Redacción ICLEP - El gobierno de Donald Trump ha ordenado la suspensión indefinida de todas las solicitudes de inmigración, incluidas las de residencia permanente (Green Card), presentadas por migrantes latinoamericanos y ucranianos que ingresaron a Estados Unidos bajo determinados programas creados durante la administración de Joe Biden.

La decisión, fundamentada en preocupaciones de fraude y seguridad nacional, afecta directamente a miles de cubanos que aspiraban a acogerse a la Ley de Ajuste Cubano tras entrar al país con un parole humanitario entre 2023 y 2024. De acuerdo con un reportaje de CBS, la medida se aplicará mientras las autoridades revisan presuntas irregularidades en los programas de parole, utilizados principalmente para permitir la entrada de migrantes por razones humanitarias.

Según un memorando interno de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), la decisión busca mejorar los procedimientos de verificación y reducir riesgos para la seguridad pública. El documento señala que algunos migrantes habrían ingresado sin completar un proceso de verificación exhaustivo, y advierte que el sistema de adjudicación de beneficios migratorios “no está detectando adecuadamente información sobre fraude y riesgos de seguridad”.

Durante la administración Biden, más de medio millón de ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela entraron a EE. UU. a través de este parole humanitario, respaldados por un patrocinador local. Con permisos temporales de trabajo y protección contra la deportación por dos años, muchos habían iniciado trámites para regularizar su estatus de forma permanente. Ahora, con la nueva directiva, todas esas solicitudes quedan suspendidas, generando incertidumbre y el riesgo de posibles expulsiones al finalizar el periodo de vigencia del parole.

“Esto congela completamente su posibilidad de cambiar su estatus migratorio. En caso de que el gobierno cancele su parole, estarían sujetos a deportación”, explicó Lynden Melmed, exjefe de asuntos legales de USCIS.

El memorando de USCIS detalla que miles de solicitudes presentan patrocinadores repetidos, direcciones falsas o el uso de identidades de personas fallecidas, lo que ha disparado las alarmas dentro del gobierno de Trump. Estos hallazgos se suman al argumento de que el proceso de entrada al país no incluyó la verificación adecuada para todos los beneficiarios.

En enero de 2025, la administración Trump eliminó el parole humanitario e inactivó la aplicación CBP One, generando la cancelación de citas para solicitudes de asilo y dejando a miles de personas varadas en la frontera. Paralelamente, se otorgaron amplias facultades a ICE para acelerar deportaciones, estableciendo cuotas de arrestos y despidiendo funcionarios que no cumplieran con los objetivos. Las redadas se intensificaron en ciudades clave, afectando incluso a migrantes sin antecedentes penales.

Además, Trump ordenó el uso de la base naval de Guantánamo para detener hasta 30.000 migrantes, lo que ha suscitado preocupación entre organizaciones de derechos humanos. Estos colectivos denuncian que la eliminación de vías legales y el aumento de deportaciones agudizan la vulnerabilidad de quienes buscan protección en Estados Unidos.

Las medidas evidencian un endurecimiento significativo de la política migratoria de Estados Unidos, con consecuencias directas para miles de personas que se encuentran en territorio estadounidense con estatus legal provisional y, ahora, se enfrentan a la posibilidad de ser deportados sin la oportunidad de regularizar su situación.