones por tipo – Abril 2026
Libertad de expresión vs. libertad de prensa (total: 179)
Comparativa con periodos anteriores
El dato global del mes adquiere todo su significado cuando se compara con los registros recientes. En marzo de 2026 el total había sido de 191 agresiones, y para el mismo período del año anterior (abril de 2025) el total fue de 122. Esto significa que en abril de 2026 hubo 12 agresiones menos que en marzo (-6.3%), pero 57 más que en el cuarto mes del año anterior (+46.7%).
| Período | Total agresiones | Variación absoluta | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Abril 2025 | 122 | — | — |
| Marzo 2026 | 191 | +69 vs. abr. 2025 | +56.6% |
| Abril 2026 | 179 | -12 vs. mar. / +57 vs. abr. 2025 | -6.3% / +46.7% |
Evolución mensual de agresiones – contexto reciente
Abril 2025 / Marzo 2026 / Abril 2026
El descenso parcial de los registros no indica una reducción real de las prácticas represivas. Por una parte, el volumen sigue siendo muy alto y se mantiene por encima de los registros típicos de los meses anteriores al primer trimestre de 2026. Por otro lado, los datos por indicador muestran que, mientras algunas formas de represión más visibles —como las detenciones— se han reducido en términos relativos, otras modalidades menos espectaculares, pero más extendidas —como el hostigamiento psicológico y las restricciones digitales— han registrado incrementos muy marcados. El régimen no reprime menos: reprime distinto.
El crecimiento interanual, en cambio, es contundente. Casi 47% más de agresiones que en abril de 2025 confirma que la represión no se mueve en ciclos breves sino en una pendiente sostenida de agravamiento. Esto indica que el aparato estatal está respondiendo a un incremento del malestar social con una política de saturación represiva, buscando que el miedo se reinstale como mecanismo de inmovilización colectiva y que cualquier costo asociado al ejercicio de derechos fundamentales resulte suficientemente disuasivo para amplios sectores de la población. La tendencia al endurecimiento represivo, por tanto, no es coyuntural ni episódica, sino estructural, y se mantiene aun cuando los totales mensuales muestren pequeñas oscilaciones a la baja.
3. Agresiones por indicadores
La distribución de las agresiones por indicadores de violación permite entender mejor cómo opera la represión y qué mecanismos privilegia el aparato estatal. No todas las formas de ataque tienen el mismo peso ni cumplen la misma función. Algunas están orientadas a intimidar de forma constante; otras a castigar de manera visible como acto ejemplarizante; otras a dotar de apariencia legal la persecución; otras a cortar la circulación de información. En conjunto, los indicadores de abril revelan un repertorio represivo cada vez más diversificado, donde el hostigamiento psicológico y el control digital ganan protagonismo frente a las formas más tradicionales de represión.
| Indicador | Casos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas | 87 | 48.6% |
| Uso abusivo del poder estatal | 30 | 16.8% |
| Restricción en el espacio digital | 27 | 15.1% |
| Detenciones arbitrarias | 22 | 12.3% |
| Agresiones físicas | 9 | 5.0% |
| Reclusión | 4 | 2.2% |
Peso relativo por indicador de violación – Abril 2026
Porcentaje sobre el total de 179 agresiones
- Agresiones psicológicas 87
- Uso abusivo poder estatal 30
- Restricción espacio digital 27
- Detenciones arbitrarias 22
- Agresiones físicas 9
- Reclusión 4
El indicador más alto del mes es el de ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas, con 87 casos, equivalente al 48.6% del total. Esta cifra es particularmente elocuente: prácticamente la mitad de toda la represión documentada en abril operó por la vía del hostigamiento, la amenaza, la citación intimidatoria, la vigilancia y la presión sobre las víctimas y su entorno. Lejos de ser una modalidad secundaria, esta forma de coerción permite al régimen disciplinar sin necesidad de recurrir constantemente a la detención abierta o al uso público de la fuerza, lo que reduce el costo político de la represión y multiplica su alcance disuasivo. Que esta categoría incremente significativamente la cifra de marzo de 2026 (60 casos) confirma un viraje estratégico hacia el desgaste sistemático como instrumento de control.
El uso abusivo del poder estatal, con 30 casos (16.8%), ocupa el segundo lugar y mantiene su peso como dimensión estructural de la represión cubana. Este indicador captura la instrumentalización de instituciones, normas, procedimientos judiciales y penitenciarios o recursos del Estado para reprimir. Su presencia revela un fenómeno central: en Cuba la represión no se limita al policía o al agente que detiene, vigila o intimida, sino que pasa crecientemente por estructuras institucionales que hacen del abuso una práctica burocrática. La coerción se vuelve así más estable, más normalizada y más difícil de impugnar, porque se presenta bajo formas aparentemente legales o administrativas.
La restricción en el espacio digital, con 27 casos (15.1%), constituye uno de los datos más significativos del mes. Esta categoría experimenta un aumento muy marcado respecto a marzo (17 casos) y se consolida como el tercer indicador con más peso. El Estado cubano reconoce que buena parte de la circulación de información crítica y de la articulación del descontento ocurre hoy día en entornos digitales. Por eso, controlar el acceso a internet, interrumpir servicios, hostigar por publicaciones, bloquear cuentas o restringir la capacidad de comunicación se ha convertido en una dimensión central de la represión en la Cuba actual. El crecimiento sostenido de este indicador a lo largo del último año —de apenas 2 casos en abril de 2025 a 27 en abril de 2026— ilustra el cambio cualitativo del modelo represivo.
Las detenciones arbitrarias, con 22 casos (12.3%), muestran una reducción significativa frente a las 50 registradas en marzo de 2026 y a las 59 documentadas en abril de 2025. Este descenso no debe interpretarse como una mejoría general en el respeto a las garantías individuales. Más bien, sugiere una redistribución del repertorio represivo: el régimen detiene proporcionalmente menos, pero amenaza, hostiga, vigila y restringe digitalmente mucho más. A ello se suma que las cifras de detenciones en el mes de marzo se dispararon considerablemente debido a dos grandes protestas ciudadanas que ocurrieron en Morón y Guanabacoa que terminaron con el arresto de varias personas. La detención sigue siendo una herramienta presente, pero parece reservarse cada vez más para casos donde el régimen pierde más terreno, mientras que el grueso del control se ejerce mediante mecanismos de menor visibilidad pública, pero igual o mayor eficacia disuasiva.
Las agresiones físicas (9 casos, 5.0%) y la reclusión (4 casos, 2.2%) tienen porcentajes menores en términos relativos, pero conservan un impacto cualitativo decisivo. Su presencia constante recuerda que, pese a la sofisticación de otros métodos, el régimen mantiene intacta su disposición a usar violencia directa y encierro cuando lo considera necesario.
Comparación de indicadores: abril 2025, marzo 2026 y abril 2026
| Indicador | Abr. 2025 | Mar. 2026 | Abr. 2026 |
|---|---|---|---|
| Agresiones psicológicas | 35 | 60 | 87 |
| Uso abusivo del poder estatal | 23 | 42 | 30 |
| Restricción en el espacio digital | 2 | 17 | 27 |
| Detenciones arbitrarias | 59 | 50 | 22 |
| Agresiones físicas | 2 | 14 | 9 |
| Reclusión | 1 | 8 | 4 |
Comparación de indicadores: Abr. 2025 · Mar. 2026 · Abr. 2026
Número de casos por indicador en cada período
Abr. 2025 Mar. 2026 Abr. 2026
La comparación interanual e intermensual permite identificar con claridad los desplazamientos del modelo represivo. Las agresiones psicológicas pasan de 35 casos en abril de 2025 a 87 en abril de 2026, un aumento del 148.6% en apenas un año. Este crecimiento, sostenido también frente a marzo (+45%), es el dato más revelador del periodo, porque habla de una represión menos centrada en episodios puntuales y más en procesos permanentes de hostigamiento, vigilancia y desgaste prolongado de las víctimas.
Las restricciones en el espacio digital muestran un salto interanual aún más dramático: de 2 casos en abril de 2025 a 27 en abril de 2026, lo que representa un incremento del 1.250%. Esta evolución confirma que el entorno digital se ha consolidado como frente represivo prioritario y que el control sobre las comunicaciones ya no es un complemento ocasional, sino un eje estructural de la política represiva. El aumento frente a marzo (+58.8%) demuestra además que el fenómeno no se ha estabilizado: continúa creciendo.
El uso abusivo del poder estatal pasa de 23 casos en abril de 2025 a 30 en abril de 2026 (+30.4%), aunque muestra un descenso intermensual frente a los 42 casos de marzo. Esta oscilación es coherente con la naturaleza más institucional y procesal de esta categoría, cuyos picos suelen estar vinculados a momentos específicos de actividad judicial, administrativa o penitenciaria. Su mantenimiento en niveles elevados confirma la institucionalización del abuso como práctica burocrática.
Las detenciones arbitrarias, en cambio, registran una caída tanto interanual (-62.7% frente a abril de 2025) como intermensual (-56% frente a marzo). Esta es la única categoría que muestra reducción sostenida, lo que refuerza la lectura de un desplazamiento del repertorio represivo: menos arrestos masivos visibles, más hostigamiento difuso y permanente. No se trata de una represión menor, sino de una represión recompuesta, donde el costo de represión se reparte de forma más eficiente para el régimen.
Las agresiones físicas (de 2 a 9 casos en un año, +350%) y la reclusión (de 1 a 4 casos, +300%) confirman que las formas más severas de castigo también se han intensificado en términos interanuales, aunque ambas muestran ligeros descensos frente a los picos registrados en marzo. En conjunto, los indicadores muestran una represión más compleja que antes: no menos violenta, sino más diversificada. El Estado cubano combina intimidación psicológica, control digital, abuso institucional y, cuando lo considera necesario, violencia directa y encierro. Esa combinación permite atacar simultáneamente la palabra, la movilidad, la comunicación, la seguridad personal y la capacidad organizativa de las víctimas.
Motivo o detonante de las agresiones
| Motivo o detonante | Frecuencia |
|---|---|
| Represión sistemática | 59 |
| Represalia por vínculos familiares o afectivos (represión vicaria) | 25 |
| Publicación en redes sociales | 22 |
| Fecha simbólica para el régimen | 11 |
| Ejercicio del derecho a la reunión y/o asociación | 8 |
| Participación en protestas | 7 |
| Participación en actos religiosos y libertad de culto | 6 |
| Represión por expresión simbólica | 4 |
| Denuncia de condiciones carcelarias | 4 |
| Cobertura periodística | 2 |
| Denuncia ciudadana de la realidad | 1 |
| Acciones de solidaridad y acompañamiento a víctimas | 1 |
Principales detonantes de agresiones – Abril 2026
Frecuencia absoluta de los principales motivos
Los datos de la tabla muestran con mucha claridad que el principal detonante de las agresiones en abril de 2026 fue la represión sistemática, con 59 menciones, lo que equivale a casi un tercio del total. Su peso es muy revelador, porque no describe un hecho puntual sino una lógica continua de persecución sobre víctimas identificadas por el aparato represor. Que casi una de cada tres agresiones se agrupe bajo esta categoría indica que una porción importante de las violaciones no depende de un detonante inmediato, sino de una condición previa de vigilancia, hostigamiento o castigo sostenido sobre personas y sectores ya marcados por el aparato represivo. Esto confirma que el régimen mantiene listas internas de personas bajo seguimiento permanente, sobre las que actúa de manera regular independientemente de hechos coyunturales.
El segundo elemento más repetido es la represalia por vínculos familiares o afectivos (represión vicaria), con 25 menciones. Este dato es particularmente significativo porque revela una de las dimensiones más perversas de la represión actual en Cuba: el Estado castiga no solo a quien denuncia o protesta, sino también a su entorno cercano, ampliando deliberadamente el radio del castigo para multiplicar el miedo y forzar la autocensura. Esta práctica resulta especialmente eficaz contra activistas, creadores de contenido y periodistas cuyos familiares se convierten en blanco directo de la presión estatal.
