El periodista independiente Carlos Michael Morales Rodríguez continúa siendo víctima de acoso judicial, el 21 de abril fue citado nuevamente a comparecer ante el Tribunal Municipal de Caibarién donde se decidió, sin su presencia, una extensión a su sanción de cinco meses por considerar inválido el contrato de trabajo del sector privado que había presentado el reportero.

Morales, que se negó a comparecer, fue citado junto a su empleadora que sí acudió a la citación donde se encontraban Sandro Rodríguez Águila, presidente del tribunal, y un oficial de la Seguridad del Estado. “Sandro se negó a reconocer como legal el contrato de trabajo que me extendiera esta trabajadora por cuenta propia con fecha 4 de enero de 2025 porque fue cuando comencé a trabajar allí y cuando se solicitó este documento al Órgano de Trabajo y a la ONAT Municipal”, explicó el periodista en un video compartido en sus redes sociales.

El reportero aclaró que debido a la ineficiencia de las oficinas estatales y los constantes apagones que les impiden trabajar, el contrato estuvo listo la pasada semana pero con fecha 4 de enero que el día que se solicitó.

“El oficial de la Seguridad del Estado le dijo a Sandro que sí iban a aceptar el contrato, pero con fecha 21 de abril, sin contarme los cuatro meses que llevo laborando con esta trabajadora por cuenta propia, lo que constituye un alargamiento de mi sanción de cinco meses más”, añadió Morales.

Además de denuncias estas arbitrariedades judiciales, el periodista exigió que le sea entregado un documento del tribunal donde se reconozca su contrato de trabajo con fecha 4 de enero y se especifique que su sanción se cumple el 4 de julio del presente año.

Esta sería la segunda vez que alargan la sanción a Carlos Michael Morales, el pasado diciembre la extendieron seis meses sin ningún fundamento legal por negarse a trabajar en el sector estatal, aunque el periodista en reiteradas ocasiones dijo que estaba en disposición de laborar con el sector privado.

Carlos Michael Morales Rodríguez fue condenado en mayo de 2024 a ocho meses de privación de libertad por el delito de “desobediencia”, una sanción que fue subsidiada por trabajo correccional sin internamiento y que en términos legales ya habría cumplido en enero pasado antes de la primera extensión arbitraria de su condena.

El 22 de abril también fue citado a comparecer ante el Tribunal Municipal de Perico el líder opositor y preso político Félix Navarro quien se encuentra desde el pasado enero bajo libertad condicional. La presidenta del tribunal, Dra Yarisley Pino Morejón, le comunicó que el motivo de la citación fue porque “dejó el empleo que tenía, sin hablar con nadie y se mantiene desempleado. Incumpliendo con las indicaciones que se le estableció en enero”. Asimismo, le notificó que tenía “10 días para reincorporarse o buscar otro empleo a través del Ministerio de Trabajo; así como cada vez que vaya a ausentarse del municipio, debe comunicarlo al Tribunal”.

Durante la citación Navarro explicó que abandonó su puesto laboral porque comenzaron a arrestarlo y levantarle actas de advertencia cada domingo desde el 2 de marzo pasado para impedirle acudir a la iglesia. Ante la pregunta de la presidenta de si esta era una forma de protesta, Félix dijo que sí y le preguntó qué artículo de la Constitución prohíbe asistir a la iglesia: “Su respuesta fue lo mejor de la conversación: ‘En ninguno, usted puede asistir a su Iglesia’”, relató Félix.

La presidenta del tribunal levantó un acta de la conversación a la que Félix añadió sus consideraciones antes de firmar: “Si ustedes establecen una resolución donde me aseguren que, a pesar de los arrestos por tratar de asistir a la Iglesia, no seré revocado a prisión, yo me reincorporo al trabajo. En Servicios Comunales tengo las puertas abiertas para el regreso. Además, si ustedes como representantes del Tribunal Popular Municipal, en Perico, no están facultados para defender mi derecho a asistir a la iglesia; yo no acataré las nuevas limitantes que me imponen”.