Amaury Díaz García. Foto tomada de su perfil en Facebook.
Por ICLEP
Aug 27, 2025 | 9:35 AM
El juicio contra el preso político Amaury Díaz García, militante del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), se llevó a cabo la pasada semana en Sancti Spíritus y quedó concluso para sentencia. La fiscalía solicita ocho años de privación de libertad por un presunto delito de “propaganda contra el orden constitucional”.
De acuerdo con una publicación de Cuba Antitotalitaria, Díaz García fue juzgado el pasado 20 de agosto en la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de Sancti Spíritus, bajo un fuerte operativo de vigilancia que incluyó agentes de la Dirección de Contrainteligencia del Ministerio del Interior (DCI), la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y las Brigadas de Respuesta Rápida (BRR). Solo su esposa, Yanai Álvarez, pudo presenciar la audiencia como único familiar presente.
El opositor espirituano, coordinador municipal del FANTU en la provincia al momento de su arresto, se encuentra recluido desde noviembre de 2024 en la prisión “Capitán Nieves Morejón”, en el municipio Cabaiguán.
Según declaraciones ofrecidas por su esposa a Radio Martí, el nuevo proceso judicial se basa en la redacción de un cartel con frases críticas al régimen. “Él escribió el cartel, pero ni lo llevó para la calle ni nada. Decía: ‘Sin corriente’ y ‘Abajo el comunismo’”, explicó. La mujer también relató que fue citada como testigo y que el abogado defensor argumentó que no existían razones suficientes para justificar una sanción penal.
“El cartel no decía nada para que lo detuvieran, lo metieran preso”, añadió Álvarez, quien aseguró que su esposo fue delatado a las autoridades por alguien del vecindario. “Salió una ley nueva que tú no puedes hablar nada, ni de la corriente, ni de la comida”, denunció.
La información fue confirmada también por Adriano Castañeda Meneses, coordinador organizativo del Consejo Nacional del FANTU, quien denunció que fue arrestado por la Seguridad del Estado para impedirle asistir a la vista oral. Tras su liberación, logró comunicarse con la esposa del opositor, quien le confirmó la realización del juicio y la ratificación de la petición fiscal.
Niegan visita familiar al preso político Eider Frómeta Allen
El preso político Eider Frómeta Allen fue víctima de una nueva arbitrariedad el 21 de agosto, al negársele injustificadamente la visita familiar que le correspondía en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba.
Según denunció la organización Cubalex, el mayor Humberto, jefe de Orden Interior del penal, le comunicó que no tendría visita “hasta que a él le diera la gana”. En protesta, Frómeta Allen se manifestó, lo que provocó que fuera golpeado y arrastrado hasta su destacamento por agentes penitenciarios.
Su madre, hermana y esposa, que esperaban poder verlo, también fueron privadas del derecho a la visita.
Cubalex alertó que Frómeta Allen no posee sanciones disciplinarias ni medidas internas que justifiquen esta decisión, por lo que la negativa constituye un castigo arbitrario que lo aísla de su familia y lo priva de alimentos, artículos de primera necesidad y apoyo emocional.
Arresto arbitrario y hostigamiento contra ciudadano por protestar por agua y electricidad
Rogelio Rodríguez Mora, residente en la comunidad Oriente Rebelde, en Sibanicú, Camagüey, denunció a través de su perfil en Facebook las represalias sufridas tras participar en una protesta pacífica por la falta de agua y electricidad en su localidad, el pasado 7 de agosto.
Según relató, ese día un grupo de vecinos se reunió para manifestar su inconformidad con las precarias condiciones de vida en la zona. “Hubo una protesta por falta de todo, pero principalmente por agua y corriente”, escribió. Al cabo de aproximadamente una hora, llegaron al lugar varios autos patrulleros y funcionarios gubernamentales, quienes dialogaron con los presentes, aunque Rogelio aclaró que no supo el contenido de esas conversaciones.
Al día siguiente, fue detenido arbitrariamente. “Me detuvieron, me llevaron a una patrulla mientras le abrían cartas de advertencia a otros. Estuve horas preso dentro de la patrulla”, afirmó. Luego fue trasladado a la unidad policial de Sibanicú y posteriormente enviado al Departamento Técnico de Investigaciones de la Seguridad del Estado en Camagüey.
Durante los 12 días que permaneció detenido, fue interrogado en múltiples ocasiones. Identificó a uno de los instructores como “un abogado y mayor de la Seguridad del Estado” llamado Quebin, que lo ofendió. Otro agente le ofreció una operación oftalmológica a cambio de colaborar como informante para la policía política.
Aunque inicialmente se le impuso una fianza, esta fue retirada sin explicación y fue liberado el 20 de agosto. Al día siguiente, cuando acudió a la estación de policía a recoger su teléfono, le informaron que debía esperar por una decisión del tribunal. Mientras tanto, debe presentarse cada viernes para firmar en la estación policial.