La publicación en redes sociales, con 22 menciones, ocupa el tercer lugar y consolida su peso como detonante recurrente de la represión. Este dato confirma que las redes sociales se han convertido en uno de los espacios más vigilados del país, y que el régimen ha desarrollado capacidades crecientes para monitorear, identificar y sancionar a quienes expresan opiniones críticas, comparten denuncias o divulgan información considerada incómoda por las autoridades. La combinación de este indicador con el aumento de las restricciones digitales refleja una estrategia coordinada de control sobre la esfera comunicativa electrónica.
Aparece también, con 11 menciones, las represalias asociadas a fechas simbólicas para el régimen, en este caso a finales de abril por la cercanía con el 1ro de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Este indicador captura las acciones represivas desplegadas en torno a aniversarios, conmemoraciones u otras fechas políticamente sensibles, durante las cuales el aparato estatal intensifica preventivamente la vigilancia sobre activistas, opositores y periodistas para impedir cualquier acto de protesta o expresión disidente. Su presencia visible en abril sugiere que las efemérides oficiales continúan funcionando como ventanas de represión reforzada.
Los motivos vinculados al ejercicio del derecho a la reunión y/o asociación (8 menciones), la participación en protestas (7) y la participación en actos religiosos (6) confirman que las formas colectivas de expresión cívica, política y espiritual siguen siendo blancos privilegiados de la respuesta estatal. La inclusión de la libertad de culto entre los motivos documentados muestra que cuando la religión se convierte en plataforma de acompañamiento, denuncia o articulación comunitaria, la represión aparece con la misma celeridad que ante cualquier otra forma de organización autónoma.
Con menor peso numérico pero alto valor analítico aparecen la represión por expresión simbólica (4 casos), la denuncia de condiciones carcelarias (4), la cobertura periodística (2), la denuncia ciudadana de la realidad (1) y las acciones de solidaridad con víctimas de represión (1). Este abanico demuestra que la represión no se dirige únicamente contra la oposición abierta, sino contra una variedad de conductas cívicas y expresivas que, en un Estado de derecho, deberían estar plenamente protegidas.
4. Distribución geográfica de las violaciones
La dimensión territorial de las agresiones permite observar dónde se concentran los esfuerzos de control y cómo se distribuye la represión a nivel nacional. Lejos de ser homogénea, la geografía de las violaciones en abril de 2026 muestra una concentración muy marcada en la capital, una presencia creciente del entorno digital como territorio represivo y una distribución más dispersa en el resto del país, con focos puntuales en provincias occidentales y orientales.
| Territorio | Casos | Porcentaje |
|---|---|---|
| La Habana | 95 | 53.1% |
| Entorno digital | 13 | 7.3% |
| Pinar del Río | 12 | 6.7% |
| Holguín | 11 | 6.1% |
| Cienfuegos | 10 | 5.6% |
| Santiago de Cuba | 7 | 3.9% |
| Ciego de Ávila | 6 | 3.4% |
| Camagüey | 6 | 3.4% |
| Artemisa | 5 | 2.8% |
| Villa Clara | 5 | 2.8% |
| Matanzas | 4 | 2.2% |
| Granma | 4 | 2.2% |
| Mayabeque | 1 | 0.6% |
Distribución geográfica de agresiones – Abril 2026
Casos por territorio (top 10)
La Habana, con 95 agresiones, concentra el 53.1% del total nacional, una proporción aún mayor que la registrada en marzo. Este dato es decisivo. La capital continúa siendo el principal escenario de control porque es el centro político, institucional, comunicacional y simbólico del país. En La Habana convergen medios independientes, activistas, sedes diplomáticas, organismos estatales, núcleos de protesta y mayores posibilidades de visibilidad pública. Reprimir en la capital tiene un efecto interno y externo: controla el foco principal del disenso y reduce el impacto público de las denuncias. Que más de la mitad de los casos del país se concentren en La Habana también indica que el régimen otorga máxima prioridad a blindar el espacio donde una crisis política tendría mayor repercusión.
El segundo lugar en el ranking territorial corresponde, por primera vez en los registros de la organización, al entorno digital, con 13 casos (7.3%). Esta posición resulta especialmente significativa porque coloca al espacio virtual por encima de varios territorios del país. Su presencia confirma que la represión cubana ya no puede leerse en clave estrictamente provincial: una porción creciente de las violaciones ocurre en espacios virtuales, donde el Estado interviene mediante bloqueos de cuentas, cortes selectivos de servicios, hostigamiento digital y campañas coordinadas de intimidación. El radio de acción del control estatal cubano se ha extendido así más allá del territorio físico, alcanzando también zonas de comunicación y proyección exterior.
Pinar del Río (12 casos), Holguín (11) y Cienfuegos (10) constituyen los focos provinciales más relevantes después de la capital. Esta distribución muestra una expansión occidental y oriental simultánea de la actividad represiva, con presencia significativa en provincias que no siempre figuran entre las más afectadas. Santiago de Cuba (7 casos), Ciego de Ávila (6), Camagüey (6), Artemisa (5) y Villa Clara (5) completan un mapa territorial amplio, en el que casi todas las provincias del país registran al menos algún hecho documentado. Esta capilaridad es importante: impide interpretar la represión como un fenómeno excepcional o concentrado en ciertos enclaves. La violencia institucional está territorialmente extendida, aunque su intensidad varíe.
Sin embargo, la ausencia de registros en algunos territorios o la baja incidencia documentada en otros no debe interpretarse como inexistencia de violaciones. En Cuba persisten zonas de silencio donde numerosos hechos represivos no se denuncian o no pueden verificarse oportunamente, debido al miedo de las víctimas, las limitaciones de conectividad, el aislamiento territorial, las restricciones para documentar y la ausencia o escasa presencia de periodistas independientes en determinadas zonas. En consecuencia, la falta de denuncia no equivale a ausencia de represión, sino que muchas veces es expresión directa de su eficacia. Las zonas de silencio en Cuba es la muestra más fehaciente de los resultados de la represión.
5. Perpetradores y rol institucional
La identificación de los perpetradores es esencial para entender la naturaleza del sistema represivo. En los 128 registros documentados durante abril de 2026 fue posible determinar con claridad la acción coordinada de distintos brazos del Estado. La distribución de responsabilidades institucionales revela la convergencia de fuerzas de seguridad, órganos judiciales, sistema penitenciario y operadores estatales de telecomunicaciones en una arquitectura represiva integrada.
| Institución o actor | Hechos | % sobre 129 hechos |
|---|---|---|
| Seguridad del Estado (MININT) | 91 | 71.1% |
| Policía Nacional Revolucionaria (PNR) | 38 | 29.7% |
| ETECSA (Ministerio de Comunicaciones) | 16 | 12.5% |
| Sistema penitenciario | 12 | 9.4% |
| Fiscalía (MINJUS) | 3 | 2.3% |
| Departamento Técnico de Investigación (DTI) | 3 | 2.3% |
| Tribunal Supremo (MINJUS) | 2 | 1.6% |
| Tribunal Municipal de Camagüey (MINJUS) | 1 | 0.8% |
| Aduana General de la República | 1 | 0.8% |
Perpetradores identificados – Abril 2026
Distribución de hechos con perpetrador determinado
El Ministerio del Interior (MININT), y dentro de este sus principales órganos, vuelve a aparecer como la institución perpetradora más visible. La Seguridad del Estado figura en 91 registros, equivalentes al 71.1% del total donde se pudo identificar al perpetrador, una proporción aún mayor que la registrada en marzo. Esta concentración confirma que la represión sigue siendo concebida en Cuba como un problema de seguridad política y que la Seguridad del Estado continúa operando como eje rector del control social: vigila, amenaza, cita, diseña estrategias de hostigamiento y actúa contra quienes considera desestabilizadores potenciales. El peso de la policía política en el mes es también coherente con el predominio de las agresiones psicológicas, que son precisamente su modalidad operativa característica.
La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) ocupa el segundo lugar con 38 hechos (29.7%) y cumple un rol complementario, pero decisivo. Si la Seguridad del Estado encarna la dimensión política e inteligente de la represión, la PNR representa su ejecución cotidiana y visible. La policía uniformada es la encargada de detener, trasladar, cercar, intimidar en espacios públicos o intervenir de manera directa. La reducción intermensual del peso relativo de la PNR es consistente con la caída de las detenciones arbitrarias, lo que refuerza la lectura de un desplazamiento del modelo represivo hacia el hostigamiento sostenido.
El Departamento Técnico de Investigación (DTI), con 3 hechos, y la Aduana General de la República, con 1, completan el listado de instituciones del MININT implicadas. La aparición de la Aduana es particularmente relevante porque señala que los puntos fronterizos —especialmente los aeropuertos— continúan funcionando como espacios de hostigamiento contra periodistas, activistas y opositores que intentan salir o entrar al país.
La presencia de ETECSA en 16 hechos (12.5%) es un dato especialmente significativo. Su participación coloca a la infraestructura estatal de telecomunicaciones dentro del esquema represivo del régimen, lo que confirma que la censura y el castigo en Cuba no se apoyan únicamente en fuerzas de seguridad, sino también en herramientas tecnológicas. La represión del siglo XXI en Cuba no solo encarcela o amenaza: también corta, limita o condiciona la circulación digital de información. El nivel de implicación del monopolio estatal de telecomunicaciones se mantiene en cifras similares a las de marzo, lo que sugiere que el corte selectivo de servicios continúa de forma estable al repertorio represivo.
El sistema penitenciario, con 12 hechos (9.4%), confirma que la violencia estatal no termina con la detención o la sentencia. El espacio carcelario sigue siendo un lugar de castigo político, de presión constante y de violaciones adicionales. Esto resulta especialmente grave porque muestra la continuidad de la represión dentro del encierro: quienes ya fueron neutralizados físicamente siguen siendo objeto de hostigamiento, amenaza y control.
El Ministerio de Justicia (MINJUS), a través de la Fiscalía de tres provincias (3 registros), el Tribunal Supremo (2) y el Tribunal Municipal de Camagüey (1), suma 6 registros en abril. Aunque porcentualmente menor, su implicación desempeña un papel cualitativamente crucial. Demuestra que la represión no es solo extralegal o policial, sino también judicial. El aparato de justicia aporta formalidad, legitimación y apariencia de procedimiento a dinámicas que en realidad vulneran derechos fundamentales. Cuando el poder judicial participa, la represión adquiere una capa adicional de institucionalización, porque el abuso se reviste de legalidad.
Desde el punto de vista analítico, esta convergencia de actores revela un rasgo estructural del sistema cubano: la ausencia de separación real entre seguridad, justicia, administración y control comunicacional cuando se trata de neutralizar voces críticas. Todas estas instancias actúan, en diferentes niveles, como componentes de un mismo engranaje orientado a la preservación del poder.
6. Agresiones por género
El análisis por género permite observar cómo se distribuye el impacto represivo entre hombres y mujeres dentro del universo de víctimas identificadas. Aunque el dato no agota la comprensión del fenómeno, sí ofrece señales importantes sobre exposición, perfiles y modalidades de afectación. En abril de 2026 se identificaron 81 víctimas con género determinado, de las cuales 56 son hombres (69.1%) y 25 son mujeres (30.9%).
| Género | Casos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Hombres | 56 | 69.1% |
| Mujeres | 25 | 30.9% |
Distribución por género – Abril 2026
Víctimas identificadas
Los hombres constituyen algo más de dos terceras partes del total identificado, mientras que las mujeres representan cerca de un tercio. Es importante resaltar que varias de las víctimas sufrieron más de una agresión durante el mes. Entre los hombres con mayor reiteración de afectaciones destacan Raymar Aguado Hernández (6 veces), Ángel Moya Acosta (4), Dagoberto Valdés Hernández y Alexeis Serrano Águila (3 cada uno). Entre las mujeres, los casos con mayor reiteración son los de Berta Soler Fernández (7 veces), Yamilka Lafita Cancio (6), Anna Sofía Benítez Silvente (5) y Caridad Silvente Laffita (4). Esta concentración revela un patrón de hostigamiento sostenido y dirigido sobre figuras específicas, que el régimen identifica como prioritarias dentro de su política de control.
