Cuando la vida transcurre atormentada por la pobreza y la escasez, y el día se convierte en una carrera de obstáculos interminables, una sociedad necesita pensar. Cuando vivir en la verdad se vuelve peligroso y la justicia no tiene defensores, cuando en el horizonte no brilla la esperanza y emigrar es el camino hacia el futuro, una sociedad necesita pensar.

Porque si no piensa, ¿cómo va a encontrar las soluciones para salir de sus abismos?, ¿cómo va a cortar las cadenas que inmovilizan el curso de su historia? Es hora de pensar, esta es la hora para pensar.

Es la hora de que las autoridades máximas de este país piensen en cómo esta tierra se ha ido empobreciendo, y como la nada ha ido poblando el universo del cubano, la nada material y la nada política de un pueblo que ya no cree en el “proyecto revolucionario”, ni en el “hombre nuevo socialista”, en un pueblo que pide a gritos paz, libertad, democracia y prosperidad.

Es la hora de que los que conforman el aparato militar y el brazo ejecutivo del gobierno piensen en qué es lo que en realidad están defendiendo, que no son los ideales de su pueblo; que piensen y comprendan cómo también ellos son víctimas de lo que defienden: víctimas de las escaseces, víctimas del alejamiento de sus hijos emigrados, víctimas del miedo a que un desliz destruya todo lo que han construido.

Es la hora de que los funcionarios del aparato de justicia piensen en que su vocación es la defensa de la verdad y la justicia, y que cuando condenan a un inocente, pueden recibir aplausos desde el poder, pero no podrán evitar la voz reprobatoria de sus conciencias.

Es la hora de que los que reprimen, los que golpean, los que amedrentan, los que amenazan, los que delatan… piensen en el Dios que nos creó para ser hermanos y no verdugos, para hacernos el bien y no el mal, para tendernos la mano y no para agredirnos.

Es la hora de que las iglesias todas piensen si el Dios en el que creen no les está pidiendo eso que llamamos “profetismo”, y alcen la voz en nombre del pobre, del indefenso, del oprimido, y recuerden que, aquel al que siguen y predican, aquel al que deben obediencia, es a Cristo, y a Cristo crucificado.

Es la hora de que los presos de conciencia renueven su esperanza, y orgullosos de haber sido capaces de alzar su voz y reclamar los derechos de todos, recuerden que la noche no será eterna, que la verdad padece, pero no perece, y que no hay tormenta sin calma ni noche sin amanecer.

Es la hora de que el pueblo, esa realidad hecha de personas concretas, piense y comprenda, que no puede evitar ser despreciado, engañado y utilizado, pero que sí puede dejar de apoyar al que lo usa, sí puede alzar la mirada y decir “¡Basta!”.

Sí, es la hora, esta es la hora.

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) registró un total de 58 violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba durante el primer mes de 2025, siendo los ciudadanos sin afiliación a organizaciones disidentes, los activistas y los presos políticos las principales víctimas de las agresiones perpetradas por el régimen cubano.

Del total de violaciones, 47 están relacionadas con la libertad de expresión y 11 con la libertad de prensa. Asimismo, de acuerdo con su metodología, el ICLEP contabilizó 23 ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas, 15 usos abusivos del poder estatal, 10 detenciones arbitrarias, 4 restricciones en el espacio digital, 3 reclusiones y 3 agresiones físicas.

Entre las víctimas, 9 fueron ciudadanos, 9 presos políticos, 7 activistas, 6 opositores, 4 periodistas y 2 artistas creadores. De ellos, 27 son hombres y 10 mujeres. Las provincias con mayor incidencia de estos hechos fueron La Habana (19), Villa Clara (10), Guantánamo (8), Mayabeque (7) y Las Tunas (6).

Como ha denunciado el ICLEP en reiteradas ocasiones, la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) continúan siendo los principales órganos represores. Sin embargo, en enero se registró una incidencia considerable del sistema penitenciario en las agresiones contra presos políticos.

En las cárceles cubanas, la situación de los presos políticos es alarmante. Tras su juicio, en el que fue acusado de “propaganda contra el orden constitucional”, Alexander Fábregas fue llevado a una celda de castigo por gritar consignas antigubernamentales al concluir la vista oral. Onaikel Infante Abreu, tras meses en prisión y su juicio, recibió una sentencia de 8 años de cárcel bajo la misma acusación.

Al preso político Roberto Pérez Fonseca, luego de negarle asistencia religiosa para impedirle reunirse con el Obispo Auxiliar Eloy Ricardo Domínguez Martínez, lo amenazaron con trasladarlo a una prisión distante por denunciar esta violación. Familiares de los presos políticos Jorge y Nadir Martín Perdomo, así como Nosley Lázaro Domínguez Linares, denunciaron que estos estuvieron incomunicados durante enero, sin acceso a llamadas telefónicas con sus familias.

Asimismo, a los presos políticos del 11J, Leonel Tristá García y Nosley Lázaro Domínguez Linares, les fueron negados sus pases reglamentarios. A Edilberto Arzuaga Alcalá lo amenazaron e intentaron obligarlo a firmar un documento en el que renunciaba a sus posturas políticas; al negarse, fue trasladado de destacamento y posteriormente a una prisión de máxima seguridad.

Las excarcelaciones que se produjeron entre el 15 y el 20 de enero, como parte del acuerdo entre la dictadura cubana y el expresidente estadounidense Joe Biden, con la mediación del Vaticano, se convirtieron en un nuevo mecanismo de control y represión. A las expresas políticas del 11J, Lisdiani Rodríguez Isaac, Donaida Pérez Paseiro y Arianna López Roque, las amenazaron en el momento de su excarcelación con volver a prisión si escribían en redes sociales o se comunicaban con la prensa independiente y opositores.

En enero, el gobierno socialista condenó a Félix Daniel Pérez Ruiz y Cristhian de Jesús Peña Aguilera a 5 y 4 años de cárcel, respectivamente, por sus publicaciones en redes sociales, bajo la acusación de “propaganda contra el orden constitucional”. Ana Ibis Tristá Padilla y Jarold Varona Agüero fueron absueltos en esa misma causa por falta de pruebas; sin embargo, la Fiscalía impugnó la sentencia e inició un proceso de apelación.

Los periodistas continúan siendo blanco del acoso de la Seguridad del Estado. El caso más representativo de enero fue el del reportero Niober García Fournier, quien primero fue acusado de “usurpación de capacidad legal”, una estrategia del régimen para silenciar a quienes cuestionan el poder estatal. Posteriormente, se le negó el pasaporte por supuestos motivos de “seguridad nacional”. El periodista está regulado desde 2015, un término que la dictadura utiliza para prohibir la salida del país a determinados ciudadanos.

Dos casos de abuso de poder contra ciudadanos marcaron el mes. El vendedor ambulante Wilber García Mora y el conductor de bicitaxi Edgardo Raúl Manso fueron multados con 24 mil y 10 mil pesos cubanos, respectivamente, como represalia por aparecer en un reportaje del medio independiente ADN Cuba, en el que se exponían las multas abusivas impuestas por los inspectores a los trabajadores por cuenta propia.

La censura también estuvo presente en este inicio de año. El actor y dramaturgo cubano residente en Miami, Jorge Ferrera, denunció la cancelación de dos presentaciones del espectáculo Cabalgando por el aire por parte del Consejo Nacional de Artes Escénicas de Cuba. Asimismo, la sede del Museo de la Disidencia en Cuba y del Movimiento San Isidro, que también es la vivienda del artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara, no pudo exhibir la obra Campesinos Felices 1938-2024 debido a la presión de la Seguridad del Estado.