Luis Manuel Otero Alcántara y José Gabriel Barrenechea. Fotos tomadas de sus redes sociales.
Por ICLEP
Nov 17, 2025 | 10:15 AM
El régimen cubano ha intensificado en las últimas semanas las agresiones contra presos políticos y sus familiares, mediante censura, traslados arbitrarios, golpizas y castigos que buscan silenciar cualquier forma de disidencia dentro y fuera de las cárceles.
Organizaciones y allegados de los reclusos denuncian una política sistemática de aislamiento y represión contra quienes defienden la libertad de pensamiento y denuncian los abusos del sistema penitenciario. Estas acciones reflejan el uso del aparato carcelario como herramienta de control político y castigo ejemplar para quienes se oponen al régimen de Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro.
José Gabriel Barrenechea
El escritor y preso político José Gabriel Barrenechea enfrenta un nuevo tipo de castigo dentro de la prisión de La Pendiente, en Santa Clara: la prohibición de recibir libros o materiales de lectura.
De acuerdo con la denuncia de la organización Cuban Canadians Coalition el pasado 10 de noviembre, esta decisión constituye “una forma de tortura psicológica para un hombre que ha consagrado su vida a la lectura, al pensamiento crítico y a la defensa de la libertad”.
Barrenechea, detenido desde hace más de un año, comparte una celda con más de diez prisioneros comunes y su estado de salud se ha deteriorado notablemente. La coalición advirtió que el intelectual padece fiebre y pérdida de peso, mientras se mantiene sin conocer la sentencia de su juicio celebrado en septiembre.
Walnier Luis Aguilar Bravo
El preso político Walnier Luis Aguilar Bravo, condenado tras las protestas del 11 de julio de 2021, fue trasladado el 7 de noviembre de manera arbitraria desde la prisión de Agüica, en Matanzas, hasta otra cárcel en Sancti Spíritus, a más de 300 kilómetros de La Habana.
Su padre, Wilber Aguilar Bravo, denunció que este traslado constituye una nueva represalia por las continuas declaraciones públicas que hace en defensa de la libertad de su hijo.
Este traslado ocurrió apenas unos días después del traslado de Walnier a la prisión de Agüica, en Matanzas, por una supuesta lista de internos que planeaban “plantarse” en el Combinado del Este.
Aníbal Yasiel Palau Jacinto
El joven Aníbal Yasiel Palau Jacinto, uno de los manifestantes del 11J, permanece en huelga de hambre desde hace varios días en la prisión Melena 2, en Melena del Sur, tras haber sido golpeado por funcionarios del penal.
Su madre, Layda Jacinto, relató que el pasado 5 de noviembre fue golpeado y encerrado en una celda de castigo donde lo mantienen incomunicado. Añadió que desde ese día su hijo está plantado voluntariamente.
"Cuando fui a la prisión el miércoles pasado, no me dijeron en qué condiciones estaba mi hijo realmente. Aníbal está plantado voluntariamente. No se le puede visitar ni le permiten llamadas por teléfono. Además está sin tomar agua", lamentó la madre, quien también denunció que, tras la agresión, las autoridades lo acusaron de “atentado” y que el joven se cosió la boca en señal de protesta.
A Palau Jacinto le restan apenas ocho meses de condena, pero su situación se agrava por el aislamiento y la represión continuada que sufre dentro del penal.
Luis Manuel Otero Alcántara
El artista y preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara, recluido en la prisión de Guanajay, en Artemisa, atraviesa un nuevo episodio de represión.
De acuerdo con una publicación de Martí Noticias el 14 de noviembre, la curadora de arte Yanelis Núñez, del colectivo Alas Tensas, reveló que tras publicarse un audio de Otero el pasado 30 de septiembre, donde el preso político hacía un llamado a apoyar a los 15 cubanos condenados por manifestarse contra la miseria en la isla, las autoridades penitenciarias respondieron retirándole la visita mensual como castigo.
“Le quitaron la visita por haber grabado un mensaje en solidaridad con manifestantes condenados”, explicó Núñez, quien además alertó sobre el delicado estado sanitario del penal. “A su alrededor hay presos con fiebre y otras dolencias, y no sabemos si se trata de dengue, chikungunya u otra enfermedad”.
Otero también padece una infección cutánea que, según su entorno, está siendo tratada de forma deficiente, reflejo de las precarias condiciones médicas a las que son sometidos los presos políticos en Cuba.
Ana Belquis Márquez
La ciudadana pinareña Ana Belquis Márquez Rodríguez, madre del preso José Manuel Olivera Márquez, fue víctima de abuso y sanción en el Combinado de Sandino, en Pinar del Río, cuando intentaba visitar a su hijo el pasado 4 de noviembre.
Según declaró a CubaNet, una militar revisó su cartera, algo que nunca antes había ocurrido, y descubrió su teléfono móvil apagado. Ana Belquis había dejado el teléfono dentro de la cartera porque no tenía dinero para pagar la casa donde guardan los móviles frente a la prisión.
La funcionaria informó de inmediato al director del penal, el teniente coronel Euclides Reloba Baños, quien ordenó confiscarle el teléfono y suspenderle las visitas durante seis meses. Le dijo que el teléfono estaba perdido y que no fuera a reclamarlo ni a la Delegación del MININT, ni al Sector de Pinar del Río, porque “no tenía derecho”.
La mujer, que había gastado todo su dinero en los alimentos para su hijo, tuvo que regresar a casa con la comida intacta, porque además de negarle la visita ese día no le dejaron pasar lo que había llevado para su hijo.
Una política de represión sostenida
Estos casos no son aislados. Reflejan la estrategia del régimen cubano de castigar la disidencia con aislamiento, censura y sufrimiento familiar. Negar libros, impedir visitas o trasladar arbitrariamente a los presos son mecanismos de control político diseñados para quebrar la resistencia moral de quienes defienden la libertad de expresión.
Mientras el Estado cubano continúa ignorando las denuncias de organismos internacionales, las voces de los familiares y activistas dentro de la isla se alzan como único testimonio de la brutalidad del sistema penitenciario que mantiene tras las rejas a cientos de cubanos por pensar distinto.