ICLEP denuncia escalada represiva del régimen cubano en el cuarto aniversario del 11J

Foto de las históricas protestas del 11J. Foto tomada del perfil en Facebook de la periodista Mónica Baró Sánchez.

Por ICLEP

Jul 12, 2025 | 6:50 PM

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) denuncia enérgicamente la escalada represiva desatada por el régimen cubano contra periodistas independientes, activistas, opositores pacíficos y familiares de presos políticos en vísperas del cuarto aniversario de las históricas protestas populares del 11 de julio de 2021.

Esta nueva ofensiva estatal constituye una grave violación de los derechos fundamentales a la libertad de prensa, de expresión y de manifestación pacífica, reconocidos en instrumentos internacionales de derechos humanos.

Violaciones a la libertad de prensa

Durante los días 9, 10 y 11 de julio de 2025 periodistas de medios comunitarios del ICLEP, así como reporteros de otros medios independientes, han sido objeto de amenazas, vigilancia, reclusión domiciliaria y ataques digitales por parte de agentes de la Seguridad del Estado. Entre los casos documentados se encuentran:

Mabel Páez, directora del medio El Majadero de Artemisa, fue visitada por dos agentes de civil identificados como “Omar” y “Damián”, quienes le impusieron reclusión domiciliaria hasta el lunes 14 de julio y le advirtieron que será procesada por desacato si intenta salir. También amenazaron a su hijo. Cuando Mabel preguntó la razón de esa detención arbitraria, el que dijo llamarse Damián le respondió: “Usted sabe por qué. Mañana es 11 de julio y el enemigo quiere alborotar las calles. Eso no se lo vamos a permitir a ti ni a ningún gusano contrarrevolucionario. Tú decides; si quieres te llevamos presa ahora mismo y nos libramos de ti por un buen tiempo. Estaremos pendientes de todos tus movimientos.
Yasser Toledo Ventura, exdirector del medio Páginas Villareñas, permanece bajo vigilancia constante desde la madrugada del 10 de julio, con agentes apostados frente a su vivienda que le impiden salir bajo amenaza de procesamiento penal: “Uno se me acerca a la puerta cada vez que intento salir, no puedo salir según ellos, ni a trabajar hasta que me avisen. Que lo mejor que puedo hacer es acatar sus órdenes porque puedo ser juzgado por desacato ya que me han advertido más de 15 veces”.
Orlidia Barceló, directora de El Espirituano, y su esposo, el periodista Pedro Luis Hernández Hernández, también están sitiados en su domicilio. Oficiales de la policía política les advirtieron que no podían salir: “Nos dijeron que no podemos ir ni al patio, con estas palabras dijo el conocido que dice llamarse Thiago, ‘ni a mear pueden salir ustedes saben lo que les espera, ya están advertidos’, ya hoy tenemos los incondicionales del régimen dando vueltas frente a nuestra casa”.
Yunia Figueredo, directora del medio Amanecer Habanero, y su esposo, el periodista Frank Correa, fueron informados por dos agentes "Leonel y Mario" que están bajo “prisión domiciliaria” y serían acusados de desacato si intentaban salir. Desde el 11 y hasta 13 de julio ambos periodistas permanecieron sitiados en su vivienda y les cortaron el servicio de internet por datos móviles. Frank Correa fue citado el 12 de julio para la unidad de la policía de 3ra y 110 en Playa, la segunda citación en menos de diez días. Durante el interrogatorio lo amenazaron con que "si sigue en la lucha lo van a freír".
La periodista de CubaNet, Camila Acosta, denunció en redes sociales un intento de hackeo de su cuenta de WhatsApp. Señaló como responsables a ETECSA, GAESA y la Seguridad del Estado. Además, tanto ella como el reportero independiente Vladimir Turró Páez fueron sitiados en sus respectivas viviendas por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y de la Seguridad del Estado, impidiéndoles salir durante la jornada conmemorativa del 11J.
El colaborador de CubaNet Adelth Bonne Gamboa denunció que su vivienda fue rodeada por efectivos policiales, pero logró salir antes de que comenzara el operativo.
Luis Ángel Cuza Alfonso, activista y periodista recientemente excarcelado, denunció que fue intimidado por agentes que intentaron sacarlo de su casa con el pretexto de una falsa denuncia. El operativo fue presenciado por su hija menor de edad. Cuza permaneció sitiado en su vivienda y bajo extrema vigilancia los días 10, 11, 12 y 13 de julio. En varias publicaciones denunció la presencia de la PNR y la seguridad del Estado con patrullas y motos apostadas en los alrededores de su casa.
El periodista independiente Carlos Michael Morales denunció en X que desde la noche del 10 de julio y también el día 11 estuvo bajo vigilancia de paramilitares desde la vivienda de su vecino e informante Alexander Caturla.“En las dos ocasiones que he salido de mi casa más de 60 metros la policía me pasa por el lado, primero fue uno vestido de civil y luego una patrulla”, denuncio el reportero.
El periodista independiente, miembro del Partido Popular Republicano (PPR) y del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), Luis Ramón Estiu Suárez, estuvo bajo acoso y vigilancia por parte de la PNR y la Seguridad del Estado el 11 de julio en San Luis, Santiago de Cuba. Estiu grabó la patrulla apostada frente a su casa.
Los periodistas Yoani Sánchez y Reinaldo Escobar estuvieron bajo vigilancia el 11 de julio, en Nuevo Vedado donde se encuentra la redacción del diario 14ymedio, varios agentes estaban apostados en los bajos del edificio.

