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ICLEP
24 Aug, 2025
Petición fiscal de entre 4 y 9 años de cárcel para manifestantes de Encrucijada
Yandri Torres Quintana y José Grabiel Barrenechea Chávez, dos de los acusados. Fotos tomadas de sus perfiles en Facebook.
Por ICLEP
Aug 2, 2025 | 9:00 AM
La Fiscalía de Villa Clara solicitó penas de entre cuatro y nueve años de prisión para seis ciudadanos cubanos que participaron el pasado 7 de noviembre de 2024 en una protesta pacífica contra los apagones en el municipio de Encrucijada.
El expediente, con fecha 25 de junio, al que tuvo acceso la organización Cubalex, califica los hechos como “desórdenes públicos” y señala que los acusados “aprovecharon la ausencia de fluido eléctrico causados por la crisis electroenergética en el país para perturbar la tranquilidad ciudadano y con ello obstaculizar el tráfico de vehículos por la vía pública”.
De acuerdo con el documento los imputados y las penas que se solicitan son:
- Yandri Torres Quintana: 9 años de privación de libertad.
- Rafael Javier Camacho Herrera: 9 años de privación de libertad.
- José Grabiel Barrenechea Chávez: 6 años de privación de libertad.
- Rodel Bárbaro Rodríguez Espinosa: 5 años de privación de libertad.
- Yuniesky Lorences Domínguez: 4 años de privación de libertad.
- Marcos Daniel Díaz Rodríguez: 5 años de limitación de libertad.
La propia acusación subraya que los manifestantes golpeaban calderos y coreaban consignas como “¡Pongan la corriente! ¡Queremos corriente!”, expresando su legítimo derecho a mostrar su descontento con la crisis existente en la isla. La petición en ningún momento señala la ocurrencia de actos vandálicos, agresiones físicas o daños a la propiedad en los que hayan incurrido los manifestantes. Su único “delito” fue protestar pacíficamente.
Específicamente, contra el escritor y periodista José Gabriel Barrenechea Chávez, la Fiscalía argumenta que “instó a viva voz a que los presentes no desistieran de su actuar y no se retiraran” del lugar de la protesta después de reestablecido el servicio eléctrico. Como agravantes la fiscalía añade en su caso su “conducta en redes sociales”, y su “desafecto por el proceso revolucionario y su máximo dirigente”, así como sus supuestas relaciones con personas de “mala moralidad”.
El fiscal también pidió mantener la medida cautelar de prisión provisional para todos los acusados, salvo Díaz Rodríguez, quien permanece bajo fianza de 1,000 pesos cubanos. La vista oral aún no tiene fecha fijada.
Por otra parte, Cubalex denuncia que tres personas relacionadas con los hechos continúan detenidas sin petición fiscal formal:
Alejandro Morales Pereira, arrestado meses después de la protesta por exigir la liberación de los manifestantes. Fue capturado tras un prolongado cerco policial a su vivienda. Según la organización, su estado es grave y su vida corre peligro en prisión.
Andy Pérez Medero y Rasiel Cárdenas Pérez, detenidos en la comunidad de El Purio, también en Encrucijada, permanecen privados de libertad sin cargos formales.
Este caso se suma a una larga lista de procesos judiciales utilizados por el régimen cubano para criminalizar la protesta pacífica y reprimir el ejercicio de la libertad de expresión. En lugar de atender las demandas ciudadanas derivadas de la crisis energética y económica, el gobierno responde con sanciones penales desproporcionadas, encarcelamientos y vigilancia sistemática sobre quienes se atreven a alzar su voz.