Perfil de las víctimas
El análisis del perfil de las víctimas permite comprender hacia quiénes se dirige prioritariamente la represión y cómo ha evolucionado la lógica del control estatal en Cuba. En abril de 2026 se documentaron 83 víctimas identificadas por categoría, distribuidas como muestra el siguiente gráfico.
| Tipo de víctima | Casos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Activistas | 22 | 26.5% |
| Ciudadanos | 20 | 24.1% |
| Presos políticos | 14 | 16.9% |
| Periodistas | 12 | 14.5% |
| Opositores | 5 | 6.0% |
| Expresos políticos | 4 | 4.8% |
| Creadores de contenido | 4 | 4.8% |
| Medio de prensa | 1 | 1.2% |
| Perfil de redes sociales | 1 | 1.2% |
Perfil de víctimas – Abril 2026
Distribución por tipo
El dato más significativo del mes es el ascenso de los activistas al primer lugar del perfil de víctimas, con 22 casos (26.5%). Este desplazamiento, frente a meses anteriores donde los ciudadanos comunes habían encabezado la categoría, indica un cambio en el foco de la represión: el aparato estatal parece haber concentrado en abril una parte importante de sus acciones sobre quienes mantienen activamente un compromiso público con la defensa de derechos, la denuncia organizada o la articulación cívica. La reiteración de hechos contra figuras como Berta Soler Fernández, Yamilka Lafita Cancio o Raymar Aguado Hernández confirma esta tendencia.
Los ciudadanos comunes ocupan el segundo lugar con 20 casos (24.1%). Aunque su peso relativo descendió frente a marzo, su presencia sigue siendo muy alta y vuelve a confirmar una preocupación central: cada vez más los ciudadanos sin vínculos formales con organizaciones disidentes se convierten en blanco de la represión. Esta categoría incluye a personas afectadas por opinar en redes sociales, protestar contra los apagones, denunciar condiciones de vida o expresar inconformidad de manera espontánea. Su presencia confirma que el régimen ya no reprime únicamente a quienes lideran o articulan el disenso, sino también a quienes lo expresan de manera cotidiana.
Los presos políticos, con 14 casos (16.9%), constituyen el tercer grupo más afectado y muestran un aumento significativo respecto a meses anteriores. Su presencia dentro del registro evidencia que la represión no termina con la privación de libertad, sino que continúa dentro del sistema penitenciario mediante amenazas, castigos adicionales, traslados arbitrarios, restricciones de visitas y comunicaciones, y violaciones a derechos penitenciarios. Esta cifra es consistente con la implicación documentada del sistema penitenciario como perpetrador y con la frecuencia de las denuncias de condiciones carcelarias como motivo de represión.
Los periodistas, con 12 casos (14.5%), mantienen una presencia estable como blanco prioritario. Esta cifra confirma que la prensa independiente continúa siendo un objetivo central del régimen, a pesar de la progresiva reducción del número de periodistas que permanecen en el país como consecuencia del exilio forzado o inducido por la represión persistente. La concentración del hostigamiento sobre un grupo cada vez más pequeño de comunicadores explica la intensidad cualitativa de los casos documentados. Un aspecto relevante del mes fue la represión contra un periodista estadounidense que viajó a Cuba con la intención de documentar la realidad de la isla; la confiscación de sus medios de trabajo y la vigilancia constante en su contra demuestran hasta qué punto llega la censura en Cuba.
Los opositores (5 casos, 6.0%), los expresos políticos (4 casos, 4.8%), los creadores de contenido (4 casos, 4.8%), el medio de prensa documentado (1 caso) y el perfil de redes sociales afectado (1 caso) completan el cuadro. La presencia de los creadores de contenido como categoría diferenciada refleja el reconocimiento por parte del Estado del impacto de las redes sociales como canal de información alternativa. A diferencia del periodismo tradicional, estos actores operan en espacios más descentralizados y difíciles de controlar, lo que los convierte en blancos crecientes de vigilancia y sanción. La afectación de un perfil de redes sociales como entidad independiente confirma que el régimen también persigue identidades digitales cuando estas alcanzan cierto nivel de incidencia pública.
En conjunto, el perfil de las víctimas en abril de 2026 confirma un rasgo clave que se viene observando desde hace ya varios meses: la represión en Cuba ha pasado de ser selectiva a ser expansiva. El Estado no solo reacciona ante actores visibles, sino que actúa de forma preventiva sobre la sociedad en su conjunto, con el objetivo de impedir que el descontento se convierta en acción colectiva.
7. Casos emblemáticos registrados
Creadores de contenido bajo represión digital y vicaria
Durante abril de 2026, el ICLEP documentó un patrón sostenido de hostigamiento contra la creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente y su entorno cercano, mediante citaciones, presión penal, vigilancia domiciliaria y, sobre todo, el corte coordinado de servicios de telefonía y mensajería ejecutado por ETECSA.
Anna Sofía Benítez Silvente
En continuidad con el proceso penal abierto a finales de marzo contra ella y su madre Caridad Silvente por difundir un video que identificaba a un agente de la Seguridad del Estado, la creadora sufrió una escalada represiva durante todo el mes. Tras la visita del jefe de misión de EE.UU. a su domicilio el 8 de abril, su hermana Elmis Rivero Silvente fue citada al día siguiente en la Unidad de Extranjería, donde le retuvieron el pasaporte cubano y la amenazaron con encarcelar a Anna Sofía y a su madre si no cesaban las denuncias. El domicilio permaneció bajo vigilancia policial durante esos cuatro días, y ese mismo 9 de abril Anna Sofía denunció la suspensión irregular de su WhatsApp. El 13 de abril fueron citadas nuevamente para notificarles el archivo de la medida cautelar de reclusión domiciliaria. El 21 de abril, ETECSA desactivó las líneas telefónicas de madre e hija y sus cuentas de WhatsApp fueron hackeadas simultáneamente, dejándolas incomunicadas. El 22 de abril se repitió el corte de su línea y, en la madrugada del 23, su WhatsApp fue cerrado nuevamente[1].
David Espinosa y Laidy García
Integrantes del círculo cercano de Anna Sofía, fueron interrogados con presión psicológica para forzar declaraciones falsas. Desde la madrugada del 14 de abril, David, creador de contenido, perdió acceso a WhatsApp y reportó intentos de hackeo en Telegram y WhatsApp. El 22 de abril, ETECSA desactivó simultáneamente sus líneas telefónicas, en un patrón que el propio afectado describió como recurrente[2].
Activistas y opositores bajo represión sistemática
A lo largo de abril, el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP documentó múltiples acciones represivas contra activistas y opositores visibles, ejecutadas por la Seguridad del Estado y la PNR. El patrón combina vigilancia intimidatoria, detenciones sin orden judicial, cerco domiciliario en torno a actos religiosos, hackeo de cuentas y cortes digitales coordinados por ETECSA, así como represión vicaria contra personas del entorno cercano.
Raymar Aguado Hernández
Entre el 17 y el 28 de abril, el activista —que se encontraba en Santiago de Cuba apoyando comunidades afectadas por el huracán Melissa— sufrió una campaña sostenida de acoso telefónico desde "Número Privado", amenazas desde perfiles falsos y vigilancia explícita: el 22 de abril, el agente Camilo le describió con detalle sus desplazamientos por los aeropuertos de Santiago y La Habana, advirtiéndole que las acciones eran "solo el inicio de la embestida". El 24 de abril, sus dos números personales fueron utilizados sin consentimiento como supuestos contactos de venta de combustible, aceite y divisas, generando cientos de llamadas y mensajes de terceros; esa misma noche se le canceló totalmente el acceso a internet por datos móviles y se forzó el cierre de su WhatsApp. El 27 de abril, su WhatsApp fue cerrado nuevamente y se intentó hackear sus cuentas de Facebook e Instagram. Paralelamente, su amiga Leyla María Mancebo Bada fue citada irregularmente los días 20, 21 y 22 de abril mediante citaciones que incumplían el artículo 143 de la Ley de Procedimiento Penal —sin indicar causa ni calidad de la comparecencia, ni cuño institucional—; el 22 de abril el agente Camilo amenazó por teléfono a su padre con multar o detener a su hija, y lo citó también a él. Las acciones contra Mancebo Bada fueron expresamente reconocidas por el agente como una estrategia de extorsión dirigida contra Aguado Hernández[3].
Yamilka Lafita Cancio (“Lara Crofs”)
El 18 de abril fue secuestrada por el DSE e interrogada con fotografías de Raymar Aguado Hernández tomadas en Santiago de Cuba, en una clara demostración del nivel de vigilancia ejercido. El 19 de abril publicó una denuncia describiendo bloqueo selectivo de su señal móvil durante 48 horas, registro irregular de su WhatsApp en otro dispositivo y presencia continuada de agentes de seguimiento; pocas horas después fue detenida arbitrariamente al salir de su domicilio, sin orden judicial, y liberada el mismo día. Ese mismo día, el DSE elaboró un documento manuscrito que la etiquetaba como "C/R" (contrarrevolucionaria) y ordenaba investigación exhaustiva sobre su domicilio, convivientes y vulnerabilidades, así como el establecimiento de "puntos de apoyo" con vecinos para vigilancia comunitaria y la fotografía sistemática de la activista en espacios públicos. El agente Luis Ariel ("Luisito"), identificado posteriormente como Ariel Arnau Grillet, intentó fabricarle "delitos comunes" mediante revisión retroactiva de su historial, llegando a atribuirle hechos de 2011 cuando no residía en Cuba. El 20 de abril, las aplicaciones de su teléfono comenzaron a cerrarse de forma autónoma: primero WhatsApp y luego Gmail, con cambio de contraseña no autorizado y desaparición de dos cuentas vinculadas a números cubanos. En fecha previa, "Luisito" le había enviado el SMS amenazante: "Buenas tardes, te informo que no hay viaje a Santiago de Cuba, estoy detrás de ti ¿ok?"[4].
Berta Soler Fernández, Ángel Moya Acosta y María Cristina Labrada Varona
El 5 de abril (Domingo de Resurrección), agentes del DSE y la PNR mantuvieron sitiadas desde horas tempranas la vivienda de María Cristina Labrada Varona, en Santo Suárez, y la sede nacional de las Damas de Blanco, para impedir su asistencia a misa y a la procesión dominical. Entre el 14 y el 15 de abril, ETECSA interrumpió el servicio de Internet de Berta Soler y Ángel Moya pese a estar activo y pagado, con reconexión irregular e inestable que el propio Moya atribuyó al control directo de la Seguridad del Estado. El 19 de abril, un nuevo operativo combinado del DSE y la PNR sitió la sede nacional de las Damas de Blanco e impidió la salida de Labrada Varona. El 21 de abril, hacia las 10:00 a.m., Soler y Moya fueron arrestados en la Avenida Luyanó y trasladados por separado a la Unidad de Aguilera, donde el Teniente Coronel Paulo, jefe de la Sección 21, los interrogó por separado. Durante el registro, el oficial cuestionó el uso de ropa blanca para asistir a la iglesia y amenazó: "No habrá espacio ni tribuna para ustedes, si los americanos invaden a Cuba". Le advirtió a Soler que su actividad en redes sociales y su asistencia a la iglesia podían motivar privación de libertad, y declaró expresamente que no permitiría que ninguna mujer de la organización asistiera de lunes a sábado a misa. Un día después, Soler y Moya fueron nuevamente detenidos, interrogados y amenazados por la Seguridad del Estado[5],[6],[7].
Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja Torres
El 18 de abril, ambas activistas —sujetas a la misma medida cautelar de reclusión domiciliaria— fueron objeto de acciones represivas simultáneas y coordinadas. Alina Bárbara fue detenida en Matanzas e incomunicada en la unidad policial de Playa entre las 8:00 a.m. y las 5:30 p.m. Durante las primeras siete horas no recibió atención alguna; solo al amenazar con protestar en voz alta fue conducida ante una instructora del MININT, que negó la existencia de presos políticos en Cuba y amenazó con "reajustar" su medida cautelar. La activista se negó a firmar el acta de advertencia. Su juicio pendiente en el Tribunal Municipal de Matanzas, en el que la Fiscalía solicita cuatro años de prisión, lleva cerca de un año paralizado en abierta violación del debido proceso. Simultáneamente, en La Habana, Jenny Pantoja Torres fue interceptada por el agente Ariel Arnau a la salida de su domicilio cuando se disponía a pasear a su perro: el oficial la amenazó con arrestarla y con llevarse al animal si salía a la calle, y continuó merodeando las inmediaciones de la vivienda[8],[9].
