Cartel de Prisoners Defenders.
Por ICLEP
Jul 10, 2023 | 8:22 PM
La Habana, Cuba - En víspera de conmemorarse el segunda aniversario de las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J), el régimen mantiene encarcelado al menos 1.047 prisioneros por motivos políticos en Cuba, según el último informe publicado este lunes por la organización Prisoners Defenders (PD).
“Con cierre de datos a fecha 30 de junio de 2023, la lista de prisioneros políticos en Cuba contiene un total de 1.047 prisioneros políticos y de conciencia sufriendo condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna ni defensa jurídica”, reveló PD, que durante el primer semestre confirmó y añadió 113 reclusos a la lista.
En junio, se incluyeron 16 nuevos prisioneros para un promedio mensual de 19 reclusos durante el primer semestre de 2023, una cifra que multiplica por cuatro la media registrada antes de los eventos del 11J.
Entre los convictos de conciencia cuya pena es privativa de libertad, 661 se encuentran condenados por su participación directa en dichas protestas. Asimismo, 32 menores de edad cumplen condenas, mientras otros tres permanecen a la espera de un proceso penal en Cuba.
“Hay que tener en cuenta que la elevada cifra actual, sin embargo, no contempla otros muchos niños que ya han salido de la lista por haber cumplido íntegramente sus condenas”, señalo el informe.
Por otro lado, aún permanecen recluidas 116 mujeres (incluyendo varias de género trans) que siguen con “autos y condenas políticas y de conciencia”.
“Todas las mujeres trans en prisión de conciencia han estado y están encarceladas entre hombres, lo cual sucede también con las presas trans comunes, sufriendo situaciones, entre hombres, indescriptibles para su condición sexual”, aseguró.
Actualmente, la lista registra 806 prisioneros convictos de conciencia, 212 condenados de conciencia y 29 casos que clasifican entre otros presos políticos.
PD es una organización sin ánimo de lucro fundada en 2018 y con sede en España, que trabaja jurídicamente para proteger y promover los derechos humanos en naciones autoritarias y totalitarias como Cuba.