Pinar del Río, Cuba- Cinco reporteros y colaboradores de medios independientes fueron interrogados este lunes en Pinar del Río y amenazados con penas de hasta cadena perpetua por su trabajo como periodistas.

Yosmaury Casares Soto y Raciel Álvarez Díaz, colaboradores del medio comunitario Panorama Pinareño, fueron detenidos el pasado jueves y citados para hoy, junto a Yamilka Abascal Sánchez, su directora, en el centro de instrucción conocido como “El Técnico” de Pinar del Río, sito en el Kilómetro 4 de la carretera a San Juan y Martínez. Yoelexis Acosta Alonso, colaborador de Cubanet, también fue citado verbalmente el sábado para presentarse hoy en este lugar, bajo amenaza de ser acusado de desobediencia si no asistía. El opositor y periodista José Rolando Casares Soto los acompañó a la citación.

Los interrogatorios fueron dirigidos por el teniente coronel de la Seguridad del Estado con alias “Manuel”, otro oficial que no se identificó y un instructor penal. A todos los presentes, incluido José Rolando Casares que no había sido citado, los amenazaron con condenas entre 20 años de privación de libertad y cadena perpetua por su trabajo como periodistas que, a decir del represor, constituía una incitación a salir a las calles.

El oficial les dijo que serían procesados por los artículos 120, 121 y 122 del Código Penal vigente. Los mismos hacen referencia a alzamiento armado, sedición e infracción del deber de resistencia por parte de los funcionarios, lo cual ni siquiera se relaciona con las supuestas conductas violatorias que se les imputan a estas personas por su ejercicio del periodismo. Lo anterior es una muestra del desconocimiento y el uso arbitrario de las leyes por las autoridades cubanas.

A todos les impusieron actas de advertencia, las cuales se negaron a firmar. Los represores buscaron dos personas para que fungieran como testigos de que la notificación había sido hecha y, además, les informaron que a la tercera acta de advertencia se les imputaría el delito de desacato.

A Yosmaury Casares le pidieron firmar la orden del registro que le fue practicado en su vivienda el pasado jueves, a lo cual se negó y a Yamilka Abascal le ordenaron que rubricara el acta que oficializa el decomiso de los medios de producción que fueron ocupados durante el allanamiento de la vivienda de Yosmaury. También la amenazaron con que le decomisarían su teléfono personal si continuaba haciendo periodismo.

En el caso de Raciel Álvarez, los oficiales le dijeron que nunca más encontraría trabajo en Cuba si no se desvinculaba del resto de los citados y también lo amenazaron con “terminar mal” e ir a prisión.

La labor que estas personas realizan para sus respectivos medios consiste en informar sobre problemáticas puntuales de las comunidades en que viven. Sin embargo, para la dictadura cubana este trabajo tipifica como delito político, merecedor de las más altas sanciones.

Durante el pasado mes, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) documentó a los periodistas como el grupo contra el cual el régimen cubano cometió más violaciones relacionadas con la libre expresión, las cuales incluyeron detenciones, arrestos domiciliarios, interrogatorios, citaciones, amenazas de prisión, cortes de internet, entre otras formas de hostigamiento.