Silenciamiento carcelario contra menor de edad preso político
Jonathan David Muir Burgos
El adolescente de 16 años, preso desde el 16 de marzo por haberse manifestado tres días antes en el municipio Morón, fue trasladado el 2 de abril a la prisión de Canaleta. Tras su traslado mantuvo contacto telefónico con su familia, incluso en horarios de madrugada, lo que reflejaba una situación de fuerte presión emocional bajo custodia. A partir del jueves 9 de abril, las llamadas cesaron por completo y no se produjo comunicación alguna entre el 9 y el 10 de abril.
A ello se sumó la cancelación de la primera visita formal que correspondía a la familia en ese centro penitenciario, sin justificación oficial, médica, disciplinaria o administrativa verificable. La combinación de la suspensión arbitraria de las llamadas y la prohibición de la visita configura una restricción deliberada de los canales de comunicación del menor con el exterior, configurando un mecanismo de silenciamiento carcelario que bloquea su capacidad para denunciar abusos, transmitir información sobre sus condiciones de reclusión o hacer llegar mensajes al exterior, agravando su estado de indefensión[10].
Periodistas independientes bajo asedio profesional y digital
Durante abril de 2026, el ICLEP documentó una intensa actividad represiva contra periodistas independientes y medios críticos, mediante detenciones arbitrarias, vigilancia intimidatoria durante coberturas, cortes coordinados de servicios por ETECSA, intentos de hackeo, campañas de descrédito desde la prensa oficial y operativos violentos sin identificación oficial.
Ángel Santiesteban-Prats
El 9 de abril, el escritor, guionista y expreso político fue citado a la unidad policial de Zapata y C tras una denuncia presentada por la delegada del consejo popular Príncipe del municipio Plaza de la Revolución. Una vez en la estación, fue retenido durante varias horas y recluido en un calabozo pese a que la acusación formulada —supuestas amenazas— no justificaba tal medida, según reconocieron incluso otros detenidos y agentes presentes. Antes de ser liberado, las autoridades le impusieron una multa administrativa de 30 pesos. El propio Santiesteban atribuyó el operativo a la Seguridad del Estado, inserto en un patrón de vigilancia y castigo contra voces críticas[11].
Camila Acosta
El 3 de abril, Viernes Santo, mientras realizaba una transmisión en vivo para CubaNet Noticias durante la peregrinación católica, la periodista documentó la presencia de numerosos agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil infiltrados entre los participantes. Varios oficiales la rodearon en momentos determinados durante la cobertura, generando un entorno de vigilancia intimidatoria; entre ellos identificó a "Héctor" como jefe del operativo y a otro agente con pulóver naranja que ejecutó la expulsión física de un participante por orden del mando. Frente a aproximadamente mil asistentes se desplegó un centenar de policías y agentes, configurando un dispositivo de control preventivo incompatible con el ejercicio libre del periodismo. El 23 de abril, la periodista denunció públicamente que agentes de la Seguridad del Estado habían citado y llamado a amigos y vecinos de su entorno personal, en una táctica de cerco social orientada a aislar y desgastar emocionalmente a la comunicadora[12].
CiberCuba (medio independiente)
El 21 de abril, Cubadebate —portal del sistema estatal cubano de medios— publicó un artículo firmado por su Observatorio de Medios bajo el titular "Periodismo basura: CiberCuba monetiza el dolor de los niños cubanos", en el que descalificó la línea editorial del medio independiente como "basura", "mercancía narrativa", "tráfico de clics" y "dispositivo de manipulación". El texto empleó lenguaje estigmatizante de carácter institucional —"libelo", "mercenarios"— y publicó sin moderación visible comentarios de lectores que llamaban explícitamente a bloquear el acceso a CiberCuba desde Cuba y a la intervención del MININT contra el medio y sus responsables. La campaña constituye una represalia institucional desde la prensa oficial por la cobertura crítica de la realidad nacional cubana[13].
Juan Antonio Madrazo / Amanecer Habanero
El director del medio comunitario del ICLEP Amanecer Habanero fue objeto, durante el fin de semana previo al 21 de abril, de cortes intermitentes y prolongados del servicio de internet, limitaciones en el acceso a llamadas locales, desvío de llamadas hacia líneas desconocidas y recepción de llamadas inusuales de números desconocidos ofreciendo productos en venta. Al presentarse el domingo 19 en la Oficina Comercial de ETECSA, la respuesta institucional fue: "Estamos presentando problemas técnicos con casi todos los clientes". La víctima atribuyó los hechos a la coordinación entre el Departamento de Seguridad del Estado y ETECSA para obstaculizar su labor periodística[14].
Jorge Enrique Rodríguez
El 27 de abril, el periodista independiente denunció públicamente intentos reiterados de hackeo contra su cuenta personal de Facebook, en un patrón persistente que atribuyó expresamente al aparato represivo del Estado cubano como represalia por su labor informativa y su ejercicio crítico en el espacio digital[15].
Ángel Cuza
El 30 de abril, el periodista independiente y expreso político fue víctima de una detención violenta en el municipio Playa, mientras se encontraba frente a su domicilio conversando con su hija. Un vehículo Geely de color gris, sin identificación oficial, se detuvo de manera repentina y sus ocupantes lo introdujeron por la fuerza en el automóvil; los agentes lo golpearon, lo sujetaron por el cuello y le rompieron los espejuelos antes de trasladarlo a destino desconocido. Su hija menor intentó aferrarse a los agentes sin que estos interrumpieran el operativo. Al momento de la denuncia no existía información oficial sobre los motivos del arresto, los cargos imputados ni el paradero de la víctima. El hecho se produjo en el marco de una jornada de represión generalizada previa a la conmemoración oficialista del 1 de mayo[16].
Nick Shirley
El 30 de abril, el periodista fue blanco de una operación represiva orientada a impedir su trabajo de documentación de la situación humanitaria en la isla. A su ingreso al aeropuerto, funcionarios de aduana le confiscaron sus equipos de trabajo —dos cámaras GoPro, unas Meta Glasses y todos sus micrófonos—, permitiéndole conservar únicamente un iPhone y un micrófono que se encontraba en el fondo de su mochila, sin entregarle documentación oficial alguna sobre el decomiso ni informar la base legal del procedimiento. Tras ingresar a La Habana, mientras documentaba la situación en las calles cerca de un hospital, una persona no identificada comenzó a grabarlo de forma disimulada con su teléfono; al ser confrontada, alegó estar en una llamada, aunque su pantalla mostraba la cámara activa. Uno de los guardias de seguridad personal del periodista la siguió y constató que se reunía con otro individuo aparentemente dedicado a labores de vigilancia, dirigiéndose ambos hacia el hotel donde se hospedaba el equipo. A las 21:30, al menos tres personas identificadas como agentes de inteligencia cubana se encontraban apostadas en el lobby del hotel, mientras un vehículo oscuro vigilaba desde el exterior. Shirley grabó un video desde la planta octava del edificio relatando la situación en tiempo real. Junto a su equipo, logró abandonar Cuba y posteriormente divulgar la experiencia represiva de la que fue víctima en la isla[17].
Presos políticos: condenas, castigos carcelarios y agresiones bajo custodia
Durante abril de 2026, el ICLEP documentó múltiples acciones represivas contra presos políticos y opositores enjuiciados, ejecutadas por el aparato judicial y el sistema penitenciario cubano. El patrón combina condenas dictadas sin garantías procesales mínimas por el ejercicio de la expresión en redes sociales o el activismo simbólico, ratificación inapelable de sentencias políticas por el Tribunal Supremo, traslados a celdas de castigo como represalia por protestas pacíficas y agresiones físicas bajo custodia estatal.
Fernando Vázquez Guerra
El 6 de abril, el Tribunal Municipal de Camagüey condenó al coordinador provincial de la UNPACU a ocho meses de privación de libertad bajo el cargo de "desacato" por haber comentado en Facebook una publicación crítica contra un oficial de la Seguridad del Estado con rango de teniente coronel. La notificación del juicio llegó a la familia la noche anterior, el domingo 5 de abril a las 8:35 p.m., sin posibilidad real de comunicación efectiva por la falta de electricidad y cobertura. Ningún familiar pudo asistir al proceso ni contratar defensa legal en tiempo hábil. Se trata de la cuarta condena por motivos políticos contra Vázquez Guerra, dictada por un tribunal sin garantías procesales mínimas[18].
Fernando Almenares Rivera (“Nando OBDC”)
El 7 de abril, el Tribunal Supremo Popular de Cuba desestimó el recurso de casación interpuesto a favor del artista independiente, ratificando con carácter firme e inapelable la condena de cinco años de prisión por el supuesto delito de "propaganda contra el orden constitucional". La sanción se originó por la aparición, en zonas del municipio Guanabacoa, de cuatro trozos de tela blanca con frases como "Cuba Primero en las calles", "Queremos cambios ya" y "Por los derechos humanos". Los jueces Ileana Julia Gómez Guerra, Paula Joaquina Rodríguez Sánchez (ponente), Joselín Sánchez Hidalgo, Maida Regalado Rodríguez y Ariel Fidel Castro López no autorizaron la interposición de ningún otro recurso por la vía ordinaria[19].
Duannis León Taboada
El 4 de abril, sábado correspondiente a la visita mensual familiar, el preso político del 11J no pudo recibir a sus familiares por negarse a vestir el uniforme reglamentario como parte de su protesta pacífica. Aprovechando que quedó solo en la compañía, escribió consignas de libertad y justicia en las paredes. Como represalia, agentes de la jefatura penitenciaria del Combinado del Este lo trasladaron a celda de castigo. Desde hace más de tres meses permanece bajo restricciones que le impiden recibir visitas externas y mantiene suspendidas sus llamadas telefónicas por negarse a salir al patio de sol y a participar en el recuento diario. Cumple una condena de 14 años por el supuesto delito de sedición tras su participación en las protestas del 11 de julio de 2021[20].
Félix Navarro Rodríguez
El 8 de abril, el opositor político de 72 años, presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue víctima de una agresión física bajo custodia estatal en el Centro Penitenciario de Agüica. Durante la visita de su esposa Sonia Álvarez, el oficial Yoslén Pedroso Sotolongo, Jefe de Orden Interior, ordenó una requisa con provocaciones, a las que Navarro respondió verbalmente. Al concluir la visita, una segunda requisa derivó en agresión: el oficial arrastró a Navarro mientras se encontraba desnudo, permitiéndole únicamente ponerse ropa interior y un short, lo sacó sin camisa, sin espejuelos y con una sola chancleta, le esposó las manos a la espalda con fuerte presión y lo arrastró por más de 100 metros propinándole golpes y una patada en el pie derecho, hasta confinarlo en una celda de castigo en la zona conocida como "el Vivac". Como consecuencia presentó una herida en la mejilla derecha causada por la mano del oficial al intentar callarlo por la fuerza, marcas en las muñecas por la presión excesiva de las esposas y una tensión arterial de 160/80. Transcurridas más de 72 horas, su esposa y familiares no lograban obtener información oficial alguna sobre su paradero ni su estado físico[21].
Detención violenta y patologización forzada de protesta ciudadana
Javier Ernesto Martín Gutiérrez (“Spiderman”)
El deportista de artes marciales y ciudadano cubano fue blanco de una de las acciones represivas más graves del mes, en represalia por las protestas pacíficas que realizaba desde el balcón de su vivienda durante una semana, expresando su desacuerdo con el régimen y la situación del país. Días previos a la detención, agentes de la Seguridad del Estado mantuvieron vigilancia intimidatoria sobre él y se presentaron en el centro laboral de su madre para interrogarla y presionarla con el propósito de quebrar la protesta. El propio Javier había advertido públicamente, en una entrevista con la periodista Camila Acosta para Cubanet, que preveía su detención y que las autoridades podrían intentar desacreditarlo alegando trastornos mentales
El 24 de abril, mientras se dirigía a su domicilio en la calle 90 entre 41 y 43, Marianao, en las inmediaciones del complejo deportivo Jesús Menéndez, oficiales de la Seguridad del Estado vestidos de civil y operando desde un vehículo negro procedieron a detenerlo en la vía pública sin mediar orden judicial ni identificación formal. Durante el operativo fue sometido a una brutal golpiza: una vecina testificó haber presenciado cómo varios hombres lo golpeaban e introducían su cuerpo en un ómnibus. Fue trasladado por la fuerza a Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado y centro de interrogatorios denunciado internacionalmente. La familia no recibió notificación oficial; su madre y su esposa acudieron a estaciones policiales sin obtener información alguna. Fuentes familiares confirmaron posteriormente que se encontraba bajo interrogatorio, golpeado y con lesiones de gravedad desconocida, sin posibilidad de visita familiar hasta la semana siguiente.
