A Maykel “Osorbo” Castillo Pérez le fue impuesta una medida disciplinaria grave el 12 de febrero en la prisión de Kilo 5 y Medio en Pinar del Río por supuestamente “difundir noticias falsas”, calificativo que le dan sus carceleros a las informaciones que da el preso político sobre las violaciones que ocurren al interior de la cárcel.

En llamada telefónica el preso político dijo que la medida se la impuso el capitán Pedro por órdenes superiores, la publicación en el perfil en Facebook de Maykel aclara que las supuestas noticias falsas son “denuncias anteriores que hemos estado compartiendo en esta misma página, y por todas las redes de Maykel y de sus amigos, acerca de sucesos violentos sobre él y alrededor de él, así como de violaciones relacionadas a las requisas en la prisión”.

“Lo que hemos dicho es lo que ha sucedido y lo vamos a seguir haciendo. La vida y la seguridad de Maykel dependen en gran medida de la eficiencia y la constancia con que mantengamos a todos al tanto de su situación. Dependen, además, de que no muera la noticia alrededor de él y de que todos lo recordemos. ¡Así que habrá Maykel Osorbo para rato!”, añade la publicación.

Maykel Osorbo fue condenado en junio de 2022 a nueve años de prisión bajo falsas acusaciones de atentado, resistencia, desacato y desórdenes públicos; en la cárcel ha sido víctima en más de una ocasión de maltratos y hasta golpizas.

El también preso político Alexander Fábregas salió el 12 de febrero de la celda de castigo en la prisión La Pendiente a la que fue llevado tras gritar consignas antigubernamentales al concluir su juicio el pasado 28 de enero. Fábregas fue acusado de cometer una “indisciplina grave” y permaneció más de dos semanas incomunicado, la pocas noticias de él que conoció su familia en esos días fue a través de otros reclusos.

“Después de 15 días en celda de castigo impuesta por el régimen, me siento complacido por haberlos puesto a todos en ridículo y después manifestarme dentro del carro. Matarme de hambre, de frío y despojarme de mis pertenencias, torturarme en una celda en solitario y oscura no les va a funcionar. Estoy más fuerte que nunca, más decidido y capaz, de pie ante el terror”, fue el mensaje que envió desde la cárcel y que visibilizó el medio ADN Cuba.

El 6 de febrero la organización legal Cubalex denunció que en la prisión de Boniato, en la oriental provincia de Santiago de Cuba, una compañía completa fue castigada con la suspensión de llamadas telefónicas por 15 días. La medida arbitraria fue impuesta por el Jefe del Orden Interior, Humberto Garcés Tassé, en represalia porque los presos impidieron una golpiza contra uno de los reclusos que fue ordenada por las propias autoridades de la cárcel.

Al Coordinador Político del Consejo Nacional del Foro Antitotalitario Unido (FANTU) y preso político, Oscar Sánchez Madan, le fue negada la asistencia religiosa el pasado 5 de febrero en la prisión Combinado del Sur en Matanzas.

Según la publicación de Cuba Antitotalitaria un nuevo oficial de la Seguridad del Estado lo abordó en pleno pasillo del centro penitenciario y le dijo en tono amenazante: “Mientras usted se dedique aquí y continúe ejecutando acciones de desestabilización política dentro de la prisión, yo por mis c... no te voy a permitir, que tengas asistencia religiosa”.

La represión contra los presos políticos toca también a sus familiares. ADN Cuba denunció que Mariángel Rodríguez, esposa del preso político Alexei Martínez Rojas, fue chantajeada por la Seguridad del Estado. El 11 de febrero presentó una carta ante la Seguridad del Estado en Villa Clara para solicitar el cambio de prisión de su esposo, quien recientemente ha sido víctima de reiterados maltratos en la cárcel.

