El Ministerio del Interior le negó al periodista independiente Niober García Fournier su pasaporte alegando una supuesta cuestión de “Seguridad Nacional”. Desde el 2015 el reportero está regulado, término que utiliza el régimen para impedir a los ciudadanos salir del territorio nacional, vulnerando así su derecho al libre movimiento.

De acuerdo con la información ofrecida por García Fournier a la organización legal Cubalex, “el 28 de enero fue citado a la Oficina de Atención a la Ciudadanía del MININT en Guantánamo para recibir respuesta a una queja presentada en diciembre contra una regulación migratoria de 8 años que le impide salir del país”.

Según la publicación de Cubalex “la queja fue interpuesta ante la Oficina de Atención a la Población del MINREX en La Habana. Las autoridades reconocieron que la restricción era excesiva e ilegal y que su eliminación debía gestionarse en la provincia de Guantánamo. La regulación fue impuesta en 2015, cuando el periodista regresó legalmente de República Checa y fue interceptado en un punto de control en Guantánamo. Las autoridades le decomisaron dinero y otros bienes personales”.

Pese a las múltiples denuncias que ha realizado el periodista, incluida una demanda ante el tribunal provincial, su caso ha quedado sin respuesta y las autoridades también omitieron el dinero que le fue decomisado sin justificación alguna y que nunca le ha sido devuelto.

La negativa de pasaporte a Niober García Fournier “evidencia un patrón sistemático de arbitrariedades y violaciones de Derechos Humanos en Cuba, donde el régimen utiliza las restricciones migratorias como un mecanismo de castigo y control político. Negar el derecho al pasaporte por motivos arbitrarios vulnera la libertad de movimiento y expone el uso de regulaciones discrecionales para silenciar voces críticas y reprimir a la sociedad civil", condena Cubalex.

En los últimos días otro periodista Jorge Enrique Rodríguez, reportero de Diario de Cuba, ha recibido dos citaciones para interrogatorio, sin que le explicaran los motivos, no obstante, ambas han sido suspendidas.

La primera citación fue para el miércoles 22 de enero y la suspendieron por el mal tiempo. Luego reactivaron el interrogatorio para el 28 de enero y nuevamente lo pospusieron.

El pasado 8 de enero, fecha en la que el régimen conmemora la entrada de Fidel Castro a La Habana, el Dr. Fernando Vázquez fue secuestrado por represores de la Seguridad del Estado al salir de su vivienda en La Habana. Desde muy temprano sus vecinos le informaron que había una patrulla vigilándolo.

Vázquez hizo una directa del momento justo en que salía de su casa para ir a la bodega y mostró a la patrulla con los represores y el instante en que los encaró, le arrebataron el teléfono, cortaron la directa y a la fuerza se lo llevaron detenido de forma ilegal y arbitraria.

Luego de horas en un calabozo en desaparición forzada, Fernando Vázquez cuestionó en su perfil en Facebook la vigilancia y el arresto arbitrario del que fue objeto y enumeró los muchos problemas que existen hoy en Cuba y que la Seguridad del Estado elude para concentrarse en reprimir a los que piensan diferente y no están de acuerdo con el régimen cubano.

El 28 de enero la sede del Museo de la Disidencia en Cuba y del Movimiento San Isidro y vivienda del artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara no pudo abrir sus puertas al público para la presentación de la obra "Campesinos Felices 1938-2024", que forma parte de su Serie Apolítico 2.1, “debido a la presión ejercida por la policía política sobre la persona encargada de este evento”.

Relacionado con este acto represivo, la artista Yenisleidys Borroto, conocida como Áfrika Reyna, amiga de Alcántara y madre de dos niños, “fue desconectada de internet hoy y advertida mediante llamada telefónica de que no podía salir de su vivienda para participar de este evento”.

En las cárceles también continúa el hostigamiento contra los presos políticos, a Roberto Pérez Fonseca, luego de negarle la asistencia religiosa en prisión, el jefe de la cárcel de Quivicán, Mayor Durisbel Álvarez Pérez, lo amenazó con que “lo iba a trasladar a una prisión muy lejana, por denunciar que no le permitieron la asistencia religiosa con el monseñor Eloy, no es la primera vez que amenazan a mi hermano por denunciar las injusticias que comenten contra él”, denunció el 28 de enero su hermano Albert Fonse en redes sociales.

Marta Perdomo madre de los hermanos y presos políticos Jorge y Nadir Martín Perdomo denunció que sus hijos permanecen incomunicados. La señora dijo a ADN Cuba que desde el 16 de enero “no recibe llamadas telefónicas de Jorge, recluido en el campamento de trabajo forzado Ho Chi Minh, en la provincia de Mayabeque”. De Nadir, recluido en la prisión Ganuza, en San José de Las Lajas, no tiene noticias desde el 21 de enero.

Las excarcelaciones que se llevaron a cabo entre el 15 y 20 de enero, luego del acuerdo entre el gobierno cubano y el expresidente norteamericano Joe Biden con mediación del Vaticano, más que una libertad plena, se han convertido en un mecanismo de control, amenazas y represión.

Expresas políticas del 11J excarceladas en estas fechas confirmaron al medio independiente El Toque las condiciones que les impusieron para su aparente liberación. A Lisdiani Rodríguez Isaac, de Placetas, Villa Clara, le informaron el 16 de enero en el centro penitenciario que “no podía publicar en redes sociales, que debía trabajar y que si no estaba tranquila regresaría a prisión”.

Similar situación fue la de Donaida Pérez Paseiro, líder de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba, quien fue amenazada el 15 de enero al ser excarcelada con que no podía hacer ningún tipo de activismo. “Sabemos que esto es una libertad condicional, no fue un indulto. Siempre hemos sido la moneda de cambio del régimen. A mí me han amenazado, pero no me voy a callar. Continuaré haciendo entrevistas, videos y si tengo que volver a prisión no me interesa”, dijo a El Toque.

También a Arianna López Roque, coordinadora de la Academia de Estudios Cívicos Julio Machado para la instrucción de activistas, le impusieron ciertas condiciones el 20 de enero al ser excarcelada: “No podemos publicar nada en redes sociales, hablar con periodistas o asociarnos con opositores. Pero nosotros fuimos manifestantes del 11 de julio, no cometimos delito alguno y no considero que tenga que cumplir ninguna de esas condiciones”.