El 30 de abril, conforme había anticipado el propio Javier, fue conducido junto a su abogado a un instituto donde fue evaluado por un grupo de psiquiatras como parte de un proceso previo en el que agentes y funcionarios estatales lo habían calificado públicamente como persona con trastornos mentales para desacreditar sus demandas. El peritaje fue categórico al descartar la existencia de cualquier enfermedad mental, evidenciando la instrumentalización del sistema de salud estatal con fines represivos contra un ciudadano que ejercía pacíficamente su derecho a la protesta[22].
8. Derechos conexos vulnerados
El análisis de los hechos documentados durante abril de 2026 evidencia que la represión contra la libertad de expresión y de prensa en Cuba no se limita a la restricción de estos derechos en sí mismos, sino que implica la vulneración sistemática de un conjunto de derechos conexos fundamentales reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la propia Constitución cubana. La siguiente exposición presenta los cuatro derechos conexos más vulnerados durante el mes, ordenados por número de menciones, identificando en cada caso las situaciones concretas en que se produjo su vulneración.
- Derecho a la dignidad humana (91 menciones). Es, con amplísima diferencia, el derecho más vulnerado durante el mes. Su afectación atraviesa prácticamente todas las modalidades de represión documentadas y se manifestó principalmente en las acciones de represión sistemática contra personas previamente identificadas por el aparato estatal, así como en las represalias dirigidas contra familiares y entornos afectivos de las víctimas (represión vicaria). También se vulneró este derecho en las acciones contra quienes publicaron contenidos críticos en redes sociales, en los operativos de hostigamiento desplegados en torno a fechas simbólicas para el régimen, en la persecución contra quienes participaron en actos religiosos o en reuniones pacíficas, y en la respuesta represiva ante protestas, denuncias de condiciones carcelarias, cobertura periodística, documentación ciudadana de la realidad, acciones de solidaridad con víctimas y expresiones simbólicas. Estas situaciones se tradujeron en interrogatorios coercitivos, vigilancia ostensible, exposición forzada de la víctima ante vecinos y familiares, intervenciones violentas en el domicilio, malos tratos durante la detención y condiciones inadecuadas de reclusión. Este predominio absoluto confirma que la dignidad de la persona constituye el eje sobre el que opera la estrategia represiva: degradar para someter.
- Derecho a la seguridad jurídica (29 menciones). Segundo derecho más afectado del mes, captura el conjunto de violaciones asociadas a la falta de garantías legales, el incumplimiento del debido proceso, las citaciones sin fundamento legal, la ausencia de notificación formal de cargos, la imposición arbitraria de medidas cautelares y la obstrucción del acceso a la justicia. Su vulneración se produjo principalmente en hechos de represión sistemática, en las represalias contra familiares de víctimas (represión vicaria), en la persecución a personas que ejercieron el derecho a la reunión y/o asociación, en la sanción a publicaciones en redes sociales, en la respuesta institucional ante denuncias de condiciones carcelarias y violaciones a derechos penitenciarios, así como en hechos vinculados a expresiones simbólicas, participación en protestas, cobertura periodística y documentación ciudadana de la realidad. La implicación documentada de fiscalías y tribunales como perpetradores revela un entorno de indefensión estructural en el que la represión se ejerce también desde dentro del sistema legal, dotándola de apariencia procedimental..
- Derecho a la participación política y a la participación en la vida pública (27 menciones). Tercer derecho más vulnerado del mes, ampara la posibilidad de intervenir en los asuntos públicos, expresar opiniones políticas, asociarse, reunirse pacíficamente, participar en protestas y actuar como ciudadano activo en la esfera cívica. Su vulneración se concentró sobre todo en hechos de represión sistemática contra personas identificadas por el régimen como actores políticamente activos, evidenciando el carácter preventivo del aparato represivo. También se vulneró este derecho en la sanción a publicaciones en redes sociales, en las represalias contra familiares de activistas y periodistas (represión vicaria), y en hechos vinculados a la expresión simbólica y a la participación en actos religiosos. La fuerte vinculación con la represión sistemática evidencia que el régimen identifica como amenaza prioritaria a quienes mantienen un compromiso público y articulan posiciones cívicas o políticas críticas; la presencia de las redes sociales como ámbito de afectación confirma que la esfera digital se ha convertido en un espacio sustantivo de participación política, y por ello también en un blanco preferente del control estatal..
- Derecho contra la detención arbitraria (25 menciones). Cuarto derecho más vulnerado del mes, protege a las personas frente a la privación de libertad sin base legal, sin orden judicial fundada o por razones políticas, ideológicas o de opinión. Su vulneración se documentó no solo en arrestos formales, sino también en retenciones breves, conducciones forzosas a unidades policiales, traslados sin causa legítima y hostigamiento en puntos fronterizos. Las situaciones que detonaron su afectación incluyen hechos de represión sistemática, la participación en protestas —donde la detención opera como herramienta inmediata de disuasión—, la sanción a publicaciones en redes sociales, las represalias contra familiares y allegados de víctimas (represión vicaria), el ejercicio del derecho a la reunión y/o asociación, hechos vinculados a expresiones simbólicas, las acciones de solidaridad con víctimas de represión, la participación en actos religiosos y la documentación ciudadana de la realidad. El peso del derecho a protestar y a reunirse entre los detonantes confirma que la privación arbitraria de libertad sigue siendo el recurso de respuesta inmediata privilegiado del régimen ante toda forma de movilización colectiva..
9. Análisis de tendencias
Los datos correspondientes a abril de 2026 confirman una tendencia sostenida de profundización y diversificación de la represión en Cuba. Aunque el total mensual muestra una ligera reducción frente a marzo, la comparación interanual con abril de 2025 evidencia un crecimiento del 46.7%, lo que confirma que el agravamiento del escenario represivo opera sobre una trayectoria estructural de mediano plazo, y no responde a oscilaciones coyunturales.
Una de las tendencias más claras es el desplazamiento decisivo hacia mecanismos de represión más integrales, donde el hostigamiento psicológico sustituye progresivamente a la detención abierta como herramienta principal de control. El crecimiento del 148.6% interanual de las agresiones psicológicas, combinado con el descenso del 62.7% de las detenciones arbitrarias en el mismo período, indica que el aparato represivo está privilegiando estrategias que no dependan exclusivamente del uso de la fuerza física, sino que busquen desgastar, aislar y desmovilizar a las víctimas de forma prolongada, reduciendo el costo político de la represión abierta. Este patrón sugiere que, en los próximos meses, el Estado continuará priorizando este tipo de mecanismos, especialmente en contextos de mayor visibilidad internacional.
Una segunda tendencia muy marcada es la consolidación del espacio digital como frente represivo prioritario. El incremento del 1.250% interanual en las restricciones digitales y la posición del entorno digital como segundo territorio con más casos confirman que el control sobre las comunicaciones electrónicas se ha vuelto estructural. Es previsible que esta tendencia continúe intensificándose, dado el papel de las redes sociales como espacio de articulación, denuncia y visibilización del descontento, y dada la disponibilidad de ETECSA como instrumento estatal de bajo costo político para ejecutar cortes selectivos.
En tercer lugar, se observa una concentración creciente de la represión sobre activistas y figuras públicas reiteradamente hostigadas, así como una expansión sostenida hacia el entorno familiar de las víctimas. La represión vicaria, con 25 menciones como motivo, se ha consolidado como una herramienta privilegiada del aparato represivo, especialmente contra creadores de contenido, periodistas y personas en el exilio. Es previsible que este patrón se mantenga o intensifique, particularmente cuando la actividad de quienes se encuentran fuera del país no pueda ser alcanzada directamente.
En paralelo, la persistencia de detonantes vinculados a protestas, denuncias de apagones y publicaciones en redes sociales indica que el Estado está adoptando un enfoque de contención preventiva del descontento social. Ante la persistencia de factores estructurales como la crisis económica, los apagones recurrentes y la tensión internacional con Estados Unidos, es probable que en los próximos meses se mantenga la combinación de respuestas inmediatas a la protesta con acciones punitivas diferidas y operativos preventivos en fechas simbólicas.
La evidencia apunta también a una consolidación de la impunidad institucional y la continua instrumentalización del sistema legal, con un rol activo de fiscalías, tribunales y sistema penitenciario en la cadena represiva. Esto limita las posibilidades de defensa de las víctimas y refuerza el carácter estructural de las violaciones. De mantenerse esta tendencia, el escenario proyectado es el de un entorno cada vez más restrictivo, donde el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y de prensa continuará enfrentando mayores riesgos en un contexto de creciente fragilidad del control estatal y de temor a la expansión del descontento social.
10. Evolución mensual de las violaciones
Tendencia de agresiones documentadas (abril 2025 – abril 2026)
Total mensual de violaciones. Nota: los meses intermedios son estimaciones basadas en la tendencia documentada.
Total agresiones (datos confirmados: abr. 2025, mar. 2026, abr. 2026)
Distribución mensual por tipo de violación (enero–abril 2026)
Libertad de expresión frente a libertad de prensa
Lib. de expresión Lib. de prensa
11. Pronóstico de hechos violatorios – Mayo 2026
Proyecciones elaboradas a partir del análisis de tendencias documentadas en el período enero–abril 2026, los factores estructurales de la crisis cubana y los patrones históricos de represión. Todos los rangos son estimaciones probabilísticas, no cifras exactas.
Total de agresiones estimadas
175–210
Rango probable: 165–220
La tendencia interanual al alza (+46.7%) y la estabilización del modelo represivo sugieren un volumen sostenido o ligeramente superior al de abril. El 1 de mayo y las tensiones económicas continuas son factores de riesgo adicionales.
Agresiones psicológicas
80–95
Probabilidad: muy alta
El hostigamiento sistemático se ha convertido en la herramienta dominante (+148.6% interanual). Sin factores de distención visibles, es probable que mantenga o supere el nivel de abril (87 casos). La represión vicaria continuará siendo un componente central.
Restricciones digitales
25–35
Tendencia: creciente
El incremento del 1.250% interanual y la consolidación del entorno digital como segundo territorio represivo anticipan una intensificación. ETECSA continúa siendo un instrumento de bajo costo político para el régimen.
Represión vicaria
25–30
Tendencia estructural
Con 25 menciones en abril, el castigo al entorno familiar se mantiene como herramienta disuasiva privilegiada. Especialmente relevante contra activistas, creadores de contenido y periodistas con familiares en Cuba.
Activistas en riesgo
Alto
Prioridad: máxima
El ascenso de activistas al primer lugar del perfil de víctimas (26.5%) y la reiteración documentada de hostigamiento sobre figuras específicas confirman que el aparato represivo mantiene listas activas de seguimiento permanente.
Presos políticos
12–18
Riesgo: muy alto
El aumento significativo de afectaciones a presos políticos (14 casos, tercer lugar del perfil) y la documentación de condenas, celdas de castigo y agresiones bajo custodia apuntan a que el sistema penitenciario seguirá siendo escenario de violaciones continuadas.
Proyección de agresiones: escenarios para mayo 2026
Comparación con datos reales de meses anteriores y rango estimado
Datos reales Proyección central
Factores de riesgo adicionales para mayo 2026: (1) Conmemoración del 1 de mayo, que históricamente activa operativos represivos preventivos contra activistas y opositores; (2) persistencia de los apagones y deterioro económico como detonantes de malestar social y posibles protestas espontáneas; (3) vencimiento de plazos en procesos penales abiertos que podrían derivar en nuevas condenas o ratificaciones de medidas cautelares; (4) tensión con Estados Unidos que el régimen puede instrumentalizar para justificar mayor cierre del espacio cívico; (5) expansión previsible del control digital ante el crecimiento sostenido de plataformas de comunicación alternativas.
