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Niegan libertad condicional a la presa política Saily Navarro

Saily Navarro. Foto Facebook / Félix Navarro.

Por ICLEP

Nov 24, 2025 | 8:50 AM


Las autoridades cubanas negaron la libertad condicional a la presa política Saily Navarro, justo cuando cumplió la mitad de su condena de ocho años de prisión por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Perico, Matanzas.

Según denunció su madre, Sonia Álvarez Campillo, en declaraciones a Martí Noticias el 20 de noviembre, “ella fue llamada a la dirección del penal y le comunicaron que está denegada por un año para la libertad condicional. Ya esto se lo habían hecho en otras ocasiones que le habían denegado la mínima, el cambio de régimen”.

Navarro, de 39 años, cumple condena en la Prisión de Mujeres La Bellotex, donde la directora, Martha Cristina Hernández Bacallao, impidió que la activista disfrutara del beneficio penitenciario que le permitiría cumplir el resto de la sanción fuera de la cárcel.

“La jefa le dijo que ella no califica para la libertad condicional porque no participa en ninguna de las actividades políticas que se hacen en el penal”, explicó Álvarez Campillo.

El régimen negó también la libertad condicional a Sissi Abascal Zamora, presa política condenada a seis años de prisión por su participación en las protestas del 11J en su poblado natal de Carlos Rojas, en Matanzas.

La decisión, comunicada el 10 de noviembre, obliga a la joven a esperar seis meses más para volver a solicitar el beneficio, a pesar de su delicado estado de salud.

Su hermana, Lissy Abascal, confirmó a Martí Noticias que pudo visitarla recientemente y expresó su preocupación: “Aún sigue con un quiste en el ovario, que es de operación, y eso nos mantiene muy preocupados por la higiene y las condiciones en que se encuentra. Nos preocupa mucho la situación de salud de mi hermana en ese lugar”.

Las negativas de este tipo forman parte de un patrón de represión que incluye la denegación de cambios de régimen, la negativa a conceder libertad condicional y el traslado de prisioneros a centros penitenciarios alejados de sus hogares, con el objetivo de aislarlos de sus familias y aumentar el castigo.

La mayoría de los condenados por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 continúan presos, pese a cumplir los requisitos que establece la ley.

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