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ICLEP
25 Aug, 2025
Trasladan a prisión a trabajador por cuenta propia que protestó contra multa estatal
Adrián González Pérez. Foto: Cubalex.
Por ICLEP
Aug 25, 2025 | 9:30 AM
Adrián González Pérez, un trabajador por cuenta propia en Guantánamo, fue trasladado el pasado 15 de agosto a la Prisión Provincial de esa provincia, tras ser arrestado por protestar pacíficamente contra una multa impuesta por inspectores estatales, según denunció la organización legal Cubalex.
El ciudadano, que se dedica a llenar fosforeras, había sido detenido el 12 de agosto luego de rechazar una sanción considerada arbitraria de 36 mil pesos.
Posteriormente, las autoridades le impusieron una fianza de 100 mil pesos, que se negó a pagar. Cubalex informó que, tras esa negativa, Adrián fue acusado de los presuntos delitos de “desobediencia” y “resistencia” y permanece en prisión preventiva.
Ese mismo día, Alexander Murgado Gámez, activista e integrante del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI) y del Proyecto Emilia, se dirigió a la unidad policial de Guantánamo para indagar por la situación legal de Adrián. Al conocer que sería trasladado a prisión, protestó en el lugar y fue detenido. Cubalex denunció que fue esposado y golpeado por las autoridades.
Confirman paradero de opositor detenido tras una semana desaparecido
Luego de varios días sin conocerse su paradero, se confirmó que el preso político Mario Alberto Hernández Leyva, vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), se encuentra recluido en la prisión de alta seguridad del Combinado del Este, en La Habana.
Según denunció el líder del MONR, José Díaz Silva, el 22 de agosto el opositor logró realizar una llamada telefónica desde la cárcel, en la que explicó lo ocurrido desde su excarcelación.
Hernández Leyva relató que el 14 de agosto fue liberado de la prisión 1580, pero apenas salió fue interceptado por agentes de la Seguridad del Estado y trasladado al centro de detención del VIVAC, en Calabazar.
Actualmente enfrenta una nueva acusación por el supuesto delito de “desobediencia”, lo que, según la Seguridad del Estado, implicaría entre cinco y seis meses adicionales de privación de libertad. Hasta el momento se desconocen los motivos de esta nueva acusación.
El caso generó preocupación entre familiares y activistas, quienes durante una semana no tuvieron información sobre su situación ni paradero, lo que constituye una forma de desaparición forzada, una práctica frecuente en Cuba que representa una grave violación de los derechos humanos.
De acuerdo con información de Cubalex, el 19 de agosto, otro miembro del MONR, Humberto Michael González Zamora, acudió a la Sección 21 de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), en el municipio habanero de Marianao, para solicitar información sobre Hernández Leyva. Lejos de ofrecer respuestas, fue arrestado, incomunicado por varias horas, despojado de su teléfono móvil, cuyo saldo fue eliminado, y sometido a un acta de advertencia.
Represores de la Seguridad del Estado enviaron también una amenaza contra el líder del MONR, José Díaz Silva, residente en Estados Unidos, le advirtieron que debía “cuidarse, porque incluso allá podía pasarle algo”.
Restringen movimiento a activistas vinculados al Centro de Estudios Convivencia
El 20 de agosto, en horas de la tarde, agentes de la Seguridad del Estado impusieron restricciones de movilidad a los activistas Dagoberto Valdés y Yoandy Izquierdo, al impedirles viajar desde Pinar del Río hacia La Habana.
El Centro de Estudios Convivencia (CEC) denunció en su perfil oficial en Facebook que un oficial identificado como el mayor Ernesto se presentó en el domicilio de Valdés para notificar la prohibición.
De acuerdo con el agente, ambos activistas están considerados “objeto de atención” por parte del Ministerio del Interior (MININT) y, por tanto, no se les permitirá desplazarse a la capital hasta el viernes 23 de agosto.
La justificación oficial alude a una supuesta “semana de actividades y conductas delictivas y subversivas” que estarían siendo monitoreadas a nivel nacional. En ese contexto, las autoridades argumentaron que buscaban evitar que Valdés e Izquierdo participen en eventos considerados contrarios al régimen, sugiriendo que podrían enfrentar represalias si incumplen la orden.