Nota metodológica: Estos pronósticos se basan en el análisis de tendencias de los últimos 13 meses documentados por el ICLEP, la evolución de los factores estructurales de la crisis cubana y los patrones históricos de comportamiento represivo del régimen ante el descontento social. No constituyen una predicción exacta, sino una estimación de riesgo fundamentada en evidencia empírica.
12. Conclusiones
Abril de 2026 confirma la consolidación de un escenario represivo en Cuba caracterizado no por picos episódicos, sino por la persistencia estructural de un modelo de control amplio, diversificado y crecientemente sofisticado. La ligera reducción intermensual en el total de agresiones no marca una distensión real: la represión se ha recompuesto, desplazándose desde formas más visibles —como la detención masiva— hacia mecanismos de hostigamiento sostenido, presión psicológica y control digital, que resultan menos costosos políticamente para el régimen y más eficaces en la producción de autocensura.
El crecimiento del 46.7% en la comparación interanual con abril de 2025 constituye el dato más contundente del periodo. Confirma que el agravamiento represivo no es coyuntural ni reacción ante hechos específicos, sino que responde a una política deliberada de saturación del espacio cívico, en un contexto de profundización de la crisis económica, persistencia de los apagones, aumento de las protestas ciudadanas y creciente tensión internacional con Estados Unidos, que el régimen utiliza como pretexto ideológico para cerrar aún más los márgenes de expresión interna.
La evolución de los indicadores muestra con claridad el desplazamiento del modelo represivo. El crecimiento explosivo de las agresiones psicológicas (+148.6% interanual) y de las restricciones digitales (+1.250% interanual), confirma que el régimen ha perfeccionado un repertorio de coerción permanente y sistemático que opera mediante el desgaste prolongado de las víctimas, la vigilancia ostensible, la presión sobre el entorno familiar y la intervención sistemática en el espacio digital.
Asimismo, se confirma la ampliación del perfil de las víctimas, con un peso muy destacado de activistas y ciudadanos comunes, junto a periodistas, presos políticos y creadores de contenido, lo que refleja que la represión ha dejado de ser selectiva para convertirse en un fenómeno expansivo, dirigido a controlar no solo a actores visibles del disenso, sino también a la población general en su vida cotidiana, su entorno familiar y su actividad en redes sociales. La represión vicaria, presente en 25 registros del mes, constituye una de las herramientas más visibles de esta estrategia.
Se consolida igualmente el uso del aparato institucional como herramienta represiva, con un rol activo de la Seguridad del Estado, la Policía Nacional Revolucionaria, ETECSA, el sistema penitenciario, la Fiscalía y los tribunales. La convergencia de estos actores confirma la ausencia de separación real entre seguridad, justicia, administración y control comunicacional en Cuba. La recurrencia de detenciones arbitrarias, la falta de garantías procesales, las condiciones degradantes de reclusión y las restricciones digitales evidencian un contexto de indefensión estructural donde el ejercicio de derechos fundamentales es una actividad de alto riesgo.
Ante esta realidad, resulta imprescindible reforzar la atención y la acción de la comunidad internacional, los mecanismos de protección de derechos humanos y los actores comprometidos con la defensa de las libertades fundamentales. El seguimiento sistemático, la denuncia pública y la exigencia de rendición de cuentas al Estado cubano deben intensificarse frente a un patrón represivo que no muestra señales de reversión. Al mismo tiempo, es fundamental visibilizar y acompañar a las víctimas, así como a periodistas, activistas y ciudadanos que, pese al riesgo, continúan ejerciendo su derecho a expresarse. La documentación de estos hechos no es solo un ejercicio de registro: es una herramienta para la memoria, la justicia y la defensa del espacio cívico.
El ICLEP reafirma su compromiso con la documentación rigurosa de estas violaciones y hace un llamado a no normalizar la represión ni el silencio impuesto. La persistencia del monitoreo, la denuncia y la solidaridad siguen siendo elementos esenciales para enfrentar un contexto donde el ejercicio de la palabra continúa siendo penalizado.
Referencias bibliográficas
Todas las referencias corresponden a denuncias y reportes publicados por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) en su sitio oficial iclep.org, y están ordenadas según su aparición en el texto del informe.
[1] Las violaciones a la libertad de expresión cometidas contra Anna Sofía Benítez Silvente durante el mes de abril de 2026 aparecen registradas en nuestra base de datos con los siguientes códigos: 2026-OCLE-2142; 2026-OCLE-2118; 2026-OCLE-2025; 2026-OCLE-2072; y 2026-OCLE-2196. Para más información sobre los hechos ocurridos, pueden consultarse en nuestra web los siguientes enlaces: El régimen recrudece la represión contra Anna Sofía Benítez Silvente y extiende el castigo a su familia y a amistades | ICLEP condena hackeo y corte de comunicaciones del régimen cubano para silenciar a Anna Sofía Benítez Silvente y a su madre | El Observatorio del ICLEP denuncia nuevas restricciones digitales contra creadores de contenido en Cuba
[2] En abril de 2026 el Observatorio de Libertad de Expresión del ICLEP registró tres hechos violatorios contra David Espinosa, documentados en nuestra base de datos con los siguientes códigos: 2026-OCLE-2144; 2026-OCLE-2075; y 2026-OCLE-2074. Las violaciones contra su esposa Laidy García aparecen en nuestros archivos con la siguiente codificación: 2026-OCLE-2143; y 2026-OCLE-2076. Para más información sobre los hechos ocurridos, pueden consultarse en nuestra web los siguientes enlaces: El régimen recrudece la represión contra Anna Sofía Benítez Silvente y extiende el castigo a su familia y a amistades | El Observatorio del ICLEP denuncia nuevas restricciones digitales contra creadores de contenido en Cuba
[3] La represión contra el activista Raymar Aguado durante abril de 2024 han sido registrados en nuestra base de datos con los siguientes códigos: OCLE-2026-2243; OCLE-2026-2242; OCLE-2026-2241; OCLE-2026-2240; OCLE-2026-2239; y OCLE-2026-2238. Para más información sobre los hechos ocurridos, puede consultarse en nuestra web el siguiente enlace: Acoso sistemático de la Seguridad del Estado contra activista Raymar Aguado Hernández y su entorno cercano
[4] Yamilka Laffita consta en cinco de nuestros registros correspondientes a abril de 2026, con un total de ocho agresiones cometidas en su contra: OCLE-2026-2245; OCLE-2026-2249; OCLE-2026-2098; OCLE-2026-2097; y OCLE-2026-2121. Para más información sobre los hechos ocurridos, pueden consultarse en nuestra web los siguientes enlaces: Cuba detiene arbitrariamente a activista horas después de denunciar públicamente censura y vigilancia | El Observatorio del ICLEP denuncia operativo de vigilancia y cerco social contra Yamilka Lafita | Hostigamiento digital y amenazas de la Seguridad del Estado contra la activista Yamilka Lafita
[5] A lo largo del mes de abril Berta Soler sufrió varias agresiones, que fueron registrados en la base de datos del Observatorio de Libertad de Expresión del ICLEP con los siguientes códigos: OCLE-2026-2115; OCLE-2026-2093; OCLE-2026-2107; OCLE-2026-2110; OCLE-2026-2132; y OCLE-2026-2162. Para más información sobre los hechos ocurridos, pueden consultarse en nuestra web los siguientes enlaces: Seguridad del Estado y policía cercan a Damas de Blanco en La Habana para impedir su participación en misa y procesión | Denuncian nueva restricción selectiva de Internet contra Berta Soler y Ángel Moya en La Habana | ICLEP denuncia cerco, detención arbitraria y amenazas contra Damas de Blanco en La Habana | Nueva detención arbitraria contra Ángel Moya y Berta Soler: vigilancia, confinamiento en celdas y amenazas con agravamiento de medida cautelar | Corte selectivo de telefonía celular a la activista y líder de las Damas de Blanco Berta Soler
[6] Ángel Moya fue víctima de violaciones a la libertad de expresión en cuatro ocasiones durante abril de 2026. Las agresiones cometidas en su contra quedaron registradas en nuestra base de datos con los siguientes códigos: OCLE-2026-2094; OCLE-2026-2108; OCLE-2026-2111; y OCLE-2026-2131. Para más información sobre los hechos ocurridos, pueden consultarse en nuestra web los siguientes enlaces: Denuncian nueva restricción selectiva de Internet contra Berta Soler y Ángel Moya en La Habana | ICLEP denuncia cerco, detención arbitraria y amenazas contra Damas de Blanco en La Habana | Nueva detención arbitraria contra Ángel Moya y Berta Soler: vigilancia, confinamiento en celdas y amenazas con agravamiento de medida cautelar
[7] La Dama de Blanco María Cristina Labrada fue víctima de vigilancia intimidatoria en dos ocasiones durante abril de 2026. Las violaciones cometidas contra ellas aparecen en nuestra base de datos con los siguientes códigos de registro: OCLE-2026-2061; y OCLE-2026-2109. Para más información sobre los hechos ocurridos, pueden consultarse en nuestra web los siguientes enlaces: Seguridad del Estado y policía cercan a Damas de Blanco en La Habana para impedir su participación en misa y procesión | ICLEP denuncia cerco, detención arbitraria y amenazas contra Damas de Blanco en La Habana
[8] Las agresiones cometidas contra la activista Alina Bárbara López Hernández constan en la base de datos del Observatorio de Libertad de Expresión del ICLEP con los siguientes códigos: OCLE-2026-2204; y OCLE-2026-2104. Para más información sobre los hechos ocurridos, pueden consultarse en nuestra web los siguientes enlaces: Clonan cuenta de WhatsApp de la activista y académica Alina Bárbara López Hernández | El ICLEP denuncia acción represiva coordinada contra dos activistas en Matanzas y La Habana en el mismo día
[9] La detención arbitraria de la activista Jenny Pantoja Torres ha sido registrada en la base de datos del Observatorio de Libertad de Expresión del ICLEP con el código: OCLE-2026-2105. Para más información sobre el hecho ocurrido, puede consultarse en nuestra web el siguiente enlace: El ICLEP denuncia acción represiva coordinada contra dos activistas en Matanzas y La Habana en el mismo día
[10] El 2 de abril de 2026, el adolescente de 16 años Jonathan David Muir fue trasladado a prisión. EL hecho fue registrado en la base de datos del Observatorio de Libertad de Expresión del ICLEP con el siguiente código: OCLE-2026-1990. El 9 de abril se conoció que a Jonathan le habían sido suspendidas las llamadas, así como la visita familiar, lo cual constituye una violación de derechos penitenciarios, registrado con el código OCLE-2026-2083. Para más información sobre los hechos ocurridos, pueden consultarse en nuestra web los siguientes enlaces: Represión tras protesta en Morón: Decenas de detenidos y un menor de edad en prisión | ICLEP denuncia incomunicación arbitraria contra adolescente preso político en prisión de Canaleta
[11] El hecho fue registrado en nuestra base de datos con el código: OCLE-2026-2077. Para más información sobre el hecho ocurrido, puede consultarse en nuestra web el siguiente enlace: Detenido, encerrado en un calabozo y multado: ICLEP denuncia nueva represalia contra el escritor Ángel Santiesteban en La Habana.