La respuesta que recibió, sin embrago, vino acompañada del chantaje, según la policía política “querían 'negociar' con los carteles que teníamos en la casa, que los quitara”, dijo Mariángel a ese medio. Los carteles son los que se encuentran en la fachada de la casa del matrimonio en el municipio Camajuaní, en Villa Clara en los que se lee “No al comunismo” y “No a la dictadura de los Castros”.

“Ahora quiero ver qué resultado da la carta entregada. Porque no voy a quitar los carteles, se los dejé bien clarito. Que me hagan lo que me quieran hacer, yo estoy fuerte en mi lucha. Esos carteles son míos y de mi esposo. No voy a negociar con la dictadura en ningún momento, no pienso desfallecer delante de ninguno de ellos”, aseguró la esposa del preso político a ADN.

Mirka Ibáñez, madre del preso político Yadir Ayala Ibáñez, también fue amenazada y hostigada por la Seguridad del Estado para que no reclame la libertad de su hijo. En un audio que compartió el Observatorio Cubano de Derechos Humanos este 14 de febrero la señora explicó que fue citada por la policía política por sus publicaciones en redes sociales y le cuestionaron si “ella se creía la madre de todos los presos políticos”, no obstante, Mirka aseguró que seguirá exigiendo la liberación de Yadir.

Luego de haber sido excarcelado en contra de su voluntad tras el acuerdo entre el expresidente Joe Biden y el gobierno cubano con mediación del Vaticano, José Daniel Ferrer continúa en el punto de mira de la dictadura. El 7 de febrero su hermana Ana Belkis denunció en Facebook que a Ferrer y a su esposa les interrumpieron el servicio de internet. Desde que salió de prisión el líder de la UNPACU se ha mantenido activo denunciando y poniendo en evidencia a la dictadura en varias entrevistas que ha ofrecido a medios internacionales y a la prensa independiente.

En lo que va de febrero las detenciones arbitrarias también se han puesto de manifiesto. Gran indignación causó la detención en la calle Monte y Factoría en La Habana el pasado 4 de febrero del anciano de 71 años Héctor Julio Cedeño quien se dedica a vender caramelos para subsistir. Cedeño, quien además es conocido por su oposición abierta al régimen, señala un texto de Cubanet, fue arrestado de manera violenta por agentes de la Seguridad del Estado y la policía en medio de los reclamos de los transeúntes que por el lugar pasaban.

De acuerdo con ese medio independiente, Héctor Julio Cedeño es “acosado constantemente por inspectores y agentes de Seguridad del Estado”. El anciano lleva consigo un cartel en el que exige el fin de la dictadura y cuando intentan decomisarle su mercancía o arrestarlo lo saca como forma de protesta.

El 11 de febrero fue detenido en las cercanías de la Embajada de EE. UU. en La Habana el activista cubano Mario Víctor Liquí Rodríguez por portar un cartel en el que se leía “Yo exijo la libertad de los presos políticos de Cuba. Abajo la dictadura castrista canelista”.

El miembro del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) estuvo recluido en la estación policial de Zapata y C y un coronel identificado como Vladimir lo amenazó diciéndole que se estuviera tranquilo pues la detención había sido solo una advertencia.

En esa misma fecha Eliosbel Quevedo Valladares, Coordinador Municipal del Foro Antitotalitario Unido (FANTU) denunció una nueva amenaza en su contra “para que abandone su trabajo de proselitismo político anticastrista”. El activista fue abordado cuando iba entrando a la casa de su abuela materna en Cumanayagua, Cienfuegos, por un hombre en una motocicleta marca Suzuki, medio utilizado por los oficiales de la policía política, vestido de civil, al que no pudo identificar porque llevaba casco y gafas de sol.  

Según la información de Cuba Antitotalitaria, el represor le gritó al expreso político: “Recuérdate bien, que nosotros conocemos todo lo que tú hablas, qué harás con nosotros si logran derrocar a nuestra Revolución. Solamente te vine a recordar, que yo seré quien me encargaré de ti en persona si eso llega a pasar, porque nosotros tampoco somos mancos y tampoco nos vamos a quedar dados”.