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ICLEP
6 Nov, 2025
Castigan a preso político Eider Frómeta con incomunicación indefinida por denunciar abusos desde prisión
Eider Frómeta. Foto tomada de su perfil en Facebook.
Por ICLEP
Nov 6, 2025 | 8:45 AM
El preso político Eider Frómeta Allen continúa siendo víctima de castigos injustificados en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, tras denunciar las condiciones inhumanas a las que son sometidos los reclusos en ese centro penitenciario.
De acuerdo con la denuncia de Cubalex publicada el 3 de noviembre, el mayor Humberto Garcés Tassé, jefe de Orden Interior del penal, comunicó a Frómeta que, “por órdenes de la Seguridad del Estado”, no podrá usar el teléfono de manera indefinida para comunicarse con el exterior.
El propio oficial reconoció que la medida fue impuesta como castigo por las denuncias que Frómeta ha realizado sobre los abusos y violaciones dentro de la prisión. Según Cubalex, este funcionario ha mantenido represalias continuas contra el preso político, que incluyen amenazas, negación de visitas familiares y el uso de la violencia como forma de castigo.
Negarle de manera indefinida la comunicación con el exterior no solo vulnera sus derechos sino también constituye un mecanismo de tortura psicológica al impedirle comunicarse con sus familiares, un mecanismo que el sistema penitenciario emplea con frecuencia contra los presos políticos en Cuba.
Traslados arbitrarios agravan el castigo a otros presos políticos
En un nuevo episodio de hostigamiento dentro del sistema penitenciario cubano, los presos políticos Ángel Cuza y Walnier Luis Aguilar fueron trasladados de manera arbitraria desde el Combinado del Este, en La Habana, hacia prisiones ubicadas en Artemisa y Matanzas, respectivamente, una maniobra que sus familiares consideran represiva y que persigue silenciar las denuncias que hacen tanto las familias como los propios presos políticos.
El joven Walnier Luis Aguilar, uno de los manifestantes del 11 de julio (11J), fue llevado el pasado 3 de noviembre a la prisión de Agüica, en Matanzas, a casi 200 kilómetros de la capital. Su padre, Wilber Aguilar Bravo, denunció que la medida se ejecutó con el pretexto de una presunta lista de reclusos que planeaban realizar una protesta dentro del penal, de la que supuestamente tenía conocimiento, acusación que calificó de falsa y totalmente fabricada para aislar a su hijo y dificultar el contacto familiar.
“Esto es represalia, represalia por alzar la voz, represalia por defender un hijo. Esto es lo que le pasa a quien defiende un hijo aquí, víctima de abuso. Yo no voy a caer en el jueguito de que me pongan a chocar con alguien. Yo no tengo odio en mi corazón para mis hermanos, pero odio a los que comenten estos abusos”, recalcó Wilber Aguilar en el video que compartió en su perfil en Facebook.
Por su parte, el también preso político Ángel Cuza fue trasladado el 2 de noviembre a la prisión de Guanajay, en Artemisa, bajo los mismos argumentos utilizados contra Aguilar.
En un audio difundido por la periodista Yaima Pardo, el preso político afirmó que desconocía dicha lista y que desde su llegada al penal de Guanajay lo tienen en una celda tapiada solo.
Estos traslados forzados no solo implican una represalia política, sino que además profundizan el sufrimiento de los reclusos y de sus familias, que deben enfrentar largos desplazamientos para poder visitarlos y ayudarlos en prisión.
Amenazan de muerte a preso político del FANTU en prisión de Camagüey
El preso político Amaury Díaz García, miembro del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), fue amenazado de muerte por un grupo de presos comunes en una cárcel de Camagüey, el pasado 2 de noviembre, en un incidente que, según denuncias, fue instigado por la Seguridad del Estado.
De acuerdo con la denuncia de Cuba Antitotalitaria, el preso político fue rodeado e intimidado por cinco reclusos pertenecientes a una pandilla conocida como “Los Mosqueros”, compuesta por internos con altas condenas, incluidos sentenciados a cadena perpetua.
Los delincuentes le exigieron que dejara de hacer denuncias sobre las condiciones carcelarias y los abusos cometidos dentro del penal, amenazándolo con “pincharlo varias veces” si continuaba revelando información al exterior.
Lejos de ceder ante la intimidación, Díaz García reafirmó su compromiso con la causa anticastrista, asegurando que su deber como preso político es denunciar las injusticias y el sufrimiento que padecen los reclusos en Cuba, aunque eso ponga en riesgo su vida.
El incidente refleja el clima de violencia y manipulación que impera en las prisiones cubanas, donde la Seguridad del Estado utiliza a presos comunes como instrumento de represión contra los opositores encarcelados, en una estrategia destinada a silenciar y atemorizar a quienes se atreven a denunciar los abusos del régimen.