[12] El acoso contra la periodista independiente Camila Acosta durante abril de 2026, consta en la base de datos del Observatorio de Libertad de Expresión del ICLEP con los siguientes códigos de registro: OCLE-2026-2059; y OCLE-2026-2136. Para más información sobre los hechos ocurridos, pueden consultarse en nuestra web los siguientes enlaces: El ICLEP denuncia vigilancia e intimidación contra la periodista Camila Acosta durante cobertura de peregrinación católica en La Habana | Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP denuncia cerco social contra periodista Camila Acosta
[13] Este hecho ha sido registrado en nuestra base de datos con el código OCLE-2026-2129. Para más información sobre el hecho ocurrido, puede consultarse en nuestra web el siguiente enlace: Prensa oficialista lanza campaña de estigmatización contra el medio independiente CiberCuba
[14] Las agresiones contra el periodista del ICLEP Juan Antonio Madrazo Luna fueron registradas por el Observatorio de Libertad de Expresión en su base de datos con el siguiente código: OCLE-2026-2123. Para más información sobre el hecho ocurrido, puede consultarse en nuestra web el siguiente enlace: Observatorio del ICLEP denuncia cortes de internet y telefonía contra director de medio comunitario en La Habana
[15] La restricción en el espacio digital al periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez aparece en nuestra base de datos registrada con el siguiente código: OCLE-2026-2161. Para más información sobre el hecho ocurrido, puede consultarse en nuestra web el siguiente enlace: Periodista Jorge Enrique Rodríguez denuncia intento de hackeo de su perfil en Facebook
[16] La detención de Ángel Cuza fue registrada por el Observatorio de Libertad de Expresión del ICLEP con el siguiente código: OCLE-2026-2164. Para más información sobre el hecho ocurrido, puede consultarse en nuestra web el siguiente enlace: Detención violenta del periodista independiente Ángel Cuza frente a su hija menor de edad en La Habana
[17] Este hecho consta en nuestra base datos con el registro OCLE-2026-2208. Para más información sobre el hecho ocurrido, puede consultarse en nuestra web el siguiente enlace: OCLE denuncia confiscación de equipos y operativo de vigilancia contra el periodista estadounidense Nick Shirley en Cuba
[18] La condena al opositor Fernando Vázquez Guerra consta en los registros del Observatorio de Libertad de Expresión del ICLEP correspondientes al mes de abril con el código OCLE-2026-2032. Para más información sobre el hecho ocurrido, puede consultarse en nuestra web el siguiente enlace: Condenan a ocho meses de prisión al opositor Fernando Vázquez Guerra por comentar una publicación en Facebook
[19] La desestimación del recurso de casación a favor del artista Nando Obdc fue registrada en nuestra base de datos con el código OCLE-2026-2051. Para más información sobre el hecho ocurrido, puede consultarse en nuestra web el siguiente enlace: Tribunal Supremo ratifica condena de 5 años de prisión contra Nando OBDC
[20] El castigo por expresión simbólica contra el preso político Duannis León Taboada fue documentado por el Observatorio de Libertad de Expresión del ICLEP en su base de datos con el código: OCLE-2026-2056. Para más información sobre el hecho ocurrido, puede consultarse en nuestra web el siguiente enlace: Preso político Duannis León Taboada trasladado a celda de castigo en el Combinado del Este por escribir consignas en las paredes
[21] La agresión contra el opositor y preso político Félix Navarro fue documentada por el Observatorio de Libertad de Expresión del ICLEP con el código OCLE-2026-2099. Para más información sobre el hecho ocurrido, puede consultarse en nuestra web el siguiente enlace: El ICLEP denuncia agresión física El ICLEP denuncia agresión física e incomunicación forzada contra el opositor y preso político Félix Navarro Rodríguez en la prisión de Agüica, Matanzas
[22] Las arbitrariedades contra Javier Ernesto Martín Gutiérrez fueron incluidas en la base de datos del Observatorio de Libertad de Expresión del ICLEP con los siguientes códigos de registro: OCLE-2026-2145; y OCLE-2026-2192. Para más información sobre los hechos ocurridos, pueden consultarse en nuestra web los siguientes enlaces: El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP denuncia detención arbitraria, golpiza y traslado forzoso de ciudadano Javier Ernesto Martín "Spiderman" | Evaluación psiquiátrica forzada contra Javier Ernesto Martín “Spiderman” confirma ausencia de enfermedad mental: el Estado patologiza la disidencia
La guerra en Medio Oriente y los precios del petróleo
Apr 25, 2026
Desde que comenzó el conflicto bélico entre Irán, Estados Unidos e Israel los precios del petróleo se han disparado en el mercado mundial. En la región geográfica en la que se desarrollan las acciones se encuentran varios de los países productores de crudo más importantes del planeta. El propio Irán, Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Qatar y Kuwait, se cuentan entre ellos. Antes de que se iniciara el conflicto bélico el valor de ese combustible en el mercado mundial rondaba los 70 dólares el barril.
Sin embargo, hoy supera los 100 dólares, un precio que no se alcanzaba desde el 2022. Según refieren varios analistas, la principal causa de que esto haya sucedido es el cierre del estrecho de Ormuz, por el que transita aproximadamente el 20% del gas y el petróleo que se produce en el planeta. Por otra parte, varios países del área han visto afectada la producción de crudo debido a la guerra. A esto se suma el hecho de que Irán ha amenazado con atacar los buques petroleros en el estrecho de Ormuz, y de que países como Arabia Saudita han sido objeto de ataques por parte de Irán.
Por ejemplo, en esa nación se encuentra una de las refinerías más importantes del mundo, la Ras Tanura, que puede procesar más de 550 mil barriles de petróleo por día. La instalación fue bombardeada por el ejército iraní, lo que obligó a detener su rendimiento. La situación provocó que esta semana los líderes de los países del G7, integrado por Estados Unidos, Canadá, Francia, Japón, Italia, Reino Unido y Alemania, efectuaran una reunión para liberar reservas de crudo. No obstante, a pesar de que la decisión fue aprobada, el coste de ese combustible se han mantenido por encima de los 100 dólares el barril.
Todo esto repercute inevitablemente en la economía global. Precisamente, Bloomberg publicó recién un trabajo en el que alertaba sobre las afectaciones que sufren las aerolíneas debido al alza de los precios del petróleo. También la BBC publicó un artículo analizando cómo el conflicto afecta varios renglones económicos a nivel mundial, como la producción de alimentos.
Las alarmas se han disparado y no es en vano. Esta guerra acaba de comenzar y no se sabe hasta dónde llegará el costo del combustible, pues en Asia también se han disparado los precios del gas. El mundo se enfrenta a una nueva crisis económica. Si se mantiene el alza del importe del petróleo, inevitablemente aumentará el valor de muchos productos, lo que afectará a países con las economías más débiles, como Cuba.
Publicado originalmente en la edición 257 del medio de comunicación comunitario del ICLEP, El Majadero de Artemisa
Cuba al límite: la miseria cotidiana que reclama un cambio urgente
Apr 9, 2026
La vida de los cubanos hoy parece compararse con la de un perro. Desde el amanecer comienza una lucha diaria por la supervivencia, un intento desesperado por llevar un plato de comida a la mesa. En un escenario marcado por la desesperación que provocan el hambre y las carencias materiales cada vez mayores, millones de cubanos reniegan de un sistema político que los mantiene en tales condiciones.
Mientras los gendarmes del poder intentan sostener un modelo político que ha demostrado ser incapaz de resolver los problemas del pueblo, el cambio se ha convertido en una necesidad impostergable que ya no puede seguir esperando. Para la inmensa mayoría de la población cubana no se vislumbra ninguna mejora en las actuales condiciones de vida bajo el gobierno vigente.
La situación socioeconómica y política del país ha llegado a un punto límite. Con una inflación que crece día tras día y la constante devaluación del peso cubano, el poder adquisitivo de la población disminuye cada vez más. A ello se suma la dependencia de un mercado estatal prácticamente desabastecido, donde lo poco que se oferta se vende a precios similares a los del sector no estatal.
A estas carencias se añade una pobreza creciente que mantiene a más del 80 % de la población viviendo en condiciones muy precarias, especialmente a las personas de la tercera edad, para quienes el día a día parece convertirse en una lucha agotadora por sobrevivir. Cada mañana miles de madres cubanas se levantan desde temprano, aprovechando las pocas horas de electricidad para cocinar lo poco que hay en casa o encender una vieja hornilla de carbón. Con el rostro y las manos cubiertos de tizne y un profundo dolor en el alma, preparan algo para sus hijos.
La incertidumbre sobre el mañana se ha convertido en una dura realidad. Muchos, desesperados, optan por abandonar el país en una ola migratoria que parece no detenerse. Mientras tanto, el régimen continúa haciendo promesas de mejoras y pidiendo a quienes ya no pueden más una “resistencia creativa”, poniendo a prueba la resistencia de toda una nación que ha llegado al límite de lo que puede soportar.
Como una agravante a este dantesco escenario, digno de un infierno en la tierra, se vive también la impotencia de no poder hablar y gritar el dolor, sin ser víctimas de una censura oficial que penaliza la libertad de expresión, algo muy normal en el mundo civilizado y en los regímenes democráticos. En tal estado de cosas el cambio en la isla no puede esperar más, el cubano necesita un respiro a su miserable vida, y este no viene de la política oficial, sino de un proceso en el que la vida de dignifique y merezca la vida vivir, no como perros, sino como seres humanos.
Los intentos de reformas no pueden ser la solución del país. Las reformas económicas y políticas que se han gestado en el mundo, han demostrado ser cambios a medias porque no modifican las estructuras del poder y al paso del tiempo los problemas vuelven a aparecer. El cambio que requieren los cubanos debe ser total.
Publicado originalmente en la edición 221 del medio de comunicación comunitario del ICLEP, El Espirituano.
Conservación de la naturaleza: Asignatura pendiente por el régimen cuban
Mar 30, 2026
Proteger el medio ambiente, vivir en armonía con la naturaleza y conservar los recursos naturales para las generaciones futuras debe convertirse en una forma de vida y en una obligación para los seres humanos que habitamos el planeta en la actualidad. Los gobiernos y proyectos políticos también tienen una gran responsabilidad en este ámbito y deben velar por el cumplimiento de las leyes establecidas para su protección.
En el caso de Cuba, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la Ley 150/2022 “Del Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente”, que establece los principios y normas básicas para regular las acciones del Estado y de los ciudadanos, así como los derechos y obligaciones de la sociedad en la conservación de la naturaleza y sus recursos.
Sin embargo, muchas de estas regulaciones ambientales son ignoradas tanto por organismos y empresas estatales como por parte de la población que reside en zonas que deberían ser protegidas. Estas prácticas provocan daños irreparables en entornos naturales prácticamente vírgenes y de gran valor ecológico.
Las inversiones realizadas por el Ministerio del Turismo en la cayería norte de la provincia de Villa Clara durante los últimos 30 años, constituyen un ejemplo negativo de las transformaciones y daños que pueden sufrir los ecosistemas marinos, incluso cuando las instituciones encargadas aseguran haber cumplido con las normas establecidas.
Es muy triste ver la degradación que han sufrido esos lugares en estos últimos 30 años y cómo muchas de las especies de aves y peces, ya no son parte o han disminuido su presencia, en esos bellos paisajes. La construcción del pedraplén por parte del Gobierno cubano, sin lugar a dudas, es la causante de los daños y cambios sufridos por esos entornos naturales en la actualidad. Un simple observador que recuerde esos paisajes naturales antes de la construcción del pedraplén, puede darse cuenta de los cambios negativos que trajo consigo esa obra.
Especialistas del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y grupos de protección del medio ambiente de nuestro país, han señalado en varias ocasiones el peligro que corren los ecosistemas de la cayería norte de Villa Clara, si se continúan construyendo obras para el turismo, hasta el momento el Gobierno Cubano no ha realizado acciones concretas para revertir esa situación.
En unas pocas décadas los daños al ecosistema marino de la cayería norte de Villa Clara serán irreversibles y se perderá para siempre la belleza de sus paisajes naturales, si el Estado y la población en general, no actúan de inmediato para impedirlo.
Publicado originalmente en la edición 138 del medio de comunicación comunitario del ICLEP, Páginas Villareñas.
Hacia un cambio urgente: repensar el futuro de Cuba
Mar 17, 2026
Vivir del pasado nos lleva al conformismo, a aceptar todo como si fuera la única opción y creer que ya todo está hecho y dicho. Vivir el presente recordando a cada paso el pasado nos priva de pensar y luchar por el futuro. No se puede vivir toda una vida de los recuerdos, se hace necesario forjar nuevos sueños y metas, buscar nuevos horizontes que permitan dignificar la vida.
Hay hombres que viven del pasado porque fue su tiempo y otros que viven el presente porque no se atreven a luchar por el futuro, pero hay muchos que quieren un futuro mejor y tienen derecho a ello, aquí están los que no nacieron hace más de 60 años, sino los que nacieron después, y que merecen vivir como seres humanos.