Estos actos evidencian una estrategia sistemática para silenciar a la prensa independiente e impedir la cobertura y documentación de posibles actos de protesta o manifestaciones ciudadanas durante esta fecha significativa.

Violaciones a la libertad de expresión

De igual manera, el régimen ha desplegado una ofensiva contra activistas, opositores y familiares de presos políticos del 11J, con citaciones ilegales, detenciones arbitrarias y amenazas explícitas incluso desde días previos a la conmemoración. Entre los casos registrados se incluyen:

María Mercedes Benítez Rodríguez y Manuel Cuesta Morrúa, activistas del Consejo para la Transición en Cuba, estuvieron sitiados el 11 y 12 de julio. A María Mercedes no dejaron salir ni siquiera para adquirir alimentos.
Liusban John Utra, miembro de UNPACU y promotor de Cuba Decide, fue citado el 10 de julio, pero se negó a acudir ante la falta de legalidad del procedimiento. Ese mismo día denuncio en redes la vigilancia policial en las cercanías de su vivienda en Manatí, Las Tunas.
Modesto Raúl Moreno Cabreja, también de UNPACU y Cuba Decide, fue detenido el 10 de julio en Manatí, Las Tunas.
Wilber Aguilar Bravo, padre del preso político Walnier Aguilar; Marta Perdomo, madre de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo; Liset Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca y Yudinela de la Caridad Castro Pérez, residente en Arroyo Naranjo y madre de Rowland Jesús Castillo Castro fueron puestos bajo vigilancia policial en sus hogares desde la noche del 10 de julio.
Sonia Ávarez, Dama de Blanco y esposa del preso político Félix Navarro estuvo sitiada en su vivienda por la PNR y la Seguridad del Estado. Cuando intento salir de su casa los represores le dijeron: "Hoy no puedes salir".
La Dama de Blanco María Cristina Labrada denunció en su perfil en Facebook que estuvo sitiada en su vivienda los días 11 y 12 de julio por un carro patrulla de la PNR y dos mujeres vestidas de civil.
El opositor Ángel Moya denunció que él y su esposa Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, estuvieron los días 11 y 12 de julio bajo operativos de la Seguridad del Estado en la sede de la organizacion en Lawton. También el día 11 al mediodía le cortaron el servicio de internet hasta el día siguiente.
Denis Hernández Ramírez y Omar Hernández Calzadilla, manifestantes del 11J excarcelados en enero tras un acuerdo entre el régimen y el Vaticano, fueron citados por la Seguridad del Estado para comparecer en la estación policial de su municipio el 10 de julio a las 5:00 p.m. Ambos habían coincidido horas antes con otros tres exprisioneros políticos en el Parque de la Iglesia de su localidad —donde inició la protesta de 2021— y se tomaron una fotografía haciendo la señal de “L” por libertad, vestidos de blanco. “Nos reunimos de casualidad y nos dio por tirarnos una fotico... como un recordatorio”, explicó Hernández a CubaNet. Al intentar publicar la imagen, recibieron amenazas directas: “Si publican la foto van revocados los cinco”, les advirtieron agentes del régimen.
Guillermo "Coco" Fariñas, líder del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), fue interceptado el 8 de julio por un coronel de la Contrainteligencia tras sostener un debate político respetuoso en una cola para alimentos. El coronel Raúl Azari Rodríguez Vázquez, Primer Sustituto del Jefe de la Dirección de Contrainteligencia del Ministerio del Interior (DCI-MININT) en la provincia Villa Clara le dijo: “Ya no te no basta con orientar a hacer trabajo de proselitismo político en las colas de alimentos, si no que ahora también estás dedicado a hacerlo tú mismo, sólo a unos pocos días del 4to aniversario de la gran provocación desestabilizadora que fue el 11J”. Ante la réplica de Coco Fariñas quien le aseguró que se dedica a “hacer proselitismo político antigubernamental, con toda persona que hablo, pues soy un abierto y público activista anticomunista”, el coronel lo amenazó: “A mí lo que parece Fariñas, es que a ti se olvida por desgracia, el contexto político en que tú estás realizando ese proselitismo político contrarrevolucionario en contra de nuestra Revolución Socialista. Porque estamos en medio de un operativo nacional para neutralizar la implementación de toda provocación desestabilizadora, que traiga acciones de conmemoración o repetición de los hechos vandálicos del 11-J y eso es algo, que bajo ningún concepto te lo vamos a permitir y para estoy aquí precisamente advirtiéndote”.
