Vigilancia en los alrededores de la vivienda de Wilber Aguilar Bravo. Foto tomada de su perfil en Facebook.
Por ICLEP
Oct 29, 2025 | 7:59 AM
El régimen cubano volvió a imponer vigilancia policial sobre periodistas independientes y activistas el 28 de octubre, en una jornada marcada por la conmemoración oficial del aniversario de la desaparición de Camilo Cienfuegos y el inicio en la ONU del debate sobre la resolución contra el embargo estadounidense.
Varios comunicadores denunciaron en redes sociales la presencia de agentes de la Seguridad del Estado y patrullas frente a sus viviendas, en una operación coordinada que buscó impedirles salir o realizar cobertura periodística.
Entre los afectados se encuentran Yunia Figueredo, directora del medio del ICLEP Amanecer Habanero y su esposo Frank Correa, también periodista de ese medio, y la reportera Camila Acosta, de Cubanet, quienes informaron que tenían autos patrulleros vigilando los alrededores de sus casas, sin que se los comunicara el motivo de la vigilancia.
Asimismo, Juliette Isabel Fernández Estrada, esposa del periodista independiente Boris González Arenas, denunció que un agente permanecía apostado frente a su edificio, con la orden expresa de impedir la salida del comunicador. Según relató, el operativo coincidió con las marchas convocadas por el régimen por “Camilo y contra el bloqueo”, mientras amplias zonas de La Habana sufrían apagones y afectaciones eléctricas.
El activista Wilber Aguilar, padre del preso político del 11J Walnier Luis Aguilar, también fue blanco de hostigamiento. En redes sociales, contó que se le prohibió salir de su domicilio bajo amenazas, y denunció que “la represión es la única respuesta del régimen ante los problemas del país”.
Wilber también había denunciado la vigilancia policial en su contra el 18 de octubre, sin que se le comunicaran los motivos. En esa ocasión escribió en Facebook: "Es más fácil reprimir que escuchar la difícil situación sanitaria que enfrentamos". Durante este mes muchos activistas en redes sociales denunciaron la crisis sanitaria existente en varias provincias del país que ha llegado incluso a colapsar hospitales.
A este patrón represivo se suma el caso de José Elías González Agüero, vicecoordinador nacional del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI) y gestor del Proyecto Emilia, quien también denunció vigilancia policial en los alrededores de su vivienda en La Habana. Según la información de Cubalex, un carro patrullero permaneció estacionado en los bajos de su edificio y los agentes preguntaron a los vecinos si lo habían visto salir.
En ninguno de los casos hubo orden judicial ni notificación formal, y fueron ejecutadas mediante coerción directa, una práctica habitual del aparato represivo cubano para restringir derechos fundamentales como la libertad de movimiento, libertad de prensa y libertad de expresión.
El pasado 25 de octubre mientras se libraba en la Gran Logia Masónica de Cuba, una lucha contra el dictador Mayker Filema que se negaba a realizar elecciones democráticas dentro de la masonería, La Seguridad del Estado se mantuvo en los alrededores y sitió en su vivienda al escritor Angel Santiesteban-Prats y su pareja Camila Acosta, quienes han sido las principales voces críticas a la hora de exponer al mundo la intervención del régimen en los asuntos de la Gran Logia.
El incremento de la vigilancia y los cercos domiciliarios se ha vuelto una táctica sistemática de la policía política tanto en fechas con relevancia política o ante sucesos de importancia en el país, especialmente cuando el régimen busca silenciar voces críticas o impedir manifestaciones ciudadanas.