Existe una vieja frase que dice que todo tiempo futuro tiene que ser mejor. Millones de cubanos hoy anhelan este tiempo. Décadas de promesas e incertidumbre, de carencias, han marcado sus vidas, a la espera de una mejoría que cada día está más lejana, porque "no se le puede pedir peras al olmo, como algunos dicen". Durante más de 60 años, la vida del cubano ha seguido un círculo vicioso, en el que constantemente se retorna al mismo punto, como si todo acabara sin avanzar.
En los años 70 llegaron las carencias; en los 80 se alcanzó cierta estabilidad al depender del campo socialista; en los 90, con el período especial, retornaron las necesidades; luego hubo una aparente estabilidad y, finalmente, hasta el presente, las carencias se han vuelto crónicas.
La pregunta que golpea a todos los cubanos es inevitable: ¿Dónde están los beneficios del socialismo, ese sistema que se nos presentó como bueno, justo y equitativo? Nadie se engañe: si somos iguales, no lo somos por lo que tenemos, sino por lo que nos falta. Somos iguales en la pobreza, bajo la supervisión de un Estado que asegura que así sea la supuesta equidad. Para que el futuro de Cuba sea diferente, el cambio se hace hoy más necesario que nunca.
Ese cambio debe ofrecer a todos la posibilidad de emprender, vivir con dignidad gracias a un salario justo, ser respetados y hacer valer sus derechos. Para alcanzar ese ideal, el antiguo sistema burocrático, que concentra privilegios en unos pocos mientras priva a la mayoría, debe dar paso a un modelo que garantice la verdadera democracia: una democracia que haga al individuo actor de su país y de su tiempo, que abra las puertas a los emprendedores y que promueva la libertad del mercado, la única vía para ofrecer lo que el pueblo realmente necesita.
No se trata de imponer ideas por la fuerza, pues la experiencia demuestra que las ideas surgen del vivir y del experimentar del individuo. Imponer ideologías es el mayor absurdo en política; las ideas no llevan el pan a la mesa ni la leche a los hijos: solo el trabajo digno y suficiente lo hace.
El futuro de Cuba tiene que ser diferente, y en ello debemos pensar y actuar. Ya no es solo una opción ni una necesidad: es una urgencia que requiere, como decía el Apóstol de la independencia, el concurso de todos los buenos cubanos: “una república con todos y para el bien de todos”.
Publicado originalmente en la edición 220 del medio de comunicación comunitario del ICLEP, El Espirituano.
El régimen cubano sin México y Venezuela
Mar 6, 2026
El Gobierno cubano se sostuvo en las últimas décadas gracias al apoyo del régimen chavista de Venezuela. Ante la crisis de su principal aliado en el continente, México, gobernado por el partido MORENA, se convirtió en una segunda opción para obtener el petróleo necesario y mantener en marcha la maltrecha económica de la isla.
Petróleo por médicos, por asesoría militar o por lo que fuera necesario, lo importante era abastecerse. Pero la caída de Nicolás Maduro ha planteado un nuevo escenario, Delcy Rodríguez parece dispuesta a mantener buenas relaciones con Estados Unidos. Esto representa un duro golpe para el Gobierno cubano que prefiere mantener su discurso confrontacional.
Por su parte, la administración Trump ha anunciado la imposición de aranceles a cualquier país que venda petróleo a Cuba. Una medida que en México se hizo sentir al momento; la presidenta Claudia Sheinbaum, que en un primer momento defendió los envíos de crudo de su país a Cuba, tuvo que frenarse y hoy no está claro si esos envíos se mantendrán.
Lo cierto es que es difícil, con aranceles o no. La estatal petrolera mexicana Pemex disminuyó su producción de crudo por segundo año consecutivo. En el 2025 la producción decayó un 7,1%, según el periódico El Financiero, lo que hace imposible mantener el ritmo de estos envíos. De acuerdo con un estudio de LatinUs, desde que Sheinbaum asumió la presidencia los envíos de petróleo a Cuba se multiplicaron y llegaron a alcanzar cifras escandalosas. Claro, es válido aclarar que en la economía cubana eso apenas impactó, al interior de la isla todo siguió peor.
¿Qué opciones tendría el Gobierno cubano para mantenerse a flote y evitar el colapso total de la economía? Rusia y China podría ser dos opciones, sin embargo la primera está envuelta en un conflicto bélico que le roba no pocas energías. Mientras que China, aunque ha prometido ayudar a las autoridades cubanas y lo hace, no se ha pronunciado sobre el tema del preciado combustible, al menos hasta el momento. Irán tampoco está en condiciones de apoyar a Cuba en este sentido, ahora mismo ese país persa atraviesa una de sus peores crisis y parece estar a las puertas de otro conflicto bélico.
Esto sin tomar en cuenta las distancias, pues México y Venezuela están, como se dice en buen cubano, al doblar de la esquina. Por otra parte, la imposición de aranceles a quienes suministren petróleo a Cuba puede cerrarle al Gobierno las pocas puertas que le quedan abiertas en ese sentido. Tal es así, que la apuesta es que la empresa CUPET aumente su producción petrolera, pero esta opción apenas ha rendido frutos en los últimos años. En fin, que todo parece indicar que la ya desastrosa situación económica en la isla está a punto del colapso total, y solo la salvaría un milagro.
Publicado originalmente en la edición 254 del medio de comunicación comunitario del ICLEP, El Majadero de Artemisa
El genocidio ruso en Ucrania que no cesa
Mar 5, 2026
Los ataques rusos contra Ucrania durante este invierno han tenido entre sus principales objetivos dejar sin servicio eléctrico a la población ucraniana. Centrales eléctricas y subestaciones de generación de energía han sido blanco de los bombardeos del ejército ruso, aún en medio de las conversaciones llevadas a cabo en Abu Dhabi.
El resultado: millones de hogares ucranianos sin servicio eléctrico en un momento en el que las temperaturas en esa nación son de hasta -23 grados Celsius. Evidentemente, llevar a cabo ataques de ese tipo ha provocado graves daños al pueblo ucraniano. Millones de personas han quedado sin calefacción y sin energía para la cocción de alimentos, lo que agrava la crisis humanitaria en esa nación, que desde el 2022 es víctima de la invasión rusa.
La población ucraniana resiste bajo esas crudas condiciones con el apoyo de sus líderes que han denunciado la situación en los foros internacionales. Y con el respaldo de buena parte de la comunidad internacional que ha condenado el actuar del ejército y el Gobierno ruso. La desfachatez rusa ha llegado el extremo de lanzar estos ataques mientras se llevaban a cabo las conversaciones de paz en Abu Dhabi, con la participación de representantes rusos, ucranianos y estadounidenses.
Este accionar demuestra que el gobierno de Vladimir Putin no respeta pacto alguno y está dispuesto a pasar por encima de lo que sea con tal de cumplir sus objetivos. Recordemos la crisis generada por los bombardeos rusos a la central nuclear de Zaporzhia o la masacre de Bucha, dos hechos que han marcado este conflicto bélico.
¿Qué habría pasado si hubiese ocurrido un desastre nuclear? ¿Cuántos ucranianos habrían muerto? Respecto a lo que sucede hoy. ¿Cuántos niños, cuántas embarazadas, cuántos ancianos viven en los hogares ucranianos que hoy permanecen sin corriente debido a los ataque rusos contra el sistema eléctrico de esa nación? Que ya suman 217 desde que comenzó el año. Millones, sin embargo, el Gobierno ruso no duda en dar la orden de ataque y dejar a esas personas desprotegidas y expuestas morir a causa de las bajas temperaturas, amén de las víctimas directas de los bombardeos.
La situación humanitaria provocada por la invasión rusa a Ucrania ha sido objeto de debate más de una vez en la Organización de Naciones Unidas, pero ni siquiera el rechazo internacional ha logrado ponerle fin. Innumerables familias desplazadas, niños huérfanos o con sus padres encarcelados injustamente se cuentan también entre las víctimas de esta guerra en la que el ejército y el Gobierno ruso han cometido no pocas atrocidades.
Recientemente, un diario español denunció los abusos que sufren las mujeres ucranianas en las cárceles rusas, en las que muchas de ellas son sometidas a torturas. La barbarie también llega hasta el territorio ruso donde recientemente un menor de apenas 14 años fue condenado a siete años de prisión por supuestamente intentar volar un centro de reclutamiento.
Condena que fue impuesta bajo una ley aprobada por el mismo Vladimir Putin que permite juzgar a menores de edad por delitos de terrorismo. De momento, Rusia ha asegurado que continuará con los ataques contra el territorio ucraniano aún en medio de los diálogos de paz, por lo que la situación del pueblo ucraniano debe agravarse, mientras el genocidio sigue impune.
Publicado originalmente en la edición 254 del medio de comunicación comunitario del ICLEP, El Majadero de Artemisa
Los cubanos están cansados del discurso oficial
Mar 1, 2026
Existe una máxima popular que advierte que se puede engañar a un pueblo durante un tiempo, pero no toda la vida. Durante más de 60 años, la sociedad cubana ha sido destinataria de promesas postergadas y de un discurso oficial que apela a una prosperidad que nunca se materializa.
Para las generaciones de mayor edad —aquellos que, como se dice en buen cubano, ya peinan canas— la historia reciente no ha conocido bonanzas reales. Por el contrario, la realidad nacional se percibe como un ciclo vicioso de crisis recurrentes. En enero de 1959, el actual sistema llegó al poder bajo la promesa de garantizar agua, caminos, escuelas y la solución definitiva a los males sociales del país. En aquel entonces, un sector mayoritario de la población, carente de recursos, abrazó con esperanza un discurso que se presentaba como mesiánico; una estrategia política eficaz que aprovechó la precariedad para cimentar su apoyo inicial.
Sin embargo, la realidad no tardó en confrontar las supuestas bondades del sistema. Muy pronto, la naturaleza del modelo político comenzó a mostrar su incapacidad para cumplir con las expectativas creadas, dejando al descubierto una gestión ineficiente frente a los anhelos de millones de ciudadanos.
La década de los 70 marcó un punto de inflexión con el fracaso de la “Zafra de los Diez Millones”, evento que arrastró consigo inflación y escasez. Los cubanos se vieron sumergidos en un período de severas restricciones y necesidades básicas insatisfechas. Fue en este escenario donde la eficacia política del socialismo comenzó a desmoronarse ante la mirada pública, revelándose incapaz de garantizar una existencia digna. Ante el cuestionamiento y la pérdida de legitimidad, el sistema optó por el uso de la censura y el encarcelamiento como sus principales mecanismos de respuesta.
Después de una bonanza temporal —si es que así pudiera llamarse a la dependencia total del llamado campo socialista— llegó el “Período Especial”, varios años de sufrimiento, desesperanza y hambre, en los que se le pedía al pueblo resistir en nombre de valores y principios políticos en los que ya muchos no creían. Pero la historia trágica de la isla no se detuvo y, tras una década de vivir como dependientes de otros estados, llegamos a la cruda realidad que hoy vivimos, donde la esperanza parece haberse marchado de la isla junto a quienes han emigrado.
En este contexto, marcado por denuncias de violaciones de derechos humanos y represión, el régimen cubano continúa prometiendo mejoras y apelando a consignas como la “resistencia creativa”, acompañadas de justificaciones políticas y económicas para mantenerse en el poder. Sin embargo, para muchos ciudadanos, tales argumentos resultan cada vez menos creíbles y se perciben como retórica destinada a preservar privilegios de una minoría en detrimento de la mayoría.
Si bien es cierto que los tiempos son difíciles y que el cubano parece estar despertando de un largo letargo político, algo ha surgido de esta dura realidad: una mayor disposición a pensar de manera crítica, a evaluar y cuestionar el discurso oficial y a reflexionar sobre la necesidad de cambios profundos. Porque, al final, las personas piensan y actúan de acuerdo con las condiciones en que viven, y esa realidad cotidiana termina imponiéndose sobre cualquier narrativa.
Publicado originalmente en la edición 219 del medio de comunicación comunitario del ICLEP, El Espirituano.
