Marcia Natacha Parra Taupier. Foto Facebook / Enrique Díaz y Producciones Patria.
Por ICLEP
Nov 8, 2025 | 9:05 AM
Marcia Natacha Parra Taupier, vecina del municipio Playa en La Habana, atraviesa un complejo proceso de represalias y hostigamiento institucional tras denunciar actos de corrupción y abuso de poder dentro de la Dirección Municipal de la Vivienda de esa localidad.
La ciudadana asegura que las autoridades locales intentan despojarla de una vivienda que le fue entregada legalmente hace casi cinco años y que hoy se encuentra en el centro de una disputa marcada por irregularidades, amenazas y presiones.
El 8 de diciembre de 2020, Parra recibió una vivienda como parte de un caso social, mediante acta de ocupación emitida por la DMV. Dos años más tarde, la Resolución 559/2022 ratificó oficialmente el carácter estatal del inmueble y la reconoció como ocupante legal, incluso con certificación emitida por el departamento de Control de Fondos.
A pesar de que ese reconocimiento nunca fue revocado mediante resolución formal, funcionarios de la propia institución comenzaron a cuestionar la legalidad de su residencia, impidiéndole participar en cualquier procedimiento administrativo y negándole acceso a documentos o recursos legales.
Marcia ha insistido en que posee grabaciones y pruebas de la entrega del inmueble y ha denunciado que el intento de desalojo se inició solo después de que ella realizara reparaciones y mejoras significativas a la vivienda.
De denunciante a blanco de acoso
El conflicto escaló tras las publicaciones que Parra realizó en sus redes sociales, donde señaló directamente a funcionarios locales por abuso de poder y corrupción administrativa. Poco después, comenzaron las represalias, denunció la organización legal Cubalex.
El 29 de octubre, dos hombres que se identificaron como “instructores” llegaron a su casa sin portar credenciales ni ofrecer detalles sobre su cargo o procedencia. Tomaron fotografías de documentos personales y le pidieron firmar actas sin explicaciones claras. Ese mismo día, recibió una llamada del Ministerio de Justicia (MINJUS) para informarle que debía recoger en persona la respuesta a un reclamo pendiente, negándose a enviarla por correo.
El 30 de octubre Ángel Arias, director de la Agencia Playa de la Empresa de Servicios a la Pesca (ESPMES) donde trabajaba, respondió a una solicitud de la Fiscalía tras una queja presentada por Marcia debido a su despido laboral arbitrario ocurrido 12 de septiembre. El directivo dijo a la Fiscalía que el despido respondía a una supuesta investigación penal contra Parra por “comentarios en internet” y un “delito de atentado”, acusaciones de las cuales nunca ha sido formalmente notificada.
Detenciones arbitrarias y violencia institucional
Anteriormente, Marcia Natacha Parra Taupier ya había sido víctima de una detenciones arbitrarias y violencia institucional. El 4 de junio de 2025, Parra fue trasladada por la fuerza al Hospital Psiquiátrico de La Habana (Mazorra), donde intentaron medicarla sin su consentimiento. El episodio terminó con una tragedia: su esposo falleció de un infarto ese mismo día, afectado por el estrés y la tensión provocada por estos hechos.
Meses después, el 8 de septiembre, fue detenida sin orden judicial en la unidad de la policía de 110, donde fue obligada bajo amenazas a firmar un documento que las autoridades ahora presentan como prueba de un “abandono voluntario” del inmueble.
“Yo estaba en la estación desde las ocho y media de la mañana y eran las once de la noche y todavía seguía allí. El jefe de la unidad me hizo firmar un papel como que yo dejaba la vivienda, pero yo lo hice para salir, porque mi mamá estaba sola en ese momento. Yo temía por ella y por mi hijo, que pudieran desalojarlos mientras yo estaba detenida. Yo firmé eso, pero no quería, me obligaron”, declaró al medio independiente CubaNet.
El 18 de septiembre, la Fiscalía Municipal de Playa le comunicó verbalmente que debía desalojar la vivienda al día siguiente. Nunca recibió una orden escrita ni una notificación formal.
El caso de Marcia Natacha se encuentra bajo una investigación encabezada por Enrique Florán, presidente del Gobierno Municipal de Playa, en la que participan funcionarios que la propia denunciante ha señalado por corrupción, lo que anula toda imparcialidad.
Marcia Parra vive con una colostomía, una condición médica que requiere atención constante y limita su rutina diaria, es hipertensa, al igual que su hijo y su mamá de 102 años está encamada. Los episodios de hostigamiento, la detención arbitraria y el acoso administrativo han deteriorado gravemente su salud y agravado su cuadro clínico.