El periodista Niober García Fournier fue detenido el 13 de enero por agentes de la Seguridad del Estado en la oriental provincia de Guantánamo y está siendo acusado por el supuesto delito de “usurpación de capacidad legal”, cargos que el régimen cubano suele utilizar contra los reporteros independientes.

El también activista había sido citado verbalmente el pasado 9 de enero para presentarse el lunes en la Unidad Provincial de Operaciones de Guantánamo. García Fournier precisó al medio Cubanet que “el mayor Caraballo, quien se identifica como el segundo jefe de Instrucción Penal de la Seguridad del Estado en la provincia, y otros cinco agentes se presentaron en su vivienda y le dijeron que debía acudir este lunes a la Unidad de Operaciones del territorio, aunque sin explicarle por qué”.

García Fournier vinculó el acoso de las autoridades con su estatus de "regulado", una medida que el régimen impone a ciudadanos para prohibirles salir del país. “Imagino que esto sea por la reclamación que hice sobre mi regulación migratoria y también para hostigarme. No pierden la costumbre de molestar, sembrar cizaña, amenazar y hacer todo lo que ya sabemos”, denunció.

Tras el arresto arbitrario del reportero, su esposa Idilsa Bailli Rodríguez declaró a ese medio que la citación y posterior detención de Niober se debe a que ellos se presentaron “en la Plaza de la Revolución, en [la Oficina de] Atención a la Población del Consejo de Estado, el 30 de diciembre por la regulación migratoria de Niober”, donde exigieron el levantamiento de la prohibición de viaje impuesta al periodista desde hace ocho años.

Durante su detención, García Fournier fue interrogado sobre su labor periodística y las autoridades le advirtieron que no tenía derecho a ejercerla. “En la citación solo me hablaron de la usurpación de capacidad legal, argumentando que yo no soy periodista y que no estoy autorizado a hacer periodismo”, declaró al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

El mismo día, la Seguridad del Estado también detuvo arbitrariamente al activista Juan Luis Bravo Rodríguez, quien había sido citado junto a García Fournier el 9 de enero por el mayor Caraballo y otro oficial vestido de civil.

“A Juan Luis lo citaron conmigo porque me ayuda en mi trabajo. Nos detuvieron juntos, nos liberaron el mismo día y nos impusieron una multa de siete mil pesos [cubanos], por el supuesto delito de usurpación de capacidad legal”, explicó García Fournier al ICLEP.

Las acciones contra García Fournier y Bravo Rodríguez responden a un patrón sistemático de criminalización del periodismo independiente en Cuba, donde el régimen emplea figuras penales como la “usurpación de capacidad legal” para silenciar a quienes informan fuera del control estatal.

De acuerdo con la organización legal Cubalex, a Juan Luis Bravo en la unidad de la policía política intentaron quitarle su teléfono móvil. El pasaddo 31 de diciembre fue víctima de una golpiza en plena vía pública a manos de agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y otro individuo vestido de civil. Posteriormente se dirigió a una estación de policía cercana para interponer una denuncia, pero un oficial le ordenó retirarse, diciendo que “a ellos no les importaba”.

Por otro lado, esta semana la organización Prisoners Defenders visibilizó el caso del preso político Nosley Lázaro Domínguez Linares, quien cumple una condena de 7 años en la Prisión de Trabajos Forzosos Ho Chi Minh de Bainoa, Mayabeque, por su participación en las protestas del 11J.

A Nosley debían otorgarle un pase el pasado 6 de enero, por lo que su madre viajó a Cuba desde Estados Unidos para poder verlo, sin embargo, un recluso avisó a la familia que el Mayor Yordanis López Torres le retrasó el pase hasta mayo por supuestamente faltarle el respeto.

La familia no ha podido hablar con Nosley porque no le permiten comunicarse por teléfono con sus seres queridos, incluso Prisoners Defenders denuncia que el preso político lleva casi dos meses sin poder hablar con sus hijos.