La Habana, Cuba - Además de los castigos y la prohibición del uso de los teléfonos, las autoridades penitenciarias cubanas implementan otras formas de coartar la libertad de expresión de los reclusos. Una de estas es colocar guardias que vigilen a los presos políticos mientras realizan llamadas telefónicas, para si comunican al exterior las arbitrariedades de las que son víctimas tomar represalias en su contra o interrumpir la conversación en el acto si así lo entienden.

En la última semana los presos políticos Lizandra Góngora y Daniel Moreno denunciaron ser víctimas de esta práctica violatoria.

Góngora se encuentra recluida en la cárcel de mujeres Los Colonos, en la Isla de la Juventud, sentenciada a 14 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Güira de Melena, provincia Artemisa. En carta enviada desde el penal, denunció que, entre otras violaciones, los oficiales de la prisión le vigilan las llamadas telefónicas y las escasas visitas familiares que le permiten.

Carta de Lizandra Góngora en la que denuncia violaciones a que es sometida en el penal (Ariel Gongora/Facebook).

Por su parte, la esposa de Daniel Moreno Salazar, recluido en la prisión santiaguera de Boniato a la espera de juicio, comunicó en una directa de Facebook que él es el único recluso en el penal que tiene designado un guardia para que lo vigile cuando llama por teléfono.

El pasado mes de septiembre, el jefe de orden interior de la cárcel de Agüica, en Matanzas, obligó a 17 reclusos a escuchar la conversación telefónica del preso político Yoel Montano, con la orden de golpearlo si realizaba alguna denuncia.

El Manual de Seguridad Dinámica e Inteligencia Penitenciaria, elaborado por la Organización de Naciones Unidas, estipula que “los contactos externos de los reclusos deben ser considerados como derechos y no como privilegios”, y aunque reconoce la posibilidad de vigilar y administrar las comunicaciones, aclara que esto debe hacerse “con el objetivo de prevenir el delito, inhibir el tráfico de artículos prohibidos, asegurar la protección de la población para que no reciba comunicaciones no deseadas y asimismo evitar fugas”.

Sin embargo, las autoridades penales cubanas emplean la vigilancia y las prohibiciones mayormente para evitar que los reclusos comuniquen a sus familiares, organizaciones de derechos humanos y medios independientes las difíciles condiciones de vida en que subsisten y los múltiples atropellos a los que son sometidos.

El pasado mes, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) denunció las amenazas contra los prisioneros Yaquelín Heredia y Arturo Reyes por realizar denuncias desde la prisión, así como el traslado a una cárcel lejana a Jorge Luis Rodríguez, por este mismo motivo.