Guillermo "Coco" Fariñas también denunció un arresto arbitrario el 11 de julio. En horas de la mañana se personaron en la sede del FANTU el coronel Reinaldo Silverio, el teniente coronel con nombre operativo Abel, jefe de la unidad de enfrentamiento a la actividad subversiva en Villa Clara, y el teniente coronel Abelardo Rodríguez Febles, segundo jefe de esa unidad, lo sacaron esposado y lo llevaron a la unidad provincial de operaciones para ser interrogado. Le informaron que ellos tenían información de que un grupo de jóvenes irían a verlo a su casa para crear algún tipo de provocación. También le dijeron que era un arresto preventivo por órdenes de La Habana y que pese a ser liberado mantendrían el operativo y vigilancia hasta que ordenaran levantarlo.
Eliosbel Quevedo Valladares, coordinador municipal del FANTU en Cienfuegos, fue amenazado con “desaparecerlo” en caso de promover cualquier acción el 11 de julio, tras negarse a acudir a una citación verbal e ilegal emitida por el mayor de la Seguridad del Estado conocido como “Rubén” quien le dijo: “Aquí en Cuba nosotros, los órganos de la Seguridad del Estado, somos la máxima palabra de la Revolución, y por lo tanto, haremos contigo y todos los enemigos de la Revolución, lo que nos dé la gana”. El oficial le aseguró a Eliosbel que le harían llegar la citación oficial bajo amenazas: “Solo queremos prevenirte de que, si se te ocurre hacerlo tú o mandar a otra persona a hacer algo en contra de nuestra Revolución para el próximo 11 de julio, debes tener bien claro que estoy autorizado a desaparecerte en esas lomas que nos rodean”.
El opositor y expreso político del 11J Liván Hernández Sosa fue citado para el 2 de julio en una unidad de la policía de Santa Clara. El teniente coronel de la Seguridad del Estado Abelardo Rodríguez Febles y una instructora policial lo amenazaron con encarcelarlo si seguía publicando denuncias en redes sociales. Le dijeron que sería sancionado a tres años por un supuesto delito de propaganda enemiga y a otro de 5 a 10 años por incitación a delinquir, le levantaron un acta de advertencia y además que sitiarían su casa hasta el 11 de julio para que no pudiera salir de la misma.
El también expreso político del 11J Leonel Tristá García fue citado para el 2 de julio en el Tribunal provincial de Santa Clara. A las afueras del tribunal el teniente coronel de la Seguridad del Estado Abelardo Rodríguez Febles le dijo que lo había visto conversando con el expreso político del 11 de julio José Miguel Gómez y que esto no lo podía hacer. Ya dentro del tribunal el juez de ejecución Leandro le manifestó que le había llegado la información de que él se estaba reuniendo con elementos antisociales y le advirtió que tuviera cuidado con lo que iba a hacer el 11 de julio.
Lázaro Antonio Pérez González, vicepresidente del MONR y promotor de Cuba Decide, fue citado por la Seguridad del Estado el miércoles 9 de julio para comparecer en la estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) del Capri, en el municipio Arroyo Naranjo, La Habana. También estuvo bajo vigilancia desde el 10 de julio y amenazado con que de salir de su casa sería golpeado y llevado a prisión.
Humberto Michael González Zamora, delegado del MONR, activista del Movimiento Democracia y promotor de Cuba Decide en el municipio Marianao, fue arrestado por agentes de la Seguridad del Estado acompañados por la Policía Nacional Revolucionaria. La detención ocurrió en su domicilio, desde donde fue conducido a la unidad policial conocida como la 6ta Unidad de la PNR en Marianao.
