Mike Hammer, Encargado de Negocios de la Embajada de EE.UU. durante la recepción por el 4 de Julio. Captura de video / CubaNet.
Por ICLEP
Jul 3, 2025 | 6:00 PM
Nuevas denuncias confirman que varios activistas, periodistas independientes y familiares de presos políticos fueron blanco de detenciones arbitrarias, operativos de vigilancia, hostigamientos y restricciones de movimiento, con el fin de impedir su participación en la recepción diplomática organizada por la Embajada estadounidense a propósito de la celebración por el Día de la Independencia de Estados Unidos en La Habana. La jornada represiva involucró acciones coordinadas en varias provincias del país y afectó tanto a figuras públicas del activismo como a ciudadanos vinculados a causas de derechos humanos.
Entre los actos represivos se encuentra el arresto en Santa Clara del opositor Guillermo “Coco” Fariñas Hernández, Coordinador General del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), quien fue interceptado por un patrullero de la PNR a las 5:15 a.m. del 2 de julio, cuando intentaba viajar hacia La Habana. Un oficial de la Seguridad del Estado le comunicó que existía una orden del “Alto Mando de la Revolución” para impedir que opositores internos asistieran a la recepción diplomática. Fue devuelto a su casa bajo vigilancia policial.
El Centro por una Cuba Libre reportó el arresto del opositor y periodista Rolando Rodríguez Lobaina, quien junto a Isael Poveda Silva intentaba llegar a la embajada en La Habana. “Nos están arrestando”, alcanzó a decir Lobaina en una grabación enviada al centro a las 6:15 p.m., antes de que se cortara la comunicación.
La periodista Camila Acosta denunció en redes sociales que agentes de la policía política intentaron sacarla por la fuerza, junto a su esposo, de un auto diplomático de la Embajada estadounidense frente a su vivienda, lo que constituye una clara violación de la inmunidad diplomática. El incidente fue grabado por cámaras de seguridad y compartido públicamente.
La policía también impidió que un vehículo diplomático se estacionara frente a la casa de Liset Fonseca Rosales, donde también se encontraba Layda Yirkis Jacinto Abad, madre del preso político Aníbal Yasiel Palau Jacinto. El auto fue interceptado y obligaron a bajar a Greisy Oliva, esposa del preso Nadir Perdomo, ya recogida en casa de Marta Perdomo, madre de Jorge y Nadir Perdomo, impidiendo a las tres mujeres asistir a la recepción.
En Pinar del Río, el expreso político y líder de la Alianza Democrática Pinareña, Eduardo Díaz Fleites, estuvo sitiado desde el 1 de julio por la Seguridad del Estado en El Entronque de Herradura. Otros miembros de la organización también estuvieron bajo vigilancia, incluyendo Nilda Fleitas, madre del preso Manuel Rodríguez, a quien le prohibieron viajar a La Habana.
En Cienfuegos los hermanos Juan Alberto y Bárbaro la Nuez Ramírez fueron amenazados por dos oficiales, quienes les advirtieron que cualquier intento de viajar a la capital para asistir al evento sería considerado un delito de desacato y desobediencia, y estuvieron bajo vigilancia desde el 1 de julio.
Las Damas de Blanco de Santa Clara Yaima Elena Pérez López y Marvelis González Reyes tampoco pudieron asistir a la recepción porque estaban sitiadas el 2 de julio en sus viviendas por la Seguridad del Estado.
Asimismo, se conoció el miércoles que el periodista Henry Constantín, detenido desde el 29 de junio en Camagüey, estaba sin derecho a llamadas telefónicas, según le informaron a la periodista de La Hora de Cuba, Iris Mariño, quien acudió al Departamento de Operaciones de la Seguridad del Estado en esa provincia, para indagar sobre el director de ese medio.
No es casualidad que el reportero independiente haya sido liberado este 3 de julio, un día después de la celebración diplomática. “Fueron cuatro días difíciles, incómodos, hay amenazas, hubo molestias y hay amenazas que seguirán sobre mí, en el tiempo que viene”, declaró tras su excarcelación.
Estas acciones represivas coinciden, además, con la cercanía del aniversario de las protestas del 11 y 12 de julio de 2021, un contexto que refuerza la tensión entre el gobierno cubano y los sectores disidentes. Organizaciones opositoras y de derechos humanos han denunciado el carácter sistemático y preventivo de estas medidas, dirigidas a impedir cualquier expresión pública de disenso.