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Régimen cubano intimida a madres de presos políticos y activa vigilancia contra activistas ante la cercanía del aniversario del 11J

Marta Perdomo, madre de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo. Foto tomada de su perfil en Facebook.

Por ICLEP

Jul 1, 2025 | 9:15 AM


A solo días de conmemorarse el cuarto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, el régimen cubano ha intensificado la represión contra familiares de presos políticos y figuras críticas dentro de la isla, con el objetivo de silenciar denuncias públicas y evitar nuevas manifestaciones populares.

En Camagüey, Mirka Ibáñez, madre del preso político Yadir Ayala Ibáñez, y su nuera, esposa del joven encarcelado por participar en las protestas del 11J, fueron citadas el 29 de junio a la Tercera Unidad de la Policía por agentes de la Seguridad del Estado. Durante el interrogatorio, Mirka recibió amenazas por su intención de asistir a un encuentro con Mike Hammer, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana.

“Todo es para amenazar de que no vayamos al encuentro con el embajador el día dos. Ya ellos me alertaron de que no fuera, quiere decir que, si yo salgo, ellos si me cogen me detienen”, declaró Ibáñez a Martí Noticias.

Además, denunció que las autoridades la amenazaron con severas penas de cárcel por su actividad en redes sociales: “Que si yo sigo dando like, que si yo sigo publicando, son de 10 años a cadena perpetua. Si yo comento, de 4 años a 10 años. Le dije: aquí todo es preso”.

Por su parte, Marta Perdomo, madre de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, encarcelados por su participación en las protestas del 11J, denunció haber sido citada este lunes 1 de julio a las 9:00 a.m. en la unidad policial conocida como El Técnico en San José de las Lajas.

En una publicación en Facebook, Perdomo expresó: “Si esta situación es por defender a mis hijos, por levantar la voz en favor de ellos y de esta familia que la están destruyendo, pues aquí estoy, seguiremos hasta inclusive la muerte. Estoy para mis hijos siempre, son inocentes y ustedes bien lo saben”.

El pasado 29 de junio, Marta se manifestó de forma pacífica frente a la sede del Comité Provincial del Partido Comunista en Mayabeque, exigiendo una llamada telefónica de su hijo para conocer su estado, recientemente fue agredido por un oficial de la prisión de Ho Chi Minh.

“Basta de mentiras, basta de tanta tortura. En la prisión sí hay teléfono, lo que el jefe lo mandó a quitar. Hoy necesito una llamada de mi hijo para escuchar su voz y saber que todo está bien después del tropiezo que tuvo con el mayor López de la prisión, ustedes saben que no me voy a callar”, afirmó la madre angustiada.

También la reconocida académica Alina Bárbara López Hernández denunció que desde el 27 de junio había un cerco de vigilancia montado alrededor de su vivienda en Matanzas, ante el temor de las autoridades por posibles contactos con diplomáticos extranjeros.

“Se acerca el 11 de julio y los nervios traicionan a las autoridades. Tienen miedo patológico a la fecha, y se entiende, las condiciones actuales son mucho peores que cuando ocurrió el estallido social del 2021”, escribió López Hernández en su perfil de Facebook.

Según explicó, en su comunidad se desplegó un operativo con maestros, delegados, funcionarios locales del Partido Comunista, agentes en motos y otros colaboradores, bajo el pretexto de que el embajador estadounidense supuestamente la visitaría. “Eso es absolutamente falso”, aclaró la académica, quien reafirmó su derecho a recibir en su casa a quienes ella decida, incluidos diplomáticos, sindicalistas o periodistas de diversas partes del mundo como lo han hecho en ocasiones anteriores.

“De toda esta puesta en escena me enteré por alertas de amigos y vecinos que viven más o menos cercanos. Los mismos que avisaron hoy a mi hija Lilian sobre una mujer filmando con su móvil dirigido a mi casa. Se trata de una enfermera que actualmente trabaja como funcionaria de la Dirección Municipal del Partido. Su nombre es Inés Mercedes Díaz Izquierdo, y pondré dos fotos suyas: una hace un rato frente a mi casa, llegó incluso hasta la acera disimulando saludar a una vecina que reside en los altos, pero esa vecina afirma que jamás ha tenido relación con ella y que le extrañó verla allí”, denunció Alina.

Una publicación del Centro de Estudios Convivencia señala que el 30 de junio se presentaron el Mayor Manuel y otro militar en la casa de Dagoberto Valdés Hernández, director de este centro, para nuevamente decirle que "no iban a permitir que fuera a la recepción de la Embajada americana porque el embajador está visitando elementos contrarrevolucionarios. Que recordaban que existe una Ley 80, que prohíbe y castiga la colaboración con gobiernos extranjeros enemigos en su artículo 8 y otros”.

También le advirtieron que no debía salir el 11 de julio porque es una “figura pública” que quieren manipular y “atraer para proyectos terroristas”.

Estas acciones represivas reflejan el clima de hostigamiento que el régimen impone sobre quienes se atreven a alzar la voz por los derechos de los presos políticos, en un contexto donde crece la tensión social ante la cercanía de una fecha simbólica para el descontento popular.

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