Yasser Pablo Carmona Carbonell, activista del MONR y del Movimiento Democracia, residente en Avenida 66, entre 29 y 27, Buenavista, municipio Playa, La Habana, también fue objeto de hostigamiento. Según denunció, varios represores permanecieron apostados en las afueras de su vivienda y le confiscaron su motocicleta con el objetivo de forzarlo a salir de su domicilio. “Me dijeron que no me la devuelven hasta que yo no salga”, relató. Los agentes no se identificaron en ningún momento.
La activista y Academica cubana Alina Bárbara López Hernández colocó un cartel en la puerta de su vivienda los días 11 y 12 de julio en el que se leía "Libertad para los presos políticos". En la mañana del segundo día denunció un acto de repudio: "La señora Josefa Fernández, oficial jubilada del Ministerio del Interior que vive a varias cuadras de distancia de mi casa, se acercó de manera irrespetuosa, vestida de civil pero desnuda de educación y argumentos, a cuestionar el cartel que coloqué ayer y volví a poner hoy y que a ella le parece 'una mierda'. Iba acompañada por una mujer joven, muy preocupada por ocultar su rostro y que siempre dió la espalda en actitud que evidenciaba poco compromiso con la acción 'revolucionaria' que se suponía estaba realizando". Alina se negó a retirar el cartel.
El ex preso político Endrys Árias Meraya, que fue citado por la Seguridad del Estado el 4 de julio para la novena estación de la policía de El Capri: “Ya sabemos que se acerca el 11 de julio, ya comenzó la represión y la citación contra nosotros los opositores, solamente por nuestra forma de pensamiento”, denunció en un video tras recibir la citación de forma informal con un mensaje a su teléfono celular.
Adriano Castañeda Meneses, Coordinador Organizativo del Consejo Nacional del Foro Antitotalitario Unido (FANTU) fue amenazado en plena calle de Sancti Spíritus cerca de su vivienda, el 7 de julio, debido al próximo cuarto aniversario de las protestas del 11J. Fue interceptado por una motocicleta marca Suzuki, tripulada por dos oficiales de la Seguridad del Estado. Uno de los represores lo amenazó: “Quiero informarte, que no debes salir bajo ningún concepto de tu casa el próximo día 11 de julio y no te niegues a hacer lo que se te pide, porque tú siempre has sido un hombre inteligente y evítanos a nosotros tener que tomar otras medidas más drásticas en contra tuya”.
Carlos Manuel “El Chino” Cárdenas González, Militante del Foro Antitotalitario Unido (FANTU) fue amenazado por oficiales de la Seguridad del Estado en la ciudad de Sancti Spíritus, el 8 de julio. Se personaron en su vivienda dos represores de la Seguridad del Estado y le dijeron: “Lo hemos venido a poner al tanto, de que usted tiene prohibido salir de su domicilio el 11 de julio”.
Los matrimonios de activistas del MCR, Jaime Castillo Jova y Diana Migna Alonso Martí de Sagua la Grande y Jesús Vilches Herrera y Josefa Márquez Muñoz de Cienfuegos fueron hostigados por la policía política en vísperas del 11 de julio. Jaime Castillo y Diana Migna fueron citados el 9 de julio a la sede de la Seguridad del Estado, y el capitán Rolando, jefe de ese cuerpo represivo en su localidad les impuesto una reclusión domiciliar. Jesús Vilches Herrera y Josefa Márquez estuvieron bajo un operativo policial en su vivienda, a veces abierto y amenazante, y en ocasiones más discreto.
Lisdani Rodríguez Isaac, presa política del 11J, el 9 de julio durante citación en el Tribunal en Placetas, Villa Clara, le dijeron que no podía salir en vísperas del 11J y le dijeron que “se acordara que su pareja estaba presa”.
El activista Ramón Escalona Labrada denunció que fue detenido al salir de su casa el 11 de julio, lo llevaron para la unidad de la policía de Guanabacoa donde permaneció 24 horas bajo arresto e intentaron imputarle el cargo de desorden público.
La cuadra de los opositores Elsa Morejón Hernández y Oscar Elías Biscet González en el municipio Plaza de la Revolución la cerraron, montaron una tribuna comunista y desencadenaron un operativo policial en la zona para mantenerlos bajo vigilancia el 11 de julio.

