Informe Octubre 2025
Por ICLEP
Nov 18, 2025 | 9:00 AM
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) documentó 65 violaciones a la libertad de expresión y de prensa durante octubre, cifra inferior a las 89 registradas en septiembre, pero que no constituye una mejora en las condiciones de libertad, sino un ajuste táctico del aparato represivo, que modula la visibilidad de sus acciones sin modificar la naturaleza estructural del control. Esta reducción se inserta en un patrón recurrente: tras picos de exposición internacional o momentos de tensión política, el régimen reorganiza temporalmente sus métodos para disminuir el escrutinio exterior, mientras mantiene intacta su arquitectura de vigilancia, coerción y castigo.
En el mes analizado, el 83,1 % de las violaciones afectó la libertad de expresión, alcanzando directamente a ciudadanos, activistas, artistas, presos políticos y creadores que ejercieron su derecho a manifestar opiniones fuera del discurso oficial. El 16,9 % restante se dirigió contra la libertad de prensa, confirmando que el periodismo independiente continúa siendo uno de los principales objetivos del sistema represivo debido a su rol esencial en la denuncia de abusos y la producción de información veraz.
Como parte de nuestra metodología, el ICLEP clasifica las violaciones en seis indicadores, cuyos resultados para octubre fueron los siguientes:
Los datos evidencian una reconfiguración de los métodos represivos, marcada por un incremento significativo de las formas más severas: las reclusiones aumentaron un 266,7 % respecto al mes anterior y las agresiones físicas se triplicaron. Paralelamente, disminuyeron las medidas institucionales, como el uso abusivo del poder estatal y las restricciones digitales visibles, lo que refleja una estrategia orientada a desplazar la coerción hacia mecanismos más directos, personales y de difícil registro público.
En materia territorial, las violaciones se distribuyeron por casi todas las provincias del país, lo que confirma que la represión no responde a dinámicas locales, sino a una política nacional y coordinada. La Habana, con 30 violaciones (46 % del total), se mantiene como el epicentro del hostigamiento, seguida de Santiago de Cuba (13 violaciones), donde la actividad cívica y el descontento social continúan siendo objeto de especial vigilancia. Provincias como Villa Clara, Camagüey, Artemisa, Pinar del Río, Matanzas y Mayabeque también registraron violaciones, lo que refuerza la existencia de un sistema de control capilar, presente tanto en zonas urbanas como en territorios periféricos.
El informe documenta además una participación activa de la Seguridad del Estado, la Policía Nacional Revolucionaria, el sistema judicial, el sistema penitenciario, medios oficialistas, ETECSA, el ICAIC y civiles actuando a nombre del Estado, todos ellos implicados en la imposición de cercos policiales, condenas políticas, campañas de difamación, censura cultural y castigo digital. Esta articulación interinstitucional confirma que la represión no es un fenómeno aislado ni improvisado, sino una política pública sostenida, ejecutada desde las más altas esferas del poder.
Entre los casos emblemáticos del mes se destacan: el encarcelamiento del opositor Virgilio Mantilla Arango, la condena de seis manifestantes en Villa Clara por protestar durante un apagón, las sanciones políticas contra tres activistas en Artemisa, el despliegue de vigilancia policial sin orden judicial contra periodistas independientes, la censura al homenaje a Celia Cruz, las represalias del ICAIC contra cineastas críticos, la campaña de difamación coordinada contra el medio independiente elTOQUE, y el bloqueo selectivo de Internet contra la joven creadora Anna Sofía Benítez Silvente. Estos episodios revelan que la represión opera en múltiples dimensiones: física, judicial, simbólica, cultural y digital.
El ICLEP subraya que las violaciones a la libertad de expresión y de prensa se producen en un entorno donde también se vulneran derechos conexos indispensables: el debido proceso, la libertad de movimiento, la participación política, la protección a periodistas y el derecho a la reunión pacífica. Sin estas garantías, el ejercicio de la palabra se vuelve una práctica de riesgo y la sociedad pierde los mecanismos necesarios para expresarse, organizarse y exigir rendición de cuentas.
El Instituto hace un llamado a la comunidad internacional, a las organizaciones de derechos humanos y a los medios de comunicación a mantener el escrutinio sobre la situación en Cuba y a apoyar los esfuerzos por proteger a quienes, dentro y fuera de la Isla, siguen ejerciendo el derecho a informar y a expresarse libremente.
Con la publicación de este informe, el ICLEP reafirma su compromiso con la documentación precisa, la verificación de hechos y la denuncia pública de cada violación registrada. Nuestro propósito es contribuir a la visibilización de las víctimas, fortalecer la memoria documental de los abusos y aportar evidencia rigurosa para la defensa de la libertad de expresión y de prensa en Cuba.
Invitamos a los lectores a acompañar nuestra labor de monitoreo y defensa de los derechos fundamentales y a consultar el informe completo, AQUÍ.