Derechos vulnerados

Las acciones represivas ejercidas por el régimen cubano contra periodistas, activistas, opositores y familiares de presos políticos en el contexto del 11 de julio constituyen una grave transgresión de múltiples derechos fundamentales:

1. Libertad de expresión y opinión

Violada al censurar opiniones disidentes, restringir publicaciones y amenazar a periodistas y activistas.Libertad de prensa
Violada al imponer arrestos domiciliarios a periodistas, hostigar a medios independientes y bloquear el acceso a herramientas digitales.

2. Libertad de movimiento y residencia

Violada al prohibir arbitrariamente la salida de domicilios sin mediación judicial.

3. Derecho a la integridad personal y protección contra tratos crueles, inhumanos o degradantes

Violada con amenazas directas, vigilancia psicológica y presencia intimidante de agentes.

4. Derecho a la privacidad y protección de datos personales

Violada mediante vigilancia estatal, hackeo de cuentas y control digital.

5. Derecho a la reunión pacífica y la participación en asuntos públicos

Violada al obstaculizar cualquier intento de conmemoración, manifestación o expresión cívica.

6. Derecho al debido proceso y a no ser detenido arbitrariamente

Violada con detenciones ilegales, citaciones sin respaldo jurídico y amenazas de desaparición.

Exigencias del ICLEP

Desde el ICLEP condenamos categóricamente este patrón de represión e intimidación y exigimos al régimen cubano:

El cese inmediato de todas las medidas de acoso, vigilancia y reclusión arbitraria contra periodistas, activistas y familiares de presos políticos.
El respeto irrestricto a las libertades de prensa y expresión, derechos fundamentales en cualquier sociedad democrática.
La garantía de integridad física y psicológica de todos los ciudadanos mencionados.

Asimismo, instamos a la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos a monitorear de cerca la situación en Cuba y visibilizar estas prácticas violatorias de los derechos humanos.

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) reitera su compromiso con la defensa de estos derechos y continuará documentando y denunciando cada atropello, en la búsqueda de una Cuba donde ejercer la libertad de expresión y prensa no sea un motivo de represión.